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Economía

Biden alcanzó el límite de endeudamiento legal y deberá negociar con los republicanos un nuevo techo

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La deuda pública alcanzó oficialmente el techo legal dispuesto en los 31,4 billones de dólares, y deberá producirse una actualización para poder enfrentar las necesidades financieras pendientes. Se desata una tensa fricción entre el Gobierno demócrata y la oposición republicana. 

El Gobierno del presidente Joe Biden hizo uso de todo el endeudamiento posible para lo cual fue facultado por el Congreso, y de esta manera se alcanzó el techo fijado en los US$ 31,4 billones en enero de 2023. Esto pone en jaque la sostenibilidad de las finanzas públicas (que mantienen un déficit superior al que había antes de la pandemia), y a la cancelación de obligaciones financieras de corto plazo. 

Si no se encuentra una solución para aprobar un aumento del techo nominal de la deuda y reorganizar el Presupuesto anual, Estados Unidos podría atravesar una crisis fiscal con dramáticas consecuencias sobre la inflación, las tasas de interés, los bonos y las funciones básicas del Gobierno. 

El Gobierno puede hacer uso de maniobras contables para extender, en los hechos, el eventual cierre de sus actividades por unos cuantos meses hacia adelante. La secretaria del Tesoro Janet Yellen ya anunció “medidas extraordinarias” precisamente en esta dirección, pero en este período se deberán entablar las negociaciones correspondientes entre oficialismo y oposición. 

El presidente Biden exige una rápida actualización del techo de deuda, pero se niega a negociar con la oposición republicana en el Congreso de Representantes y el Senado. El portavoz Kevin McCarthy ofreció un diálogo constructivo con el Gobierno, y demanda la reducción del gasto público y el déficit fiscal a cambio de permitir el aval para la actualización del techo de la deuda. 

En la misma línea, el representante de la bancada de senadores republicanos Mitch McConnell anunció que Estados Unidos jamás dejará de pagar su deuda, pero exige una rápida negociación con el presidente Biden para bajar el gasto público y moderar la postura radical del oficialismo (que hasta ahora fue reticente a cualquier cambio).

La administración Biden permanece en inacción, y desatendió todas y cada una de las llamadas a negociar por parte de la oposición. La falta de decisiones claras amenazan con producir consecuencias severas sobre la economía estadounidense. 

Los mercados muestran preocupación ante la división casi irreconciliable entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Históricamente estos escenarios políticos condujeron a importantes incrementos del déficit fiscal por la falta de acuerdos para bajar el gasto público, o para subir y/o bajar impuestos, algo que por ejemplo ocurrió en los períodos 2001-2003, 1981-1985, 2007-2011 y 2015-2020. 

En segundo término, cabe resaltar que la no determinación de la financiación de necesidades del Gobierno podría conducir a tres efectos negativos: el aumento negativo de la calificación crediticia del país (por ejemplo la de Standard & Poor’s), el aumento del costo de endeudamiento vía escalada de tasas y virtual cierre del Gobierno, desatendiendo funciones básicas como la defensa y la seguridad.

El efecto sobre el costo del endeudamiento es especialmente recesivo. Afectaría tanto la capacidad de las familias para adquirir hipotecas o financiar su consumo en cuotas, como para las empresas a la hora de suscribir créditos y emprender inversiones.

Economía

El Ministerio de Economía absorberá el control de los fondos fiduciarios: Se anunció la eliminación de hasta 9 cajas política

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El Ministro Caputo tendrá en control de estos fideicomisos para implementar una reorganización general de los mismos, apuntando directamente contra los privilegios de la política. Estas determinaciones avanzan en línea con el ordenamiento de las finanzas públicas y las conversaciones con el FMI.

El Presidente de la Nación Javier Milei firmará prontamente una resolución para poner a la suma de los todos fondos fiduciarios nacionales bajo la dependencia directa del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo.

Con las nuevas atribuciones anunciadas, el Ministro de Economía adquiere un poder que no se veía desde la administración de Domingo Cavallo entre 1991 y 1996. Este Ministerio recupera finalmente el poder de decisión que necesita para ejecutar las reformas estructurales que necesita el país.

Se trata de un paso fundamental para poder implementar un programa de racionalización sobre los mismos, ponderando costos y beneficios de cada una de las partidas alcanzadas, y trazando un verdadero orden de prioridades.

Se apunta a reducir drásticamente todos aquellos recursos que se destinen a privilegios de la política, o sectores discrecionalmente beneficiados en desmedro del grueso de la sociedad.

A partir de estas medidas, la masa de recursos que operan bajo la figura de los fondos fiduciarios dejará de escapar a la vista del Congreso, una maniobra usual que implementó la mayoría de los Gobiernos anteriores.

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó públicamente que serán eliminados hasta 9 fondos fiduciarios con gastos millonarios. Esta determinación acompaña al ajuste fiscal que se está ejecutando a nivel nacional, ya que significa un ahorro total equivalente a los US$ 2.000 millones por año (aproximadamente un 0,5% del PBI). Nuevamente, la aplicación de estos recursos no fue debidamente tratada por el Congreso, sino que se mantuvieron al margen de la voz y el voto de la sociedad. 

Los primeros datos fiscales de Argentina, correspondientes al mes de enero, registraron un superávit primario de por lo menos $ 2.010.746 millones de pesos, y aún contabilizando la carga de intereses se logró un resultado financiero superavitario de hasta $ 518.408 millones

Si estas cifras son ajustadas por el paso de la inflación, se llega a la conclusión de que enero de 2024 obtuvo el superávit financiero más importante desde 2011, superó a cualquier otro mes de enero desde entonces. Se espera otro resultado potencialmente para el cierre de febrero, consolidando así la reducción del déficit acumulado de los últimos 12 meses.

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Economía

La cotización del Bitcoin rompió el techo de los US$ 60.000 dólares y acumuló un alza del 42% en los últimos 30 días

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La criptomoneda más famosa del mercado volvió a sorprender con fuertes subas desde finales del mes de enero. Solamente en el último año acumuló un incremento de casi el 160% en dólares, principalmente explicado por las subas de febrero.

El Bitcoin registró un nuevo e histórico repunte que comenzó en la última semana del mes de enero, y se profundizó notoriamente a lo largo de febrero. La criptomoneda más popular del mundo rozó la barrera de los US$ 63.000 por unidad en el día jueves, anotando así una variación diaria positiva de casi el 0,3% frente a la jornada anterior.

Son los valores más elevados registrados desde noviembre de 2021, cuando la criptomoneda había alcanzado sus últimos récords. Llegó a un piso en torno a los US$ 16.800 dólares entre noviembre y diciembre de 2022, y desde ese momento desencadenó un nuevo ciclo alcista que perdura hasta el día la fecha.

Solamente en los últimos 5 días la cotización en dólares del Bitcoin se incrementó en un 18,6%, y hasta un 42,4% en el último mes. Con estos movimientos, la criptomoneda demostró un gran costo de oportunidad para todos los tenedores de dólares (y más aún considerando que la divisa cayó en la mayoría de los mercados alternativos con respecto al peso).

En los últimos 6 meses la cotización del Bitcoin se incrementó más de un 137% frente al dólar (partiendo de un piso de US$ 25.811 en el 1° de septiembre de 2023), y casi un 160% con respecto al 1° de marzo del año pasado.

El Bitcoin demoró casi 3 años en volver a alcanzar sus máximos históricos, y a partir de la presente recuperación podría volver a superarse a sí mismo, como lo hizo sistemáticamente desde su lanzamiento al mercado.

También se registraron subas semanales muy importantes sobre el Dogecoin (50%), Solana (23%), ETH (13%) y Tether (10%)

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Economía

La desregulación alivia el bolsillo: El Gobierno de Milei eliminó miles de restricciones para productos textiles y calzado

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Se eliminan las cláusulas que obligaban a las empresas a transitar por trámites completamente innecesarios y arbitrarios, cuyo único propósito era encarecer tanto las importaciones como los productos nacionales, en detrimento del bolsillo del consumidor.

El Gobierno sigue profundizando el proceso de desregulación para favorecer la competencia, y de esta manera hacer rendir mejor el bolsillo de la gente. La Secretaría de Comercio confirmó oficialmente la eliminación de la “Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) ”, una decisión que beneficiará a millones de consumidores argentinos.

Esta regulación exigía a los fabricantes nacionales de productos textiles, así como también a los importadores de estos bienes, la presentación de información sobre la composición porcentual y el material de sus productos (cosas que ya estaban perfectamente detalladas en la etiqueta de los mismos y era redundante).

Se estima que solamente con esta regulación absurda, la industria textil absorbió costos equivalentes a los US$ 5 millones cada año, y alrededor de 1 millón de trámites registrados solamente en 2023. También se encarecieron artificialmente los precios de los productos importados.

En última instancia, todos estos costos fueron trasladados a los consumidores finales, que sufrieron una debacle inflacionaria sobre la indumentaria en mucha mayor medida que en cualquier otro rubro relevado en el IPC.

Los requisitos de información no servían para informar a los consumidores (nuevamente, era información que ya aparecía en la etiqueta de los productos), y tampoco para el Estado a los fines de poder recaudar o clasificar los productos en cuestión por razones de nomenclatura comercial. Se trataba de una regulación abiertamente absurda y carente de toda utilidad.

La resolución N° 49/2024 firmada por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, deja sin efecto las regulaciones normadas por las resoluciones N° 26/96, 850/96 y 404/16. Se verán abaratados los costos sobre una amplia gama de productos, entre los cuales se encuentran los insumos textiles (hilados y tejidos), las confecciones, y finalmente los insumos para la industria del calzado.

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