Seguinos en redes

Economía

A 31 años de la caída de la Unión Soviética: El colapso de la economía planificada y el fracaso del comunismo

Publicado

en

Hace tres décadas colapsó definitivamente el experimento socialista en Rusia, dejando consigo un prontuario de atraso económico y social. La caída de la cortina de hierro dejó en evidencia el fracaso del intervencionismo estatal y la planificación centralizada. 

Un 25 de diciembre de 1991 se disolvía felizmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), tras un largo proceso de agonía económica e inestabilidad política prolongada.

El derrumbe de la URSS marcó el fin de la dictadura totalitaria en Rusia y algunos de los países colindantes. Se trata del régimen por excelencia que abolió casi por completo la libertad económica, la libertad civil y la libertad política sobre todas aquellos países que aglutinó. Dejó en manifiesto el fracaso de la ideología comunista y la planificación centralizada como una alternativa de organización social

La caída definitiva de la cortina de hierro inspiró la necesidad de reformismo no solamente en las economías post-soviéticas, sino también en múltiples países con economías emergentes y con severos desequilibrios en América Latina, Asia y África.

Del auge al estancamiento de la economía socialista

La economía soviética comenzó a mostrar indicios claros de agotamiento en el nivel de producción de bienes y servicios desde la segunda mitad de la década de 1970, y para 1980 el estancamiento era innegable

Las tímidas reformas al sistema ensayadas por la administración de Nikita Jrushchov, entre ellas la reforma salarial de 1956 y la descentralización por la reforma Liberman de 1965, terminaron por fracasar al no ser capaces de cumplir su único cometido: sostener el crecimiento de la economía a largo plazo. 

Sin un sistema de precios capaz de reflejar las preferencias de las personas y frente a la total carencia de incentivos compatibles con la iniciativa individual, la economía planificada no fue capaz de identificar eficientemente ni cuánto, ni cómo, ni qué producir exactamente.

Este fue el principal problema que el socialismo jamás pudo resolver: la incapacidad de reemplazar al sistema de precios por alguna otra alternativa capaz de proveer la misma información. Simplemente se establecieron pautas de producción dentro de programas quinquenales, y los ciudadanos eran reducidos a ser materia prima dentro de un plan de acción. 

Mientras que en una economía moderna el capital fluctúa entre sectores a través de las señales que marca el sistema de precios, en un régimen planificado por el Estado las asignaciones se realizan con criterios políticos, con pautas arbitrarias o incluso con tecnicismos que no cuentan con la suficiente información. 

La Unión Soviética experimentó un vigoroso crecimiento económico entre las décadas de 1950 y 1960, ya que aún asignando arbitrariamente los recursos, el Estado creó desde cero sectores que de otro modo hubieran sido impensables (por ejemplo el desarrollo de la industria pesada en un país que originariamente fue agrícola). Pero una vez pasados los efectos de corto plazo, el sistema económico se estancó por la acumulación de todas aquellas ineficiencias que no podían detectarse sin un sistema de precios

Sin sistema de precios, resultó completamente imposible evaluar el sentido económico de los sucesivos proyectos arbitrarios que determinaban los planes quinquenales. La Unión Soviética enfrentó un largo proceso de descapitalización y atraso tecnológico, que culminó con el estancamiento de la productividad de los factores de la economía. De esta forma, el auge de los años 60s se convirtió en un pesado estancamiento. 

El colapso definitivo

El derrumbe definitivo de la economía planificada se produjo cuando fue imposible sostener una situación de estancamiento productivo, y al mismo tiempo un fuerte desequilibrio de “sobrante monetario”

Este fenómeno se produce cuando el Estado expande la oferta monetaria pero los actores de la sociedad no son capaces de hacer fluir esos los recursos para comprar bienes o servicios debido a controles de todo tipo: precios fijados arbitrariamente y/o cantidades estrictamente reguladas

Se produce así una suerte de inflación reprimida típica de las economías planificadas, como resultado de una descoordinación de asignaciones arbitrarias entre fijación de precios y cantidades, y fijación de la expansión monetaria. 

La URSS se vio obligada a reintroducir el sistema de racionamiento por tarjetas desde finales de los años 60s y principios de los 70s, en respuesta a los alarmantes episodios de desabastecimiento. Los bienes comenzaron a escasear a lo largo y ancho del país. Como respuesta no quedó más remedio que reducir por la fuerza el consumo de las personas, y subordinarlas a la subsistencia. 

Las reformas económicas de la Perestroika en la dirección de Mijaíl Gorbachov trataron de aminorar el faltante de bienes. En diciembre de 1990 la Unión Soviética aprobó una reforma monetaria, y en abril de 1991 los precios oficiales se dispararon un brutal 63,5%.

Pero la reforma Gorbachov fracasó. La economía entró en recesión ante la imposibilidad de solventar las ineficiencias del sistema, el desabastecimiento persistió, y la actividad industrial se derrumbó un 21% entre diciembre de 1988 y diciembre de 1991. Y frente al fracaso de las reformas, la dictadura enfrentó un colapso político que acabó con la disolución del régimen el 25 de diciembre.

Derrumbe del sistema económico socialista entre las décadas de 1980 y 1990.

El sistema de represión de precios colapsó en enero de 1992, y el IPC se disparó un 245% solamente en ese mes. La depresión económica se profundizó a la par del estallido inflacionario. Los intentos reformistas del primer presidente de la recién creada Federación Rusa, Borís Yeltsin, fueron limitados y opacados por la supervivencia de la Constitución Socialista de 1978. 

Tras una severa crisis política entre septiembre y octubre de 1993, Yeltsin logró eliminar el socialismo de la Constitución y sentó las bases para la transformación económica y social de Rusia. Los precios retornaron progresivamente a la estabilidad a partir de 1995 y la actividad económica salió de la depresión en 1996. 

“Tenemos mucho de todo: tierra, petróleo, gas, otras riquezas naturales, y tampoco Dios nos ofendió en cuanto a inteligencia y talentos. Pero vivíamos bastante peor que en los países desarrollados. La razón de esto era evidente: la sociedad estaba asfixiada por las tenazas de un sistema burocrático y autoritario. Así no se podía seguir viviendo, todo tenía que cambiar radicalmente”, admitió Gorbachov en su discurso de renuncia en diciembre de 1991.

Pobreza y marginalidad social

Formalmente la Unión Soviética negó sistemáticamente la existencia de la pobreza, que era entendida como un problema de corte ideológico y asociado exclusivamente a la economía de mercado. Bajo una “sociedad socialista justa”, se pretendía imposible la sola existencia de “pobreza” propiamente dicha.

Sin embargo, el régimen comenzó a reconocer a los así llamados “pobres de ingresos” a partir de la década de 1970. El investigador estadounidense A. McAlley encontró que, bajo un umbral de 50 rublos, el 69,5% de la población soviética vivía en pobreza hacia el año 1958, y cerca entre el 35% y el 40% para 1968 utilizando una canasta más baja de 30 rublos mensuales. 

Hacia 1988 el Comité Estatal de Estadística de la Unión Soviética comenzó a medir oficialmente el “presupuesto mínimo del consumidor”, bajo el cual se estudiaba el nivel de vida. Para 1989 la cantidad de personas por debajo de este umbral representó el 25% de la población soviética según cifras estrictamente oficiales

La situación empeoró todavía más entre 1990 y 1991, y el Comité Estatal reconoció que hasta el 30% de la población soviética percibía ingresos mensuales por debajo de la subsistencia. Hasta 90 millones de personas, en plena economía socialista y bajo un pretexto de “igualdad social”, no cumplían estándares mínimos de calidad de vida.

Economía

“Ley de Impuestos Justos”: El Partido Republicano lanza un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos federales

Publicado

en

Se trata de una reforma histórica y muy ambiciosa que pretende eliminar la mayor parte de los impuestos federales, reemplazándolos por un único impuesto generalizado al consumo. El proyecto tiene el apoyo de Trump y McCarthy.

El Partido Republicano de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley sin precedentes para reformar el código fiscal del país, una iniciativa que surge desde el sector más conservador y defensor del liberalismo económico, y cuenta con el apoyo del ex presidente Donald Trump.

El recientemente nombrado Presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio su visto bueno para el tratamiento de la ley y prometió respaldar el proyecto como parte de las negociaciones con el bloque trumpista para que aprueben su nominación.

La legislación propuesta busca eliminar miles de impuestos federales y unificaron en un impuesto único enfocado al sector del consumo. Entre otros, se eliminaría el Impuesto a las Ganancias, tanto individuales como corporativas, el Impuesto a la Herencia, el Impuesto a la Renta Financiera, el Impuesto a la Transferencia de Dividendos, el Impuesto a la Seguridad Social (cargas patronales y sociales), y casi la totalidad de los tributos que rigen a nivel nacional.

Todo indica que los republicanos tienen los votos para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Además, en el extraño caso que por lo menos 10 senadores demócratas voten a favor y la ley se apruebe, todo indica que Biden vetaría el proyecto.

La reforma tributaria del Partido Republicano

El proyecto propone la completa eliminación del Impuesto a las Ganancias de Estados Unidos, conocido allá como “Income Tax“, que se implementó por primera vez en el país en 1861 para costear la Guerra Civil y nunca fue eliminado después de que terminara el conflicto. Desde 1913 también se aplica para empresas.

De aprobarse este proyecto, ni los ciudadanos ni las sociedades pagarían ningún tipo de impuesto como una alícuota de sus ganancias imponibles anuales.

También se eliminaría el Impuesto a la Renta Financiera y a la Transferencia de Dividendos, conocido como “Capital Gains Tax“, que se cobra a partir de las ganancias obtenidas por activos que aumentan su valor o por el cobro de dividendos por la tenencia de estos activos.

Este impuesto fue introducido durante la gestión demócrata de Woodrow Wilson en 1913, y se estableció a valores absurdamente elevados. Con el pasar de los años se redujo considerablemente, y actualmente se ubica entre el 10 y el 40%. Es uno de los principales factores de distorsión en el mercado financiero.

Otro de los impuestos más importantes que se eliminaría es el de la Seguridad Social, conocido como “Social Security Tax“, implementado en 1935 por el también demócrata Franklin D. Roosevelt para financiar un masivo sistema de salud pública.

También, con el tiempo este sistema fue adaptado para los más necesitados y no de manera universal, y actualmente el tributo se ubica en el 6,2% de todas las personas que quieran acceder a él.

Impuesto Único a las Ventas

El programa dispone del reemplazo de todos estos tributos por un impuesto federal único y generalizado al consumo: las ventas de todo el país, sea cual fuere su naturaleza y casi sin excepción, estarían sujetas a una tasa del 30%.

Este esquema tributario se conoce como “Fair Tax”, y la generalización de la tributación al consumo promete complementar la mayor parte de los recursos que se perderían por la eliminación de impuestos federales.

Esta no es la primera vez que el Partido Republicano propone una reforma de las características descritas. En 1999, la mayoría republicana en el Congreso presentó una propuesta similar, y en la década de 1990 se presentaron múltiples proyectos para “achatar” la estructura de los impuestos federales. 

No solo se vería una reducción considerable de la tasa efectiva total, que es cuánto percibe en impuestos un contribuyente norteamericano promedio por todos los impuestos que paga a nivel distrital, estatal y federal, si no que además se simplificaría sustancialmente el sistema impositivo y se eliminarían muchas distorsiones en el mercado.

“Impuesto negativo” para sectores más vulnerables

La reforma de los republicanos eliminaría completamente las escalas “progresivas” sobre los impuestos federales. A modo de compensación, el programa tributario propone incluir una serie de reembolsos fiscales para los estratos más bajos de la sociedad.

A estos fines, todos los hogares recibirían un cheque mensual por parte del Gobierno federal, equivalente al 23% del umbral de pobreza ponderado por el tamaño efectivo de cada hogar en cuestión. Una idea similar al impuesto a la renta negativo que proponía el economista Milton Friedman en la década de 1960. 

Se pretende erradicar completamente la pobreza extrema garantizando un mecanismo redistributivo dentro de un sistema tributario muy simplificado, pero sin dejar de lado los incentivos para dinamizar la oferta laboral.

Las motivaciones del proyecto y las ganancias en eficiencia asignativa

La principal motivación teórica del proyecto es la virtual eliminación de la ineficiencia en el sistema tributario, la cual entra en juego cuando se aplican tasas progresivas y distorsivas, o cuando se penaliza sistemáticamente la acumulación de capital para favorecer mecanismos redistributivos por medio de tratamientos tributarios diferenciales y arbitrarios.

Todo esto se vería casi completamente eliminado, ya que los impuestos al consumo son los menos distorsivos entre la batería de opciones políticamente viables para la aplicación práctica (los impuestos de suma fija carecen de sentido político). La asignación de recursos en el sistema económico no se vería alterada por la distorsión del Estado, potenciando así el crecimiento económico de largo plazo y la riqueza por habitante.

La inversión, el consumo, el ahorro, y muchas otras variables agregadas, fluctuarían en sus valores naturales dadas las necesidades de la economía y los incentivos de los agentes, y su trayectoria no se vería alterada por distorsiones gubernamentales arbitrarias

Una vez asignados eficientemente los recursos en la economía de mercado, sólo entonces el Gobierno emprendería una acción redistributiva a través de los reembolsos fiscales, pero de manera que no se alteran los incentivos sobre el flujo eficiente de recursos y la generación de la riqueza inicial sobre la cual operaría la posterior redistribución.

Seguir Leyendo

Economía

Tarifazo K en febrero: Los combustibles suben un 4%, las telecomunicaciones 10% y los alquileres se disparan un 86%

Publicado

en

A partir de febrero entra en vigencia un arsenal de actualizaciones sobre los principales precios regulados de la economía. Los aumentos llegan en medio de la fuerte tensión inflacionaria observada en el primer mes de 2023.

El equipo económico de Sergio Massa sigue avanzando con la actualización de precios regulados, la mayor parte de los cuales tendrán una nueva oleada de aumentos a partir del próximo 1° de febrero. 

Los aumentos tendrán lugar en medio de una brutal suba de precios no anticipada durante el mes de enero. Se estima que la inflación habría superado el 6% solamente en este mes, desequilibrando completamente el escenario previsto por el oficialismo en lo que constituye un pésimo arranque del año 2023.

Combustibles, electricidad, transporte y gas

El Ministerio de Economía confirmó que las tarifas de nafta y el gasoil tendrán un aumento del 4% en febrero, y otra suba adicional del 3,8% prevista para marzo. Esto se cuadra en línea con el programa Precios Justos, y la meta inflacionaria planteada por el ministro Massa en el 4% de variación mensual sobre el promedio del primer trimestre. 

Asimismo, la cartera de Economía llevó a cabo audiencias públicas durante el mes de enero para definir actualizaciones sobre las tarifas de electricidad, el transporte público en el AMBA (únicamente colectivos y trenes), y las tarifas de gas. Si bien aún no se dieron detalles definitivos sobre cuánto será el aumento oficial, las estimaciones en base a las audiencias sugieren un incremento de entre 20% y 30% para febrero

Cabe resaltar que los usuarios clientes de Edesur y Edenor tuvieron un aumento del 40% en enero de este año, y la suba acumulada total distribuida entre febrero y marzo podría equivaler a otro aumento del 40%.

Los subtes tendrán un tratamiento particular porque las audiencias públicas son llevadas a cabo por el Gobierno porteño y no por las autoridades nacionales. La propuesta oficial pretende llevar el boleto hasta los $58 en marzo, $67 en mayo, $74 en junio y hasta $80 a partir de septiembre. La última actualización se llevó a cabo en enero y por una cuantía del 39%.

Telecomunicaciones

Las tarifas de las telecomunicaciones, formalmente reguladas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), tendrán un aumento del 9,8% a partir del primero de febrero y afectará a las facturas por servicios de telefonía, Internet y televisión por cable. Este sector fue especialmente perjudicado por la distorsión de precios relativos en 2022, ya que aumentó cerca de 66% entre enero y diciembre frente a una inflación del 94,8%.

Para el mes de abril se resolvió otro aumento adicional del orden del 7,8%, nuevamente por encima de la meta de 4% establecida por Massa, en aras de compensar (al menos parcialmente) el atraso relativo sufrido durante el año pasado. 

Alquileres

Los alquileres sin lugar a dudas tendrán el mayor peso en los aumentos previstos para febrero. La fórmula de actualización en la Ley de alquileres denota un aumento del 85,8% sobre los contratos, una cifra que surge de la variación acumulada y ponderada entre Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de los salarios (RIPTE). 

Los contratos de alquiler serán actualizados independientemente de la voluntad de las partes. El precio promedio para alquilar podría subir todavía más si se tiene en consideración la retracción de la oferta de inmuebles a disposición, encareciendo el precio relativo de este servicio en términos reales. 

El sondeo estadístico de la plataforma Zonaprop sugiere que el monto de alquiler promedio para un departamento monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires fue de $77.899, por lo que aplicando el aumento de febrero el alquiler ascendería hasta los $144.736 para una sola persona promedio

Colegios privados y prepagas

Durante el mes de enero también se llevaron a cabo los estudios para definir los aumentos de las matrículas y aranceles para colegios privados subsidiados en la Ciudad de Buenos Aires, los que no tienen subsidios no se ajustan a este régimen. Se resolvió una suba del 25% a partir del 1° de marzo, como es común al inicio del período escolar cada año. 

Por parte de las prepagas, a partir de 2023 el Gobierno oficializó el cambio de régimen de actualización para la medicina privada, estableciendo un tope del 90% sobre el índice RIPTE para la totalidad del año pero sólo para personas con ingresos netos inferiores a los 6 salarios mínimos ($406.458 en febrero).  

El objetivo es retrasar el precio relativo de estos servicios, aprovechando que durante el 2022 evolucionaron casi en línea con la inflación general. Para las personas que suscriban al trámite en la Superintendencia de Servicios de Salud, el aumento fijado para febrero será del 4,91%

Los usuarios que por diversas razones no puedan acceder al beneficio del sistema especial, deberán pagar el aumento íntegro sobre la factura de la prepaga correspondiente, que en febrero ascenderá al 8,21%

Seguir Leyendo

Economía

“Previaje 4”: El gobierno lanza subsidios millonarios al turismo a pesar de que ya no existen más restricciones

Publicado

en

Las medidas entrarán en vigencia para el período mayo-junio, y comprometen un reintegro equivalente al 50% de las compras realizadas en turismo. Se trata de un subsidio regresivo, orientado al segmento de la población con mayores ingresos y sin efectos multiplicadores en la actividad.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunció oficialmente la cuarta entrega del sistema de Previaje. El programa entrará en vigencia durante la temporada baja de las vacaciones de invierno, en el período mayo-junio de 2023, y pretende incentivar el consumo en “destinos no tradicionales”.

Se trata de un plan por medio del cual el Estado se hace cargo del 50% de las compras realizadas a los efectos del turismo interno. Un subsidio principalmente concentrado en las clases medias y altas (sectores con capacidad de ahorro), pero financiado por la totalidad de la sociedad. 

Cabe resaltar que las estimaciones privadas sugieren que la pobreza habría alcanzado al 40% de la población en 2022, y este segmento de la sociedad es el menos beneficiado por la discrecionalidad de la política del kirchnerismo.

El ministro Lammens defendió contundentemente las medidas, asegurando que producen un supuesto “efecto multiplicador” en la actividad económica, un hecho que no se condice con la realidad. También resaltó el apoyo de empresarios hoteleros y la industria turística.

Todos los gastos asumidos por el Estado generan un efecto que se multiplica por la economía, pero también cabe resaltar que su financiación no es gratuita: los costos para financiar el Previaje también generan un efecto multiplicador, y esta vez negativo. Lejos de haber una ganancia neta, las cifras publicadas por el propio Ministerio de Turismo sugieren lo contrario. 

Durante el lanzamiento del Previaje 3 el Gobierno confirmó gastos por $51.000 millones inyectados a la economía, pero la recaudación impositiva explicada por el incremento de las transacciones (el efecto multiplicador del plan) fue equivalente al 83% del gasto. El saldo neto fue negativo: se destruyó más actividad económica vía costo de financiamiento que toda la que pudo ser creada por la inyección de gastos al turismo.

Lo que realmente se genera es una subsidio que mejora la posición estrictamente relativa de algunos sectores privilegiados discrecionalmente (por ejemplo destinos turísticos no tradicionales), y para que este proceso redistributivo sea posible se paga un costo neto y absoluto sobre el grueso de la sociedad.

La situación es aún más dramática si se tiene en cuenta que el Gobierno es ampliamente deficitario, sus desequilibrios se financian casi enteramente con emisión monetaria del Banco Central. Este proceso esconde un impuesto no legislado que es el señoreaje y cuya base imponible son los saldos reales en pesos, saldos que se encuentran en manos de los grupos con menor capacidad de ahorro y poder adquisitivo. 

De esta manera, el Previaje se suma como uno de los tantos programas que contribuyen al desequilibrio de las finanzas públicas, generan presión inflacionaria, pero con la particularidad de establecer un mecanismo regresivo de distribución de ingresos desde los sectores más vulnerables expuestos a la inflación hacia los sectores más acomodados con capacidad de ahorro para hacer turismo.

Asimismo, la activa defensa por parte de los empresarios vinculados al sector no dista demasiado de la que llevan a cabo otros grupos de presión con poder de lobby, dispuestos a defender cualquier subsidio o cualquier protección que les pueda significar alguna transferencia de recursos desde la sociedad hacia sus arcas. 

Seguir Leyendo

Tendencias