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Economía

Ayuso anuncia una nueva rebaja histórica del Impuesto a las Ganancias en Madrid

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La reforma supone un nuevo recorte de 0,5 puntos porcentuales sobre todos los tramos del IRPF autónomo de Madrid, con un ahorro de 355 millones de euros sobre los 3,5 millones de contribuyentes afectados por el impuesto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció una nueva reforma histórica para bajar el impuesto de IRPF autónomo. La rebaja impositiva es similar a la que ya fue anunciada a mediados del año 2021 y que entró en vigencia a partir de enero de 2022.

Ayuso no solo acumula hasta 21 reformas tributarias consecutivas para bajar los impuestos locales desde que asumió la dirección de la Comunidad autónoma en agosto de 2019, sino que además se convirtió en la dirigente que más impuestos ha bajado en la historia de la jurisdicción. Si bien su propio partido, el Partido Popular (PP), lleva gobernando la Comunidad desde hace casi 20 años, nunca antes se había visto un proceso de desgravación impositiva tan contundente como el que impulsa Ayuso.

Las reformas apuntan a dinamizar el crecimiento de la actividad real y la creación de puestos de trabajo en Madrid (que lidera la media de España en ambas métricas), así como la llegada y el asentamiento de capitales extranjeros en forma de inversión internacional directa.

La reforma del IRPF de 2023

La Presidenta anunció una rebaja de 0,5 puntos porcentuales sobre todos y cada uno de los tramos comprendidos en el IRPF autónomo de la Comunidad. De esta forma, la tasa marginal más elevada bajará al 20% a partir del período fiscal 2024, que ya desde antes de la reforma se constituía como la más baja de España. 

La tasa marginal más baja se fijará en solo el 8%, y nuevamente es la más baja del país para cualquier IRPF local. El promedio simple de las tarifas aplicadas por el impuesto disminuye de casi 14% en el esquema anterior al 13,48% a partir de la nueva reforma. 

Cabe señalar que la tasa marginal máxima acumula una caída de 1 punto porcentual desde 2021 (del 21% al 20%), la tasa más baja cayó con respecto al 9% que se aplicó ese mismo año, y el promedio disminuyó con respecto al 14,48% en aquel entonces.

Se calcula que la reforma supondrá un alivio fiscal de hasta 355 millones de euros para las 3,5 millones de personas que se ven afectadas por el tributo cada año. Esto afianza la competitividad fiscal de Madrid frente a otras Comunidades autónomas u otros destinos de inversión en distintos países europeos.

Desde 2007 las sucesivas reformas del IRPF en Madrid significaron un ahorro neto de 9.169 millones de euros para los contribuyentes, pero cerca del 44% del total se concentró exclusivamente en los casi cuatro años de gestión de Isabel Díaz Ayuso (un alivio valuado en los 4.031 millones de euros). En total, todas las rebajas impositivas de la administración Ayuso acumulan un alivio fiscal de 23.000 millones de euros desde 2019.

Asimismo, la mandataria confirmó que los montos nominales previstos en la tabla del IRPF local se actualizarán debidamente por la evolución del índice de precios al consumidor, por lo que los contribuyentes evitarán pagar por demás simplemente por la ilusión nominal que genera la inflación sobre los salarios (un efecto corrosivo que es muy común para la recaudación de impuestos a los ingresos).

Economía

La Eurozona entró oficialmente en recesión: La actividad económica se contrajo por dos trimestres seguidos

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El derrumbe de la economía alemana arrastra a la totalidad del bloque de la zona Euro, ya que representa hasta el 29% del PBI del bloque. Las fuertes caídas observadas sobre el consumo y las exportaciones lideraron el proceso recesivo.

El desempeño de la economía europea es cada vez más decepcionante, ahogada por regulaciones y elevados márgenes impositivos. El PBI ponderado para el total de los 19 países europeos que adoptan el Euro cayó un 0,1% en el primer trimestre del año, y de esta manera la Eurozona entró oficialmente en recesión después de haber sufrido una caída similar en el último cuarto de 2022.

Se observó un desplome del 0,3% sobre los gastos de consumo privado para el bloque, mientras que los explicados por el sector público (infraestructura, inversión y gasto en defensa) aumentaron un 0,9%. 

Las exportaciones de la Eurozona sufrieron una caída trimestral del 0,1%, y las importaciones llegaron a caer hasta un 1,3% (principalmente explicadas por la baja en el sector energético). Este bloque representa uno de los tres grandes motores de la economía mundial, junto con China y Estados Unidos, por lo que la tendencia recesiva enciende las alarmas por una eventual recesión internacional.

La economía alemana fue virtualmente responsable de una gran parte de la incidencia sobre el bloque general, ya que por sí sola representa hasta el 29% del total. Alemania entró oficialmente en recesión después de que su PBI cayera un 0,3% en el primer trimestre de 2023 y 0,5% en el cuarto trimestre de 2022.

Por otra parte, se observó una fuerte tendencia hacia el estancamiento en Francia y España, que juntos alcanzan a representar hasta el 30% del PBI de la Eurozona. En otras palabras, casi el 60% de la economía del bloque se encuentra en recesión o en una situación de estancamiento.

La fuerte caída de la actividad económica en la economía de Holanda (alrededor del 0,7% en el primer trimestre) también fue un factor con mucha incidencia en la merma del bloque europeo para este período, aunque el país todavía evita la recesión técnica.

Asimismo, la tasa de inflación interanual para la Eurozona alcanzó el 6,1% en el mes de mayo, y si bien se mantiene en un sendero bajista desde octubre del año pasado lo cierto es que todavía permanece en niveles muy por encima de la meta de 2% que fija el Banco Central Europeo.

La tasa de política monetaria dispuesta por Christine Lagarde se ubica en el 3,75% anual, por lo que en términos reales sigue siendo negativa y aún insuficiente para controlar la inflación de manera definitiva.

El frente fiscal del bloque europeo tampoco luce prometedor, ya que las finanzas públicas arrojan desequilibrios crecientes en Alemania, Francia, España y Portugal, a pesar de las contadas excepciones como Grecia e Italia (ambos bajo Gobiernos del signo político de la derecha).

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Argentina

Se agranda el Estado y se achica la Nación: El déficit de las empresas públicas alcanzó los US$ 4.000 millones en los últimos 12 meses

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Las pérdidas operativas del conglomerado de empresas estatales ya superaron el 0,73% del PBI sobre el acumulado anual de abril. La administración kirchnerista prácticamente duplicó el déficit desde diciembre de 2019.

De acuerdo al último balance de base caja publicado por el Ministerio de Economía, el déficit operativo de las empresas del Estado alcanzó los $108.700 millones solamente en abril de 2023, y hasta $882.143,6 millones para el acumulado total de los últimos 12 meses.

El déficit acumulado durante los primeros cuatro meses del año registró un brutal aumento del 246,33% con respecto al acumulado del mismo período para 2022, una cifra que supera cómodamente a la tasa de inflación interanual de abril en torno al 108,8% (según la última medición del INDEC). Asimismo, el déficit acumulado en el último año subió un 118,5% respectivamente. 

Al tipo de cambio oficial de referencia para abril el desequilibrio representa un rojo de 3.991,6 millones de dólares en un año. La misma operación para el déficit acumulado de hace un año arroja un monto de US$ 3.533 millones, por lo que sin importar cómo se lo mida la tendencia alcista es más que evidente.

El Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner llevó al déficit de las empresas del Estado al equivalente del 0,73% del PBI en abril de 2023, prácticamente el doble de lo que recibieron en diciembre de 2019, a pesar de que una de las promesas de campaña del Presidente era precisamente atacar estas pérdidas.

Una de las empresas más implicadas en la generación de déficit es ENARSA, una empresa de energía creada en 2003 por iniciativa de Néstor Kirchner. Los ferrocarriles se perfilan como la otra gran fuente de déficit que se traslada al bolsillo de los contribuyentes, en gran medida debido a la apertura de nuevos ramales económicamente inviables.

Desde 2003 se abortó completamente cualquier avance en dirección a la privatización de empresas del Estado. Los sucesivos Gobiernos terminaron su mandato con déficits igual o superiores a los que heredaron sin excepción, incluyendo la última gestión de Cambiemos (que no produjo ningún cambio en este aspecto).

Déficit operativo de las empresas del Estado entre 1993 y 2023.

Pero no solo se mal-administraron las entidades que ya se tenían, sino que incluso se crearon nuevas. En 2020 el Gobierno kirchnerista anunció la estatización de todas las rutas nacionales con peaje, y trató de crear una empresa estatal para intervenir el mercado de granos aunque afortunadamente la medida quedó trunca.

A mediados del año 2021 el oficialismo nuevamente avanzó hacia la estatización, esta vez con la mira puesta en la histórica Hidrovía Paraná-Paraguay, el transporte nacional de ferrocarril de cargas. Más tarde, en 2022 se decidió eliminar completamente todos los contratos de concesión por obra pública con participación público-privada (PPP).

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Colombia

Petro anuncia una peligrosa reforma de los servicios públicos para manipular las tarifas a discreción

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Tras el rechazo del tribunal supremo de Colombia al decreto que intervenía las tarifas, el Presidente socialista va por todo y presentará una reforma en el Congreso para boicotear la independencia de las comisiones reguladoras de manera definitiva.

El Gobierno de la extrema izquierda colombiana presidido por Gustavo Petro encabeza un nuevo capítulo en el avance contra la seguridad jurídica. El Poder Ejecutivo debió retroceder con su Decreto 0227 por medio del cual intervenía todas las tarifas de los servicios públicos, debido a un fallo del Consejo de Estado de Colombia (el tribunal supremo del país).

El decreto dotaba al Presidente de poderes especiales para asumir el control y la dirección de las facultades delegadas en las comisiones reguladoras de servicios públicos, entre ellas encargadas de relevar la provisión de agua potable y saneamiento, la electricidad y el sector energético.

Las medidas le permitían a Petro el poder para fijar tarifas a discreción, modificar deliberadamente las condiciones pactadas para la liberalización gradual de la competencia en los mercados regulados, la definición misma para la metodología sobre los cálculos tarifarios, y la determinación de los cargos por servicios de despacho y coordinación en los servicios alcanzados. Esto implicaba una lisa y llana violación de los contratos de concesión con las empresas prestadoras de servicios.

Ante la negativa de la Justicia, el Gobierno del socialismo anunció públicamente que presentará una reforma integral sobre el sistema de servicios públicos del país, precisamente para convalidar todas las potestades que enunciaba el fallido decreto, pero ya no con un carácter meramente transitorio como antes (que se limitaba un período de 3 meses).

Un total de 15 exministros de Energía, 2 exviceministros y 8 excomisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) advirtieron por las consecuencias catastróficas que provocarían las medidas que pretende aprobar el presidente Petro.

Este grupo de implicados y expertos en energía y regulación de servicios expidió una carta abierta al público, en donde señalaron lo siguiente: “La intención anunciada por el Gobierno de retomar las facultades regulatorias de la CREG, de llegar a materializarse, es una medida que vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos”.

Se corre el riesgo de producir un deterioro sobre la capitalización y el mantenimiento de los servicios afectados, de la misma manera en que ocurrió en Argentina y Venezuela cuando las tarifas fueron deliberadamente intervenidas.

La distorsión de precios relativos demostró ser una herramienta increíblemente ineficaz para combatir la inflación, y con brutales costos en materia de asignación eficiente de recursos. Este tipo de medidas fracasan irremediablemente en todas las experiencias del “socialismo del siglo XXI”.

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