El Banco Central de Brasil registró un importante superávit de US$ 1.680 millones en agosto cuando los analistas proyectaban un resultado positivo por US$ 1.000 millones. De esta forma, el resultado acumulado de 12 meses sigue siendo deficitario, pero es el más bajo desde 2018 y va en camino al equilibrio fiscal.

Acorde a los últimos datos relevados por el Banco Central de Brasil, el déficit de cuenta corriente del país se estabilizó en el 1,23% del PBI en agosto, siendo la brecha más baja desde mediados de 2018.

Este resultado se debió a un importante superávit en la balanza de pagos. La autoridad monetaria relevó que el mes de agosto cerró con un superávit de US$ 1.680 millones en la cuenta corriente.

El consenso de los analistas entrevistados por Reuters proyectaba una cifra superavitaria cercana a los US$ 1.000 al término del mes pasado, por lo que fueron superadas las expectativas.

Teniendo en consideración solamente el resultado para ese mes, y dejando de lado el arrastre estadístico del acumulado anual, las cifras registradas fueron las más altas para cualquier mes de agosto en por lo menos 15 años.

En comparación con el mismo mes del año pasado, el superávit comercial arrojó un crecimiento del 14,2% como señala el informe del Banco Central brasileño, lo que equivale a una mejora por US$ 5.650 millones.

Por su parte, el flujo de inversión directa en el país también mostró resultados positivos. Brasil registró una afluencia de capitales por US$ 4.451 millones en agosto de este año, frente a los US$ 2.592 millones del mismo período de 2020. Esto representa un aumento del 71,7% interanual.

Aún así, la proyección de los analistas preveía alcanzar un flujo de inversiones por un monto de hasta US$ 6.000 millones, por lo que esta vez el dato efectivamente registrado no fue optimista, pese a las mejoras contra el año pasado.

El Banco Central de Brasil espera concretar un resultado superavitario por US$ 3.000 millones en la cuenta corriente para fin de año, y conseguir un ingreso de inversiones por otros US$ 60.000 millones.

El monto de la inversión proyectada para Brasil podría ser perfectamente factible, pues hasta agosto ya se acumularon US$ 49.400 millones en concepto de inversión extranjera, y está dentro de los parámetros previstos. Las metas para fin de año se mantienen sin mayores correcciones.

El gigante inmobiliario chino falló en pagar un vencimiento de intereses de bonos en dólares este jueves, y le queda solo un plazo de gracia de 30 días antes de entrar en default abiertamente. Sus acciones se derrumban en la bolsa de Hong Kong.

Después del pánico en los mercados financieros por un posible incumplimiento definitivo de Evergrande con sus acreedores, la empresa todavía no ha dado respuestas contundentes y los inversores siguen vendiendo sus posiciones en la plaza bursátil de Hong Kong.

Este jueves, el gigante inmobiliario no cumplió con el debido pago de intereses resultantes del enorme pasivo acumulado en los últimos años. Aún así, se determinó un período de gracia por 30 días. De no producirse una corrección al término de este plazo, la empresa entraría en cesación de pagos de forma abierta.

Hasta ahora, no ha mostrado ni la más mínima señal para corregir el rumbo y sus cuentas indican que si el Banco Popular Chino no le gira dinero, no podrá afrontar ningún pago más.

El pasivo que acumula Evergrande es tan masivo que incluso representa hasta el 2% de PIB chino, una cifra exorbitantemente grande por un monto aproximado de 305.000 millones de dólares.

Evergrande alegó haber llegado a un acuerdo exitoso con sus acreedores de deuda, pero lo cierto es que solamente se cubrirán los tenedores de bonos en yuanes, pero no en dólares u otras divisas. Se llega entonces a un trato completamente desleal con los inversores en el exterior.

El Banco Central Chino respondió suministrando una mayor liquidez en los mercados, pero si bien se especula con un posible rescate, aún no se han dado precisiones al respecto por parte del Gobierno chino ni de sus medios oficiales dependientes.

Sin embargo, la empresa inmobiliaria sí dispone de suficiente liquidez para afrontar el pago de intereses en el corto plazo, pero posee un dramático problema de solvencia. En otras palabras, si bien es capaz de cumplir con sus obligaciones en los próximos meses, Evergrande decidió por voluntad propia no pagar intereses a acreedores fuera de China ante su propia expectativa por un incumpliendo abierto en el futuro.

De colapsar completamente, la repercusión financiera podría rápidamente diseminarse al sector real y poner en serios problemas a la segunda economía más grande del mundo. De esta manera, también corre peligro el desempeño de la economía global.

La política monetaria de China en los últimos años jugó un rol crucial para entender el posible colapso de Evergrande. Para sostener las tasas de crecimiento después de cambiar el modelo económico en la última gran crisis internacional, el mercado chino recurrió a un masivo endeudamiento.

Considerando solamente al sector privado, la deuda China pasó de representar el 110% del PBI en 2008 al 230% en la actualidad. Sumando al enorme sector público en el país asiático, la deuda total alcanza hasta el 323% del PBI. Este endeudamiento fue constantemente incentivado y subsidiado por el efecto de la política monetaria china.

La política monetaria mantuvo por años una suerte de arbitraje entre las bajas tasas de interés en los mercados de países desarrollados, y los altos tipos vigentes dentro de China. Mientras la política monetaria norteamericana también fue laxa, se generaron incentivos para adquirir deuda a bajo costo en EE.UU para adquirir activos financieros (comprar deuda) china con mayores rendimientos. Esto promovió activamente el endeudamiento chino, en la cual empresas como Evergrande pudieron colocar sus instrumentos y conseguir financiamiento por años.

Cuando Estados Unidos volvió a apostar por una política más contractiva a partir de 2016, se revirtió el flujo de capitales de nuevo, y China dejó de adquirir financiamiento. En consecuencia, el Banco Central chino cambió de estrategia y rebajó enormemente los tipos de interés, buscando perpetuar el mismo ciclo de endeudamiento pero a nivel interno.

En consecuencia, cabe esperar que Evergrande sea solamente una primera muestra de una secuencia de malas inversiones por sobreendeudamiento del mercado chino con el resto del mundo, así como a nivel local. Evergrande podría convertirse en el primer precedente de un problema financiero mucho más relevante.

Acorde a un reciente informe de IDESA, el pago de indemnizaciones por despido se transformó en un elemento casi prohibitivo para la contratación formal. En respuesta a ello, muchos empresarios proponen un cambio en la Ley de Contrato de Trabajo.

El debate sobre la legislación laboral en Argentina vuelve a instalarse en agenda, en cara a las elecciones legislativas de noviembre. El nivel de informalidad laboral oscila entre 37% y 45% según estimaciones oficiales, y existen mediciones alternativas que hablan de hasta un 52% de trabajadores informales.

Al respecto, un informe de IDESA reveló que la indemnización por despido constituye uno de los elementos mas distorsivos sobre la creación de empleo en el mercado laboral formal. El economista Jorge Colina catalogó como “casi prohibitivo” al exceso de restricciones a la hora de contratar trabajadores.

El informe de IDESA estima que, en promedio, el tamaño de la planta de personal de las empresas argentinas es de 14 empleados. Considerando las limitaciones al despido, un solo trabajador con 12 años de antigüedad supondría un desembolso para el empleador superior al todos los pagos salariales habituales por los 14 empleados.

De producirse este tipo de situaciones con uno o más empleados, supondría fácilmente la quiebra de cualquier emprendimiento pequeño o incluso mediano. Cabe recordar que en Argentina la mayor parte de las empresas son pymes, y no tienen la misma capacidad de respuesta que las grandes. A su vez, son las pequeñas empresas las que concentran la mayor parte del empleo privado en el país.

Por lo tanto, se generan incentivos nocivos: dadas las limitaciones para despedir, se incentiva una prudencia extrema en la contratación, buscando evitar así cualquier situación traumática para la empresa. En segundo término, las empresas buscan canalizar su proceso productivo invirtiendo en capital físico y financiero, y no en capital humano.

Las empresas argentinas se transformaron en capital-intensivas debido a la disfuncional legislación laboral. Esto quiere decir que solamente demandarán la mínima cantidad posible del factor trabajo, incluso renunciando a una mayor producción potencial.

IDESA también expone que, en las microempresas, 3 de cada 10 trabajadores se desvinculan de la relación laboral, cuando en las grandes solamente 1 de cada 10 lo hacen. Se llega a una desproporción irrisoria en la cual son las microempresas las que usualmente deben lidiar con una mayor cantidad de despidos, aunque no todas las desvinculaciones lo son.

En respuesta a las problemáticas, cada vez es más frecuente entre los empresarios la propuesta por modificar la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que data de la década de 1970 y que no pudo ser actualizada debidamente a los tiempos modernos.

En concreto, la propuesta consiste en introducir un nuevo esquema de Seguro de Garantía por el cual poder financiar el papo de indemnizaciones sin necesidad de que se convierta en un costo prohibitivo para los empleadores.

Se propone que este seguro se sustente de un fondo creado con aportes, es decir, con un mayor peso de cargas sociales. La alícuota sobre las contribuciones patronales podría establecerse entre el 8,33% y el 2% del salario bruto, dependiendo del grado de antigüedad de cada trabajador en cuestión.

Estos fondos serían vinculados directamente a la ANSES, y desde allí se podrían distribuir y asignar a los trabajadores a modo de pago por indemnización, bajo un criterio que clasifique el monto según el grado de antigüedad.

También existen propuestas mixtas que plantean implementar el sistema, pero solo a partir de un cierto monto, por ejemplo, cuando se superan los 4 salarios mensuales habituales del trabajador. En este caso, el empleador podría cubrir hasta este monto fijo, y la ANSES respondería por el excedente con los fondos del Seguro de Garantía.

Actualmente las cargas sociales representan hasta el 38,2% del salario, siendo un 17,5% en conceto de aportes por los trabajadores y el 20,7% restante por aportes patronales. Argentina mantiene una de las tasas más exigentes en el mundo, aunque esta disminuyó desde 2017 con la reforma tributaria.

A partir de esto, también existen propuestas para distribuir la carga de la alícuota por el Seguro de Garantía entre aportes patronales y personales, y también existe la posibilidad de suprimir completamente la indemnización a cambio de la articulación de un seguro de desempleo de amplia cobertura.

Las diferentes propuestas apuntan hacia una cierta modernización de la legislación laboral, en mayor o en menor medida, como respuesta al fracaso de las limitaciones sobre el despido y la proliferación del empleo informal.