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Economía

Christine Lagarde declara el fin del anonimato del dinero en efectivo y prepara el lanzamiento del Euro Digital

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La presidente del Banco Central Europeo aseguró que se presentará pronto una propuesta legislativa formal para el establecimiento de un Euro digital. Aseguró que se priorizará el “interés público” por sobre el derecho a la privacidad individual. 

Las recientes declaraciones de la presidente del Banco Central Europeo, la economista francesa Christine Lagarde, despertaron severas críticas en torno al avasallamiento de los Estados en la libertad personal. Lagarde anunció que el anonimato implícito en el dinero en efectivo está próximo a terminarse, y que será completamente erradicado con la instauración de un Euro digital.

El lanzamiento formal del Euro digital aún está en proceso de evaluación, y será necesaria la elevación de un proyecto legislativo para su aprobación definitiva. Sin embargo, Lagarde anunció que el proyecto será presentado prontamente, y tendrá jurisdicción sobre los países que integran la eurozona.

Si bien defendió a la privacidad como un valor necesario para preservar, la presidente del BCE minimizó la cuestión y explicó que el anonimato no debería volver a permitirse. Justificó que el uso del anonimato fomenta el narcotráfico, la evasión de impuestos y la financiación del terrorismo.

El debate entre seguridad y libertad parece zanjado en la Unión Europea: sin lugar a dudas se dejará de lado la libertad. El uso de dinero en efectivo supone una garantía para el ciudadano de que el Gobierno no puede ser capaz de llevar a cabo un monitoreo constante de las finanzas personales.

El riesgo subyacente en la adopción de una moneda digital estatal no está necesariamente asociado a los anuncios explícitos que pronunció Christine Lagarde, sino más bien al arsenal de posibilidades que se abren para los Estados y que, hasta ahora, eran imposibles bajo la circulación de dinero en efectivo. 

Una moneda digital le daría la posibilidad a un eventual Estado para forzar la recaudación de señoreaje, ya que ahora no sólo dispondría del control directo de una gran proporción de la oferta monetaria sino también de la demanda de dinero. Podría limitar el uso de transacciones para apuntalar la base imponible del impuesto inflacionario, es decir, apuntalar la tenencia de dinero aún contra la voluntad de los ciudadanos.

Las posibilidades de maniobra para un Estado autoritario se maximizan con una moneda digital controlada y de curso forzoso. De hecho este tipo de prácticas ya no constituyen una distopía, son una realidad en países autoritarios como China. El Estado chino se reserva el derecho de monitorear transacciones e incluso intervenirlas a discreción si lo considera necesario. 

La opinión pública en países como Alemania muestra una oposición visceral a la adopción de una moneda digital de curso forzoso, ya que este país en particular fue testigo de las consecuencias devenidas de un Estado al cual no se le imponen límites sobre la libertad individual. Las experiencias del nazismo y el comunismo dejaron huella en Alemania para oponerse a medidas de corte orwelliano. 

Economía

El Gobierno de Larreta en CABA se ajustará a las dudosas metas de inflación que anunció Massa

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El Jefe de Gobierno porteño acordó un aumento salarial anual del 60% para el gremio de municipales, en línea con la meta inflacionaria del Presupuesto 2023 formulado por Massa. Se trata de la primera jurisdicción que formalmente se ajusta al programa del Gobierno nacional. 

Aunque las metas de inflación plasmadas por el Presupuesto 2023 son ampliamente desprestigiadas por la mayoría de las proyecciones privadas, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta se perfiló como un aliado del ministro Sergio Massa para convalidar la meta del 60% con aumentos compatibles.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires negoció un acuerdo salarial con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), por el cual se determinó un ajuste salarial del 60% para la totalidad del año, aunque se incluyeron cláusulas de actualización trimestral y bonos adicionales.  

La Capital Federal es el primer distrito del país en ajustarse fielmente a la dudosa meta que pretende arribar Massa para fin de año, ya que incluso encuentra una fuerte reticencia en muchos Gobernadores oficialistas. Las medidas tendrán un impacto directo sobre 62.000 trabajadores.

El Plan Massa persigue los mismos lineamientos que los programas heterodoxos típicos del siglo XX argentino, entre ellos el control de los precios y los salarios para compatibilizarlos dentro de un determinado rango fijado como meta (en este caso del 60% anual). 

Pero pese a los controles del programa Precios Justos, se estima que los precios minoristas habrían aumentado entre un 5% y un 6% durante el mes de enero, por encima del 4% compatible con la meta anual. Solamente en la primera quincena del mes el INDEC admitió que los precios se dispararon hasta un 7%. 

La inflación no solo superó los parámetros del plan en su primer mes de aplicación para 2023, sino que además promete llegar a duplicar la meta oficial del ministro Massa en diciembre de 2023. La firma JP Morgan proyecta una inflación superior al 115%, y el sondeo de expectativas REM del Banco Central estima una cifra cercana al 100%

Se espera que los acuerdos salariales desplegados por Larreta sean completamente irrisorios en la práctica, por lo que habrá de hacer uso de las cláusulas de actualización trimestral para adecuar los salarios muy por encima de las pretensiones de Massa. 

El mismo sindicato Sutecba había suscripto a un aumento salarial del orden del 50% en enero de 2022, pero mediante las actualizaciones trimestrales el aumento efectivamente concretado ascendió al 97% (en línea con la inflación del 94,8%). Con las expectativas desancladas, ni los salarios ni los precios serán capaces de cumplir la meta del Presupuesto

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Economía

Massa anunció medidas para el campo en respuesta la sequía, pero se niega a bajar retenciones o desdoblar el tipo de cambio

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El ministro de Economía anunció una serie de medidas para abaratar el crédito a los productores y brindar mayores incentivos fiscales, pero se mantienen inalteradas las retenciones y los controles cambiarios. 

El equipo del ministro de Economía Sergio Massa anunció una serie de medidas para aminorar los efectos de la dramática sequía que azota al campo desde diciembre del año pasado, pero el paquete ofrecido por el oficialismo tuvo gusto a poco y no resolvió los problemas del sector.

Para el Gobierno, en un contexto de fuertes controles cambiarios la sequía implica el agravamiento de la “restricción externa” autoimpuesta. Desde el punto de vista del campo, las condiciones naturales adversas se perfilan como una traba más en contra de la producción por sobre el peso de la bota del Estado.

Las medidas más importantes anunciadas por Massa

Se anunció un sistema de asistencia por $5.000 millones, coordinado directamente desde las Provincias y las municipalidades para que las distintas jurisdicciones emprendan asistencia directa a los productores.

Se determinó la suspensión del pago del anticipo del impuesto a las Ganancias para los productores afectados por la sequía, y la AFIP suspenderá los juicios de ejecución fiscal, así como los embargos a cuentas corrientes, sobre todos los productores que hayan tenido dificultades por la sequía.

La operación de venta forzosa de hacienda, como lo que ocurrió con el dólar soja en el último trimestre de 2022, no será contabilizada en el cómputo del impuesto a las Ganancias (esto en la práctica funciona como una deducción especial).

El Banco Nación, una entidad históricamente asociada al crédito hipotecario, anunció la flexibilización de los requisitos para otorgar nuevas líneas de crédito, y amplió la masa de recursos destinados a esta partida. Se otorgarán créditos con una tasa de interés rebaja en 15 puntos porcentuales (siendo este diferencial el monto del subsidio), y los fondos disponibles a estos propósitos ascienden hasta los $50.000 millones que pondrá el banco estatal.

Por su parte, el Banco Central anunció la eliminación del recargo sobre la tasa de interés para los productores que acceden al crédito, pero que se encontraban fuertemente limitados por haber participado del dólar soja.

Las medidas que el Gobierno se negó a hacer

El equipo de Massa no anunció ningún tipo de modificación sobre el esquema de las retenciones. La soja seguirá pagando un recargo de hasta el 33% sobre el valor FOB de exportación, el trigo y el maíz 12%, y el girasol un 7%. Estas tasas son una de las principales trabas para el desarrollo del sector agropecuario.

El Gobierno también anunció su frontal negativa para producir modificaciones al esquema cambiario, ni nuevos tipos de cambio diferenciales ni desdoblamiento ni mucho menos la unificación cambiaria.

La alternativa del desdoblamiento fue ampliamente recomendada como una medida transitoria, no sólo por economistas opositores como Domingo Cavallo sino también por algunos oficialistas como Sergio Chouza. De hecho, el equipo del viceministro Gabriel Rubinstein era partidario de la medida, pero Massa descartó la posibilidad por presión política de la coalición oficialista.

Los controles cambiarios impiden que el productor agropecuario pueda percibir el precio internacional por sus productos. La participación del Estado en la renta agrícola representa el 70% en promedio, y las medidas extraordinarias por la sequía no la disminuyen.

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Economía

Se derrumba el mercado inmobiliario en Estados Unidos: El precio de la vivienda cayó por quinto mes consecutivo

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El endurecimiento de la política monetaria de la FED provocó un efecto contagio en las tasas del sistema financiero. La tasa para préstamos hipotecarios a 30 años supera el 6% y desalienta la llegada de compradores. 

El índice nacional de precios de viviendas Case-Shiller de Estados Unidos marcó una caída mensual del 0,3% en noviembre del año pasado, de acuerdo a la serie desestacionalizada del indicador. Fue la quinta caída nominal consecutiva, dejando en evidencia la ralentización del dinamismo en el mercado inmobiliario.

Hacia julio de 2022 el índice Case-Shiller sufrió la primera caída mensual y nominal observada desde febrero de 2012. La muy tenue deflación sobre el precio de las viviendas fue coincidente con la evolución del nivel general de los precios minoristas, pero la variación interanual se desplomó fuertemente. Las viviendas subieron un 7,7% entre noviembre de 2021 y 2022, una cifra holgadamente menor al 9,2% del mes precedente

Con un diagnóstico similar, el indicador de precios elaborado por la Agencia de Financiamiento de la Vivienda anunció una caída nominal del 0,1% en noviembre del año pasado, y no registra caídas desde julio. Se observó un incremento interanual del 8,2% en noviembre de 2022, frente al 9,2% registrado en octubre. 

Las variaciones interanuales aún muestran una corrección respecto al salto atípico provocado por la emisión monetaria durante la pandemia, pero si la tendencia continúa aún habiendo disminuido la inflación entonces el mercado inmobiliario entraría en recesión. 

El principal motivo por la corrección bajista del mercado inmobiliario es el aumento de la tasa de interés de corto plazo de la Reserva Federal, que provoca un rápido efecto contagio sobre la totalidad de las tasas en el sistema financiero. 

La tasa efectiva de política monetaria aumentó del 0,08% en febrero de 2022 al 3,08% en noviembre, y para enero de este año ascendió al 4,33%. La última reunión del Comité de Política Monetaria de la institución resolvió un aumento de 25 puntos básicos, y el presidente Jerome Powell anunció que no dejará de aumentar hasta tanto se tengan certezas para el cumplimiento de la meta inflacionaria fijada en el 2%.

La tasa de las hipotecas a 30 años respondió a los ajustes de la FED, aunque ya se venía actualizando desde mediados de 2021. La tasa hipotecaria saltó del 5,5% anual al 7,2% entre febrero y noviembre de 2022, y luego cayó al 6,23% en enero. El fuerte encarecimiento del costo del crédito provocó la retracción de múltiples compradores de viviendas en el mercado.

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