Seguinos en redes

Economía

Biden contra las cuerdas: Los republicanos piden un ajuste de US$ 4,5 billones al gasto público

Publicado

en

Ante la inminente caída en default, los republicanos hacen valer su mayoría en el Congreso y le exigen un histórico recorte de 10 puntos del presupuesto para firmar la extensión de deuda.

Las negociaciones entre republicanos y demócratas persisten a pesar de que se acerca la fecha límite a partir de la cual el Gobierno de Estados Unidos entraría en un dramático e histórico default. El presidente Joe Biden comenzó a ceder a la presión de la oposición y se acerca la concreción de una acuerdo, aunque todavía existe una brecha entre ambas partes.

El déficit fiscal del Gobierno federal superó el 7,2% del PBI en abril contabilizando el pago neto de intereses de deuda y el resultado primario entre ingresos y egresos corrientes. Es el desequilibrio más drástico observado desde 2012 sin contabilizar el shock que provocó la pandemia. 

Biden desequilibró completamente las finanzas públicas a raíz de su propuesta irresponsable para rescatar préstamos estudiantiles en agosto del año pasado, y los recientes rescates bancarios desembolsados por el Seguro Federal de Depósitos arrojaron aún más presión al déficit.

La propuesta de la oposición

Los republicanos encabezados por Kevin McCarthy ofrecen aumentar el techo legal de la deuda pública federal hasta los US$ 31,4 billones de dólares para los próximos dos años, pero a cambio exigen una estricta agenda de recortes presupuestarios y disciplina fiscal que evite una mayor disparada de la deuda en los próximos años.

Se debe tener en cuenta que sin los recortes de los republicanos y bajo las previsiones del presupuesto actual de Biden, la deuda pública llegaría a representar el 118% del PBI para 2033 y más del 195% para el año 2053. Estados Unidos no registra superávit primario desde 2007, y resulta completamente imprescindible ordenar las cuentas públicas para estabilizar el stock de deuda.

La propuesta presentada por McCarthy incluye una fuerte reducción sobre los gastos discrecionales que no están vinculados con la defensa y la seguridad nacional. Un plan de ajuste por US$ 4,5 billones de dólares, que incluye un recorte nominal del 9% sobre el presupuesto de 2023 para llevar las erogaciones al mismo nivel que el año pasado, y a partir de 2024 se fija un tope de aumento del 1% nominal sobre el presupuesto (el gasto disminuirá constantemente su participación sobre el PBI).

Para lograrlo, los republicanos proponen rescindir completamente de todos los fondos asignados para el Covid-19 que en la práctica no fueron utilizados pero que aún se conversan en el Presupuesto. Esto puede suponer un ahorro de hasta 30.000 millones de dólares de forma inmediata, y Biden ya anticipó que accederá a esta petición reconocida por ambas partes como algo totalmente razonable.

Por otra parte, se propone establecer nuevos requisitos para el acceso al Medicaid y otros programas sociales como el SNAP. Se propone incluir que los adultos sanos y sin hijos deban buscar activamente empleo o capacitarse en programas oficiales para poder hacerlo. También se apunta a aumentar la edad mínima jubilatoria para personas inscriptas en el programa SNAP de 50 a 55 años, una compensación razonable por el envejecimiento poblacional.

Se propone eliminar aproximadamente hasta 315.000 millones de dólares en rescates federales a préstamos estudiantiles, una medida que había disparado el déficit fiscal en casi 2 puntos del PBI entre agosto y septiembre del año pasado. Es uno de los recortes presupuestarios más importantes de la propuesta, con un impacto casi inmediato en las finanzas mensuales de “base caja”.

También se incluyen propuestas desde el punto de vista de los ingresos y los organismos recaudadores. Se propone un recorte de hasta 80.000 millones de dólares sobre los fondos nacionales que Biden había otorgado de manera discrecional al Servicio de Impuestos Internos.

La derogación de los créditos fiscales y las exenciones impositivas para vehículos eléctricos, ambas normativas previstas en la llamada “Ley de Reducción de la Inflación” sancionada en 2022. Se incluye una reforma sobre los permisos de energía y minería para flexibilizar las regulaciones sobre los combustibles fósiles, y con ello afianzar la recaudación tributaria asociada a estas actividades.

Economía

Los datos que entierran la gestión de Sergio Massa: El exministro disparó el ratio de la deuda pública al 160% del PBI

Publicado

en

Se trata de la deuda consolidada de la Administración Central, tanto con acreedores externos como con agentes en el mercado de capitales local. Bajo la presidencia de Alberto Fernández se produjo un salto de casi 70 puntos del PBI en nuevo endeudamiento, como resultado de la brusca devaluación de la moneda.

No contentos con dejar a su La administración kirchnerista un verdadero tendal inflacionario y recesivo sobre la economía del país, pero la emisión sin respaldo no fue la única vía de financiamiento que tuvo el crecimiento del Estado, sino que también se optó por el frenético endeudamiento.

La deuda consolidada de la Administración Central se incrementó del 89,8% del PBI en 2019 a un récord del 157,9% en 2023, la mayor cifra desde el año 2002. Visto de otro modo, el stock de deuda medido en dólares corrientes al tipo de cambio oficial del Banco Central aumentó de los US$ 323.065 millones en el último trimestre de 2019 a más de US$ 370.000 millones al término del año pasado. Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Economía, como parte de su último informe trimestral.

Asimismo, el stock de deuda contraída con acreedores extranjeros se vio incrementada del 43,3% del PBI en 2019 al 59,2% en 2023, registrando un salto especialmente pronunciado en el último año de la gestión kirchnerista con Sergio Massa como ministro de Economía.

De hecho, el 72% de la deuda de la Administración Central fue contraída en moneda extranjera, mientras que una gran parte del 28% restante contraída en pesos es deuda indexada por el índice de inflación (deuda que no se puede licuar).

La administración Fernández legó un perfil de vencimientos de deuda extremadamente aplastante para los años venideros, y en particular para el año 2024. Esto se debe a la fatídica reestructuración llevada a cabo por el exministro Martín Guzmán en 2020, una reestructuración cuyos resultados trataron de ser escondidos por el propio Fernández en ese mismo año, aunque sin ningún éxito.

Bajo el caótico esquema de la política económica kirchnerista, este stock de deuda no era sostenible y la tasa de Riesgo País (por riesgo de default, devaluación o ambas cosas al mismo tiempo) osciló entre los 2.500 y los 3.000 puntos básicos, todo esto por encima de la tasa de interés internacional de referencia.

El Riesgo País colapsó hasta los 1.200 puntos básicos en los primeros meses de la presidencia de Javier Milei, en respuesta a los sólidos resultados fiscales conseguidos en el primer trimestre del 2024, un hecho que permite afianzar la confianza del país frente a sus principales acreedores.

El ministro Luis Caputo anunció, además, que a pesar de la drástica caída de la tasa de riesgo, el Gobierno evitará contraer nuevamente deuda en el mercado internacional de capitales, por cuanto no se lo considera necesario en vista del estricto ordenamiento de las finanzas públicas.

Seguir Leyendo

Economía

Rotundo éxito de la derogación de Ley de Alquileres: La oferta subió un 240% y los precios reales cayeron un 34%

Publicado

en

Contrariamente a lo que defendió el kirchnerismo y la izquierda a lo largo de la campaña electoral del 2023, la desregulación inmobiliaria está permitiendo que miles de personas puedan acceder al alquiler en Argentina. El valor real de los precios de alquiler se redujo en un 34% desde la vigencia del DNU.

El Presidente Javier Milei cumplió su promesa de campaña en relación a la desregulación del mercado de alquileres, derogando las corrosivas normativas dictadas por el Gobierno kirchnerista en 2020. 

Los resultados están a la vista: la oferta de viviendas puestas en alquiler se disparó un 240% solamente en la Capital Federal, y este efecto expansivo se registró en cada rincón del país, al ser dinamitadas las restricciones arbitrarias de la gestión anterior. El apuntalamiento de los derechos de propiedad y la mayor flexibilidad para negociar precios, permitieron que muchos propietarios vuelvan a confiar sus bienes inmuebles al mercado del alquiler.

Pero los mayores beneficiarios de la desregulación fueron los propios inquilinos: se estima que el valor real de los alquileres se desplomó en un promedio de por lo menos 34% desde la vigencia del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) establecido por el Gobierno.

Y de acuerdo a los datos publicados por el INDEC, en la región del Gran Buenos Aires el valor real de los alquileres se redujo en un 22% desde diciembre del año pasado. Se trata del rubro que más se apartó de la variación promedio de los precios desde entonces (denotada por el IPC del organismo oficial).

En otras palabras, el precio promedio de los alquileres en el mercado se incrementó sistemáticamente por debajo de la tasa de inflación de la economía, y también por debajo del crecimiento de los salarios. 

El poder adquisitivo de los argentinos se vio favorecido a la hora de lidiar con los costos de alquilar. Dada una demanda relativamente constante en el mercado, la explosión de la oferta de propiedades en alquiler permitió que los precios simplemente colapsaran en términos reales

Los sucesivos y drásticos aumentos perpetrados durante la legislación anterior simplemente dejaron de ser convalidados por los usuarios, ya que ahora disponen de una gran variedad de alternativas para poder alquilar.

La legislación anterior protegía virtualmente solo a aquellos usuarios con la suerte de disponer de un alquiler ya contratado, ya que se veía licuado el valor real del mismo con el paso del tiempo. Pero este fuerte desincentivo a la oferta de viviendas generó un alza de precios en términos reales que terminó por levantar una enorme barrera a la entrada en el mercado.

Cada vez más, los beneficios de la Ley de Alquileres del año 2020 se dirigían a los usuarios de mayores ingresos que tuvieron la suerte de poder saltear las crecientes barreras a la entrada del mercado, pero solo a costa de miles de personas que desafortunadamente fueron expulsadas de toda posibilidad de alquilar debido a los precios exorbitantes y la escasez de alternativas de vivienda.

Seguir Leyendo

Economía

El Presidente Biden anunció una nueva guerra comercial contra China: Se establecieron aranceles de entre el 25% y el 100%

Publicado

en

Biden desató una agresiva impronta arancelaria contra China como no se veía desde el año 2019. Se espera una pronta respuesta arancelaria por parte del régimen de Xi Jinping, desatando así una nueva guerra comercial que repercutirá a nivel global.

En medio de la campaña electoral, y viéndose superado por las principales encuestas frente a su contrincante republicano Donald Trump, el Presidente Joe Biden anunció una oleada de represalias arancelarias en contra de las importaciones provenientes de China, muchas de las cuales afectan a sectores especialmente dinámicos y competitivos.

Biden tomó la decisión de establecer recargos drásticamente más elevados en comparación a los que había establecido su predecesor entre 2018 y 2019, pero con una lógica sustancialmente diferente: esta vez se pretende articular una protección de carácter permanente, y los aranceles ya no se ven inmiscuidos como una mera regla de negociación para que China profundice la desregulación sobre su mercado de divisas.

El Presidente Biden anunció una impronta abiertamente proteccionista, y los principales damnificados de esta política serán los propios consumidores estadounidenses que deberán enfrentarse a precios y costos más elevados. Se anunciaron las siguientes disposiciones contra las importaciones chinas:

  • Arancel del 25% sobre el acero y el aluminio
  • Arancel del 50% sobre semiconductores y paneles solares
  • Arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos

Los aranceles anunciados protegerán a la industria estadounidense frente a la competencia china, en detrimento de la calidad de sus productos y del poder adquisitivo de los consumidores locales. Muchas enfrentas enfrentarán un gran aumento de costos que sin lugar a dudas será trasladado al bolsillo del consumidor.

También constituye un fuerte desaliento para la inversión extranjera directa de largo plazo, ya que la constante alteración de las reglas de juego generan un clima de inestabilidad que hace imposible la previsión.

Pero incluso a pesar de los evidentes daños generados para los consumidores, los beneficios para la industria estadounidense podrían verse diluídos rápidamente, tan pronto como aparecieron en primer lugar.

Dado el gran tamaño de la economía estadounidense, resulta factible que la aplicación de aranceles puntales revitalicen frente a su par asiático. Sin embargo, es casi un hecho el régimen chino adoptará medidas arancelarias de represalia en la dirección opuesta, desatando una nueva y agresiva guerra comercial.

En caso de que esto ocurra, y con toda seguridad resulta el escenario más probable, entonces quedarían erradicadas todas las ganancias de competitividad que pudiera tener Estados Unidos frente a China. 

El resultado de equilibrio podría traer aparejado un nivel más alto de precios internos tanto en China como en Estados Unidos, pero ninguna ganancia de competitividad para ninguno de los dos países debido a que la relación entre aranceles permanecería relativamente constante.

Seguir Leyendo

Tendencias