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Economía

Bidenflation: se disparan un 9,6% los precios mayoristas mientras los demócratas culpan a “la codicia de las empresas”

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Ni la Casa Blanca ni la Reserva Federal han provisto hasta el momento un plan creíble para atacar la incipiente inflación que vuelve a ser un problema en Estados Unidos por primera vez desde la década de los 70s.

La inflación se perfila como el principal problema económico en los Estados Unidos, un latiguillo que azota a la administración de Joe Biden desde los primeros meses de su gestión. En el mes de noviembre los precios al consumidor subieron un 6,8% interanual en comparación con el mismo mes de 2020, el resultado más alto desde 1982. Los precios de los alimentos se destacaron entre las subidas, especialmente las carnes que subieron hasta un 12% interanual.

Acorde a las estadísticas del Departamento de Trabajo estadounidense, el Índice de Precios al Productor aumentó un 9,6% interanual, el ritmo anual más elevado de los últimos 11 años. Dentro de esta canasta de bienes relevados, los bienes correspondientes a la demanda final subieron un hasta un 14,9% contra noviembre de 2020.

Los datos se tornan aún más violentos cuando se consideran los productos intermedios procesados (correspondientes a la demanda intermedia), que arrojaron un aumento del 26,5% interanual, el dato más alto desde 1974 según estima la Reserva Federal de St. Louis.

Estos productos intermedios aumentaron un 1,5% solamente en noviembre. Los precios de los materiales y componentes para la producción industrial aumentaron un 42% interanual en comparación a 2020. Los precios de los materiales para la fabricación de bienes de capital subieron incluso un 59,8% interanual.

No hay una repsuesta del gobierno federal y de la Reserva Federal que calme las expectativas inflacionarias. Las autoridades de la banca central aseguran que la inflación es solamente transitoria, y si bien subirán apenas las tasas, que actualmente están en 0%) no han provisto un plan integral para enfrentar esta suba de precios, que aseguran que “no es un problema”

Por parte de la Casa Blanca, la vocera oficial del Gobierno demócrata Jen Psaki, resumió la postura económica y política del oficialismo en unas pocas y desafortunadas palabras: “Los aumentos de precios de la carne se deben a la codicia de los conglomerados cárnicos”.

En la misma línea, importantes figuras demócratas y del gobierno de Biden afirmaron su respaldo a la posición oficial del partido, y aseguraron que la “especulación empresarial” es la responsable de la inflación subyacente en Estados Unidos.

La Senadora demócrata por el Estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, fue tajante en sus declaraciones para la prensa: “Las corporaciones gigantes están abusando de su poder de mercado para aumentar los precios y obtener ganancias récord”, afirmó en diálogo con la CNN.

Numerosos economistas, aún dentro del caos generado en el Partido Demócrata, criticaron la falta de acción de Joe Biden y demandaron más responsabilidad fiscal y monetaria. Este fue el caso del Larry Summers, ex secretario del Tesoro en la gestión de Bill Clinton y ex asesor en la administración de Barack Obama.

Summers asegura que los programas de estímulo fiscal aprobados por Biden generaron un gran recalentamiento de la economía, siendo que a diferencia de lo que ocurrió en 2008, el plan de estímulo llegó cuando la economía norteamericana ya había logrado recuperarse completamente de la recesión. En consecuencia, se produjo un impacto inflacionario importante.

El primer programa de estímulo, aprobado por los demócratas en marzo de este año, disparó el déficit fiscal del 15,8% del PBI hasta el 18,3% del producto. El impacto sobre las cuentas públicas fue superlativo, pero el efecto sobre la economía real parece ser nuevamente decepcionante.

Las estimaciones del exsubsecretario de la administración George W. Bush, John Taylor, asegura que los planes de gasto público no contribuyeron absolutamente nada en modificar la trayectoria del consumo privado, un objetivo básico para cualquier programa que pretenda ser “estimulante”.

Economía

El tímido ajuste de Massa no convence: los bonos vuelven a caer y el Riesgo País superó los 2.400 puntos

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La llegada del nuevo ministro de Economía supuso un paño frío para las volatilidades financieras, pero las medidas anunciadas hasta ahora resultaron decepcionantes. La rebaja de subsidios genera un ahorro mínimo que no garantiza cumplir con la meta del Fondo.

Luego del optimismo inicial tras la llegada de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía, los mercados poco a poco recuperan el escepticismo y reaccionan ante la falta de medidas contundentes.

Se esperaba que el Ministro anunciara lineamientos mínimos para garantizar, al menos, el cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional, pero las expectativas empeoran. Incluso el cumplimento efectivo de las metas no garantiza la estabilidad, dada la laxitud del programa.

Los bonos Globales en dólares y bajo ley extranjera registraron una caída del 1,5% en la jornada del día miércoles. Esto marca un leve revés al repunte registrado en la primera semana de agosto. Pese al nombramiento de Massa, los precios de los bonos argentinos cotizan en los niveles más bajos desde el año 2008, y también en niveles similares a los que se registraban en 2001.

Por otra parte, la calificadora de riesgo JP Morgan determinó que el Riesgo País volvió a superar los 2.400 puntos básicos en el día miércoles. Esto marca una tasa de interés adicional de hasta el 24% para los papeles argentinos, por encima de la tasa de referencia a nivel internacional.

Los rumores por la llegada de Massa, y posteriormente la efectivización de su nombramiento, provocaron la caída del Riesgo País de los 2.943 puntos hasta los 2.395 al día 30 de julio, pero los anuncios del 3 de agosto no sorprendieron a nadie y el optimismo se abortó.

El “plato fuerte” de las medidas anunciadas por Massa, al menos en relación al clima social del país, es la aplicación de la segmentación tarifaria. Los consumidores deberán soportar el impacto de tarifas más caras, pero a nivel fiscal el impacto es insignificante: la reducción de subsidios para la electricidad, el gas y el agua para el 2022 equivale a un ahorro por $49.500 millones, y representa solamente un 0,06% del PBI.

El economista Fernando Marull estima que, si no se concretara ningún ajuste, el déficit primario para fin de año cerraría en torno al 3,1% del PBI. El tímido ajuste de Massa ahorra un 0,06% del PBI en concepto de aumentos tarifarios, por lo que para cumplir la meta del 2,5% que establece el Fondo es necesario un ajuste 6 veces mayor.

El Gobierno respondió a la necesidad de atender el desequilibrio y anunció una modificación en el régimen de anticipos del impuesto a las Ganancias para sociedades, aumentando las cuotas a pagar. Por el nuevo régimen de anticipos la recaudación podría aumentar en un 0,25% del PBI para fin de año, un monto equivalente a $200.000 millones.

Nuevamente, el ajuste es evidentemente insuficiente. Se necesita consolidar un ahorro del 0,6% del PBI para llegar a la meta mínima establecida por el FMI para diciembre, pero hasta ahora todos los ajustes anunciados por Massa suman a duras penas la mitad

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Brasil

Gracias a la baja de impuestos de Bolsonaro, Petrobras vuelve reducir el precio del combustible

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La petrolera estatal anunció una nueva rebaja del 4,9% sobre las tarifas percibidas por el consumidor en la estación de servicios, luego de una baja de impuestos y de la caída de precios a nivel internacional.

La empresa Petrobras anunció una nueva rebaja tarifaria del 4,9%. El precio final percibido por los consumidores cae a 3,53 reales por litro de gasoil, cuando antes de los anuncios los brasileños abonaban hasta 3,71 reales por litro.

El precio percibido por los consumidores es el más bajo registrado desde el mes de marzo, en medio del estallido energético por la guerra entre Rusia y Ucrania. A su vez, se trata de la tercera caída en menos de un mes, después de los recortes anunciados el 19 y el 28 de julio respectivamente.

Los nuevos precios de referencia responden a un reajuste de precios relativos que tiene por origen la caída de las commodities a nivel internacional. La petrolera estatal se limitó a trasladar la volatilidad externa (en este caso favorable) hacia los precios internos, del mismo modo en que lo haría una empresa privada.

Se debe tener en consideración que el precio del barril de petróleo a nivel internacional se desplomó desde los US$ 140 en marzo para luego llegar a los US$ 106 en la actualidad. De no trasladarse las rebajas correspondientes, la empresa enfrentaría una disminución contraproducente de la demanda energética.

Pese a los mecanismos de control impulsados por Jair Bolsonaro, la política de precios de la empresa continúa marcando una vinculación taxativa entre los precios domésticos y los precios internacionales.

Este sistema se encuentra en vigencia desde el año 2016 y fue mantenido por la gestión de Bolsonaro, en contraste con el sistema obsoleto y autárquico que se mantenía anteriormente bajo la gestión socialista de Dilma Rousseff.

Se estima que la medida anunciada tendrá un impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto. El mes de julio registró una histórica deflación de hasta el 0,68%, en gran medida impulsada por una rebaja en los precios del combustible.

El Gobierno de Bolsonaro colaboró con la rebaja de precios a partir de una fuerte quita de impuestos para reordenar la estructura de precios relativos, y abaratar así la energía en relación al precio de otros bienes y servicios.

Las ventajas a raíz de los términos de intercambio con los precios de la energía, y la mejor administración de Petrobras bajo la gestión Bolsonaro, permiten avanzar con los planes de privatización.

El nuevo ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, solicitó oficialmente la incursión de estudios tendientes a producir los cambios legales necesarios para transferir Petrobras a manos privadas, maximizando así la capitalización de la empresa.  

“Como mi primer acto de gestión solicito también el inicio de los estudios tendientes a la propuesta de cambios en la ley necesarios para la desestatización de Petrobras“, anunciaba Sachsida en mayo. 

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Economía

“Emitan sin miedo”: El día que Gerardo Morales desde la oposición llamó a emitir descontroladamente

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El Gobernador de la Provincia de Jujuy y máximo referente del radicalismo, aconsejaba públicamente al Gobierno kirchnerista para que emitiera dinero sin respaldo en 2020. El oficialismo siguió la tesis de Morales, y hoy la inflación alcanza el nivel más alto en 30 años.

Los precios minoristas marcaron un aumento del 7,4% solamente en el mes de julio, según confirmó el INDEC. La inflación interanual ya alcanza el 71% en comparación contra julio del año pasado, y es la cifra más extrema desde enero de 1992.

La inflación interanual aumentó sin pausa desde el año 2020. Cerró en el 36% en diciembre de ese mismo año, trepó al 50,8% para diciembre de 2021 y finalmente alcanzó la cifra más alta en 30 años en lo que va de 2022. Se registró un aumento sideral de 35 puntos en menos de dos años.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional y actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, llamaba públicamente a emitir dinero sin ningún tipo de control en el año 2020. El gobernador radical concluía que el violento nivel de emisión no produciría ningún efecto inflacionario porque amenazaba con meter preso a cualquier comerciante que se atreviera a subir los precios.

Morales “lamentó disentir con los economistas ortodoxos” e incluso admitió públicamente que alentó a varios ministros de la administración kirchnerista para que defendieran la brutal expansión de la oferta monetaria en 2020.

El Gobierno kirchnerista siguió la tesitura de Morales a la perfección. Bajo el liderazgo del radical Miguel Pesce como presidente del Banco Central, la oferta monetaria ampliada bajo el agregado M2 creció un 101% interanual en julio de 2020, y cerró ese año con una expansión neta del 79% en diciembre.

Se registró una fuerte expansión de la masa monetaria en todos los agregados que se pueden relevar, incluyendo la base monetaria, el circulante fuera del sistema financiero, y los pesos en circulación a través del sistema bancario.

La persecución contra los comerciantes no surtió ningún tipo de efecto en materia de inflación, y este tipo de políticas fracasaron sistemáticamente en la historia argentina. Las multas contra los comercios, los “precios máximos” y los “precios cuidados” no impidieron el estallido inflacionario.

La UCR se desligó de cualquier tipo de responsabilidad por haber defendido y alentado públicamente la violenta expansión monetaria del 2020. Cuando quedó en evidencia el fracaso de estas políticas, el radicalismo se lamentó por el estallido inflacionario, el deterioro del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza, los efectos de sus propias recomendaciones de política económica.

La inflación mensual correspondiente a julio de 2022 fue la más elevada en 20 años, pero la interanual registró el dato más extremo en 30 años. En otras palabras, la inflación acumulada de 12 meses es la más grande desde la última hiperinflación, un episodio que involucra directamente a la presidencia de Raúl Alfonsín.

Con las mismas ideas que Gerardo Morales, el presidente Alfonsín se apartó de las teorías ortodoxas, y mostró un irresponsable escepticismo por los equilibrios fiscales y monetarios en la economía.

La inflación mensual llegó al 114% en junio de 1989, y hasta 196% en julio. La inflación interanual trepó al 5000% para diciembre de ese año, y fue finalmente erradicada con el plan de Convertibilidad en marzo de 1991. 

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