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Economía

Biden presenta un arsenal de regulaciones bancarias para frenar la corrida y salvar a los bancos

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Las medidas pretenden dar marcha atrás con el proceso de desregulación iniciado en 2018 por el expresidente Donald Trump. Los demócratas proponen endurecer severamente los requisitos de capital y liquidez para todas las instituciones financieras.

Frente a la incipiente corrida contra los depósitos bancarios y la caída de grandes entidades financieras como el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, el presidente Joe Biden se desligó de cualquier responsabilidad, volvió a culpar al expresidente Trump por la crisis bancaria (anteriormente lo había culpado por la elevada inflación), y anunció una serie de propuestas para intensificar la presión regulatoria.

El diagnóstico del gobierno demócrata entiende que la falta de confianza de los ahorristas y las decisiones de los bancos están vinculadas con la “falta de regulación y supervisión” de las autoridades pertinentes, lo cual es extraño porque desde 2018 que este marco regulatorio más flexible está vigente, y recién este año hubo una corrida.

Lo que no dice Biden es que lo que sí cambió es la propia política monetaria de la Reserva Federal, que mantuvo la tasa de interés en casi 0% a lo largo de la pandemia y recientemente empezó a subirla bruscamente, de 0 a 5 puntos porcentuales en pocos meses.

Las medidas presentadas con las siguientes:

  • La elevación de los requisitos de capital para bancos pequeños y medianos;
  • Actualización de las “pruebas de estrés”, los informes que deben presentar los bancos ante la velocidad de rotación de los depósitos. Aumento de la frecuencia para la solicitud de estos informes;
  • Nueva obligación para los bancos medianos a que presenten un “plan de cierre” predeterminado;
  • Limitación de la cantidad de bancos que deben contribuir a reponer el Fondo de Seguro de Depósitos;
  • Generalización de la garantía para depósitos, aunque no así para instituciones financieras.

Las medidas apuntan a dar marcha atrás con gran parte del proceso de desregulación bancaria implementado por Donald Trump en el año 2018. La desregulación del Gobierno anterior incluía la flexibilización de los requisitos de capital para instituciones pequeñas y medianas, aunque no así para los grandes bancos.

Los requisitos de capital determinan cuánto capital líquido deben mantener los bancos (comúnmente en la forma de títulos valores que se transforman en dinero rápidamente) como proporción del total de sus activos. 

Estas regulaciones pretenden abordar el problema de la insolvencia de las instituciones financieras en momentos de estrés y corrida contra los depósitos, pero lo cierto es que no atacan las causas de estos eventos (que son impredecibles) sino que solo operan sobre las consecuencias, pero a un costo atroz en materia de crecimiento y expansión del crédito. 

El presidente Donald Trump firmando la reforma sobre la Ley Dodd-Frank de regulación bancaria, en 2018.

Los requisitos más estrictos sobre el capital líquido incentivan activamente la reducción de la toma de riesgos por parte de los bancos (disminuyendo la cantidad de proyectos que están dispuestos a financiar).

Además, se provoca una fuerte retracción de la competencia bancaria, cuyo efecto más palpable es el aumento del costo general del crédito para empresas y consumidores. Este punto de vista fue el que se adoptó bajo la desregulación trumpista. La administración Biden pone el foco en los bancos medianos, catalogados como tales por mantener una posición de activos de entre US$ 100.000 millones y US$ 250.000 millones.

La falta de apoyo parlamentario para derogar la legislación de 2018 obliga al Gobierno a hacer uso de cláusulas que ya estaban presentes en la ley de Trump, especialmente sobre la capacidad de las agencias federales para introducir regulaciones con un cierto nivel de discreción. Sin embargo, el margen de maniobra es sustancialmente acotado en comparación a la legislación previa al 2018.

Economía

Los datos que entierran la gestión de Sergio Massa: El exministro disparó el ratio de la deuda pública al 160% del PBI

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Se trata de la deuda consolidada de la Administración Central, tanto con acreedores externos como con agentes en el mercado de capitales local. Bajo la presidencia de Alberto Fernández se produjo un salto de casi 70 puntos del PBI en nuevo endeudamiento, como resultado de la brusca devaluación de la moneda.

No contentos con dejar a su La administración kirchnerista un verdadero tendal inflacionario y recesivo sobre la economía del país, pero la emisión sin respaldo no fue la única vía de financiamiento que tuvo el crecimiento del Estado, sino que también se optó por el frenético endeudamiento.

La deuda consolidada de la Administración Central se incrementó del 89,8% del PBI en 2019 a un récord del 157,9% en 2023, la mayor cifra desde el año 2002. Visto de otro modo, el stock de deuda medido en dólares corrientes al tipo de cambio oficial del Banco Central aumentó de los US$ 323.065 millones en el último trimestre de 2019 a más de US$ 370.000 millones al término del año pasado. Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Economía, como parte de su último informe trimestral.

Asimismo, el stock de deuda contraída con acreedores extranjeros se vio incrementada del 43,3% del PBI en 2019 al 59,2% en 2023, registrando un salto especialmente pronunciado en el último año de la gestión kirchnerista con Sergio Massa como ministro de Economía.

De hecho, el 72% de la deuda de la Administración Central fue contraída en moneda extranjera, mientras que una gran parte del 28% restante contraída en pesos es deuda indexada por el índice de inflación (deuda que no se puede licuar).

La administración Fernández legó un perfil de vencimientos de deuda extremadamente aplastante para los años venideros, y en particular para el año 2024. Esto se debe a la fatídica reestructuración llevada a cabo por el exministro Martín Guzmán en 2020, una reestructuración cuyos resultados trataron de ser escondidos por el propio Fernández en ese mismo año, aunque sin ningún éxito.

Bajo el caótico esquema de la política económica kirchnerista, este stock de deuda no era sostenible y la tasa de Riesgo País (por riesgo de default, devaluación o ambas cosas al mismo tiempo) osciló entre los 2.500 y los 3.000 puntos básicos, todo esto por encima de la tasa de interés internacional de referencia.

El Riesgo País colapsó hasta los 1.200 puntos básicos en los primeros meses de la presidencia de Javier Milei, en respuesta a los sólidos resultados fiscales conseguidos en el primer trimestre del 2024, un hecho que permite afianzar la confianza del país frente a sus principales acreedores.

El ministro Luis Caputo anunció, además, que a pesar de la drástica caída de la tasa de riesgo, el Gobierno evitará contraer nuevamente deuda en el mercado internacional de capitales, por cuanto no se lo considera necesario en vista del estricto ordenamiento de las finanzas públicas.

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Economía

Rotundo éxito de la derogación de Ley de Alquileres: La oferta subió un 240% y los precios reales cayeron un 34%

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Contrariamente a lo que defendió el kirchnerismo y la izquierda a lo largo de la campaña electoral del 2023, la desregulación inmobiliaria está permitiendo que miles de personas puedan acceder al alquiler en Argentina. El valor real de los precios de alquiler se redujo en un 34% desde la vigencia del DNU.

El Presidente Javier Milei cumplió su promesa de campaña en relación a la desregulación del mercado de alquileres, derogando las corrosivas normativas dictadas por el Gobierno kirchnerista en 2020. 

Los resultados están a la vista: la oferta de viviendas puestas en alquiler se disparó un 240% solamente en la Capital Federal, y este efecto expansivo se registró en cada rincón del país, al ser dinamitadas las restricciones arbitrarias de la gestión anterior. El apuntalamiento de los derechos de propiedad y la mayor flexibilidad para negociar precios, permitieron que muchos propietarios vuelvan a confiar sus bienes inmuebles al mercado del alquiler.

Pero los mayores beneficiarios de la desregulación fueron los propios inquilinos: se estima que el valor real de los alquileres se desplomó en un promedio de por lo menos 34% desde la vigencia del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) establecido por el Gobierno.

Y de acuerdo a los datos publicados por el INDEC, en la región del Gran Buenos Aires el valor real de los alquileres se redujo en un 22% desde diciembre del año pasado. Se trata del rubro que más se apartó de la variación promedio de los precios desde entonces (denotada por el IPC del organismo oficial).

En otras palabras, el precio promedio de los alquileres en el mercado se incrementó sistemáticamente por debajo de la tasa de inflación de la economía, y también por debajo del crecimiento de los salarios. 

El poder adquisitivo de los argentinos se vio favorecido a la hora de lidiar con los costos de alquilar. Dada una demanda relativamente constante en el mercado, la explosión de la oferta de propiedades en alquiler permitió que los precios simplemente colapsaran en términos reales

Los sucesivos y drásticos aumentos perpetrados durante la legislación anterior simplemente dejaron de ser convalidados por los usuarios, ya que ahora disponen de una gran variedad de alternativas para poder alquilar.

La legislación anterior protegía virtualmente solo a aquellos usuarios con la suerte de disponer de un alquiler ya contratado, ya que se veía licuado el valor real del mismo con el paso del tiempo. Pero este fuerte desincentivo a la oferta de viviendas generó un alza de precios en términos reales que terminó por levantar una enorme barrera a la entrada en el mercado.

Cada vez más, los beneficios de la Ley de Alquileres del año 2020 se dirigían a los usuarios de mayores ingresos que tuvieron la suerte de poder saltear las crecientes barreras a la entrada del mercado, pero solo a costa de miles de personas que desafortunadamente fueron expulsadas de toda posibilidad de alquilar debido a los precios exorbitantes y la escasez de alternativas de vivienda.

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Economía

El Presidente Biden anunció una nueva guerra comercial contra China: Se establecieron aranceles de entre el 25% y el 100%

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Biden desató una agresiva impronta arancelaria contra China como no se veía desde el año 2019. Se espera una pronta respuesta arancelaria por parte del régimen de Xi Jinping, desatando así una nueva guerra comercial que repercutirá a nivel global.

En medio de la campaña electoral, y viéndose superado por las principales encuestas frente a su contrincante republicano Donald Trump, el Presidente Joe Biden anunció una oleada de represalias arancelarias en contra de las importaciones provenientes de China, muchas de las cuales afectan a sectores especialmente dinámicos y competitivos.

Biden tomó la decisión de establecer recargos drásticamente más elevados en comparación a los que había establecido su predecesor entre 2018 y 2019, pero con una lógica sustancialmente diferente: esta vez se pretende articular una protección de carácter permanente, y los aranceles ya no se ven inmiscuidos como una mera regla de negociación para que China profundice la desregulación sobre su mercado de divisas.

El Presidente Biden anunció una impronta abiertamente proteccionista, y los principales damnificados de esta política serán los propios consumidores estadounidenses que deberán enfrentarse a precios y costos más elevados. Se anunciaron las siguientes disposiciones contra las importaciones chinas:

  • Arancel del 25% sobre el acero y el aluminio
  • Arancel del 50% sobre semiconductores y paneles solares
  • Arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos

Los aranceles anunciados protegerán a la industria estadounidense frente a la competencia china, en detrimento de la calidad de sus productos y del poder adquisitivo de los consumidores locales. Muchas enfrentas enfrentarán un gran aumento de costos que sin lugar a dudas será trasladado al bolsillo del consumidor.

También constituye un fuerte desaliento para la inversión extranjera directa de largo plazo, ya que la constante alteración de las reglas de juego generan un clima de inestabilidad que hace imposible la previsión.

Pero incluso a pesar de los evidentes daños generados para los consumidores, los beneficios para la industria estadounidense podrían verse diluídos rápidamente, tan pronto como aparecieron en primer lugar.

Dado el gran tamaño de la economía estadounidense, resulta factible que la aplicación de aranceles puntales revitalicen frente a su par asiático. Sin embargo, es casi un hecho el régimen chino adoptará medidas arancelarias de represalia en la dirección opuesta, desatando una nueva y agresiva guerra comercial.

En caso de que esto ocurra, y con toda seguridad resulta el escenario más probable, entonces quedarían erradicadas todas las ganancias de competitividad que pudiera tener Estados Unidos frente a China. 

El resultado de equilibrio podría traer aparejado un nivel más alto de precios internos tanto en China como en Estados Unidos, pero ninguna ganancia de competitividad para ninguno de los dos países debido a que la relación entre aranceles permanecería relativamente constante.

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