La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, decidirá este lunes si la Argentina podrá suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF mientras se tramita la apelación contra el fallo que la obliga a ceder ese paquete accionario a los fondos litigantes Burford y Eton Park.
La resolución es clave para el Gobierno nacional, que busca evitar la ejecución inmediata del fallo dictado en septiembre de 2023, que establece una indemnización superior a los 17.000 millones de dólares. La decisión de Preska llega en un contexto de fuerte presión judicial y financiera.
El pedido argentino y el riesgo de perder el control de YPF
La Argentina presentó la semana pasada la apelación formal ante la Cámara del Segundo Circuito y solicitó un “stay”, es decir, la suspensión provisoria de la ejecución de la sentencia. Este recurso busca evitar que el Estado pierda el control sobre YPF durante el proceso judicial.
Según la estrategia legal del Ejecutivo, entregar las acciones ahora implicaría un “daño irreparable”, ya que los fondos beneficiarios podrían vender inmediatamente los títulos, impidiendo una eventual reversión del fallo.
