A través de la resolución 918/2024, el poder ejecutivo reguló el requisito de residencia en Argentina para la obtención
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El Gobierno nacional modificó los requisitos para mantener las pensiones no contributivas y asignaciones gestionadas por ANSEScon el fin de fortalecer los controles sobre estas prestaciones.
A través de la resolución 918/2024, el poder ejecutivo reguló el requisito de residencia en Argentina para la obtención y percepción de ciertos beneficios, estableciendo que quienes permanezcan fuera del país por más de 90 días consecutivos no cumplirán con dicho requisito.
La nueva normativa establece que ANSES utilizará su base de datos y la información de la Dirección Nacional de Migraciones para verificar el cumplimiento del requisito de residencia.
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Si se detecta una ausencia prolongada, el beneficio será suspendido hasta que el titular demuestre que ha vuelto a residir en el país. En caso de que la falta de residencia implique la pérdida de derecho, se procederá a la baja definitiva de la prestación.
En este sentido, la disposición indica: “Verificado el incumplimiento del requisito de residencia, se procederá a la suspensión del beneficio, hasta tanto la persona titular solicite la activación del mismo y se demuestre fehacientemente que se encuentra nuevamente residiendo en el país, excepto cuando se trate de prestaciones respecto de las cuales, dicho incumplimiento, implique la pérdida de derecho, en cuyo caso se procederá a la baja de las mismas”.
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Bonificación por zona austral: también se ajustan los requisitos para quienes perciban esta bonificación, la cual será dada de baja si no se cumple con el requisito de residencia en la zona. Para recibir el pago nuevamente, se deberá solicitar y probar el derecho a la misma.
Este cambio se implementa como parte de un proceso de auditoría de las asignaciones y pensiones pagadas a través de ANSES, con el objetivo de corregir irregularidades detectadas en auditorías previas.
Pensiones no contributivas
El director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, ha señalado que la auditoría realizada por su área, bajo la orden del presidente Javier Milei, destapó un "escandaloso negocio con la discapacidad". Según Spagnuolo, este esquema habría provocado un desvío de fondos que oscilaría entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año.
Estas auditorías revelaron que un gran porcentaje de los beneficios otorgados eran fraudulentos, incluidos casos de beneficiarios fallecidos o residentes en el exterior.
En tanto, desde el Gobierno argumentan que estas modificaciones buscan corregir desvíos de fondos y restablecer la confianza en el sistema de pensiones, asegurando que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.
