El presidente Javier Milei vetó este lunes la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el kirchnerismo en el Congreso. Este proyecto, lejos de querer ayudar a la gente, hubiera significado la destrucción del superávit fiscal, la quiebra del Estado, y una nueva crisis económica para el país, mandando a millones de argentinos a la pobreza.
La norma preveía la creación de una Pensión Universal por Discapacidad que, según estimaciones oficiales, habría incorporado a más de 1,6 millones de nuevos beneficiarios, generando un impacto fiscal superior a los 6 billones de pesos anuales, es decir, más de 5.000 millones de dólares.
El Gobierno de Milei explicó que la medida, más allá de su enunciado "humanitario", implicaba una carga financiera insostenible para el Estado y duplicaba beneficios ya existentes sin una evaluación seria de los casos.
Javier Milei, presidente de Argentina.
Uno de los puntos más graves de la ley vetada es que ampliaba automáticamente el acceso a una pensión no contributiva a toda persona que cuente con un Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin distinción de gravedad o de la posibilidad real de insertarse en el mercado laboral.
Además, es importante señalar que el kirchnerismo distribuyó masivamente estos certificados durante sus gestiones, incluso en casos donde las limitaciones eran leves o no representaban impedimentos, un fraude que despilfarró el dinero de los argentinos y que la administración libertaria trabaja para corregir.
Por otro lado, la ley vetada también hubiera significado que 500.000 personas cobrarían una doble pensión, ya que actualmente reciben beneficios por invalidez. El proyecto no preveía ninguna cláusula de incompatibilidad o revisión, lo cual generaría una superposición de ayudas que distorsiona el principio de equidad del sistema.
El costo fiscal real de la ley de 'emergencia' en discapacidad que vetó Javier Milei
De esta manera, el decreto 534/2025 del presidente Javier Milei vetó en su totalidad la norma, junto con otras dos leyes que también implicaban aumentos de gasto sin fuente de financiamiento. La decisión será girada al Congreso, que podría insistir con mayoría agravada, aunque por ahora los números no le serían favorables a la oposición.
La medida refuerza el rumbo del gobierno libertario para avanzar hacia una Argentina sin privilegios injustificados, con responsabilidad fiscal y sin ceder a las extorsiones del populismo que dejó al país al borde de la peor crisis de la historia.
