Esta semana, miles de personas se amontonan en los bancos para convertir sus ahorros de pesos a dólares. Las reservas cayeron al valor más bajo en 20 años, y se teme que el régimen socialista del MAS imponga un fuerte cepo a la divisa extranjera.

El esquema monetario y cambiario de Bolivia enfrenta la crisis más importante de los últimos años. Se multiplicó la cantidad de personas haciendo largas filas en las instituciones bancarias para reclamar la conversión de sus ahorros de pesos a dólares, en lo que se configura como un episodio de evidente corrida contra la moneda nacional.

La corrida generalizada rápidamente provocó un faltante de liquidez en moneda extranjera en la mayor parte de los bancos privados, que no esperaban lidiar con operaciones de extracción tan masivas y en tan poco tiempo. 

El Banco Central de Bolivia respondió a la situación habilitando la venta directa de dólares a través del tipo de cambio oficial y libre, a fin de agilizar las operaciones y disminuir la presión sobre los bancos privados hasta tanto puedan hacerse de liquidez. Pero este episodio saca a la luz algunas de las debilidades más importantes del sistema que mantiene el régimen de Luis Arce. 

“En ese sentido, el BCB comunica que también se pueden comprar dólares a través del Banco Unión y el resto de las entidades de intermediación financiera a lo largo y ancho del país, al tipo de cambio autorizado para el sistema financiero”, pronunció el Banco Central de Bolivia (BCB).

La inflación mensual operó en terreno negativo en el segundo mes de 2023, y promedió el 0,41% en los últimos cuatro meses del año pasado. Asimismo, la inflación interanual descendió a 2,57% en febrero de este año, y registró un pico moderado del 3,17% en noviembre del año pasado. 

Hasta ahora, la inestabilidad de precios no fue un mayor problema para Bolivia incluso a pesar del shock monetario impulsado durante la pandemia. Pero la violenta caída de la demanda de pesos (o su contracara en la demanda de divisas) podría cambiar completamente el panorama para los próximos meses. 

El sistema monetario de Bolivia y el peligro inflacionario latente

Desde el año 2008 el Banco Central del país se comprometió a sostener una paridad prácticamente fija entre el peso boliviano y el dólar a razón de 6,96 pesos por unidad, y en un marco de libertad de cambios (no existen mayores controles para la compra y venta de divisas). Este hecho sirvió como una suerte de “anclaje” de las expectativas inflacionarias y fundamentalmente la demanda de dinero, consiguiendo así disciplinar los precios y mantener la estabilidad.

Pero aún con un bajo ritmo en la “nominalidad” del país, dado un tipo de cambio fijo, se produjo una lenta pero sostenida apreciación cambiaria que facilitó el abaratamiento de importaciones y el encarecimiento de exportaciones. El BCB debió atender a la defensa del tipo de cambio consumiendo reservas internacionales, y para 2023 estas ya alcanzan su nivel más bajo desde octubre de 2004. 

La falta de liquidez en los bancos llevó al surgimiento de un muy incipiente mercado negro de divisas, en el cuál el dólar paralelo ya cotiza en los 7,15 pesos bolivianos (un brecha cambiaria del orden del 2,7%). La dureza del régimen monetario se vio contrastada por fuertes políticas monetarias y fiscales de índole expansivo, y el único canal para mantener la política cambiaria estable fue el consumo de reservas.

El sistema comienza a dar indicios de agotamiento, y los bolivianos descreen cada vez más de la sostenibilidad del mismo. Con un riesgo latente de devaluación o controles cambiarios, la corrida contra el peso y por la conversión en dólares se entiende como un mecanismo precautorio para anticiparse a las posibles decisiones del BCB en el futuro.

Un excanciller peruano, un europarlamentario español y un diputado argentino se pronunciaron sobre la persecución política que ahora sufre Carolina Ribera, la hija de Jeanine Añez.

Este martes, el medio opositor Página Siete Digital dio a conocer que la Fiscalía investiga en secreto a Carolina Ribera, hija de la expresidente arrestada Jeanine Añez, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Para ello, el Ministerio Público está recolectando información de 32 entidades, entre públicas y privadas, para rastrear sus llamadas, viajes, inmuebles y, además, pide congelar sus cuentas bancarias.

Tras conocerse esta clarísima persecución política a un nuevo opositor del régimen del MAS, el europarlamentario de VOX, Hermann Tertsch, el excanciller de Perú, Luis Gonzales Posada, y el diputado argentino, Francisco Sánchez, expresaron su preocupación por este hecho, al que calificaron de “persecución política”.

“El gobierno de Luis Arce es ya una dictadura y nada de lo que haga en persecución de ciudadanos bolivianos tiene la mínima credibilidad. Es una mafia narcocomunista similar a la de Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Miguel Díaz-Canel, se inventa en La Paz cargos contra todo el que diga la verdad”, señaló Tertsch.

El europarlamentario expresó que desde la Eurocámara estarán pendientes a lo que ocurra con el proceso de investigación en contra de Ribera, para tratar de proteger los derechos humanos en un país de la Iberósfera. Además, calificó de “miserable” esta acción porque “ahora quieren meter también a la cárcel a la hija” de su presa más preciada.

Gonzales manifestó que la acción que activan en contra de Ribera es un proceso vengativo, típico de las “izquierdas radicales” en la región. Añadió que le abren un proceso para indagarla porque “tuvo el coraje” de denunciar a nivel internacional los abusos del actual gobierno contra su madre y otros presos políticos.

“La izquierda radical es vengativa, ahora van por la hija de la expresidenta Añez, porque ella tiene una gran presencia a nivel internacional y ha tenido el coraje de denunciar todos estos hecho de barbarie que ocurren en Bolivia. Sabemos que la justicia de Bolivia responde al poder, se utiliza este mecanismo para reprimir a la hija de la expresidenta. Este mecanismo de persecución es aplicado en Cuba y Nicaragua”, enfatizó.

El argentino Sánchez, por su parte, manifestó que esta investigación en contra de la hija de Añez debe conllevar a que se ponga mayor atención acerca de lo ocurre en Bolivia, porque continúa “la persecución política” contra los opositores a Evo Morales. Agregó que los informes que pide la Fiscalía boliviana a entidades no son para hacer justicia.

“No está bien que ocurra una investigación arbitraria, se investiga con fines de perseguir a la hija de una presa política, muestra la característica que tienen los gobiernos radicales de izquierda de la región, de la cual son parte Luis Arce y Evo Morales. Por supuesto que esto nos preocupa muchísimo porque hay una persecución política”, complementó.

La jueza aliada de Evo Morales, Rosmery Pabón, cortó la declaración de Camacho en la audiencia de apelación y el TDJ rechazó su pedido de libertad.

La dictadura en Bolivia continúa en todo su esplendor. Este jueves, se le negó la libertad condicional al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arrestado ilegalmente por el régimen de Luis Arce y Evo Morales el mes pasado.

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) rechazó el pedido de apelación luego de que Camacho se negara a jurar lealtad al régimen socialista. En la audiencia, aseguró que está preso “porque formó parte de la lucha histórica del pueblo contra el fraude cometido por Evo Morales en 2019”.

“Han utilizado en varias ocasiones el argumento que como gobernador yo pudiera usar influencias para lograr muchas cosas, esta denuncia fue sentada en 2020, cuando yo no era presidente del comité ni gobernador, pude haberme ido, pero no me fui, ese no soy yo”, dijo Camacho.

El gobernador cruceño expresó preocupación por su derecho a la defensa y enfatizó que en ninguna de las citaciones que le hicieron evadió la convocatoria, recalcando que jamás interfirió en las investigaciones, las dos causales que justificarían su arresto.

“En ningún momento intenté querer salirme del país, dos semanas antes de mi aprehensión muchos diputados denunciaron que ya venía este caso y tampoco huí, ese tampoco es mi ser. Aclarar en qué forma dicen que puedo influir como gobernador, en estos casi dos años que digan en qué influí”, agregó.

Cabe aclarar que además Camacho fue arrestado en plenas funciones como gobernador, tras ser electo en el Departamento de Santa Cruz por una amplia mayoría. El arresto de gobernadores va en contra de la ley, ya que cuentas con fueros políticos que impiden su detención mientras está en el cargo.

Fueron escasos minutos los que se le permitió hablar libremente al actual mandatario del Departamento cruceño, debido a que la jueza Rosmery Pabón le cortó la palabra y le pidió que sea “más concreto” en sus declaraciones.

“Estoy tratando de ser lo más objetivo, trataré de resumir para que usted no se moleste. Voy a esperar, no puedo expresarme como quisiera, pero espero que hoy su autoridad sea la excepción de la justicia, para que todos sepan que todavía hay autoridades que hacen justicia”, dijo Camacho con la preocupación reflejada en su rostro por el momento que está atravesando.

La administradora de justicia volvió a cortarlo, esta vez definitivamente, tras reafirmar que “únicamente se concedió la palabra en vía informativa, por eso se recomendó que sea concreto, su defensa argumentó los agravios”.

Camacho está imputado por haber organizado las protestas que llevaron a la renuncia de Evo Morales en 2019. Sin embargo, juristas aseguran que si bien es irrefutable el rol que tuvo el ahora gobernador incitando las protestas luego de que estallara el escándalo de fraude electoral, no existe ningún delito en Bolivia que prohíba liderar manifestaciones pacíficas.

Evo Morales renunció a su cargo luego de que el Tribunal Electoral admitiera que fue coercionado por el entonces presidente para cambiar los resultados de la elección general para evitar un ballotage con Carlos Mesa, y que las Fuerzas Armadas digan públicamente que no seguirían las órdenes de reprimir las protestas.

Tras el desastroso gobierno de Jeanine Añez, quien asumió de manera constitucional tras el cobarde exilio de Morales, los socialistas regresaron al poder en las elecciones de de 2020, y rápidamente instalaron un régimen vengativo para suprimir completamente la oposición, en una movida calcada a la de Daniel Ortega en Nicaragua, quien también regresó al poder de manera democrática pero aprovechó el Ejecutivo para instalar una dictadura.