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Economía

Alberto emula a Alfonsín: Los precios subieron un 276% desde su asunción en diciembre de 2019

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El Gobierno del Frente de Todos desencadenó una brutal estampida inflacionaria, incluso superior a la de la gestión anterior. Los alimentos y la indumentaria fueron algunos de los sectores con los aumentos más violentos desde 2019.

El programa económico heterodoxo de la coalición oficialista encontró un rotundo fracaso a la hora de estabilizar la inflación. El nivel general de precios acumuló un violento aumento del 276,3% desde que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se hicieron cargo del Gobierno en diciembre de 2019. La nominalidad de la economía es la más acelerada desde 1991, según las estimaciones del INDEC.

De hecho, el aumento acumulado en los precios sobre los primeros 36 meses de gestión kirchnerista fue superior al aumento de 153% observado en el mismo período de la gestión de Mauricio Macri, el período comprendido entre diciembre de 2015 y noviembre de 2018.

Los analistas descuentan que la inflación acumulada por el cuarto Gobierno kirchnerista será holgadamente superior a la que hubo en la gestión anterior, ya que solo restan 20 puntos de distancia en comparación con el aumento acumulado del 290% en el Gobierno de Macri.

Trayectoria de la inflación en las gestiones de Cambiemos y el Frente de Todos.

Ni los controles de precios, ni las restricciones cambiarias, ni los congelamientos tarifarios pusieron un freno a la fuerte estampida inflacionaria. Estas herramientas resultaron completamente inútiles a la hora de anclar las expectativas inflacionarias, y fue la brutal expansión de la oferta monetaria la que impulsó los aumentos. 

Bajo el Gobierno del Frente de Todos, el precio promedio de los alimentos y bebidas no alcohólicas se disparó un 289,74% desde diciembre de 2019. El precio de la carne aumentó un 297,3% pese a las restricciones para exportar, el pan aumentó un 270%, los productos lácteos subieron 291%, los aceites 295%, las frutas 324%, y las verduras casi 400%. 

El asado de los domingos estuvo presente en el spot de campaña de Alberto Fernández en 2019, pero en la mesa de los argentinos se convirtió en un producto cada vez menos accesible para las clases medias y bajas.

El precio promedio de los alquileres de viviendas se disparó un 203% durante la administración kirchnerista, los gastos para el mantenimiento y reparación de viviendas subieron 373%, los productos asociados al rubro de la salud subieron un 241% y la educación aumentó hasta 247,5%

La escalada inflacionaria desembarcó en el comercio minorista y produjo una fuerte retracción del consumo. Los precios en restaurantes y comidas fuera del hogar subieron hasta un 344,3% desde diciembre de 2019, por lo que se convirtió en una rutina cada vez menos accesible para el grueso de los argentinos. 

El precio promedio de las prendas de vestir y el calzado aumentó violentamente un 469,4% entre diciembre de 2019 y noviembre de 2022, constantemente por encima del promedio general. Las medidas proteccionistas de Fernández fomentaron el encarecimiento de este tipo de productos, provocando una transferencia de ingresos desde muchos y pequeños consumidores hacia un puñado de empresarios protegidos

El INDEC confirmó que el índice salarial promedio de la economía argentina acumuló un aumento cercano al 228% hasta el mes de septiembre. Pero cabe resaltar la diferencia entre el aumento del 237% en el sector formal frente a solo el 192% de la economía informal. 

Economía

“Ley de Impuestos Justos”: El Partido Republicano lanza un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos federales

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Se trata de una reforma histórica y muy ambiciosa que pretende eliminar la mayor parte de los impuestos federales, reemplazándolos por un único impuesto generalizado al consumo. El proyecto tiene el apoyo de Trump y McCarthy.

El Partido Republicano de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley sin precedentes para reformar el código fiscal del país, una iniciativa que surge desde el sector más conservador y defensor del liberalismo económico, y cuenta con el apoyo del ex presidente Donald Trump.

El recientemente nombrado Presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio su visto bueno para el tratamiento de la ley y prometió respaldar el proyecto como parte de las negociaciones con el bloque trumpista para que aprueben su nominación.

La legislación propuesta busca eliminar miles de impuestos federales y unificaron en un impuesto único enfocado al sector del consumo. Entre otros, se eliminaría el Impuesto a las Ganancias, tanto individuales como corporativas, el Impuesto a la Herencia, el Impuesto a la Renta Financiera, el Impuesto a la Transferencia de Dividendos, el Impuesto a la Seguridad Social (cargas patronales y sociales), y casi la totalidad de los tributos que rigen a nivel nacional.

Todo indica que los republicanos tienen los votos para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Además, en el extraño caso que por lo menos 10 senadores demócratas voten a favor y la ley se apruebe, todo indica que Biden vetaría el proyecto.

La reforma tributaria del Partido Republicano

El proyecto propone la completa eliminación del Impuesto a las Ganancias de Estados Unidos, conocido allá como “Income Tax“, que se implementó por primera vez en el país en 1861 para costear la Guerra Civil y nunca fue eliminado después de que terminara el conflicto. Desde 1913 también se aplica para empresas.

De aprobarse este proyecto, ni los ciudadanos ni las sociedades pagarían ningún tipo de impuesto como una alícuota de sus ganancias imponibles anuales.

También se eliminaría el Impuesto a la Renta Financiera y a la Transferencia de Dividendos, conocido como “Capital Gains Tax“, que se cobra a partir de las ganancias obtenidas por activos que aumentan su valor o por el cobro de dividendos por la tenencia de estos activos.

Este impuesto fue introducido durante la gestión demócrata de Woodrow Wilson en 1913, y se estableció a valores absurdamente elevados. Con el pasar de los años se redujo considerablemente, y actualmente se ubica entre el 10 y el 40%. Es uno de los principales factores de distorsión en el mercado financiero.

Otro de los impuestos más importantes que se eliminaría es el de la Seguridad Social, conocido como “Social Security Tax“, implementado en 1935 por el también demócrata Franklin D. Roosevelt para financiar un masivo sistema de salud pública.

También, con el tiempo este sistema fue adaptado para los más necesitados y no de manera universal, y actualmente el tributo se ubica en el 6,2% de todas las personas que quieran acceder a él.

Impuesto Único a las Ventas

El programa dispone del reemplazo de todos estos tributos por un impuesto federal único y generalizado al consumo: las ventas de todo el país, sea cual fuere su naturaleza y casi sin excepción, estarían sujetas a una tasa del 30%.

Este esquema tributario se conoce como “Fair Tax”, y la generalización de la tributación al consumo promete complementar la mayor parte de los recursos que se perderían por la eliminación de impuestos federales.

Esta no es la primera vez que el Partido Republicano propone una reforma de las características descritas. En 1999, la mayoría republicana en el Congreso presentó una propuesta similar, y en la década de 1990 se presentaron múltiples proyectos para “achatar” la estructura de los impuestos federales. 

No solo se vería una reducción considerable de la tasa efectiva total, que es cuánto percibe en impuestos un contribuyente norteamericano promedio por todos los impuestos que paga a nivel distrital, estatal y federal, si no que además se simplificaría sustancialmente el sistema impositivo y se eliminarían muchas distorsiones en el mercado.

“Impuesto negativo” para sectores más vulnerables

La reforma de los republicanos eliminaría completamente las escalas “progresivas” sobre los impuestos federales. A modo de compensación, el programa tributario propone incluir una serie de reembolsos fiscales para los estratos más bajos de la sociedad.

A estos fines, todos los hogares recibirían un cheque mensual por parte del Gobierno federal, equivalente al 23% del umbral de pobreza ponderado por el tamaño efectivo de cada hogar en cuestión. Una idea similar al impuesto a la renta negativo que proponía el economista Milton Friedman en la década de 1960. 

Se pretende erradicar completamente la pobreza extrema garantizando un mecanismo redistributivo dentro de un sistema tributario muy simplificado, pero sin dejar de lado los incentivos para dinamizar la oferta laboral.

Las motivaciones del proyecto y las ganancias en eficiencia asignativa

La principal motivación teórica del proyecto es la virtual eliminación de la ineficiencia en el sistema tributario, la cual entra en juego cuando se aplican tasas progresivas y distorsivas, o cuando se penaliza sistemáticamente la acumulación de capital para favorecer mecanismos redistributivos por medio de tratamientos tributarios diferenciales y arbitrarios.

Todo esto se vería casi completamente eliminado, ya que los impuestos al consumo son los menos distorsivos entre la batería de opciones políticamente viables para la aplicación práctica (los impuestos de suma fija carecen de sentido político). La asignación de recursos en el sistema económico no se vería alterada por la distorsión del Estado, potenciando así el crecimiento económico de largo plazo y la riqueza por habitante.

La inversión, el consumo, el ahorro, y muchas otras variables agregadas, fluctuarían en sus valores naturales dadas las necesidades de la economía y los incentivos de los agentes, y su trayectoria no se vería alterada por distorsiones gubernamentales arbitrarias

Una vez asignados eficientemente los recursos en la economía de mercado, sólo entonces el Gobierno emprendería una acción redistributiva a través de los reembolsos fiscales, pero de manera que no se alteran los incentivos sobre el flujo eficiente de recursos y la generación de la riqueza inicial sobre la cual operaría la posterior redistribución.

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Economía

Tarifazo K en febrero: Los combustibles suben un 4%, las telecomunicaciones 10% y los alquileres se disparan un 86%

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A partir de febrero entra en vigencia un arsenal de actualizaciones sobre los principales precios regulados de la economía. Los aumentos llegan en medio de la fuerte tensión inflacionaria observada en el primer mes de 2023.

El equipo económico de Sergio Massa sigue avanzando con la actualización de precios regulados, la mayor parte de los cuales tendrán una nueva oleada de aumentos a partir del próximo 1° de febrero. 

Los aumentos tendrán lugar en medio de una brutal suba de precios no anticipada durante el mes de enero. Se estima que la inflación habría superado el 6% solamente en este mes, desequilibrando completamente el escenario previsto por el oficialismo en lo que constituye un pésimo arranque del año 2023.

Combustibles, electricidad, transporte y gas

El Ministerio de Economía confirmó que las tarifas de nafta y el gasoil tendrán un aumento del 4% en febrero, y otra suba adicional del 3,8% prevista para marzo. Esto se cuadra en línea con el programa Precios Justos, y la meta inflacionaria planteada por el ministro Massa en el 4% de variación mensual sobre el promedio del primer trimestre. 

Asimismo, la cartera de Economía llevó a cabo audiencias públicas durante el mes de enero para definir actualizaciones sobre las tarifas de electricidad, el transporte público en el AMBA (únicamente colectivos y trenes), y las tarifas de gas. Si bien aún no se dieron detalles definitivos sobre cuánto será el aumento oficial, las estimaciones en base a las audiencias sugieren un incremento de entre 20% y 30% para febrero

Cabe resaltar que los usuarios clientes de Edesur y Edenor tuvieron un aumento del 40% en enero de este año, y la suba acumulada total distribuida entre febrero y marzo podría equivaler a otro aumento del 40%.

Los subtes tendrán un tratamiento particular porque las audiencias públicas son llevadas a cabo por el Gobierno porteño y no por las autoridades nacionales. La propuesta oficial pretende llevar el boleto hasta los $58 en marzo, $67 en mayo, $74 en junio y hasta $80 a partir de septiembre. La última actualización se llevó a cabo en enero y por una cuantía del 39%.

Telecomunicaciones

Las tarifas de las telecomunicaciones, formalmente reguladas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), tendrán un aumento del 9,8% a partir del primero de febrero y afectará a las facturas por servicios de telefonía, Internet y televisión por cable. Este sector fue especialmente perjudicado por la distorsión de precios relativos en 2022, ya que aumentó cerca de 66% entre enero y diciembre frente a una inflación del 94,8%.

Para el mes de abril se resolvió otro aumento adicional del orden del 7,8%, nuevamente por encima de la meta de 4% establecida por Massa, en aras de compensar (al menos parcialmente) el atraso relativo sufrido durante el año pasado. 

Alquileres

Los alquileres sin lugar a dudas tendrán el mayor peso en los aumentos previstos para febrero. La fórmula de actualización en la Ley de alquileres denota un aumento del 85,8% sobre los contratos, una cifra que surge de la variación acumulada y ponderada entre Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de los salarios (RIPTE). 

Los contratos de alquiler serán actualizados independientemente de la voluntad de las partes. El precio promedio para alquilar podría subir todavía más si se tiene en consideración la retracción de la oferta de inmuebles a disposición, encareciendo el precio relativo de este servicio en términos reales. 

El sondeo estadístico de la plataforma Zonaprop sugiere que el monto de alquiler promedio para un departamento monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires fue de $77.899, por lo que aplicando el aumento de febrero el alquiler ascendería hasta los $144.736 para una sola persona promedio

Colegios privados y prepagas

Durante el mes de enero también se llevaron a cabo los estudios para definir los aumentos de las matrículas y aranceles para colegios privados subsidiados en la Ciudad de Buenos Aires, los que no tienen subsidios no se ajustan a este régimen. Se resolvió una suba del 25% a partir del 1° de marzo, como es común al inicio del período escolar cada año. 

Por parte de las prepagas, a partir de 2023 el Gobierno oficializó el cambio de régimen de actualización para la medicina privada, estableciendo un tope del 90% sobre el índice RIPTE para la totalidad del año pero sólo para personas con ingresos netos inferiores a los 6 salarios mínimos ($406.458 en febrero).  

El objetivo es retrasar el precio relativo de estos servicios, aprovechando que durante el 2022 evolucionaron casi en línea con la inflación general. Para las personas que suscriban al trámite en la Superintendencia de Servicios de Salud, el aumento fijado para febrero será del 4,91%

Los usuarios que por diversas razones no puedan acceder al beneficio del sistema especial, deberán pagar el aumento íntegro sobre la factura de la prepaga correspondiente, que en febrero ascenderá al 8,21%

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Economía

“Previaje 4”: El gobierno lanza subsidios millonarios al turismo a pesar de que ya no existen más restricciones

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Las medidas entrarán en vigencia para el período mayo-junio, y comprometen un reintegro equivalente al 50% de las compras realizadas en turismo. Se trata de un subsidio regresivo, orientado al segmento de la población con mayores ingresos y sin efectos multiplicadores en la actividad.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunció oficialmente la cuarta entrega del sistema de Previaje. El programa entrará en vigencia durante la temporada baja de las vacaciones de invierno, en el período mayo-junio de 2023, y pretende incentivar el consumo en “destinos no tradicionales”.

Se trata de un plan por medio del cual el Estado se hace cargo del 50% de las compras realizadas a los efectos del turismo interno. Un subsidio principalmente concentrado en las clases medias y altas (sectores con capacidad de ahorro), pero financiado por la totalidad de la sociedad. 

Cabe resaltar que las estimaciones privadas sugieren que la pobreza habría alcanzado al 40% de la población en 2022, y este segmento de la sociedad es el menos beneficiado por la discrecionalidad de la política del kirchnerismo.

El ministro Lammens defendió contundentemente las medidas, asegurando que producen un supuesto “efecto multiplicador” en la actividad económica, un hecho que no se condice con la realidad. También resaltó el apoyo de empresarios hoteleros y la industria turística.

Todos los gastos asumidos por el Estado generan un efecto que se multiplica por la economía, pero también cabe resaltar que su financiación no es gratuita: los costos para financiar el Previaje también generan un efecto multiplicador, y esta vez negativo. Lejos de haber una ganancia neta, las cifras publicadas por el propio Ministerio de Turismo sugieren lo contrario. 

Durante el lanzamiento del Previaje 3 el Gobierno confirmó gastos por $51.000 millones inyectados a la economía, pero la recaudación impositiva explicada por el incremento de las transacciones (el efecto multiplicador del plan) fue equivalente al 83% del gasto. El saldo neto fue negativo: se destruyó más actividad económica vía costo de financiamiento que toda la que pudo ser creada por la inyección de gastos al turismo.

Lo que realmente se genera es una subsidio que mejora la posición estrictamente relativa de algunos sectores privilegiados discrecionalmente (por ejemplo destinos turísticos no tradicionales), y para que este proceso redistributivo sea posible se paga un costo neto y absoluto sobre el grueso de la sociedad.

La situación es aún más dramática si se tiene en cuenta que el Gobierno es ampliamente deficitario, sus desequilibrios se financian casi enteramente con emisión monetaria del Banco Central. Este proceso esconde un impuesto no legislado que es el señoreaje y cuya base imponible son los saldos reales en pesos, saldos que se encuentran en manos de los grupos con menor capacidad de ahorro y poder adquisitivo. 

De esta manera, el Previaje se suma como uno de los tantos programas que contribuyen al desequilibrio de las finanzas públicas, generan presión inflacionaria, pero con la particularidad de establecer un mecanismo regresivo de distribución de ingresos desde los sectores más vulnerables expuestos a la inflación hacia los sectores más acomodados con capacidad de ahorro para hacer turismo.

Asimismo, la activa defensa por parte de los empresarios vinculados al sector no dista demasiado de la que llevan a cabo otros grupos de presión con poder de lobby, dispuestos a defender cualquier subsidio o cualquier protección que les pueda significar alguna transferencia de recursos desde la sociedad hacia sus arcas. 

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