Las Provincias y los municipios tendrán que usar sus propios dólares para hacer frente a obligaciones con acreedores externos. El acceso al mercado cambiario oficial sólo cubrirá el 40% de esas obligaciones, y el monto restante debe ser cubierto con tenencias propias.

El Banco Central publicará hoy una nueva normativa para seguir estrangulando las operaciones que pueden pasar legalmente por el tipo de cambio oficial, en un intento completamente desesperado para evitar una devaluación aún más pronunciada.

Las Provincias y los municipios ya no podrán acceder libremente al dólar oficial para hacer frente a sus obligaciones nominadas en moneda extranjera. Desde ahora, el BCRA solamente venderá dólares al tipo de cambio oficial con un límite de hasta el 40% de las obligaciones en moneda extranjera. 

Una vez pasado el límite fijado, las Provincias deberán usar sus propias tenencias de dólares para hacer frente a sus deudas con acreedores externos, o usar nuevas líneas de financiamiento internacional que puedan adquirir, o bien renegociar sus deudas para aplazar los pagos lo máximo posible.

Se calcula que las empresas del Estado, en adhesión con las necesidades de la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe, demandaron hasta US$ 1.120 millones al BCRA en los primeros tres meses de 2023, lo cual representa hasta el 37% de las ventas netas totales que llevó a cabo el organismo.

La situación cambiaria llegó a un punto crítico sobre el cual el Gobierno no encuentra ninguna solución más que seguir endureciendo el cepo, ya que aún se niega a permitir un salto discreto sobre el tipo de cambio oficial por fuera del régimen de crawling-peg (las micro-devaluaciones periódicas).

El tercer lanzamiento del “dólar soja” logró concretar un nivel de liquidaciones en torno a los US$ 5.000 millones, un monto que si bien fue sustancialmente menor al de la primera entrega de este tipo de cambio especial (7.664 millones de dólares respectivamente), el BCRA a duras penas logró retener cerca de US$ 850 millones.

Las reservas netas cayeron (y con diferencia) en el terreno negativo de acuerdo al diagnóstico unánime de todas las consultoras privadas. La incógnita restante es saber de dónde están saliendo los dólares para las sucesivas intervenciones que sigue emprendiendo el BCRA.

El presidente Miguel Pesce lo niega todo, y no da ninguna respuesta clara. En un principio aseguró que no se usarían los encajes en dólares que respaldan depósitos, pero recientemente Pesce confirmó que no tocó ni un solo dólar por el desarme del swap chino (que ahora comenzará a utilizar), con lo cual está claro que el verdadero instrumento fueron los encajes por una cuestión de aritmética contable.

El nivel crítico en las reservas hace que sea casi imposible sostener el nivel de actividad (vía restricción de importaciones y desaliento a exportaciones), mientras que el mercado cambiario sigue abierto al ataque de múltiples corridas con dramáticos efectos inflacionarios.

El ENRE confirmó una nueva actualización tarifaria en tres tramos, en donde los más perjudicados serán los sectores de ingresos bajos y medios. El equipo económico acelera la reducción de los subsidios para evitar una nueva disparada del déficit fiscal.

Con el visto bueno del ministro Sergio Massa, el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) confirmó una nueva serie de aumentos sobre la electricidad que regirán a partir del 1ro de junio. El nuevo cuadro tarifario afectará a los usuarios de Edesur y Edenor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para el “Nivel 1” de ingresos de usuarios residenciales, aquellos clasificados por el Gobierno como de “ingresos altos”, tendrán un aumento tarifario del 11% mensual, mientras que los usuarios residenciales de ingresos medios sufrirán un aumento del 24% y para los sectores de menores ingresos la suba escalará al 35%.

Esto podría parecer contraintuitivo, pero la mayor incidencia sobre los consumos más bajos se debe al mayor peso del subsidio, en contraposición a los ingresos más altos que ya no lo tienen.

Con los nuevos aumentos, la tarifa promedio para los usuarios residenciales del nivel 1 alcanzará los $35.125 a partir de junio, lo cual medido a precios constantes supone una suba real superior al 150%. El fuerte impacto tarifario se debe a la eliminación de los subsidios para este sector, que ya se encuentran en niveles similares a los que había en 2002.

Por otra parte, las personas que se encuentran dentro de la clasificación del nivel dos totalizan 1,9 millones y representan hasta el 44% del total de los hogares del AMBA. La tarifa promedio para este grupo asciende a los $12.225 (a valores de mayo), y se observó una caída del 11% en términos reales. Las tarifas se siguen atrasando contra la inflación general, pero no así contra los salarios.

Finalmente, el tramo del nivel 3 (los menores ingresos) soportó un incremento del 5,71% en términos reales a lo largo de los últimos 12 meses. Esto aplica para casi 1 millón de personas con un nivel de consumo de hasta 300 kwh por mes. El precio real de las tarifas en este segmento a duras penas se puede mantener en sintonía con el IPC general.

Para los usuarios no residenciales, comercios e industrias en el AMBA, se aprobó un aumento para la primera categoría general (G1) en torno al 41%, mientras que las categorías generales 2 y 3 tendrán aumentos del 32% y 27% respectivamente. Solo en este tramo del mercado el incremento pautado es progresivo.

La reducción de los subsidios económicos es cada vez más urgente para evitar una mayor escalada del déficit fiscal. Aún así, el desequilibrio del Sector Público Nacional (SPN) se incrementó notoriamente a lo largo de los primeros 4 meses del 2023, y al mismo tiempo la recaudación impositiva sufrió una importante caída (principalmente por comercio exterior e impuesto al cheque).

Esto se suma a un arsenal de aumentos tarifarios ya confirmados por el ministro Massa para junio, con lo cual el impacto sobre los ingresos medios y bajos será superlativo. Los salarios no tienen forma de ganarle ni a la inflación general ni al salto de las tarifas reguladas.

La economía más importante de Europa está entrando en un fuerte periodo recesivo. La industria cayó un 3,4% en marzo y las ventas minoristas acumulan 4 meses de variaciones negativas. El socialista Scholz cede ante la presión y prepara un estricto ajuste para ordenar las finanzas públicas.

La situación económica de Alemania empeora día tras día. La actividad industrial registró una fuerte caída del 3,4% solamente al término de marzo, eliminando prácticamente la totalidad del rebote observado entre enero y febrero.

La economía alemana entró oficialmente en recesión tras haber caído por dos trimestres consecutivos entre septiembre de 2022 y marzo de 2023. La producción fabril acumula una retracción significativa de hasta el 10,4% con respecto a noviembre de 2017 (el máximo histórico alcanzado).

El desempeño sobre las ventas minoristas fue aún peor. La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania confirmó que el comercio minorista se desplomó un 2,4% en marzo, la cuarta caída consecutiva. Las ventas comerciales sufrieron un derrumbe del 7,6% desde que el Partido Socialdemócrata asumió las riendas del Gobierno en diciembre de 2021.

Además, la inflación continúa marcando un récord por encima del 7% interanual a pesar del ajuste de tasas del Banco Central Europeo que aún es insuficiente. Las exportaciones están en caída y el sistema energético alemán no fue capaz de adaptarse eficientemente al shock por la guerra en Ucrania debido a la excesiva dependencia de la “transición ecológica”, y las tarifas locales de luz y gas están en máximos históricos.

Para el gobierno del socialista Olaf Scholz la amenaza recesiva significa, además, un costo sideral en materia de orden fiscal porque se espera una caída casi inmediata sobre los recursos tributarios atados al nivel de actividad.

Alemania cerró el año 2022 con un déficit fiscal consolidado del 2,62% del PBI, principalmente impulsado por los paquetes de ayuda fiscal en respuesta a la guerra de Ucrania, y a partir del último trimestre una sustancial caída de la recaudación. No solo se compromete la estabilidad de la deuda pública y la calificación crediticia de los bonos soberanos alemanes, sino que además se corre el riesgo de incumplir (una vez más) con los criterios de convergencia de Maastricht.

Esto encendió todas las alarmas en el gobierno de izquierda, que encabeza el Partido Socialista (SPD) pero que también cuenta en la coalición con el ecologista Partido Verde (Grüne) y el Partido Liberal (FDP).

Por estas razones, el oficialismo cedió ante la presión y se prepara para desplegar un ajuste presupuestario de hasta 22.000 millones de euros para el año fiscal 2024, que recaerá sobre todas las partidas del gasto público con la sola excepción del gasto en defensa. 

Este rumbo fue principalmente defendido por el ministro de Finanzas alemán Christian Lindner, líder del FDP. La mitad del ajuste previsto se llevará a cabo por medio de un recorte nominal de entre el 2% y el 3% sobre los gastos asignados a todos los ministerios.

Sin embargo, la coalición “semáforo” del oficialismo no demuestra ni la más mínima previsibilidad. Mientras el Partido Democrático Libre (FDP) demanda un mayor ajuste fiscal y ciertas reducciones impositivas puntuales, los socialdemócratas no tienen ninguna posición definida y la izquierda en el Partido Verde presiona para subir los impuestos en plena recesión.

Asimismo, los recortes patrocinados por el FDP entran en conflicto con la agenda radical de los verdes, que pretendía desembolsar paquetes millonarios para “protección climática” para los presupuestos de los años fiscales 2024 y 2025. Las disputas ideológicas internas se tornan cada vez más irresolubles, aunque Scholz parece inclinarse hacia una postura más favorable a los recortes presupuestarios.