Por quinta vez en lo que va del año, el Banco Central subió la tasa de política monetaria para intentar no retrasarla con respecto a la inflación. El rendimiento efectivo de las Leliq alcanzó el 62%, mientras que la inflación interanual llegó al 58% en abril.

Tras los fatídicos resultados inflacionarios comunicados por el INDEC, el Banco Central decidió emprender un nuevo aumento de la tasa de política monetaria de referencia, por una cuantía de 200 puntos básicos. La tasa de las Leliq a 28 días pasó del 47% al 49%, sirviendo como un interés de referencia a corto plazo para el mercado financiero.

Solamente en lo que va del 2022 la tasa de interés de las Leliq subió cinco veces, y este es el sexto aumento si se considera la corrección llevada a cabo en noviembre de 2021, cuando el BCRA abandonaba el sistema de “tasa fija” iniciado en 2020.

El rendimiento efectivo anual de la tasa Leliq llegó al 61,8%, una cifra superior al dato de inflación interanual de abril (que según el INDEC alcanzó el 58%), y en línea con las expectativas para mayo. Las medidas buscaron evitar una mayor brecha entre la tasa inflacionaria anual y las tasas de interés efectivas.

Solamente este movimiento representa automáticamente una carga mayor en emisión monetaria, por un monto de $140.000 millones. Además, en lo que va del año 2022, el BCRA $202.000 millones al Tesoro, $122.000 millones en enero y otros $80.000 millones al término del mes de abril.

Si bien las Leliq, y otros pasivos remunerados, constituyen una vía para absorber pesos sobrantes de la economía para limitar la inflación, lo cierto es que el pago de interés por esa retención de pesos también debe efectuarse mediante emisión monetaria.

Si el ritmo de aumento de la tasa de interés no logra compensar las ganancias por el retiro de pesos de la economía, el mecanismo anti-inflacionario deja de funcionar. El colapso de este mecanismo fue un principal causante de la hiperinflación del año 1989, por lo que su dinámica resulta especialmente relevante.

Por otra parte, el Banco Central dispuso un aumento de la tasa mínima para plazos fijos de personas humanas de hasta $10 millones a 30 días, fijando un nuevo piso del 48%. En este caso, la tasa efectiva anual de los plazos fijos comprometidos por los aumentos llegó al 60,1%. Nuevamente, el objetivo de la autoridad monetaria fue mantener el rendimiento real de los instrumentos en pesos a corto plazo.

En tercer lugar, el BCRA subió la tasa mínima garantizada para todos los demás depósitos a plazos fijo que no estuvieran comprendidos en las medidas anteriores, estableciendo un piso del 46% y representando una tasa efectiva anual del 57,1%.  

Un estudio del economista Martín González Rozada proyecta que la pobreza volvió a aumentar desde enero de 2022 como consecuencia del brutal aumento inflacionario. La situación social es cada vez más desesperante.

El estallido inflacionario es cada vez más nocivo para la delicada situación social del país. El investigador y economista del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, Martín González Rozada, elabora un nowcast para proyectar la incidencia de la pobreza a partir de semestres móviles que se actualiza todos los meses.

El indicador estima el porcentaje de personas que viven en hogares por debajo de la línea oficial de pobreza establecida por el INDEC, y para calcularlo se utilizan datos oficiales del organismo como la Canasta Básica Total (CBT) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los resultados registrados son cada vez peores.

Según Rozada, la proyección de la pobreza llegó al 39,1% en el semestre conformado entre noviembre de 2021 y finalizado en abril de 2022. La trayectoria de la pobreza es creciente, pues la misma cifra había cerrado el año 2021 en el 37,3% en diciembre (dato oficial del INDEC), para luego aumentar al 37,9% en febrero, 38,6% en marzo y finalmente al 39,1% en abril.

A pesar de la retórica presentada por el Gobierno, el promedio de la pobreza en la gestión de Mauricio Macri fue del 30% acorde a los datos del nowcast. En cambio, bajo la gestión del presidente Alberto Fernández la pobreza promedió el 39,82%, casi diez puntos más que su predecesor.

El aumento de la pobreza coincide perfectamente con el comienzo del alza inflacionaria. Los precios minoristas aumentaron un 3,9% en enero de 2022, 4,7% en febrero, 6,7% en marzo, y 6% en abril según los datos del INDEC. En el mismo período, la inflación interanual saltó del 50,7% al 58%, y la pobreza subió al mismo tiempo.

El sistemático deterioro de los salarios reales no solo provocó que más personas caigan por debajo de la línea de la pobreza, sino que transformó a una gran cantidad de personas con trabajo en personas virtualmente pobres.

Solo en lo que va de la gestión de Fernández, el salario real retrocedió un 2,6% en términos reales con respecto al 2019, y perdió casi sin interrupción desde diciembre del año pasado. La recuperación salarial y social sigue sin aparecer. 

El Senado dio el visto bueno para la creación de un fondo nacional para captar “dólares fugados”, que en teoría serán destinados al pago de deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Con 37 votos afirmativos provenientes del Frente de Todos, y 31 votos negativos de la oposición, el kirchnerismo aprobó una nueva ley que crea un Fondo Nacional “para cancelar la deuda con el FMI”. La iniciativa prevé crear una caja a cargo del Ministerio de Economía y determinada en dólares, que serán destinados a apoyar el pago por servicios de deuda pública.

Se creó también la “Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso”, un pesado entramado burocrático pensado para que controle, fiscalice y supervise los recursos captados por el fondo en cuestión.

Para captar los dólares “fugados” a los que se hace referencia en el proyecto, la ley pretende gravar la valuación de los bienes radicados en el exterior sin declarar. Se pretende gravar los activos que se acumularon en el exterior evadiendo algún tipo de impuesto. Se dispuso el levantamiento del secreto bancario para facilitar las operaciones, y se brindó una serie de incentivos tributarios para el blanqueo de los activos externos.

Si la persona dueña de los activos no declarados en cuestión decide presentarse ante el ente recaudador de manera voluntaria y en un lapso de 6 meses, el Estado establecerá una alícuota del 20% sobre el valor de los bienes. De lo contrario, se impondrá una alícuota del 35%. A su vez, si el usuario no se presenta y la AFIP inicia un proceso de fiscalización, el usuario tiene la posibilidad de retractarse y efectuar el pago en un lapso de 15 días, en cuyo caso abonará una tasa del 50%.

Por esta medida, el proyecto fue comúnmente comparado con un auténtico blanqueo encubierto, aunque más salvaje e improvisado en comparación con el qué se había realizado en 2016.  

La AFIP permitirá abonar los recursos en un solo pago, o de no ser posible se establecerá un cronograma de hasta 12 cuotas mensuales para presentar los recursos correspondientes.

Desde el punto de vista del Gobierno, el mayor incentivo para producir un blanqueo es la captación de recursos tributarios. Solamente por los recursos del blanqueo, el Gobierno de Macri había logrado captar hasta un 1% del PBI adicional en recaudación fiscal. El proyecto del kirchnerismo pretende alcanzar una meta igual de ambiciosa, aunque con herramientas menos sofisticadas para lograrlo.

Sin embargo, dado el carácter compulsivo de la normativa, el oficialismo asegura que no se trata de ningún blanqueo, aunque los incentivos tributarios para efectuar los pagos existen y siguen la misma lógica que cualquier blanqueo.