Las reformas laborales implementadas en Grecia en 2021 y España a mediados del año pasado avanzaron en direcciones opuestas, y en consecuencia los resultados también fueron dispares. La creación de empleo en la economía española se estanca en comparación al dinamismo de la economía helena.

Desde mediados del año 2012 fue muy común observar que la tasa de desocupación de España fuese sistemáticamente menor a la que sufría la economía griega. Por aquel entonces el Gobierno del Partido Popular llevó adelante una reforma laboral que flexibilizó enormemente la legislación, mientras que los sucesivos Gobiernos socialdemócratas en Grecia se caracterizaron por su inacción.

Pero esta tendencia de los últimos años parece haber llegado a su fin. Entre mayo y junio de 2021 el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis implementó una ambiciosa reforma para la flexibilización laboral, incluyendo el lanzamiento de modalidades de contratación más flexibles y menores cargas patronales sobre las empresas.

El Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez en España hizo todo lo contrario, logró la aprobación de una reforma laboral a mediados de 2022, con el objetivo de anular algunos de los postulados que habían sido lanzados 10 años atrás.

Y si bien la nueva legislación española mantuvo la mayor parte del organigrama anterior, se incluyeron algunas cláusulas muy distorsivas como por ejemplo la eliminación de los límites por ultra-actividad de convenios colectivos y la eliminación de algunas modalidades de contratación temporal habilitadas, entre otros cambios.

Con todo esto, la tasa de desocupación de España se estancó en el 12% de la población económicamente activa de referencia en septiembre, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). El desempleo llegaba al 12,7% al momento del lanzamiento de la reforma, con lo cual no se registró ninguna mejora significativa pese a las promesas del oficialismo.

Desde el punto de vista de Grecia la desocupación retrocedió al 9,9% al término del mes de octubre, oficialmente el primer registro por debajo de los dos dígitos en los últimos 14 años. El desempleo superaba el 15% antes del lanzamiento de la nueva legislación laboral, retrocedió 5 puntos porcentuales desde entonces.

El desempleo de la economía griega acumula un total de 20 meses situándose por debajo del indicador homólogo en España. Grecia se encamina a normalizar la situación laboral  del país después del shock violento que representó la Gran Recesión internacional, pero España aún se encuentra muy lejos de poder aspirar a aquel 8% de desocupación que registraba antes de la crisis.

Las mayores rigideces nominales en el mercado laboral suponen un gran problema para el crecimiento a largo plazo. Impiden la eficiente adaptación de shocks exógenos (como por ejemplo lo fue la pandemia en 2020), y más aún para países que delegaron su política monetaria en una entidad supranacional como es el caso de España y Grecia.

Cuanto más severas sean las rigideces de la legislación laboral, más difícil será el ajuste por la vía de los precios (en este caso los salarios), y más grande será el ajuste que se traslada por la vía de las cantidades (la cantidad de personas sin trabajo).

Se trata de un arsenal de regulaciones que boicotean el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Milei propone lanzar el proceso de desregulación más importante nunca visto desde 1991, incluyendo al comercio exterior, el comercio interior y los servicios públicos.

La futura Ministra de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina, la economista Diana Mondino, confirmó que la agenda del Presidente Javier Milei buscará un activo proceso de desregulación para liberalizar las fuerzas productivas del país.

En diálogo con los principales empresarios industriales del país, Mondino confirmó que el nuevo Gobierno buscará derogar entre 500 y 530 leyes que entorpecen la actividad económica. Son regulaciones que afectan al comercio exterior, el comercio interior y la fijación de precios sobre las tarifas de servicios públicos con criterios arbitrarios.

No se veía un programa de desregulación de semejante calibre desde el aquel famoso Decreto firmado por el expresidente Carlos Menem en 1991, que puso fin a más de 4 décadas de dirigismo estatal exacerbado.

Se busca finalizar con las funciones regulatorias de la Secretaría de Comercio sobre precios y cantidades, adoptando un marco regulatorio convencional que únicamente velará por la prevención de prácticas anticompetitivas en el mercado, regulando por ejemplo fusiones y adquisiciones con los mismos criterios que utilizan la mayor parte de las economías modernas.

También se pondrá fin al rol restrictivo del sistema SIRA sobre las importaciones, un sistema que terminó por institucionalizar la corrupción en la administración pública. Este sistema implicó fuertes costos para las empresas a partir del pedido de coimas millonarias, e impactó negativamente en los usuarios por la vía del desabastecimiento interno.

Asimismo, se buscará un virtual rediseño de la ecuación económica-financiera con las empresa proveedoras de servicios públicos, no solamente para evitar que el grueso del ajuste se traslade al sector privado vía precios, sino también para establecer una regulación más transparente y viable para las empresas en lugar de asignar tarifas a discreción como se hizo hasta ahora.

El equipo del Presidente Milei rescatará los lineamientos del plan de desregulación formulado por Federico Sturzenegger, originalmente diseñado en ofrecimiento a la excandidata Patricia Bullrich en el espacio de Juntos por el Cambio. Finalmente el programa verá la luz del día, pero será aplicado por la gestión de La Libertad Avanza.

El plan de desregulación se trazó después de dos años de arduo trabajo de revisión legislativa, subdividiendo las leyes en tres grandes categorías: aquellas que deben mantenerse como están, aquellas que se deben remendar, y finalmente las que se tienen que derogar lo antes posible.

Para que todo esto sea tratado en tiempo y forma, el Presidente electo anticipó que llamará a sesiones extraordinarias a partir del 11 de diciembre, en lugar de esperar a la apertura tradicional de marzo. Se prepara un paquete ómnibus de medidas para derogar las cientos de normativas que boicotean el crecimiento del país.

La normativa del Banco Central entrará en vigencia a partir del viernes 1 de diciembre, pero podría ser derogada con la nueva administración tan solo 9 días después. El kirchnerismo deja una regulación sin mayor sentido, y más aún en la antesala del cambio de Gobierno.

Debido a una nueva regulación abiertamente ridícula efectuada por el presidente del Banco Central Miguel Pesce, a partir del día viernes 1 de diciembre de 2023 las billeteras virtuales como Mercado Pago dejarán de estar vinculadas directamente con cuentas bancarias, una opción que facilitaba enormemente las operaciones tanto para los bancos como para los propios usuarios.

Para poder transferir dinero a una billetera virtual será necesario hacerlo desde la aplicación de los bancos, como cualquier otra transferencia tradicional, siguiendo una serie de pasos y con la posibilidad de demoras debido a la gran cantidad de personas operando en el sistema (cuando hasta hace solo unos pocos días no lo hacían).

Los cambios fueron anunciados a través de las comunicaciones A 7514 y A 7841 de la autoridad monetaria. La justificación que esgrimió Pesce fue la prevención de delitos y el afianzamiento de la seguridad, pero el índice de fraude en Mercado Pago (por solo poner un ejemplo como una de las billeteras más utilizadas) sólo alcanza a representar el 0,02% de las transacciones realizadas. Las regulaciones del BCRA no tienen ni el más mínimo sentido.

Por otra parte, la empresa de Marcos Galperín confirmó que 9 de cada 10 usuarios registran algún tipo de inconveniente a través de la operatoria con los bancos para ingresar dinero a sus billeteras virtuales. 

Demoras en la efectivización de los pagos o la actualización de los importes, caídas temporales del sistema, transacciones rechazadas por error, así como errores humanos debido al seguimiento de múltiples pasos, son solo algunos de los problemas que se pueden suscitar por la decisión del Banco Central.

Las medidas de Pesce atentan directamente contra la inclusión financiera de miles de personas, añadiendo un costo inútil a los usuarios y sin resolver prácticamente ningún problema concreto.

Tanto por sus decisiones como por sus estrafalarios resultados, el actual director del BCRA fue reconocido como el peor banquero central del mundo según el ranking que elabora la revista estadounidense Global Finance.

Sin lugar a dudas un muy merecido reconocimiento, en respuesta a una tasa de inflación superior al 140%, una bomba de deuda remunerada por el 334% de la base monetaria, y un arsenal inédito de regulaciones cambiarias, financieras y operativas desplegadas en los 4 años de su gestión.

Felizmente, Pesce abandonará la dirección del Banco Central el próximo 10 de diciembre, y será reemplazado por una nueva directiva nominada por el Presidente Javier Milei. Se espera que las regulaciones sean virtualmente revertidas en poco tiempo a partir del cambio de Gobierno.