El derrumbe de la economía alemana arrastra a la totalidad del bloque de la zona Euro, ya que representa hasta el 29% del PBI del bloque. Las fuertes caídas observadas sobre el consumo y las exportaciones lideraron el proceso recesivo.

El desempeño de la economía europea es cada vez más decepcionante, ahogada por regulaciones y elevados márgenes impositivos. El PBI ponderado para el total de los 19 países europeos que adoptan el Euro cayó un 0,1% en el primer trimestre del año, y de esta manera la Eurozona entró oficialmente en recesión después de haber sufrido una caída similar en el último cuarto de 2022.

Se observó un desplome del 0,3% sobre los gastos de consumo privado para el bloque, mientras que los explicados por el sector público (infraestructura, inversión y gasto en defensa) aumentaron un 0,9%. 

Las exportaciones de la Eurozona sufrieron una caída trimestral del 0,1%, y las importaciones llegaron a caer hasta un 1,3% (principalmente explicadas por la baja en el sector energético). Este bloque representa uno de los tres grandes motores de la economía mundial, junto con China y Estados Unidos, por lo que la tendencia recesiva enciende las alarmas por una eventual recesión internacional.

La economía alemana fue virtualmente responsable de una gran parte de la incidencia sobre el bloque general, ya que por sí sola representa hasta el 29% del total. Alemania entró oficialmente en recesión después de que su PBI cayera un 0,3% en el primer trimestre de 2023 y 0,5% en el cuarto trimestre de 2022.

Por otra parte, se observó una fuerte tendencia hacia el estancamiento en Francia y España, que juntos alcanzan a representar hasta el 30% del PBI de la Eurozona. En otras palabras, casi el 60% de la economía del bloque se encuentra en recesión o en una situación de estancamiento.

La fuerte caída de la actividad económica en la economía de Holanda (alrededor del 0,7% en el primer trimestre) también fue un factor con mucha incidencia en la merma del bloque europeo para este período, aunque el país todavía evita la recesión técnica.

Asimismo, la tasa de inflación interanual para la Eurozona alcanzó el 6,1% en el mes de mayo, y si bien se mantiene en un sendero bajista desde octubre del año pasado lo cierto es que todavía permanece en niveles muy por encima de la meta de 2% que fija el Banco Central Europeo.

La tasa de política monetaria dispuesta por Christine Lagarde se ubica en el 3,75% anual, por lo que en términos reales sigue siendo negativa y aún insuficiente para controlar la inflación de manera definitiva.

El frente fiscal del bloque europeo tampoco luce prometedor, ya que las finanzas públicas arrojan desequilibrios crecientes en Alemania, Francia, España y Portugal, a pesar de las contadas excepciones como Grecia e Italia (ambos bajo Gobiernos del signo político de la derecha).

Las pérdidas operativas del conglomerado de empresas estatales ya superaron el 0,73% del PBI sobre el acumulado anual de abril. La administración kirchnerista prácticamente duplicó el déficit desde diciembre de 2019.

De acuerdo al último balance de base caja publicado por el Ministerio de Economía, el déficit operativo de las empresas del Estado alcanzó los $108.700 millones solamente en abril de 2023, y hasta $882.143,6 millones para el acumulado total de los últimos 12 meses.

El déficit acumulado durante los primeros cuatro meses del año registró un brutal aumento del 246,33% con respecto al acumulado del mismo período para 2022, una cifra que supera cómodamente a la tasa de inflación interanual de abril en torno al 108,8% (según la última medición del INDEC). Asimismo, el déficit acumulado en el último año subió un 118,5% respectivamente. 

Al tipo de cambio oficial de referencia para abril el desequilibrio representa un rojo de 3.991,6 millones de dólares en un año. La misma operación para el déficit acumulado de hace un año arroja un monto de US$ 3.533 millones, por lo que sin importar cómo se lo mida la tendencia alcista es más que evidente.

El Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner llevó al déficit de las empresas del Estado al equivalente del 0,73% del PBI en abril de 2023, prácticamente el doble de lo que recibieron en diciembre de 2019, a pesar de que una de las promesas de campaña del Presidente era precisamente atacar estas pérdidas.

Una de las empresas más implicadas en la generación de déficit es ENARSA, una empresa de energía creada en 2003 por iniciativa de Néstor Kirchner. Los ferrocarriles se perfilan como la otra gran fuente de déficit que se traslada al bolsillo de los contribuyentes, en gran medida debido a la apertura de nuevos ramales económicamente inviables.

Desde 2003 se abortó completamente cualquier avance en dirección a la privatización de empresas del Estado. Los sucesivos Gobiernos terminaron su mandato con déficits igual o superiores a los que heredaron sin excepción, incluyendo la última gestión de Cambiemos (que no produjo ningún cambio en este aspecto).

Pero no solo se mal-administraron las entidades que ya se tenían, sino que incluso se crearon nuevas. En 2020 el Gobierno kirchnerista anunció la estatización de todas las rutas nacionales con peaje, y trató de crear una empresa estatal para intervenir el mercado de granos aunque afortunadamente la medida quedó trunca.

A mediados del año 2021 el oficialismo nuevamente avanzó hacia la estatización, esta vez con la mira puesta en la histórica Hidrovía Paraná-Paraguay, el transporte nacional de ferrocarril de cargas. Más tarde, en 2022 se decidió eliminar completamente todos los contratos de concesión por obra pública con participación público-privada (PPP).

Tras el rechazo del tribunal supremo de Colombia al decreto que intervenía las tarifas, el Presidente socialista va por todo y presentará una reforma en el Congreso para boicotear la independencia de las comisiones reguladoras de manera definitiva.

El Gobierno de la extrema izquierda colombiana presidido por Gustavo Petro encabeza un nuevo capítulo en el avance contra la seguridad jurídica. El Poder Ejecutivo debió retroceder con su Decreto 0227 por medio del cual intervenía todas las tarifas de los servicios públicos, debido a un fallo del Consejo de Estado de Colombia (el tribunal supremo del país).

El decreto dotaba al Presidente de poderes especiales para asumir el control y la dirección de las facultades delegadas en las comisiones reguladoras de servicios públicos, entre ellas encargadas de relevar la provisión de agua potable y saneamiento, la electricidad y el sector energético.

Las medidas le permitían a Petro el poder para fijar tarifas a discreción, modificar deliberadamente las condiciones pactadas para la liberalización gradual de la competencia en los mercados regulados, la definición misma para la metodología sobre los cálculos tarifarios, y la determinación de los cargos por servicios de despacho y coordinación en los servicios alcanzados. Esto implicaba una lisa y llana violación de los contratos de concesión con las empresas prestadoras de servicios.

Ante la negativa de la Justicia, el Gobierno del socialismo anunció públicamente que presentará una reforma integral sobre el sistema de servicios públicos del país, precisamente para convalidar todas las potestades que enunciaba el fallido decreto, pero ya no con un carácter meramente transitorio como antes (que se limitaba un período de 3 meses).

Un total de 15 exministros de Energía, 2 exviceministros y 8 excomisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) advirtieron por las consecuencias catastróficas que provocarían las medidas que pretende aprobar el presidente Petro.

Este grupo de implicados y expertos en energía y regulación de servicios expidió una carta abierta al público, en donde señalaron lo siguiente: “La intención anunciada por el Gobierno de retomar las facultades regulatorias de la CREG, de llegar a materializarse, es una medida que vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos”.

Se corre el riesgo de producir un deterioro sobre la capitalización y el mantenimiento de los servicios afectados, de la misma manera en que ocurrió en Argentina y Venezuela cuando las tarifas fueron deliberadamente intervenidas.

La distorsión de precios relativos demostró ser una herramienta increíblemente ineficaz para combatir la inflación, y con brutales costos en materia de asignación eficiente de recursos. Este tipo de medidas fracasan irremediablemente en todas las experiencias del “socialismo del siglo XXI”.