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Economía

Bajar impuestos, privatizaciones y obra pública: el “Plan Pro-Brasil” de Paulo Guedes para salir de la crisis

El gobierno de Bolsonaro, con la crisis del coronavirus en el pasado, encara una reactivación de la economía de la mano de una fuerte baja de impuestos a las empresas, privatizaciones y completar las obras públicas de gobiernos anteriores, en el marco del “Plan Pro-Brasil”

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Brasil es la 8° economía del mundo y la 109° en el ranking para hacer negocios, pero el objetivo de Bolsonaro es crear un clima favorable para el sector privado y terminar entre los primeros 50° del ranking mundial antes de su mandato.

Brasil apuesta a una fuerte recuperación económica pos Covid-19 basada en el ya reformado sistema de pensiones, nuevas privatizaciones, disminución de gastos, disminución de tasas de interés y el recién lanzado “Plan Pro-Brasil”, similar a lo que fue el plan Marshall pero para reconstruir obras que el PT empezó hace décadas y por corrupción continúan a medio hacer.

El ministro de Economía, Paulo Guedes, informó hace unas semanas que no habrá aumento de impuestos y que mejorarán los sistemas de recaudación para hacerlos más eficientes, y confían en el apoyo y eficiencia de los congresistas. 

“Brasil es el único país del G20 que está aumentando sus exportaciones y el apetito por proteína animal y productos mineros sustentan las exportaciones para el crecimiento futuro de Brasil, y son estás una de las directrices más importantes del reenfoque económico”, explicó el ministro Guedes

Se están haciendo fuertes inversiones en ampliar los beneficios y las redes de apoyo sociales, ya que el COVID 19 sorprendió con cifras desconocidas de casi 35 millones de brasileros que estaban en malas condiciones sociales.

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El foco principal del actual gobierno es aumentar fuertemente el nivel de educación de los más jóvenes para despegar y salir del subdesarrollo. Esto significa redistribuir casi 40 años de enorme gasto y despilfarro de recursos públicos e inflación. 

La reforma tributaria ingresará al Congreso durante las próximas semanas, junto con el plan de privatizaciones de empresas (en especial las más deficitarias y necesitadas de inversión) cuyos nombres se mantienen aún en reserva, pero suena fuerte la empresa de “Correos”, que tiene más de 100 mil empleados.

Entre los próximos 60 a 90 días de plazo, debería haber oportunidades para inversionistas internacionales en rubros tales como cabotaje, sector eléctrico, gas natural para tener energía barata, infraestructura, petróleo, transportes y contar también con nuevos marcos reguladores.

Brasil acumula 30 años de aumentos de impuestos por parte de gobiernos anti liberales, siendo los gravámenes a las empresas hoy en día un 34%, con un rebuscado sistema tributario, preso de un limitado comercio exterior con tarifas proteccionistas que apoyan a grupos empresariales cercanos al poder político y cuyos mayores costos los paga el ciudadano, con productos caros y no siempre de buena calidad. 

A pesar de que Brasil tiene impuestos del primer mundo, sus pensiones, la salud y los salarios, son del tercer mundo. Similar a lo que ocurre con Argentina.

Los gastos fiscales son excesivos y el objetivo es simplificar los impuestos, con una re-ingeniería tributaria, y utilizar esos fondos para servicios públicos de mejor calidad. Se espera implementar a la brevedad, mercados eficientes e integrados, con un régimen fiscal sólido y un banco central independiente, el cual depende actualmente del ministerio de economía. 

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Por otro lado, durante los últimos días, la popularidad de Jair Bolsonaro tuvo un fuerte repunte al anunciar el plan Pro-Brasil, que tiene un presupuesto de un 1 trillón de reales. 

“Pro-Brasil” está compuesto por casi 200 nuevos proyectos de infraestructura y la finalización de más de 11.400 obras de las áreas de minería, energía, transporte, vivienda y desarrollo regional, por un valor que estaría entre los US$ 6.200 millones y los US$ 10.700 millones. 

Se espera que la ejecución de estos proyectos genere unos 2 millones de empleos en los próximos tres años, con lo que proyectan bajar la tasa de desempleo, que en julio llegó al 13,3%.

Se mantendrán los planes de la bolsa familia, renda familia y Corona Váucher (Corona Vale), que son incentivos económicos para los ciudadanos más pobres. 

Pero la idea no deja tranquilo al ministro Paulo Guedes, que teme por el equilibrio fiscal del país y menciona que Pro-Brasil puede obstaculizar su propia agenda de políticas de austeridad y privatizaciones.

Rotundo apoyo de los brasileños al gobierno de Jair Bolsonaro.

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El gobierno tiene hasta el 31 de agosto para descubrir cómo va a financiar las obras de “Pro-Brasil”, ya que esa es la fecha límite para enviar el Proyecto de Presupuesto de 2021 al Congreso. 

Existe un techo del gasto por el despilfarro de décadas de gobiernos socialistas y está contemplado en la Constitución brasileña, el cual impide que el gasto total del gobierno en un año sea superior al gasto total del año anterior más la inflación respectiva (alrededor de 1,8% proyectado para el 2020). 

Sumadas ambas propuestas, o cualquiera por su propio lado, permitirán despegar vigorosamente a la mayor economía de América Latina y arrastrar a sus vecinos en su ascenso económico y político. 

Se espera crear empleos de calidad y mayor bienestar para la población brasileña, todos logros que podrían ser capitalizados políticamente en una eventual reelección del presidente Bolsonaro para un segundo mandato.

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Economía

Para The Economist, un default argentino conducirá a un caos generalizado como en 2001

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La fuerte turbulencia en el mercado cambiario anticipa solo una parte de las funestas consecuencias que atravesará el país si no se consigue un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El rebote de la economía argentina se encuentra cada vez más comprometido conforme se derrumban los pilares básicos de la macroeconomía. La más reciente editorial en The Economist sobre la Argentina, revela una sombría visión sobre el desenlace económico del país sin finalmente el Gobierno fracasa en concretar un acuerdo con el FMI.

De producirse un eventual default, el caos económico y político devenido de ello podría no tener nada que envidiarle al pánico del año 2001. Si Argentina pierde el acceso al poco financiamiento de organismos multilaterales, y dado el abrupto desequilibrio fiscal, la expansión monetaria que esto requiere podría traer serias turbulencias inflacionarias.

En el artículo, titulado “La loca existencia de la Argentina”, se recopilan 20 años de historia económica y se advierte que, de no llegar a un acuerdo, el costo recesivo sobre le país podría ser similar al que hubo entre 2001 y 2002. El artículo señala que, desde el año 2012, Argentina se encuentra atrapada en la estanflación, sin poder salir exitosamente en la gestión de Mauricio Macri.

El enfoque exageradamente gradualista no atacó, ni pretendió atacar, el resultado fiscal deficitario durante los tres primeros años del Gobierno de Macri. El resultado fue una irrisoria dependencia de capital extranjero para financiar los desequilibrios fiscales, algo que finalmente no pudo sostenerse en el tiempo y desembocó en una aguda recesión desde 2018 y en adelante.

Del mismo modo que The Economist, numerosos analistas locales compartieron las preocupaciones en torno a la economía argentina. Para el destacado economista Miguel Ángel Broda, a lo largo del 2022 el país podría tener una inflación de entre el 55% y 70% anual, cuando ya se venía del 50,9% anual en 2021. Pero sin un acuerdo con el Fondo, se podría alcanzar incluso los tres dígitos de inflación.

Incluso con acuerdo, los analistas locales estiman un gran riesgo sobre qué tan factible sería el cumplimiento progresivo de las metas trimestrales cuantitativas y cualitativas que suponga un acuerdo fiscal serio. De no cumplirse en tiempo y forma, pese a la voluntad de pago que pueda haber, el default acontecería de forma inexorable y sus consecuencias serían las mismas.

El pánico por un eventual default se tradujo en una fuerte corrida contra el peso en el día de hoy, siendo que el dólar en el mercado paralelo llegó a cotizar en los $223 al mediodía, y el Contado con Liquidación llegó incluso a un pico de $236 a las 12:50 de la jornada. Estas cifras marcaron un récord histórico.

Alberto Fernández y su equipo fueron tomados completamente por sorpresa y el Gobierno sigue paralizado, sin ofrecer ningún tipo de respuesta al caos cambiario. La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner decidió desentenderse de los problemas económicos y se reunió con la hija de Hugo Chávez con el motivo de la asunción de Xiomara Castro en Honduras, y no perdió oportunidad para criticar duramente al FMI por lo que catalogó de “políticas de ajuste”.

El propio Alberto Fernández, hace tan solo dos días, rechazaba tajantemente cualquier tipo de ajuste sobre las finanzas públicas, en lo que parece ser una posición casi irreconciliable sobre la cuál es imposible celebrar un acuerdo con el FMI. Las pesadas declaraciones en las esferas más altas del oficialismo no ayudan en vislumbrar un posible acuerdo.

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Economía

Demora el acuerdo con el FMI: se dispara el dólar y los bonos cotizan en mínimos históricos

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La falta de respuestas por parte del ministro Martín Guzmán generó un fuerte cimbronazo en los mercados financieros. El dólar paralelo alcanzó los $223 y algunos bonos volvieron a tener rendimientos negativos en pesos.

El Gobierno de Alberto Fernández parece completamente incapaz de dar respuestas concisas para la estabilidad macroeconomía del país. El Fondo Monetario Internacional pidió un programa para la consolidación de las cuentas públicas, pero el ministro Martín Guzmán se niega a realizar cualquier tipo de ajuste fiscal en 2022.

El espectáculo brindado por el oficialismo generó un fuerte pánico en los mercados financieros y de cambios, por lo que el dólar paralelo llegó hasta los $223 en pocas horas, subiendo $2 con respecto a la jornada anterior. Los mercados aún no visualizan un acuerdo, y se preparan para el peor de los escenarios: un trágico default.

Aún a pesar del nivel de déficit del sector público, la financiación del mismo se torna el principal problema alrededor de todo el riesgo crediticio, financiero y cambiario, pues el Gobierno recurre únicamente a la emisión monetaria descontrolada como el mecanismo para financiar sus desequilibrios. La financiación monetaria tuvo un impacto directo en el tipo de cambio sin intervención.

El Riesgo País llegó a los 1.916 puntos básicos en la jornada del día jueves según lo mide la firma JP Morgan, el valor más elevado desde la restructuración del 2020. Por otra parte, el precio de los instrumentos financieros argentinos se encuentra en mínimos históricos.

En la jornada del jueves, la mayor parte de los bonos argentinos en dólares mostraron caídas, marcando un promedio del 3%. Ejemplos de estos bonos son el Bonar 2030, o lo Globales 2046 y 2030.

Los bonos llegaron a niveles de rendimiento verdaderamente irrisorios: el bono AL30 llegó incluso a registrar un rendimiento del negativo del 0,5% en pesos. En otras palabras, el desempleo del AL30 fue tan devastador, que incluso hubiera sido preferible mantener pesos en efectivo por el plazo de tenencia del bono, y así evitar cargar con un rendimiento de características tan funestas.

En general, los bonos denominados en moneda local y sin ajuste por inflación (CER) son los instrumentos que más sufrieron la dramática gestión del ministro Guzmán, que no pudo inspirar la suficiente confianza para coordinar las expectativas de mercado, ni tampoco la suficiente credibilidad fiscal como para cerrar un acuerdo con el FMI en tiempo y forma.

También se produjo un alza importante en todos aquellos instrumentos que responden como un seguro ante un incumplimiento del Estado argentino con sus acreedores. Los famosos seguros de default aumentaron drásticamente su probabilidad de ocurrencia de pago, pasando del 44% al 66% en el día de hoy. Esto también fue tomado como una fuerte señal de alerta que complica la situación del Gobierno con el FMI.

Dada la crítica situación de reservas internacionales en el Banco Central, la mayoría de las consultoras privadas estimaban un acuerdo, como muy tarde, para fines de marzo de este año. Una vez pasado ese período Argentina no tendrá ni un solo dólar para afrontar los vencimientos de sus obligaciones, dada la actual política monetaria y cambiaria del BCRA.

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Economía

Deuda con el FMI: ¿Qué consecuencias podría atravesar Argentina si no paga el vencimiento?

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Después de abonar los U$S1.100 millones adeudados en febrero, Argentina se quedará sin dólares para pagar los siguientes vencimientos, y podría entrar en cesación de pagos en marzo.

Las negociaciones argentinas por la renegociación del pago de la deuda que mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están en un punto complicado. Mientras Guzmán negocia atrasar los pagos, Alberto Fernández asegura que no pueden hacer ningún ajuste antes de 2027, algo que no contenta al Fondo.

Este viernes que viene y el martes próximo se vencen dos plazos de pagos que acumulan unos U$S1.100 millones, que apenas podrá pagar el Banco Central. El próximo pago es en marzo y con las reservas líquidas no va a alcanzar para pagarlo.

Sin un acuerdo rápido con el FMI un default es prácticamente una certeza, y esto tendría una serie de implacancias no solo para el mercado argentino si no para el mismo organismo internacional, que dejaría de recibir los pagos de la deuda más grande que tiene activa en estos momentos.

En principio, la negativa de pagar traería consigo tensiones fuertes en el mercado de cambios y a los activos financieros argentinos. El Riesgo País se dispararía, y el Banco Central se quedaría sin dólares para intervenir en el mercado de cambios, por lo que se podría esperar una fuerte suba en la cotización de los segmentos paralelos.

El otro punto, y quizá el que más preocupa, es que si Argentina se negase a pagar, podría a la larga ser expulsada como miembro del organismo. Y si bien no caería en default de manera inmediata, iniciaría un camino que la llevaría a ello.

En definitiva, el extremo máximo del incumplimiento con el FMI podría generar que el organismo haga público que uno de sus miembros incumplió el pago, difundiendo el monto y expulsándolo de Fondo. Esto imposibilitaría a la Argentina tener cualquier tipo de asistencia por parte del organismo y de cualquier prestamista privado, hasta tanto cancelase la deuda.

El freno del ingreso de dólares por parte de préstamos internacionales, si no se compensa con una baja del gasto público, obligaría al Banco Central a aumentar su financiamiento al Tesoro, lo que produciría más emisión monetaria de pesos y, por ende, más inflación.

Po último, y esto ya siendo una consecuencia de mercado, habría una importante caída de los flujos de inversión privados, dado el escenario económico de gran incertidumbre, por lo que entrarían incluso menos dólares al país y generando una espiral de escasez de divisas extranjeras que desembocarían casi certeramente en una hiperinflación.

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