La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, decidirá este lunes si la Argentina podrá suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF mientras se tramita la apelación contra el fallo que la obliga a ceder ese paquete accionario a los fondos litigantes Burford y Eton Park.
La resolución es clave para el Gobierno nacional, que busca evitar la ejecución inmediata del fallo dictado en septiembre de 2023, que establece una indemnización superior a los 17.000 millones de dólares. La decisión de Preska llega en un contexto de fuerte presión judicial y financiera.
El pedido argentino y el riesgo de perder el control de YPF
La Argentina presentó la semana pasada la apelación formal ante la Cámara del Segundo Circuito y solicitó un “stay”, es decir, la suspensión provisoria de la ejecución de la sentencia. Este recurso busca evitar que el Estado pierda el control sobre YPF durante el proceso judicial.
Según la estrategia legal del Ejecutivo, entregar las acciones ahora implicaría un “daño irreparable”, ya que los fondos beneficiarios podrían vender inmediatamente los títulos, impidiendo una eventual reversión del fallo.
Argumentos legales: inmunidad soberana y leyes argentinas
La defensa argentina sostiene que la orden judicial de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y representa un ejercicio indebido de extraterritorialidad. Además, remarcan que la ley de expropiación de 2012 exige una mayoría especial en el Congreso para ceder el paquete estatal en YPF, lo que no ocurrió.
Argentina espera el fallo clave de Loretta Preska por el caso YPF
Para el oficialismo, acatar el fallo sin agotar instancias judiciales sería una vulneración a la soberanía nacional, especialmente en medio de las negociaciones por la deuda externa y el ajuste fiscal.
Milei y Caputo siguen el caso de cerca
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, monitorean cada paso del expediente. Caputo coordinó con la Procuración del Tesoro para reforzar la apelación y evitar un desenlace que comprometa la posición financiera del país.
Además, se evalúa escalar el conflicto hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos si la Cámara del Segundo Circuito no revierte la situación.
¿Qué pasa si Preska rechaza el pedido?
Si la jueza niega la suspensión, los fondos litigantes podrían avanzar con el embargo y ejecución de las acciones, lo que pondría en riesgo directo al control estatal sobre YPF. En cambio, si otorga el “stay”, la Argentina ganaría tiempo clave para continuar la defensa y negociar.
Según el analista Sebastián Maril, si Preska concede el pedido, “los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela”.
Qué dice el mercado y cuál es el impacto potencial
En el plano financiero, la causa YPF es seguida de cerca por consultoras, bancos y fondos de inversión. Un fallo adverso podría impactar en el riesgo país, el precio de los bonos y las acciones de YPF, además de complicar el acceso al financiamiento externo.
El rol de YPF y el antecedente de la expropiación
Aunque YPF no es parte formal del proceso actual, su destino está directamente implicado. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, aclaró que la empresa no integra la estrategia judicial, que está a cargo del Estado argentino.
La controversia comenzó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de YPF perteneciente a Repsol. Aunque hubo acuerdo con la petrolera española, otros accionistas minoritarios no fueron compensados, lo que dio lugar a la demanda internacional.
