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Economía

Biden levanta restricciones a la dictadura chavista y permite que Chevron invierta en Venezuela

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Los demócratas desbarataron la política de presión y tolerancia cero que había impulsado el expresidente Trump para la dictadura de Nicolás Maduro. Chevron tendrá autorización para llevar a cabo operaciones extractivas con la petrolera estatal PDVSA. 

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dirigido por Janet Yellen confirmó que el gobierno de Biden ha decidido autorizar el levantamiento parcial de sanciones económicas contra la dictadura chavista, iniciada durante la administración del ex presidente Donald Trump.

De esta manera, el gobierno demócrata traiciona a un importante sector del voto latino que había depositado su confianza en Biden para defender la democracia en Venezuela. Esto se evidenció en la elección legislativa del pasado 8 de noviembre, donde los inmigrantes venezolanos en Florida votaron masivamente por el Partido Republicano.

Esta decisión, además, se trata de un cambio de rumbo completamente opuesto al impulsado por el expresidente Donald Trump, quien ideó una política de presión económica y severas sanciones por la violación sistemática de derechos humanos, con el objetivo de frenar la expansión de Maduro dentro y fuera de Venezuela

Oficialmente, el objetivo de las nuevas medidas que relajan las presiones a la dictadura chavista será propiciar un “alivio al sufrimiento del pueblo venezonalo” supuestamente devenido de las sanciones, pero lo cierto es que el alivio solo expandirá los bolsillos de la dictadura, que podrá aprovechar la mejor posición económica para consolidarse en el poder y posponer cualquier solución democrática.

Estados Unidos saluda y apoya la reapertura de las negociaciones entre la Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro, como parte de nuestra política de larga data de apoyar la restauración pacífica de la democracia, elecciones libres y justas, y el respeto a los derechos y libertades de los venezolanos”, expresó el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.

Lo que la Casa Blanca no menciona es que el verdadero propósito del levantamiento de restricciones es favorecer el dinamismo del volúmen de petróleo importado hacia Estados Unidos, particularmente desde Venezuela, para lograr una rebaja en los precios domésticos.

Tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, el petróleo venezonalo se perfiló como una posible alternativa frente a la escasez del suministro ruso y las restricciones a la oferta impuestas desde la OPEP. Es así que, como parte del levantamiento de sanciones, Biden le otorgó un permiso a la importante empresa Chevron, la cual ahora tendrá vía libre para volver a iniciar actividades en conjunto con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), aunque con ciertas limitaciones cuantitativas. 

Esta medida llega en un momento de máxima tensión en Venezuela, donde la economía chavista volvió a derrumbarse a partir del tercer trimestre del año, después de un aparente repunte económico en los últimos meses.

La producción petrolera se desplomó un 9% desde entonces, la actividad económica dejó de crecer hacia el mes de junio, y los precios minoristas tuvieron un aumento promedio del 14,43% entre agosto y octubre. 

El potencial exportador de la economía venezolana se ve fuertemente condicionado por la pésima organización interna. El levantamiento de restricciones no garantiza realmente la provisión de un abastecimiento petrolero relevante para Estados Unidos.

Economía

El gobierno derechista de Grecia acelera el programa de privatizaciones: Avanza la venta del aeropuerto de Atenas

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Se contrató la asesoría de Bank of America, JP Morgan Stanley y el Deutsche Bank para la privatización aeroportuaria más importante del país. La operación podría significar una acreencia valuada en hasta 1.000 millones de euros.

El Gobierno de Kyriakos Mitsotakis anunció la contratación de la asesoría del Bank of America, JP Morgan Stanley y el Deutsche Bank para poder valuar la participación accionaria del 30% del Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos (también conocido como aeropuerto de Atenas). 

La valuación constituye el paso previo indispensable para la privatización del aeropuerto más importante del país. Con la venta de la participación del 30% de la institución, el Estado griego se desprendería de sus tenencias para dar paso a la iniciativa privada.

La reapertura de la economía y la fuerte reactivación de la actividad económica son factores que despiertan el apetito inversor en Grecia. El aeropuerto de Atenas registró un alza del 7,7% en la cantidad de vuelos realizados durante el año 2022, y se consolidó como uno de los 40 aeropuertos europeos que logró superar la cantidad de pasajeros transportados con respecto al 2019.

Se estima que cerca del 40% del paquete accionario del aeropuerto ya está en manos de AviAlliance, una firma internacional gestora de aeropuertos con sede en Düsseldorf, y comúnmente conocida por adquirir participaciones en aeropuertos privatizados en todo el mundo. Hasta ahora, existe un acuerdo tentativo para elevar la participación de AviAlliance hasta el 50%.

El Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helénica (HRADF) estima que la primera oferta pública para la venta del aeropuerto podría llevarse a cabo en el primer semestre de 2023. La asesoría de las firmas financieras contratadas sugiere que la venta del 30% del paquete accionario del aeropuerto le significaría una acreencia al Estado griego de entre 800 y hasta 1.000 millones de euros.

Los ingresos por privatizaciones son comúnmente utilizados para cancelar pagos por única vez, como por ejemplo los vencimientos del capital de la deuda externa. La disciplina fiscal de Grecia permitió la exitosa cancelación de la totalidad de la deuda con el FMI en abril del año pasado, así como una sustancial reducción del stock bruto con otros acreedores.

Solamente en lo que va de la gestión del Gobierno de la derecha griega, el stock total de la deuda pública se redujo en 8 puntos porcentuales del PBI, principalmente por el ordenamiento fiscal y los ingresos de las privatizaciones. 

El déficit fiscal consolidado de Grecia volvió a reducirse en el tercer trimestre del año pasado y representó el 2,08% del PBI. Se acumuló un ajuste de casi 10,5 puntos del producto desde el primer trimestre de 2021. El mayor ordenamiento de las finanzas públicas permite trazar un sendero previsible para las empresas y los inversores internacionales en Grecia. 

Con el programa económico del ministro Mitsotakis, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un ajuste del gasto público por el 4,22% del PBI para 2023, y el arribo de un superávit primario equivalente al 0,88% del producto. 

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Economía

El Gobierno de Larreta en CABA se ajustará a las dudosas metas de inflación que anunció Massa

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El Jefe de Gobierno porteño acordó un aumento salarial anual del 60% para el gremio de municipales, en línea con la meta inflacionaria del Presupuesto 2023 formulado por Massa. Se trata de la primera jurisdicción que formalmente se ajusta al programa del Gobierno nacional. 

Aunque las metas de inflación plasmadas por el Presupuesto 2023 son ampliamente desprestigiadas por la mayoría de las proyecciones privadas, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta se perfiló como un aliado del ministro Sergio Massa para convalidar la meta del 60% con aumentos compatibles.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires negoció un acuerdo salarial con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), por el cual se determinó un ajuste salarial del 60% para la totalidad del año, aunque se incluyeron cláusulas de actualización trimestral y bonos adicionales.  

La Capital Federal es el primer distrito del país en ajustarse fielmente a la dudosa meta que pretende arribar Massa para fin de año, ya que incluso encuentra una fuerte reticencia en muchos Gobernadores oficialistas. Las medidas tendrán un impacto directo sobre 62.000 trabajadores.

El Plan Massa persigue los mismos lineamientos que los programas heterodoxos típicos del siglo XX argentino, entre ellos el control de los precios y los salarios para compatibilizarlos dentro de un determinado rango fijado como meta (en este caso del 60% anual). 

Pero pese a los controles del programa Precios Justos, se estima que los precios minoristas habrían aumentado entre un 5% y un 6% durante el mes de enero, por encima del 4% compatible con la meta anual. Solamente en la primera quincena del mes el INDEC admitió que los precios se dispararon hasta un 7%. 

La inflación no solo superó los parámetros del plan en su primer mes de aplicación para 2023, sino que además promete llegar a duplicar la meta oficial del ministro Massa en diciembre de 2023. La firma JP Morgan proyecta una inflación superior al 115%, y el sondeo de expectativas REM del Banco Central estima una cifra cercana al 100%

Se espera que los acuerdos salariales desplegados por Larreta sean completamente irrisorios en la práctica, por lo que habrá de hacer uso de las cláusulas de actualización trimestral para adecuar los salarios muy por encima de las pretensiones de Massa. 

El mismo sindicato Sutecba había suscripto a un aumento salarial del orden del 50% en enero de 2022, pero mediante las actualizaciones trimestrales el aumento efectivamente concretado ascendió al 97% (en línea con la inflación del 94,8%). Con las expectativas desancladas, ni los salarios ni los precios serán capaces de cumplir la meta del Presupuesto

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Economía

Massa anunció medidas para el campo en respuesta la sequía, pero se niega a bajar retenciones o desdoblar el tipo de cambio

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El ministro de Economía anunció una serie de medidas para abaratar el crédito a los productores y brindar mayores incentivos fiscales, pero se mantienen inalteradas las retenciones y los controles cambiarios. 

El equipo del ministro de Economía Sergio Massa anunció una serie de medidas para aminorar los efectos de la dramática sequía que azota al campo desde diciembre del año pasado, pero el paquete ofrecido por el oficialismo tuvo gusto a poco y no resolvió los problemas del sector.

Para el Gobierno, en un contexto de fuertes controles cambiarios la sequía implica el agravamiento de la “restricción externa” autoimpuesta. Desde el punto de vista del campo, las condiciones naturales adversas se perfilan como una traba más en contra de la producción por sobre el peso de la bota del Estado.

Las medidas más importantes anunciadas por Massa

Se anunció un sistema de asistencia por $5.000 millones, coordinado directamente desde las Provincias y las municipalidades para que las distintas jurisdicciones emprendan asistencia directa a los productores.

Se determinó la suspensión del pago del anticipo del impuesto a las Ganancias para los productores afectados por la sequía, y la AFIP suspenderá los juicios de ejecución fiscal, así como los embargos a cuentas corrientes, sobre todos los productores que hayan tenido dificultades por la sequía.

La operación de venta forzosa de hacienda, como lo que ocurrió con el dólar soja en el último trimestre de 2022, no será contabilizada en el cómputo del impuesto a las Ganancias (esto en la práctica funciona como una deducción especial).

El Banco Nación, una entidad históricamente asociada al crédito hipotecario, anunció la flexibilización de los requisitos para otorgar nuevas líneas de crédito, y amplió la masa de recursos destinados a esta partida. Se otorgarán créditos con una tasa de interés rebaja en 15 puntos porcentuales (siendo este diferencial el monto del subsidio), y los fondos disponibles a estos propósitos ascienden hasta los $50.000 millones que pondrá el banco estatal.

Por su parte, el Banco Central anunció la eliminación del recargo sobre la tasa de interés para los productores que acceden al crédito, pero que se encontraban fuertemente limitados por haber participado del dólar soja.

Las medidas que el Gobierno se negó a hacer

El equipo de Massa no anunció ningún tipo de modificación sobre el esquema de las retenciones. La soja seguirá pagando un recargo de hasta el 33% sobre el valor FOB de exportación, el trigo y el maíz 12%, y el girasol un 7%. Estas tasas son una de las principales trabas para el desarrollo del sector agropecuario.

El Gobierno también anunció su frontal negativa para producir modificaciones al esquema cambiario, ni nuevos tipos de cambio diferenciales ni desdoblamiento ni mucho menos la unificación cambiaria.

La alternativa del desdoblamiento fue ampliamente recomendada como una medida transitoria, no sólo por economistas opositores como Domingo Cavallo sino también por algunos oficialistas como Sergio Chouza. De hecho, el equipo del viceministro Gabriel Rubinstein era partidario de la medida, pero Massa descartó la posibilidad por presión política de la coalición oficialista.

Los controles cambiarios impiden que el productor agropecuario pueda percibir el precio internacional por sus productos. La participación del Estado en la renta agrícola representa el 70% en promedio, y las medidas extraordinarias por la sequía no la disminuyen.

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