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Economía

Con un Congreso demócrata y Joe Biden en la presidencia, Estados Unidos se dirige al mayor aumento del gasto público de su historia

Joe Biden asumió la presidencia con una importante mayoría en el Congreso. Un análisis histórico nos indica que cuando los demócratas estuvieron en esta posición, explotaron el gasto público y la deuda, y llevaron al país a la crisis.

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Después de un año de pandemia, el desafío mundial para 2021 consiste en superar el impacto económico, volver al crecimiento y poner orden en las finanzas públicas, fuertemente deterioradas por una situación atípica. 

Sin embargo, el país líder del mundo, no muestra signos de austeridad en el manejo de sus finanzas mandando una fuerte señal al resto del mundo, mientras Joe Biden promete mayor intervención, más ayudas sociales y una expansión histórica del sistema de salud estatal.

Si bien propone un importante aumento impositivo, lo cierto es que las erogaciones también aumentarán sin pausa.
Desde enero de 2019 el Partido Demócrata pasó a controlar la Cámara de Representantes y, con ello, un enorme poder sobre las cuentas fiscales. 

Pese a la tenacidad de Donald Trump, quien siempre apuntó a congelar el gasto público, los demócratas desde que llegaron a controlar el Congreso en 2018 lograron impulsar un sideral aumento del gasto público (incluso antes de la pandemia).

Desde La Derecha Diario analizamos el gasto público histórico (en porcentaje del PBI) en relación a qué partido controlaba la Cámara de Representantes en esos años. En Estados Unidos, los diputados y las comisiones presupuestarias son los que verdaderamente manejan la agenda fiscal del país, a diferencia del Poder Ejecutivo.

La conclusión es clara: desde 1950, cuando los republicanos controlaron la Cámara de Representantes, el gasto público descendió, mientras que cuando estuvo en manos demócratas, este subió.

Fuente: Elaboración propia en base al Buró de Servicios Fiscales.

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Hoy en día, los demócratas no solo controlan la Cámara de Representantes si no que tienen mayoría en el Senado, por lo que, siguiendo esta métrica, se puede esperar casi con certeza un explosivo aumento del gasto público de parte del Gobierno federal.

A diferencia de lo que ocurrió con Barack Obama, quien gobernó 6 de los 8 años con un Congreso republicano, Biden no está obligado a negociar un programa fiscal de aumentos impositivos a cambio de recortar gastos, sino que podrá eludir estos últimos en un plan con sello “progresista”, mientras la Reserva Federal sigue emitiendo dólares indiscriminadamente.

La situación económica genera una presión para poner ordenamiento fiscal, pues el nivel de déficit que deja la pandemia es insostenible en el largo plazo, pero la situación política parece más permisiva y proclive al gradualismo fiscal

Una vez más, el control sobre la Cámara de Representantes fue crucial para determinar el nivel de gastos sobre la esfera federal. Presidentes republicanos como Richard Nixon o Ronald Reagan tuvieron fuertes dificultades para bajar el gasto público frente a un Congreso opositor. 

Del mismo modo, presidentes demócratas como Bill Clinton o Barack Obama corrieron la misma suerte cuando intentaron aumentar el tamaño del Estado frente a una dura oposición republicana.

Esta es la primera vez desde la crisis del 2008 que los demócratas tienen el control total del Poder Legislativo y Ejecutivo, y en aquél entonces el país experimentó el mayor aumento del gasto público de la historia.

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Casi 40 años de exhaustivo control demócrata sobre el parlamento (entre 1955 y 1994) implicó un aumento del “Estado de Bienestar”, la expansión de los programas sociales, y la negativa frente a las sucesivas propuestas de ajuste fiscal, comúnmente presentadas por los republicanos. 

Las elecciones legislativas de medio término en 2022 serán cruciales para determinar el rumbo fiscal de los Estados Unidos y tratar de frenar todo esto.

Pronto, la principal agenda de los partidos será un debate entre el conservadurismo fiscal de los republicanos y el “liberalismo moderno” (progresista) de los demócratas

El programa propuesto actualmente por Biden supone un aumento de US$ 5,4 billones (trillion, en anglosajón) en nuevas erogaciones federales para los próximos 10 años. De cumplirse exitosamente, ni siquiera el aumento impositivo propuesto sería capaz de compensar los nuevos gastos. 

Si los aumentos impositivos logran cumplir con éxito la meta de recaudación estipulada (algo que despertó cierto escepticismo en la oposición), el Estado norteamericano sumaría un total de US$ 3,4 billones (trillion, en anglosajón) a sus arcas, incrementando así de forma notoria el déficit federal y la necesidad de endeudamiento para financiarlo.


Por Germán Pérez Dalmau, para La Derecha Diario.

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Economía

La Argentina que dejó el kirchnerismo: Milei recibió un país sin consumo privado, sin inversión y sin exportaciones

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El modelo kirchnerista demostró un agotamiento notable que finalmente condujo a la recesión desde la segunda mitad de 2022. La crisis se profundizó a lo largo del año pasado, y el cuatro trimestre de 2023 finalizó con los principales indicadores macroeconómicos en rojo.

El INDEC anunció los resultados sobre el avance del nivel de actividad y sus principales componentes correspondientes al cuarto trimestre del año 2023, el último de la administración del exministro y fallido candidato Sergio Massa.

Los resultados publicados demuestran el agotamiento de un modelo económico obsoleto. El organismo oficial de estadísticas determinó que la variación desestacionalizada del PBI (a precios constantes) marcó un rojo del 1,9% en el último trimestre del año pasado. El principal termómetro de la economía argentina registró un magro resultado hacia el final de la gestión massista.

La producción industrial sufrió una caída de hasta el 6% interanual en el último cuarto de 2023, el sector del comercio minorista y mayorista registró un retroceso del 3,9%, la producción de electricidad, gas y agua se desplomó un 5,1% interanual, los servicios de intermediación financiera cayeron un 4,4%, y la construcción sufrió un declive de casi un 1% en el mismo período.

No obstante, y pese al arsenal de medidas artificiales y cortoplacistas adoptadas por el exministro, el consumo del sector privado se desplomó hasta un 1,5% entre octubre y diciembre de 2023. 

Los paliativos de corto plazo, las ayudas y los subsidios temporales, poco y nada pudieron hacer para compensar la estampida inflacionaria y la erosión del poder adquisitivo de los salarios (especialmente en el sector informal).

La inversión real de la economía argentina se contrajo casi un 11% en el cuarto trimestre de 2023, superando holgadamente a la variación negativa del mismo período pero del 2022 (que había llegado al 4,5% respectivamente).

El país dejó de invertir cada vez más en renovación de maquinaria, infraestructura, tecnología, etc. Bajo las reglas de juego del exministro Massa, la Argentina se había convertido en un destino fallido para el desarrollo de la iniciativa privada y la inversión a largo plazo.

En otras palabras, el nuevo Gobierno del Presidente Javier Milei no solo heredó una economía en recesión y estanflación (con los precios aumentando a un ritmo del 1% diario), sino que además el retroceso de la inversión en formación bruta de capital deterioró la capacidad instalada del país para poder recuperarse de la crisis. La Argentina se descapitalizó por cuatro años.

Todo esto se suma a la oleada de desequilibrios fiscales, cambiarios, monetarios y de precios relativos que dejó plantados el Gobierno anterior. Al menos un 200% de brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, un saldo de reservas netas en rojo por US$ 11.000 millones de dólares, un stock de pasivos remunerados equivalente a casi el 300% de la base monetaria (11 puntos del PBI) y un déficit fiscal nacional superior al 6% del producto. Se trata de una de las peores herencias macroeconómicas de la historia argentina.

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Economía

Se desarma la bomba de pasivos remunerados que caen al 5% del PBI y se acerca la salida del cepo

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El stock de las letras del Banco Central se redujo a la mitad desde que el Presidente Milei asumió la dirección del país el pasado 10 de diciembre. También disminuyó notoriamente la emisión monetaria a cuenta de los intereses asociados a los pasivos remunerados.

Las condiciones macroeconómicas idóneas para la liberalización total del mercado cambiario están cada vez más cerca de ser una realidad. Desde el 10 de diciembre del año pasado el Gobierno desplegó un amplio programa de saneamiento sobre el balance del Banco Central, al mismo tiempo en que el Ministerio de Economía equilibró sus finanzas y mitigó la dominancia fiscal sobre la política monetaria.

En solo tres meses de gestión, la administración de Santiago Bausili al frente del BCRA logró reducir el stock de pasivos remunerados del 10,5% al 5% del PBI según estimaciones de las consultoras privadas. La carga por la “bola de nieve” de las Leliq se reconvirtió en el stock de Pases, y este último se vio rápidamente licuado por la evolución inflacionaria.

En tiempo récord, la magnitud de la emisión monetaria a cuenta de pagar los intereses por los pasivos remunerados también se redujo a la mitad, del 10% al 5% del PBI respectivamente desde diciembre de 2023. Este monto también es conocido como el “déficit cuasi-fiscal”, y significaba un verdadero peligro para la estabilización de la economía.

Para poder liberalizar los controles cambios y permitir la libre compra-venta de divisas, el Gobierno apuntó primero a operar sobre los desequilibrios de sobrante de pesos que dejó la gestión anterior. 

Ante una liberalización cambiaria, los agentes (bancos, pequeños ahorristas, etc) podrían verse atraídos por huir del peso hacia el dólar de manera rápida y violenta, provocando así un colapso de la demanda de pesos y de la renovación de los pavos remunerados. 

Esto llevaría rápidamente a la hiperinflación, ya que la cantidad de dinero en circulación podría incrementarse de forma dramática en poco tiempo (y cuando más elevada es la inflación, más rápido es el efecto de la emisión de dinero en el sistema).

El Gobierno del Presidente Milei se propuso evitar a toda costa un escenario hiperinflacionario, por lo que el saneamiento del balance del BCRA haría posible una muy pronta liberalización cambiaria sin el riesgo de provocar la violenta espiral inflacionaria.

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Economía

Las jubilaciones subirán 7 puntos por encima de la inflación en abril y luego aumentarán según IPC de manera automática

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Entre el aumento por inflación, el adicional del 12,5% y el bono de $70.000, las jubilaciones subirán un 62% en abril, lo cual le ganará a la inflación por 7 puntos en términos reales, y se darán incrementos cada mes.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó con más detalles la nueva fórmula previsional, publicada este lunes a través del Decreto 274/24 en el Boletín Oficial, la cual establece que los jubilados y pensionados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que a la nueva fórmula se le va a adicionar el 12,5% de recomposición y el bono de $70.000 pesos, lo que suma un incremento de aproximadamente 62% en lo que va del año, unos 7 puntos por encima de la inflación acumulada del 55% entre enero y marzo.

Esto cambia radicalmente lo que iba a pasar con los haberes si no se cambiaba la fórmula. El aumento a los jubilados iba a ser de 0% en abril y en mayo”, advirtió el vocero. “En julio empieza a regir de manera plena esta nueva fórmula y se va a hacer el cálculo de cuánto hubiese sido el ajuste sólo aplicando la fórmula anterior, y si hay alguna diferencia se le va a abonar a los jubilados”.

“Esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos nuevamente a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener discutida una reforma previsional y una reforma laboral más integrales que hagan que el sistema jubilatorio sea sustentable”, concluyó.

En la misma línea, el comunicado oficial de la Oficina del Presidente anunció el lanzamiento de una nueva fórmula previsional para ajustar los haberes a partir de junio de manera automática, con el objetivo de detener la masiva pérdida de poder adquisitivo en la que se vieron alcanzados los jubilados en los últimos cuatro años.

El equipo económico presidido por el ministro Luis Caputo dispuso que a partir de abril, todos los haberes previsionales (sin ninguna excepción) serán actualizados por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ese mes y en mayo, el ajuste será por decreto, mientras que a partir de junio se hará de manera automática sin la necesidad de una intervención presidencial.

Este último aumento tiene el objetivo de evitar que la transición entre la nueva fórmula previsional y la anterior pueda provocar cualquier tipo de erosión sobre el poder adquisitivo de los jubilados (como por ejemplo ocurrió entre el último trimestre de 2017 y el primero de 2018).

En otras palabras, el poder adquisitivo de los jubilados dejará de licuarse con las nuevas reglas de juego del sistema, al mismo tiempo en que se espera un fuerte descenso de la tasa de inflación para los próximos meses. Conforme disminuya la inflación, las jubilaciones podrían aumentar en términos reales debido a que la fórmula siempre se ajusta por el dato del IPC del mes anterior (y viceversa cuando la inflación aumenta).

Asimismo, el nuevo esquema presentado garantiza una mayor estabilidad en la relación del gasto previsional con respecto al PBI. De esta manera se facilita la tarea de confeccionar presupuestos, y de destinar los recursos correspondientes a los jubilados y pensionados sin incurrir en errores por falta de actualización.

La fórmula previsional kirchnerista ajustaba los haberes de acuerdo al índice RIPTE de salarios (el cual perdió contra la evolución de los precios en los últimos 15 años), y al mismo tiempo se componía por la recaudación de la seguridad social (también muy inestable debido a la gran cantidad de empleo informal). Esta fórmula fue directamente responsable de que el poder adquisitivo de una jubilación mínima cayera casi un 40% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

El Gobierno anterior desplegó una serie de bonos adicionales para tratar de compensar (parcialmente) la debacle sobre las jubilaciones, pero estos únicamente se aplicaron sobre el haber más bajo. Las jubilaciones medias y altas no se vieron alcanzadas por los bonos, y esto deterioró todavía más los escasos incentivos existentes para aportar al sistema previsional.

La legislación laboral vigente demostró ser abiertamente disfuncional en vista a la tamaña proporción del empleo no registrado en relación al total del trabajo de la Argentina, y los incentivos nocivos del sistema de reparto estatal no hacen más que acrecentar la tendencia.

El Gobierno también apunta a erradicar el déficit del sistema previsional operando desde el punto de vista de sus ingresos. En este sentido, se apunta a la flexibilización de la legislación laboral (más puestos formales potenciales para aportar al sistema) y la mejora de los incentivos para el esfuerzo.

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