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Economía

Corrida bancaria y pánico en Estados Unidos: Los 20 bancos regionales más importantes del país al borde de la quiebra

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Las instituciones financieras regionales más importantes del país sufrieron un profundo revés bursátil en la apertura de este lunes. La corrida bancaria se propaga por el sistema financiero y amenaza con reproducir un episodio traumático similar a la Gran Recesión de 2008.

Como anticipó este medio, la corrida bancaria de los Estados Unidos afectó más fuerte a los bancos regionales, instituciones con un nivel de exposición más delicado ante retiradas de depósitos en poco tiempo.

Desde que comenzó la jornada de este lunes, los 20 bancos regionales más importantes del país sufren violentas caídas bursátiles sin ningún tipo de excepción. Se observaron caídas que varían del -6% al -82% en el valor diario de los títulos negociados.

Estos son los peores números observados desde la pandemia, y los más dramáticos desde la Gran Recesión del año 2008 exceptuando las circunstancias extraordinarias de 2020. Es la primera vez desde 2008 que hay una fuerte caída en Wall Street sin que haya pandemia.

La Western Alliance Bancorporation, el banco regional de Arizona y el 13avo banco más grande del país sufrió el peor impacto y su valor bursátil cayó violentamente hasta un 82,47% en las primeras horas de la apertura.

El shock fue secundado por la caída del First Republic Bank (-71%), Comerica bank (-50%), KeyCorp (-34%), Fifth Third Bank (-26%), First Horizon Bank (-22%), Trust Financial Corporation (-19,7%), Huntington Bank (-19%), Webster Financial (-12,8%), Frost Bankers (-12,1%), US Bancorp (-10%), PNC Financial Services (-9%), entre otros. 

El próximo paso para la culminación de la corrida bancaria es el efecto que tendrá esta crisis sobre los bancos más importantes en todo el país y la economía mundial, entre ellos JP Morgan, el Bank of America y Wells Fargo.

El origen de la corrida contra los bancos

El colapso del Silicon Valley bank demostró no ser un hecho aislado, sino que repercutió caóticamente sobre el resto del sistema financiero en temor a mayores problemas de iliquidez (lo cual se termina validando en la práctica como una profecía autocumplida).

Ante la suba de la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, el retorno de los activos financieros (por ejemplo los bonos del Tesoro estadounidense) se vieron notoriamente más atractivos para los ahorristas en contraposición al atesoramiento de dinero en cajas de ahorro, que no abonan intereses suficientes como para compensar una inflación interanual del 6,4%.

La fuga de depósitos desde las entidades bancarias hacia los activos financieros con retornos más altos constituye el eje de la corrida, y un efecto natural por el endurecimiento monetario que lleva a cabo la FED, del mismo modo en que ocurrió en 2008 luego de que el entonces presidente Ben Bernanke llevara a adelante un fuerte ajuste anti-inflacionario entre 2004 y 2006. 

La FED de Jerome Powell enfrenta una difícil disyuntiva. La inflación no solo está lejos de converger al rango objetivo (en torno al 2% anual), sino que su baja resultó mucho más tenue y paulatina de lo que estaba previsto. En vista a la corrida bancaria y la evidente reversión en la curva de bonos, las probabilidades de una recesión abierta se disparan

La FED debe elegir entre mantener el endurecimiento monetario para controlar la inflación incluso a costa de una recesión (como eligió en su momento el entonces presidente de la entidad Paul Volcker), o ceder ante la presión bancaria y disminuir la incertidumbre por medio de una nueva inyección de liquidez. un hecho monetariamente expansivo que elevará aún más la inflación.

Los analistas de BlackRock esperaban que la tasa de interés de corto plazo se estabilizara en el 6% anual para fin de año, pero en vista a los más recientes acontecimientos los mercados operan en plena incertidumbre y ni la Reserva Federal ni la Casa Blanca pueden elucubrar una respuesta que los tranquilice.

Economía

Pettovello eliminó la intermediación del plan Potenciar Trabajo y se lanzan dos nuevos programas con ayuda directa

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El Ministerio de Capital Humano avanza con la racionalización y reorganización de los planes sociales, a fin de que los únicos beneficiarios sean las personas que más necesitan de ayuda estatal, y no las organizaciones violentas de la izquierda.

En línea con los anuncios que dispuso el Gobierno de Javier Milei desde su misma asunción, el Ministerio de Capital Humano al frente de Sandra Pettovello confirmó una nueva reorganización del sistema de planes sociales para poder garantizar que la ayuda del Estado le llegue a la gente de forma directa, sin intermediación ni negocios encubiertos.

Se anunció el fin del plan Potenciar Trabajo tal y como se lo conocía hasta ahora. Este programa aglutinaba hasta a una gran cantidad de organizaciones violentas y de izquierda, que utilizaban a las personas más carenciadas como un medio de financiamiento para sus propios propósitos políticos.

Paralelamente, el Ministerio de Capital Humano lanzó dos nuevos programas sociales: “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social" respectivamente. A diferencia de su predecesor, estos planes significarán una ayuda directa para las personas que califiquen para cobrarlo. 

Ya no habrá más lugar para ningún tipo de extorsión ni condicionamiento político por parte de ninguna organización de izquierda que pretenda chantajear a las personas que necesitan de un plan social.

El programa Volver al Trabajo dependerá directamente de la propia Secretaría de Trabajo, y la razón detrás de esto es que el Gobierno podrá realizar evaluaciones de impacto, y de este modo poder monitorear el desempeño del programa. 

Bajo el plan Potenciar Trabajo, tan solo un 1,3% de las personas beneficiarias lograron incorporarse al mercado laboral, demostrando así que no se daban las herramientas necesarias para poder lograrlo. El Gobierno 

Asimismo, el nuevo plan Acompañamiento Social dependerá de la Secretaría de Niñez y Familia. La naturaleza de este programa es distinta a la del anterior, ya que sus propósito no es la incorporación al mercado laboral, sino fundamentalmente mitigar la pobreza y las dramáticas consecuencias que esta provoca sobre los chicos menores de 14 años. 

La pobreza en los segmentos etarios más bajos es considerablemente más alta que en cualquier otro segmento de la población, y este problema condiciona alarmantemente la generación de capital humano para el futuro. Esta es la razón misma por la cual el Gobierno lanzó el propio Ministerio de Capital Humano, y sin lugar a dudas será su desafío más importante durante los próximos cuatro años.

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Tras el decreto de desregulación, la oferta de viviendas se dispara y el precio de los alquileres disminuyó en un 22% en términos reales

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Las actualizaciones de los contratos de alquiler perdieron sistemáticamente contra la inflación en los últimos dos meses, y esto se debe a la gran cantidad de viviendas que salieron a ofrecerse al mercado. La eliminación de las restricciones permite que cada vez más personas accedan al alquiler.

El mercado inmobiliario está experimentando un fuerte repunte en la cantidad de viviendas ofrecidas en alquiler. Tras el decreto de desregulación 70/2023 anunciado por el Presidente Javier Milei en el mes de enero, las condiciones en el mercado mejoraron notoriamente para que cada vez más personas puedan acceder a una vivienda.

Solamente en enero la cantidad de viviendas en alquiler en la Capital Federal llegó a duplicarse, y lo mismo ocurrió con los principales centros urbanos del país que habían sido afectados por la ley de alquileres sancionada en 2020.

El boom en el mercado de viviendas condujo a que el precio promedio de los contratos de alquiler cayera en un 22% medido en términos reales (ajustado por inflación). En otras palabras, los alquileres se ajustaron sistemáticamente por debajo de lo que subieron los precios en los últimos dos meses. Cada salario puede cubrir, en términos relativos, una proporción cada vez mayor de un contrato de alquiler.

Desde el punto de vista de los propietarios, la mayor flexibilidad regulatoria permite garantizar una cierta rentabilidad que no será diezmada por la inflación, y de esta manera se dan más incentivos para poner una propiedad en alquiler. El nuevo marco regulatorio también otorga garantías ante eventuales contingencias, para las cuales los propietarios pueden protegerse.

Y desde el punto de vista de las millones de personas que necesitan alquilar, la mayor oferta de viviendas permite que los precios sean más competitivos. Las barreras a la entrada en el mercado inmobiliario se reducen cada día más, favoreciendo especialmente a los estratos de ingresos más bajos.

Con la ley de 2020, el valor real de los contratos de alquiler no se ajustaba debidamente a la inflación y se producía una transferencia de ingresos artificial de propietarios hacia inquilinos. Pero esto solo ocurría con aquellos usuarios que tuvieron la suerte de poder alquilar.

Conforme avanzó este proceso distorsivo, cada vez más propietarios retiraron sus propiedades del alquiler (para venderlas o utilizarlas para otros fines), y esto provocó que los precios de entrada en el mercado se encarecieran constantemente. Los alquileres aumentaron muy por encima de la inflación entre 2020 y 2023.

Las regulaciones sobre el mercado inmobiliario beneficiaron a los segmentos con ingresos medios y altos que pudieron acceder a pagar elevados precios de entrada, mientras que las personas con ingresos bajos perdieron toda posibilidad de acceso. 

Este es el problema troncal que el Gobierno actual se propuso atacar como una de sus primeras medidas en el poder. Los resultados del proceso de desregulación comienzan a vislumbrarse. 

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Finaliza el curro de las organizaciones piqueteras: El Gobierno redujo del 30% al 1% la financiación de piqueteros a través del Impuesto PAIS

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Se modificó el esquema de distribución de los recursos generados por el impuesto, para dar una mayor prioridad a las obras de infraestructura por el tiempo en que dure el tributo en actividad. Los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras pierden sus privilegios.

En los últimos cuatro años el Gobierno de Alberto Fernández subsidió incesantemente a las organizaciones sociales y piqueteras que interrumpieron las vías de tránsito y le significaron enormes contingencias para millones de trabajadores. Con la llegada del Gobierno de Javier Milei, los privilegios de estas organizaciones de izquierda se terminaron.

El Ministerio de Economía bajo la órbita de Luis Caputo anunció una nueva modificación en la distribución de los recursos generados por el Impuesto PAIS. A partir del Decreto 193/2024 publicado en Boletín Oficial, la participación de los recursos con destino hacia las organizaciones sociales se redujo del 30% al 1%, y al mismo tiempo se llevará a cabo un proceso de fiscalización más estricto para que las organizaciones beneficiarias cumplan con la ley.

Se trata de la masa de recursos que se destina formalmente al llamado Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La financiación arbitraria de organizaciones con intereses políticos particulares deja de ser una prioridad en la Argentina, y el Gobierno decidió incrementar del 65% al 94% de la participación de los recursos generados por el tributo para la financiación de obras de infraestructura en todo el país.

Asimismo, la participación de la financiación para el turismo como parte del Impuesto PAIS se mantiene en el 5% respectivamente, cuyos recursos son administrados por el Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte Daniel Scioli (quien aceptó ocupar su cargo actual de manera ad-honorem).

Si bien en sus inicios el FISU fue concebido como un instrumento para financiar proyectos en barrios carenciados, con el paso del tiempo se convirtió en una mera caja política a cuenta de organizaciones de extrema izquierda. 

Muchas de estas organizaciones se integran en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en donde salen a la luz personajes como Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

El Gobierno prepara una mayor fiscalización y eficientización de las asignaciones sociales, ahora bajo la tutela del Ministerio de Capital Humano. El objetivo es reducir al mínimo la cantidad de intermediarios entre las prestaciones sociales y las personas que las necesitan. En este sentido, el desfinanciamiento del FISU se perfila como una estrategia para avanzar por la dirección anunciada.

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