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Economía

Cavallo explica que la crisis del kirchnerismo se parece más al colapso del plan Gelbard del ’75 que al 2001

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El ex ministro de Economía augura una crisis más explosiva que la del 2001, cuando el país no tenía un riesgo inflacionario ya que venía de 10 años de estabilidad de precios, y en su lugar ve más posible un nuevo Rodrigazo.

En un artículo publicado recientemente en su blog personal, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo se refirió a la crisis actual y advirtió sobre los peligros que podría atravesar la economía argentina si no se toman medidas correctivas sobre los desequilibrios fiscales y monetarios que existen.

Cavallo explicó que la coyuntura económica actual no se parece a la del 2001, sino que guarda una peligrosa similitud con la situación que había en 1974, durante el progresivo agotamiento del programa de José Ber Gelbard y finalmente su completo colapso en junio de 1975, en el famoso Rodrigazo.

Del mismo modo que en aquella época, el gobierno peronista aplicó un plan basado en las llamadas “políticas de ingresos” que implica congelar precios, tarifas de servicios públicos y tipo de cambio oficial, todo en un contexto de gran expansión monetaria y fiscal. El programa de Gelbard se sostenía en los mismos lineamientos.

Por lo tanto, ante estas similitudes, Cavallo asegura que será completamente inútil promover las recetas que se aplicaron en el año 2002 y posteriormente en 2003 bajo la presidencia de Kirchner. Estas medidas provocaron una profunda y violenta transferencia de riqueza desde pequeños ahorristas en pesos hacia grandes endeudados en dólares, y no son pertinentes para encarar la situación actual.

“Amén de que la mesa del diálogo argentino del 2002, lejos de aportar soluciones, permitió producir la transferencia de riqueza (desde ahorristas a endeudados en dólares) y de ingresos (desde trabajadores y jubilados a la industria sustitutiva de importaciones) más injusta de toda la historia argentina, la situación actual es totalmente diferente a la que existía en 2001”, explica Cavallo.

El relato instaurado por el kirchnerismo pretendía justificar la traumática salida de la Convertibilidad, en enero de 2002, bajo el gobierno de Duhalde. En lugar de concretar una reestructuración ordenada de la deuda, se decidió generar un default abierto e inducir una pesificación asimétrica sobre los depósitos bancarios, lo que implicó una disparada de la base monetaria, el tipo de cambio, y la inflación.

Pero una política monetaria expansiva como la que se vivió entre 2002 y 2010 no tiene cabida en la actualidad como un método para salir de la crisis, como detalla Cavallo, ya que existen diferencias cruciales con respecto al 2001.

En primer lugar, en 2001 el país venía de 10 años de estabilidad, sin atrasos tarifarios y sin controles de precios. No solo no existía “memoria inflacionaria” sino que tampoco había inflación reprimida, ni una urgencia por ordenar precios relativos. Hoy en día, Argentina acumula una gran memoria inflacionaria y un enorme desfasaje de precios relativos.

En segundo lugar, Cavallo destaca que en 2001 la economía estaba completamente desindexada. Hoy en día los contratos libres retienen una profunda memoria inflacionaria que se proyecta hacia el futuro y hace muy difícil dejar de emitir.

Además, en la crisis de 2001 y bajo la Convertibilidad, la base monetaria constituía el único pasivo del Banco Central y por ley debían equivaler a las reservas de libre disponibilidad. Por el contrario, hoy el stock de Leliq y pases equivale a más de 2 bases monetarias, y las reservas permanecen en niveles mínimos.

Por último, la situación bancaria actual no se parece en absoluto con la del 2001, pues en aquel entonces los ahorros estaban mayormente depositados en los bancos y en dólares, mientras que hoy los ahorristas apuestan por el dólar, pero sin entrar en el sistema financiero ante la falta de credibilidad.

El enorme desequilibrio monetario y fiscal parece calcado de la situación económica de 1974. El colapso del plan de Gelbard llevó a una inflación mensual por encima del 30% entre 1975 y 1976, con tasas anuales cómodamente situadas en los 3 dígitos.

Ante esta situación, Cavallo advierte que las políticas de represión que inducen a una des-dolarización compulsiva de la economía impactarán de forma inexorable en la inflación. De concretarse un pánico generalizado contra el peso, es posible visualizar un escenario de hiperinflación.

“Si, por el contrario, predomina la idea de la des-dolarización compulsiva y se acentúa el cepo cambiario, extendiéndolo a las transacciones del contado con liquidación, dejando además que comience a cundir la sospecha de que en algún momento el gobierno avanzará hacia la pesificación compulsiva de los 15 mil millones de dólares que aún mantiene el sector privado depositados en el sistema bancario, la hiperinflación se producirá por una corrida contra esos depósitos y un aumento extremo de la cotización del dólar en el mercado paralelo”, concluyó el economista.

Economía

El Gobierno destinará 400 millones de dólares en el gasoducto de Vaca Muerta, sin financiamiento internacional

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Alberto Fernández dio el visto bueno para la ampliación presupuestaria que permite girar US$ 400 millones del Tesoro a la construcción del nuevo gasoducto, pero no habrá financiación internacional debido a la pésima reputación del kirchnerismo.

En una reunión con el secretario de Energía, Darío Martínez, el presidente Fernández decidió ampliar el presupuesto y girar US$ 400 millones desde el Tesoro para comenzar la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. El gasoducto será bautizado como “Presidente Néstor Kirchner”, siguiendo así la vieja manía de bautizar con “Kirchner” a todos los proyectos que hace el gobierno kirchnerista.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, poco y nada pudo hacer para llevar confianza al exterior en representación del Gobierno argentino. La pésima reputación del kirchnerismo sentenció al país a quedarse sin financiamiento internacional, y la obra deberá costearse enteramente con recursos propios en un momento delicado para el mercado cambiario.

La gran abundancia de dólares en el mundo, a bajos tipos de interés, no podrá ser de ninguna forma utilizada por la Argentina para financiar proyectos estratégicos como la ampliación de la infraestructura energética.

La mayor parte de los países en el mundo obtuvieron una enorme cantidad de recursos en concepto de crédito a baja tasa de interés y esta dinámica no estuvo solamente presente en los desarrollados, muchos países de la región latinoamericana como Chile, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay también consiguieron acceso al financiamiento internacional. Argentina se ve renegada junto con Venezuela.

Aun así, el Gobierno decidió utilizar los pocos recursos que le quedan para comenzar las obras, buscando relanzar nuevamente el potencial de Vaca Muerta. El gran aumento de la producción petrolera, levemente interrumpido por la pandemia, responde al ordenamiento realizado desde 2016 sobre la producción de hidrocarburos no convencionales.

El gasoducto de Vaca Muerta busca canalizar el aumento de la producción energética para poderla distribuir exitosamente. En la actualidad, y a pesar de que aumenta la capacidad productiva, no es posible comercializar la totalidad del petróleo y el gas extraídos. El proyecto busca esencialmente resolver este problema de distribución.

Se busca también generar la capacidad técnica para poder exportar hidrocarburos, especialmente al mercado de Brasil por su enorme tamaño y dinamismo. Sin embargo, las políticas del kirchnerismo provocaron la dependencia energética y el fin del saldo exportador positivo desde mediados del 2005, una posición que aún no logra ser revertida por completo.

Si bien la producción de petróleo aumentó levemente tras haberse derrumbado en la pandemia, los niveles actuales son un 41,2% inferiores a los que había en 1998, el máximo histórico registrado para la producción petrolera argentina.

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Economía

Impuestazo del kirchnerismo: la Ley de Envases podría provocar un alza de casi 5% en los alimentos

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El oficialismo pretende lanzar una Ley de Envases con un fuerte impuesto implícito sobre los alimentos envasados. El impacto social de las medidas equivaldría a subir el IVA del 21 al 24% y afectará especialmente a las familias de más bajos ingresos.

El proyecto del kirchnerismo para sancionar una nueva Ley de Envases ya cosechó un amplio rechazo en diversos sectores de la sociedad. La ley busca introducir un tributo sobre una amplia canasta de alimentos envasados, buscando desalentar su consumo y favoreciendo la “agenda verde” del Gobierno.

Se estima que solamente esta medida provocaría un aumento del 4,6% sobre el promedio de los productos alcanzados, según asegura el economista Fausto Spotorno. De producirse este escenario, y considerando el nivel de inflación mensual, prácticamente se conseguiría añadir un mes extra de inflación para los productos envasados sujetos al impuesto.

Tradicionalmente, y como es de esperar, los impuestos sobre los productores se trasladan en mayor o menor medida a los consumidores. La parte que recaerá sobre los productores desalentará la producción y la oferta, mientras que la penalización sobre los consumidores finales desalentará la demanda.

El resultado de las medidas será que los productos se volverán menos accesibles, especialmente para las familias de bajos ingresos que destinan la mayor parte de su consumo a la compra de alimentos. La Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (Tarep) es abiertamente regresiva y anti-productiva.

Por otro lado, este tributo generará un fuerte desincentivo para la inversión. Considerando que la inversión bruta interna fija del país no alcanza ni siquiera para compensar la reposición del capital, un intento tributario en contra de la inversión parece algo completamente descabellado.

El efecto del aumento tributario es similar a lo que ocurriría si el IVA fuera aumentado del 21% al 24%, en torno a los productos alcanzados por la Tarep. Lejos de ser un proyecto solamente “ecologista”, la ley persigue un claro objetivo recaudatorio que acompaña al ajuste fiscal por el lado de los ingresos que preparan Martín Guzmán y Alberto Fernández.

El economista Fausto Spotorno estima que la medida podría aspirar a recaudar hasta $426.000 millones, una cifra extraordinariamente alta. Estos recursos serían transferidos en un 85% al Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER), un 10% al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y todo lo restante quedará para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Se espera que, tal y como está planteado el proyecto en el Congreso, sea de muy difícil aprobación incluso dentro del propio bloque del oficialismo si no se proponen cambios sobre la tasa a los alimentos.

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Economía

En respuesta al alza de precios, Estados Unidos utilizará 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas

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En medio del alza de precios más intensa en 30 años, el gobierno de Biden anunció el uso de las reservas estratégicas de petróleo, en un intento por contener los precios de los combustibles.

El presidente Joe Biden anunció que el Estado federal dispondrá de 50 millones de barriles de petróleo contenidos en las reservas estratégicas del país, que se guardan para catástrofes naturales o situaciones de guerra. Estados Unidos enfrenta el alza inflacionaria más alta desde 1990, y los aumentos se tornan más violentos en el rubro energético y de transporte.

La administración demócrata buscará generar un paliativo para el nivel de los precios energéticos, aunque la medida va en contra de su propia agenda “ecologista” que pretende encarecer los precios para energías provenientes del combustible fósil acosta de los contribuyentes.

La liberación de los barriles de petróleo constituye, además, una política coordinada a nivel global con el objetivo de evitar una mayor disparada de los precios energéticos. Medidas similares serán aplicadas en China, India, Reino Unido y Corea del Sur.

Además, la agenda de Biden avanza con presionar a la OPEC para que también aumente su oferta de petróleo. La política energética de Biden carece de sentido, pues tan solo horas después de su asunción, el Presidente dedicó todos sus esfuerzos por cancelar la construcción del Oleoducto XL Keystone, y volvió a instaurar decenas de regulaciones que habían sido eliminadas por Trump.

Las medidas en contra de la producción petrolera junto el actual incentivo activo a la oferta de hidrocarburos parecen completamente contradictorias.

Por su parte, si bien estas medidas constituyen un paliativo temporal para los precios de las tarifas públicas familiares, lo cierto es que no se han tomado mayores medidas contra la inflación, el principal problema económico que enfrenta hoy en día Estados Unidos.

El Gobierno demócrata aseguraba en los primeros meses del año que la inflación sería simplemente un fenómeno transitorio que compensaría a corregirse en el segundo semestre. Sin embargo, el índice de precios no solo no se corrigió, sino que comenzó a acelerarse en septiembre y octubre. La inflación interanual llegó al 6,2% en octubre, y solamente en ese mes los precios subieron un 0,9%.

El economista e histórico funcionario demócrata, Larry Summers, cuestionó la excesiva pasividad del Gobierno y aseguró que se está subestimando el peligro potencial que podría generar la inflación en la economía.

En la misma dirección, el premio Nobel de economía Robert Barro advirtió que, de no aplicar políticas correctivas sobre la inflación, se corre el peligro de dilapidar la reputación generada por la “Regla de Volcker”, una suerte de ancla nominal sobre las expectativas que logró consolidarse a lo largo de 3 décadas sin mayores sobresaltos.

Biden continúa insistiendo en su programa de infraestructura como una respuesta ante la escalada de precios. Según explicó el Presidente en reiteradas oportunidades, su programa reducirá los “cuellos de botella” que erróneamente responsabiliza por toda la inflación actual.

El economista y ex asesor de Ronald Reagan, Steve Hanke, se pronunció abiertamente en contra de las explicaciones de Biden y lo culpó por su falta de acción.

Hanke explicó que la inflación se debe al enorme crecimiento de la oferta monetaria con la llegada de la pandemia, bajo el liderazgo de Jerome Powell en la Reserva Federal.

A su vez, las políticas fiscales expansivas que se impulsan desde el Gobierno federal solo agregaron incluso más presión sobre los precios.

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