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Economía

Bolsonaro cumple: prometió privatizar 147 empresas públicas y ya vendió 115

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El presidente Jair Bolsonaro prometió una agenda de privatizaciones que parece dispuesto a cumplir. Desde 2019 se concretó la privatización de autoridades portuarias, parques nacionales, aeropuertos, Eletrobras y próximamente la gigante estatal Correios pasará a manos privadas.

El Gobierno de Brasil inauguró una agenda dispuesta a privatizar las enormes empresas deficitarias del sector público y desregular los mercados. Jair Bolsonaro envió la licitación de 115 activos del Estado para agrandar el dominio de la sociedad sobre los sectores estratégicos de la economía.

Hasta el momento la más grande de las privatizaciones de Bolsonaro es sin lugar a dudas Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de América Latina. En el pasado mes de julio Bolsonaro promulgaba la ley que habilitaba la privatización de la empresa. Las autoridades aseguran que las medidas permitirán desregular el mercado y reducir el precio de la tarifa cobrada a los usuarios hasta un 7,4%.

La ley promulgada permite que el Estado de Brasil deje de tener un 60% del capital accionario de la empresa para retener un 40%. Eletrobras mantendrá una gestión autónoma en manos privadas y el Estado seguirá recibiendo dividendos por el paquete accionario que permanezca en su poder, aunque se impulsará una reducción gradual con el tiempo.

Actualmente el ministro de Economía Paulo Guedes pretende avanzar con la privatización de la empresa Correios, la más grande de la región en su rubro. De concretarse, significaría la privatización más grande de la historia del país y todo indica que el Gobierno de Bolsonaro se anotará otra victoria para su agenda reformista.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la privatización de la empresa, por 286 votos afirmativos contra 173 negativos, por lo que la propuesta avanzará hacia el Senado. Con el visto bueno en esta última instancia, la empresa podría subastarse completamente para mediados del 2022.

El avance de las privatizaciones fue formidable desde 2019. Bolsonaro concretó la exitosa concesión de 30.400 hectáreas pertenecientes a parques nacionales. El Ministerio del Medio Ambiente brasileño resolvió la privatización de los parques Aparados da Serra y Serra Geral. Las medidas permitirán atraer turistas y recursos, preservando el Medio Ambiente y generando miles de puestos de trabajo.

En el pasado mes de abril el Ministerio de Infraestructura posibilitó la privatización de 28 aeropuertos distribuidos a lo largo y ancho de Brasil. Se establecieron plazos de concesión de hasta 30 años para garantizar la seguridad jurídica de los inversores sobre los derechos de propiedad. Se calcula que las medidas suponen una inversión de R$ 6.100 millones, equivalente a US$ 1.160 millones.

Como si todo esto fuera poco en junio el Gobierno de Bolsonaro allanó el terreno para concretar la privatización de las autoridades portuarias. El Ministerio de Economía anunció en los lineamientos para las subastas, ofreciendo contratos de concesión de hasta 35 años, aunque incluso se estudia garantizar una extensión máxima de 40 años.  

El aumento de la carga transportada por puertos a partir del boom comercial generó los incentivos necesarios para que una gran cantidad de inversores estén dispuestos a administrar el sector. A diferencia de Argentina, Brasil propone una agenda comercial aperturista que podría abrir enormes oportunidades de negocios para el transporte marítimo. Se calcula que la privatización de los puertos generará inversiones por US$ 5.100 millones y más puestos de trabajo formales.

Al momento de llegar a la presidencia, Brasil tenía 138 empresas estatales y casi 400 activos públicos, de estos, Bolsonaro había prometido vender a manos privadas por lo menos 147. Hasta el momento, inició los trámites para privatizar 115 de estos, en casi 3 años de gobierno.

Esta hazaña es aún más merituosa cuando se considera que el Presidente jamás contó con mayoría propia en el Congreso, y debió negociar proyecto por proyecto con partidos políticos que históricamente defendieron la agenda izquierdista del ex presidente Lula da Silva.

Economía

El Gobierno de Larreta en CABA se ajustará a las dudosas metas de inflación que anunció Massa

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El Jefe de Gobierno porteño acordó un aumento salarial anual del 60% para el gremio de municipales, en línea con la meta inflacionaria del Presupuesto 2023 formulado por Massa. Se trata de la primera jurisdicción que formalmente se ajusta al programa del Gobierno nacional. 

Aunque las metas de inflación plasmadas por el Presupuesto 2023 son ampliamente desprestigiadas por la mayoría de las proyecciones privadas, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta se perfiló como un aliado del ministro Sergio Massa para convalidar la meta del 60% con aumentos compatibles.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires negoció un acuerdo salarial con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), por el cual se determinó un ajuste salarial del 60% para la totalidad del año, aunque se incluyeron cláusulas de actualización trimestral y bonos adicionales.  

La Capital Federal es el primer distrito del país en ajustarse fielmente a la dudosa meta que pretende arribar Massa para fin de año, ya que incluso encuentra una fuerte reticencia en muchos Gobernadores oficialistas. Las medidas tendrán un impacto directo sobre 62.000 trabajadores.

El Plan Massa persigue los mismos lineamientos que los programas heterodoxos típicos del siglo XX argentino, entre ellos el control de los precios y los salarios para compatibilizarlos dentro de un determinado rango fijado como meta (en este caso del 60% anual). 

Pero pese a los controles del programa Precios Justos, se estima que los precios minoristas habrían aumentado entre un 5% y un 6% durante el mes de enero, por encima del 4% compatible con la meta anual. Solamente en la primera quincena del mes el INDEC admitió que los precios se dispararon hasta un 7%. 

La inflación no solo superó los parámetros del plan en su primer mes de aplicación para 2023, sino que además promete llegar a duplicar la meta oficial del ministro Massa en diciembre de 2023. La firma JP Morgan proyecta una inflación superior al 115%, y el sondeo de expectativas REM del Banco Central estima una cifra cercana al 100%

Se espera que los acuerdos salariales desplegados por Larreta sean completamente irrisorios en la práctica, por lo que habrá de hacer uso de las cláusulas de actualización trimestral para adecuar los salarios muy por encima de las pretensiones de Massa. 

El mismo sindicato Sutecba había suscripto a un aumento salarial del orden del 50% en enero de 2022, pero mediante las actualizaciones trimestrales el aumento efectivamente concretado ascendió al 97% (en línea con la inflación del 94,8%). Con las expectativas desancladas, ni los salarios ni los precios serán capaces de cumplir la meta del Presupuesto

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Economía

Massa anunció medidas para el campo en respuesta la sequía, pero se niega a bajar retenciones o desdoblar el tipo de cambio

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El ministro de Economía anunció una serie de medidas para abaratar el crédito a los productores y brindar mayores incentivos fiscales, pero se mantienen inalteradas las retenciones y los controles cambiarios. 

El equipo del ministro de Economía Sergio Massa anunció una serie de medidas para aminorar los efectos de la dramática sequía que azota al campo desde diciembre del año pasado, pero el paquete ofrecido por el oficialismo tuvo gusto a poco y no resolvió los problemas del sector.

Para el Gobierno, en un contexto de fuertes controles cambiarios la sequía implica el agravamiento de la “restricción externa” autoimpuesta. Desde el punto de vista del campo, las condiciones naturales adversas se perfilan como una traba más en contra de la producción por sobre el peso de la bota del Estado.

Las medidas más importantes anunciadas por Massa

Se anunció un sistema de asistencia por $5.000 millones, coordinado directamente desde las Provincias y las municipalidades para que las distintas jurisdicciones emprendan asistencia directa a los productores.

Se determinó la suspensión del pago del anticipo del impuesto a las Ganancias para los productores afectados por la sequía, y la AFIP suspenderá los juicios de ejecución fiscal, así como los embargos a cuentas corrientes, sobre todos los productores que hayan tenido dificultades por la sequía.

La operación de venta forzosa de hacienda, como lo que ocurrió con el dólar soja en el último trimestre de 2022, no será contabilizada en el cómputo del impuesto a las Ganancias (esto en la práctica funciona como una deducción especial).

El Banco Nación, una entidad históricamente asociada al crédito hipotecario, anunció la flexibilización de los requisitos para otorgar nuevas líneas de crédito, y amplió la masa de recursos destinados a esta partida. Se otorgarán créditos con una tasa de interés rebaja en 15 puntos porcentuales (siendo este diferencial el monto del subsidio), y los fondos disponibles a estos propósitos ascienden hasta los $50.000 millones que pondrá el banco estatal.

Por su parte, el Banco Central anunció la eliminación del recargo sobre la tasa de interés para los productores que acceden al crédito, pero que se encontraban fuertemente limitados por haber participado del dólar soja.

Las medidas que el Gobierno se negó a hacer

El equipo de Massa no anunció ningún tipo de modificación sobre el esquema de las retenciones. La soja seguirá pagando un recargo de hasta el 33% sobre el valor FOB de exportación, el trigo y el maíz 12%, y el girasol un 7%. Estas tasas son una de las principales trabas para el desarrollo del sector agropecuario.

El Gobierno también anunció su frontal negativa para producir modificaciones al esquema cambiario, ni nuevos tipos de cambio diferenciales ni desdoblamiento ni mucho menos la unificación cambiaria.

La alternativa del desdoblamiento fue ampliamente recomendada como una medida transitoria, no sólo por economistas opositores como Domingo Cavallo sino también por algunos oficialistas como Sergio Chouza. De hecho, el equipo del viceministro Gabriel Rubinstein era partidario de la medida, pero Massa descartó la posibilidad por presión política de la coalición oficialista.

Los controles cambiarios impiden que el productor agropecuario pueda percibir el precio internacional por sus productos. La participación del Estado en la renta agrícola representa el 70% en promedio, y las medidas extraordinarias por la sequía no la disminuyen.

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Economía

Se derrumba el mercado inmobiliario en Estados Unidos: El precio de la vivienda cayó por quinto mes consecutivo

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El endurecimiento de la política monetaria de la FED provocó un efecto contagio en las tasas del sistema financiero. La tasa para préstamos hipotecarios a 30 años supera el 6% y desalienta la llegada de compradores. 

El índice nacional de precios de viviendas Case-Shiller de Estados Unidos marcó una caída mensual del 0,3% en noviembre del año pasado, de acuerdo a la serie desestacionalizada del indicador. Fue la quinta caída nominal consecutiva, dejando en evidencia la ralentización del dinamismo en el mercado inmobiliario.

Hacia julio de 2022 el índice Case-Shiller sufrió la primera caída mensual y nominal observada desde febrero de 2012. La muy tenue deflación sobre el precio de las viviendas fue coincidente con la evolución del nivel general de los precios minoristas, pero la variación interanual se desplomó fuertemente. Las viviendas subieron un 7,7% entre noviembre de 2021 y 2022, una cifra holgadamente menor al 9,2% del mes precedente

Con un diagnóstico similar, el indicador de precios elaborado por la Agencia de Financiamiento de la Vivienda anunció una caída nominal del 0,1% en noviembre del año pasado, y no registra caídas desde julio. Se observó un incremento interanual del 8,2% en noviembre de 2022, frente al 9,2% registrado en octubre. 

Las variaciones interanuales aún muestran una corrección respecto al salto atípico provocado por la emisión monetaria durante la pandemia, pero si la tendencia continúa aún habiendo disminuido la inflación entonces el mercado inmobiliario entraría en recesión. 

El principal motivo por la corrección bajista del mercado inmobiliario es el aumento de la tasa de interés de corto plazo de la Reserva Federal, que provoca un rápido efecto contagio sobre la totalidad de las tasas en el sistema financiero. 

La tasa efectiva de política monetaria aumentó del 0,08% en febrero de 2022 al 3,08% en noviembre, y para enero de este año ascendió al 4,33%. La última reunión del Comité de Política Monetaria de la institución resolvió un aumento de 25 puntos básicos, y el presidente Jerome Powell anunció que no dejará de aumentar hasta tanto se tengan certezas para el cumplimiento de la meta inflacionaria fijada en el 2%.

La tasa de las hipotecas a 30 años respondió a los ajustes de la FED, aunque ya se venía actualizando desde mediados de 2021. La tasa hipotecaria saltó del 5,5% anual al 7,2% entre febrero y noviembre de 2022, y luego cayó al 6,23% en enero. El fuerte encarecimiento del costo del crédito provocó la retracción de múltiples compradores de viviendas en el mercado.

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