El presidente parece empezar a entender que la caída en materia de actividad económica es realmente preocupante, pero su diagnóstico revive los peores vicios de la política argentina.
El equipo económico plantea una salida de la recesión económica actual, a partir de un enorme estímulo fiscal, un “New Deal” argentino.
Tal y como se planteó en los Estados Unidos de la década de 1930, el plan de estímulo estaría fuertemente ligado a la obra pública, que también había adquirido un mayor protagonismo durante la gestión de Mauricio Macri, sin lograr grandes resultados a nivel agregado.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anticipó la próxima etapa del plan “Argentina Hace”, para el cual se destinarán 2.270 millones de dólares en el 2020. El plan consiste en la elaboración de obras para las provincias del sur del país, concretamente en Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Sin embargo, el proyecto del oficialismo dista mucho de aquel plan elaborado por el entonces presidente Franklin D. Roosevelt. El Estado argentino no cuenta con ningún medio aceptable para financiarse. La política monetaria sumamente expansiva, se da en un contexto en el cual la demanda de dinero continúa siendo pobre, incluso a pesar de la violenta caída en el nivel de actividad.
Lejos de la deflación, Argentina continúa teniendo un problema inflacionario considerable, una situación muy distinta a la que había cuando fue lanzado el New Deal norteamericano.
Argentina no cuenta con un mercado interno capaz de proveer crédito, ni a las empresas ni al propio Estado, y desde el 2017 el país se encuentra aislado del crédito internacional, con la sola excepción del Fondo Monetario Internacional durante el 2018 y el 2019.
Alberto Fernández decide mirar hacia el futuro, pero utilizando las ideas de lo peor de nuestro pasado. El equipo de Martín Guzmán y Gabriel Katopodis parecen intentar revivir lo que antaño fue el Plan Grinspun del alfonsinismo, el cual pretendía ejecutar vía emisión monetaria un enorme plan de obras públicas para reavivar la economía en 1984.
El programa de estímulo planteado por el ministro radical, Bernardo Grinspun, terminó agotado para el año 1985, en medio de una fuerte recesión, y una inflación que superó cómodamente el 1000% para el dato anualizado de junio de ese mismo año. Tras el rotundo fracaso de la política heterodoxa, Raúl Alfonsín decidió modificar su gabinete económico.
El presidente se declara entusiasta de las políticas llevadas por Alfonsín, pero parece dispuesto a cometer exactamente sus mismos errores, sin el menor tipo de aprendizaje.

Bernardo Grinspun, el ministro que condujo al desastre económico y financiero en 1985.
Si bien el gobierno logró captar financiamiento por parte de algunos organismos internacionales como el BID, resulta imposible plantear el costeo de un enorme plan de estímulo keynesiano. La única vía para costear el actual déficit fiscal y todo el presunto déficit que se piensa tener, es la emisión de dinero por parte del Banco Central.
El BCRA se vio obligado a mantener las necesidades crecientes del gobierno a partir de la pandemia, y tuvo que hacer frente a un déficit que se multiplicó por diez en tan solo cuestión de meses. Para evitar una respuesta desmedida en los mercados y en los precios, la entidad bancaria apuntó a la esterilización vía leliqs y pases, del 75% de toda la cantidad de dinero emitida.
Ante una eventual crisis de confianza en el sistema bancario, el Banco Central no tendría más remedio que atender a sus obligaciones con proporción de aún más liquidez, lo que rápidamente dispararía la base monetaria (ahora contenida artificialmente) e impactaría en el nivel general de precios.
Es en este difícil contexto, en el que el gobierno se plantea aún más gasto público traducido en obra pública, sin atender la enrome presión tributaria y el achicamiento de la base imponible, como resultado de la destrucción sistemática de empresas y el desplazamiento de cada vez más personas del mercado laboral formal.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof no se quedó atrás, y anunció por su parte un nuevo “Plan Quinquenal”, haciendo referencia a la idiosincrasia típicamente peronista. Se planteó un proyecto de estímulo fiscal en alrededor de 650.000 millones de dólares para ejecutar entre 2020 y 2024.
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