La administración de Meloni inició el sendero de reformas estructurales que Italia necesita, apuntando a rebajar la presión fiscal y eliminar las barreras para el crecimiento después de casi dos décadas de estancamiento secular. El desempleo se redujo al umbral más bajo de los últimos 14 años.

Este 25 de septiembre se cumple exactamente un año desde el triunfo histórico de Giorgia Meloni en las elecciones generales de 2022, iniciando un camino de reformas estructurales para revertir el estancamiento que sufre la economía italiana desde principios de la década del 2000.

Meloni logró la aprobación de la reforma del sistema tributario para rebajar las alícuotas sobre los ingresos de personas físicas y sociedades. También consiguió el respaldo parlamentario para flexibilizar y modernizar la legislación laboral, y emprendió un ambicioso ajuste al gigantesco “Estado de Bienestar” que asfixia al país.

En vista al año 2024, la Presidenta de Italia prometió abordar los cambios pendientes en el sistema impositivo para continuar con las rebajas sobre la clase media y las empresas, así como desarrollar un combate frontal contra la inmigración legal en el país.

Il 25 settembre di un anno fa dagli italiani arrivava una indicazione chiara: un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia. Abbiamo dato il massimo per raggiungere la vittoria, consapevoli che quella non sarebbe stata un punto d’arrivo ma un punto di partenza. A distanza… pic.twitter.com/KRS62aAzr7

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 25, 2023

Las reformas que conquistó Meloni en sus primeros meses de gestión

Reforma tributaria

El Gobierno de la “Coalición de centroderecha” consiguió aprobar un total de dos reformas que avanzan en una dirección clara: el objetivo es pasar de un sistema de tasas progresivas sobre los ingresos de personas físicas (sumamente distorsivo) a uno que aplique una tasa unificada y rebajada, lo que se conoce como “flat-tax”. 

Este sistema fue propuesto en múltiples oportunidades en los países desarrollados, por ejemplo durante las administraciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, entre muchos otros. Actualmente tiene vigencia en algunos países, por ejemplo en Rusia desde el año 2002 por iniciativa de Vladimir Putin.

El impuesto sobre la renta IRPF mantenía hasta 5 escalas progresivas en 2021 que iban del 23% al 43% respectivamente. Para el año fiscal 2022 el sistema se redujo a 4 categorías, en las cuales se rebajaron considerablemente las tasas aplicables para los ingresos medios y bajos.

Más tarde la reforma tributaria de 2023, ratificada por el Senado italiano en agosto, nuevamente modificó el sistema para imponer solo 3 categorías. Se estableció una tasa del 23% para ingresos de hasta 15.000 euros anuales, 27% para el umbral de 15.000 a 50.000 euros, y finalmente una tasa marginal superior del 43% para ingresos más elevados. Nuevamente, el alivio fiscal recayó sobre las categorías medias y bajas.

La apuesta para el año fiscal 2024 será volver a profundizar la simplificación del sistema tributario hasta converger, eventualmente, a una tasa unificada. Se apunta a consolidar una tasa única y reducida para el año fiscal 2027. De esta manera, las distorsiones generadas por el impuesto serían virtualmente eliminadas y se estimularía de una mejor manera el crecimiento de la oferta laboral.

Reforma laboral

El Gobierno avanzó con una fuerte desregulación de los contratos de duración determinada. El decreto de Meloni anunciado el día 1° de mayo, el día del trabajador a nivel internacional, dispuso la ampliación de 12 a 24 meses el límite para este tipo de contratos.

Se ampliaron los incentivos fiscales para la contratación de jóvenes menores de 30 años que no estudian ni trabajan, principalmente mediante una reducción de cargas patronales a cargo del empleador. Meloni anunció una histórica reforma sobre la tasa de impuesto de sociedades, aplicable sobre las utilidades no distribuidas.

En Italia se pagaba una tasa media del 24%, pero tras la reforma de Meloni se creó una alícuota preferencial del 15% aplicada para empresas que declaren una ampliación de su planta permanente de personal.

El mercado laboral respondió positivamente a todos los cambios que se fueron acumulando desde octubre del año pasado. La tasa de desocupación retrocedió al 7,6% de la población activa al término de julio, registrando los valores más bajos desde 2009. La tasa de ocupación alcanzó el 61,3% de la población total de referencia, dos puntos porcentuales por encima del nivel que había antes de la pandemia.

Recorte del “Estado de Bienestar”

El ajuste al tamaño del sector público comenzó a través de las onerosas transferencias sociales que el Estado italiano otorgaba para personas que realmente no las necesitaban. El gigantesco peso del “Estado de bienestar” requiere una presión fiscal que resulta incompatible con el crecimiento, por lo que la reestructuración es de suma importancia.

Meloni anunció la quita de subsidios para un total de 202.000 personas entre julio y agosto, todo esto a cuenta del programa “Renta Ciudadana”. En el recorte no fueron incluidas aquellas familias con hijos menores de edad, o con algún integrante en situación de discapacidad que requiere de constante asistencia económica.

Todas las personas que percibieron este subsidio del Estado, en perfectas condiciones de trabajar, pero que rechazaron por lo menos dos ofertas laborales concretas, fueron despojadas de los beneficios. Asimismo, el Gobierno ofreció un Apoyo para la Formación y el Trabajo (SFL por sus siglas en italiano) para facilitar su incorporación al mercado laboral en los próximos meses.

El recorte de estas partidas presupuestarias es fundamental para concretar la meta fiscal del año 2023, que pretende recortar a la mitad el déficit financiero del Gobierno consolidado.

Se busca reducir la jornada laboral sin una mejora de productividad, lo cual llevará a un fuerte impacto en la informalidad, la desocupación, y una caída en el nivel general de salarios.

El gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa vuelve a insistir con un proyecto para rebajar la jornada laboral legal hasta las 36 horas semanales, con la intención de seguir sumando proyectos que le caen bien a la gente de cara a las elecciones de octubre.

Este martes se tratará en el Congreso una versión del proyecto. Si bien existen una serie de borradores entre los distintos bloques del espacio oficialista, la propuesta más extremista promete rebajar la jornada semanal a 36 horas, aunque existen otros que plantean un tope en torno a las 40 horas.

Esto conforma otra medida más en el arsenal desplegado por Massa para tratar de entrar en el ballotage. La justificación oficial del proyecto consiste en argumentar que la jornada laboral es de hecho (y no solamente por una ley) más baja en los países más desarrollados del planeta. Asimismo, se postula que el proyecto eventualmente “apuntalará la productividad” aunque sin ningún sustento serio.

Si bien es correcto afirmar que en las economías desarrolladas la jornada laboral es drásticamente inferior al que tienen las economías en vías de desarrollo como la Argentina, es un error usual pensar que esto se debe a un mero tecnicismo legal ofrecido por los políticos.

La jornada laboral se reduce de manera natural en respuesta a las mayores tasas de capitalización a las que pueden acceder los trabajadores de un país. Esto es, la mayor inversión en capital físico (maquinaria, equipo pesado, avances en la tecnología) y capital humano (educación superior, capacitación profesional, etc). 

Es por medio de estas fuentes que los trabajadores se vuelven más productivos y, con ello, pueden disfrutar de una menor jornada laboral para producir más bienes y servicios. Esto no funciona al revés: forzar la reducción de la jornada laboral no incentiva la productividad, sino que por el contrario la penaliza.

La cantidad de horas semanales que trabajan en promedio los ciudadanos en Noruega asciende a un total de 34, lo mismo ocurre en países como Finlandia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria. Otros países como Francia, Italia, Suecia, Irlanda y España mantienen jornadas laborales semanales de 36 horas en promedio. 

Pero ninguno de estos países consiguió tales umbrales por manifestarlo en una ley, sino que hubo la necesidad de acumular décadas de inversión en capital para poder afianzar un nivel de productividad compatible con tales jornadas reducidas. El Estado no permitió afianzar este proceso, sino que fue la innovación propia de la economía de mercado la que favoreció la disminución de las horas de trabajo.

Incluso si estos países establecieran una ley obligando a las empresas a respetar una jornada laboral de 36 horas, el impacto podría ser prácticamente nulo debido a que el mercado ya inspiró estos parámetros hace mucho tiempo. El caso argentino es diferente, la productividad argentina está muy lejos de ser la que alcanza cualquier país europeo.

La disminución forzada de la jornada laboral en Argentina sólo multiplicará los incentivos para la contratación informal, y eventualmente una mayor tasa de desocupación abierta. Esto se suma a los estándares extremadamente rígidos de la legislación laboral argentina, que no sufrió reformas estructurales significativas desde el año 1974 cuando se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo.

La propuesta incluye un drástico ajuste a los gastos del sector público y una solución definitiva a la bola de pasivos remunerados contenida en el Banco Central. La emisión monetaria sin respaldo quedaría completamente desbaratada y Argentina recuperaría una moneda para ahorrar.

Los principales asesores económicos de Javier Milei, entre ellos Carlos Rodríguez, Darío Epstein y Emilio Ocampo, se pronunciaron al respecto de la propuesta para eliminar el Banco Central y eliminar el peso como instrumento de falsificación sistemática contra el poder de compra de los ciudadanos.

El programa consta de varios ejes, atacando la cuestión monetaria pero también el aspecto fiscal para garantizar consistencia. La eliminación del rol preponderante del peso (y su reemplazo por el dólar) podría desarrollarse en un lapso de 9 a 24 meses, y una vez terminado el proceso, podría avanzarse con la eliminación definitiva del Banco Central tal y como lo conocemos hoy.

La reforma desde el punto de vista monetario

El director de Research for Traders, Darío Epstein, se pronunció abiertamente en contra de cualquier tipo de posibilidad de un “plan bónex”, y aseguró que la propuesta de La Libertad Avanza no incluye ninguna ruptura de contratos previamente acordados.

También descartó de plano la necesidad de una hiperinflación para llevar a cabo la propuesta, una crítica usual de los economistas de Juntos por el Cambio y del kirchnerismo.

En cambio, el principal eje de la propuesta monetaria será la reestructuración del Banco Central, liquidando sus activos contra sus pasivos. Este ejercicio es un paso previo indispensable para pensar en su eventual eliminación.

Para efectuar el proceso, un primer rescate será sobre el circulante de pesos en la economía, y a partir de allí avanzar cada vez más en profundidad con los distintos agregados monetarios. Para que esto pueda darse a un tipo de cambio de conversión razonable, será necesario primero reestructurar la deuda remunerada del BCRA, y a estos efectos la propuesta de Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky presenta una solución.

Se propone la creación de un fideicomiso con legislación extranjera, que emitirá nuevos bonos de corto plazo con los cuales serán rescatados por pasivos del BCRA. Estos bonos estarán garantizados por los títulos acumulados de la institución (las Letras Intransferibles y los Adelantos Transitorios), además de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, una cierta participación accionaria de YPF y hasta se baraja la posibilidad de ofrecer recursos fiscales a modo de garantía.

Esta maniobra le permitiría al BCRA hacerse de los dólares necesarios para rescatar todos sus pasivos. Ocampo fue elegido para liderar y administrar este proceso, prometiendo eventualmente poner fin a la institución cuando se haya terminado. De esta manera podría convertirse en el último presidente del Banco Central, desde su fundación en el año 1935.

La reforma desde el aspecto fiscal

La pata “fiscal” de la reforma también es sumamente necesaria para garantizar la consistencia del programa económico de Milei. El ancla fiscal es necesaria para detener inmediatamente toda la nueva asistencia monetaria al Tesoro, incluyendo la asistencia directa y también las compras de títulos públicos. Por otra parte, el ajuste debe ser creíble para erradicar cualquier especulación por dominancia fiscal en el futuro.

A estos efectos se propone un ajuste inicial equivalente al 5% del PBI para el año fiscal 2024, uno de los recortes más ambiciosos de la historia argentina para un período de 12 meses. Con el paso del tiempo se propone extender el ajuste hasta los 15 puntos del PBI, pero teniendo en cuenta no sólo al ámbito nacional sino también a las Provincias y los municipios (entre todos los componentes el Estado supera los 42 puntos del PBI).

El ajuste inicial sobre el Estado nacional (que representa poco más del 22 puntos del PBI) se explicará por las siguientes partidas:

• La privatización del sistema de obra pública, para avanzar hacia un sistema de iniciativa privada similar al que opera en Chile. Esta partida es equivalente al 1,6% del PBI en el gasto nacional

• Programa de privatización de las empresas del Estado nacional, ahorrando un déficit operativo en torno al 0,7% del PBI, que asciende al 1,2% del PBI sumando las contribuciones figurativas

• Recorte a las transferencias discrecionales a las Provincias, por un monto que algunos economistas estiman en el 0,7% del PBI cada año

• Eliminación de los subsidios económicos a las tarifas de servicios públicos. Solamente los destinados a energía y transporte ascienden al 2,6% del PBI, pero también existen subsidios a la industria, producción primaria y las comunicaciones con un umbral para recortar en torno al 1% del PBI.

Bajo estos lineamientos para el ajuste fiscal inicial de 5 puntos del PBI, resulta factible. Por otra parte, las privatizaciones no solo tienen el potencial de eliminar el flujo de déficit que cada año debe costear el sector público (y la sociedad), sino también acaparar stocks por las ventas, con los cuales podrían cancelarse obligaciones o emplearse de diversas maneras.

Los ingresos por privatizaciones llegaron a promediar el 1% del PBI a lo largo de la década de 1990, con lo cual son ingresos que pueden alcanzar cifras verdaderamente significativas.