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Economía

Crece el desequilibrio en las cuentas públicas: el déficit subió un 560% desde septiembre del 2019

El resultado primario cerró con un rojo de $ 167.182 millones en septiembre de este año, mientras que el resultado financiero ascendió hasta los $212.020 millones. Se paraliza la corrección fiscal y se profundiza el desequilibrio del Sector Público Nacional.

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Con la desaceleración en materia de actividad económica y el pésimo clima empresarial que inspira el gobierno de Alberto Fernández, la recaudación fiscal sigue sin mejorar y el gasto público parece no ajustarse a valores realistas. 

El dato fiscal para septiembre relevó un importante deterioro en las cuentas públicas, pues los ingresos subieron poco en términos nominales, y los gastos se dispararon. Sin contabilizar los intereses, el gasto público del Estado nacional ascendió a $612.806 millones. 

En contrapartida, los ingresos totales (explicados tanto por aumentos impositivos como por otras fuentes alternativas de financiamiento) subieron hasta los $445.625 millones, pero el dato se quedó muy atrás de las erogaciones realizadas, el rojo fiscal se transforma en un fuerte dolor de cabeza para Martín Guzmán. 

Los ingresos subieron un 34,3% interanual (en comparación con septiembre de 2019), un dato ligeramente inferior al ritmo de incremento en los precios. Por su parte, los gastos primarios subieron un imponente 71,6% interanual, más del doble que los recursos. 

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El modelo de cuarentena kirchnerista, un fracaso notorio tanto en la salud como en economía, generó importantes dificultades para las provincias, que se vieron en serios problemas a la hora de recaudar sus tributos provinciales y, por lo tanto, hacer frente a sus respectivas obligaciones. 

El Sector Público Nacional tuvo que salir al auxilio de los gobernadores. La negativa del Gobierno en permitir mayores flexibilizaciones está generando problemas fiscales estructurales en muchas provincias que no poseen suficiente capacidad como para amortiguar el shock. 

Contabilizando los intereses de deuda, el gasto público alcanzó los $657.645 millones en septiembre. Según el monto presupuestado que se plantea gastar para todo 2020, el gasto público consolidado a nivel país (considerando provincias y municipios) alcanzaría casi el 50% del PBI, una cifra históricamente alta. 

Dentro de las partidas que explican el alza en los gastos, el Gobierno aseguró que una gran parte de las erogaciones “anormalmente altas” se debieron a gastos extraordinarios en concepto de transferencias para el sector privado, esto es, el pago del IFE y el ATP. 

Los programas de asistencia, propios de la pandemia, explicaron el enorme aumento en las transferencias corrientes que tuvo que realizar el Estado. Las transferencias alcanzaron los $183.304 millones, lo que significa un aumento interanual del 188,3%. El 82% de este monto fue destinado al sector privado. 

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Por su parte, las erogaciones en concepto de prestaciones sociales (jubilaciones y pensiones no contributivas) ascendieron hasta los $364.772 millones, un aumento del 33,8% interanual. 

El aumento fue inferior a la inflación principalmente por el congelamiento de la fórmula previsional, lo cual evitó el mecanismo natural de indexación en la mayor parte de los haberes. 

Si bien se anunciaron nuevos ajustes en materia tarifaria para el mes de diciembre, lo cierto es que el Gobierno se negó a realizar correcciones este año, y las tarifas de los servicios públicos experimentaron un importante deterioro de su valor real

La consecuencia del congelamiento fue directa: el Estado tuvo que gastar $57.350 millones adicionales para cubrir las enormes pérdidas que generó la política tarifaria. Esto implica un aumento del 327,5%, y sólo aplica para cubrir costos operativos. 

La falta de inversiones podría poner en jaque a los servicios públicos.
De la mano del secretario de Energía, Darío Martínez, el Gobierno admitió que el sistema energético no será capaz de afrontar el exceso de demanda que se estima para el verano de 2021. 

Se prevén muchos cortes de luz en todo el país, algo que recuerda a la situación en la que se vivía en 2015.
Martínez culpó a la pandemia, y se desligó de cualquier tipo de responsabilidad.
 

Aseguró que se va a retornar a una política subsidiaria como la del 2015, pero que esta vez será más focalizada hacia los sectores que tengas dificultades, y no sobre zonas geográficas específicas.  

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Economía

Peligra el cumplimiento con el FMI: El déficit fiscal llegó a los $80.000 millones y crece cada vez más rápido

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El gasto primario del Gobierno nacional creció un 87,4% pero los ingresos totales solamente crecieron 78% pese a los aumentos impositivos. El equipo de Guzmán quiere volver a recurrir a la “contabilidad creativa” para cumplir con el Fondo.

El Ministerio de Economía informó que el déficit fiscal primario del Sector Público Nacional (SPN) volvió a crecer y llegó a los $79.185 millones en el mes de abril, y el déficit financiero llegó a los $146.314 millones considerando el pago de intereses de deuda pública y neteando los intereses intra-sector público.

En lo que va del 2022, se acumuló un déficit de $271.920 millones sin contabilizar los intereses de deuda. Solamente en abril, los gastos primarios crecieron un 87,4% en comparación con el mismo mes del año 2021, lo cual implica una fuerte aceleración considerando que en marzo habían crecido por debajo del 80%. Pero en el mismo período los ingresos totales un 77,9% interanual.

La inflación interanual de abril llegó al 58%, revelando que tanto los ingresos como los gastos se incrementaron en términos reales y, entre ambos, los gastos crecen cada vez más rápido que los ingresos. La “bola de nieve fiscal” se formó a partir de un violento incremento de los gastos por programas sociales (126% interanual) y un aumento aún más grande en subsidios energéticos (148% interanual).

Se ampliaron las partidas presupuestarias del programa potenciar trabajo, los programas alimentarios, los bonos adicionales para haberes previsionales, las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares, entre otros programas. Los gastos sociales explicaron la mayor parte del aumento del gasto público en abril, aunque la pobreza estimada ascendió al 39,1% en el semestre finalizado en abril independientemente de la política social.

Los subsidios energéticos fueron canalizados a través de transferencias a CAMMESA por un monto de $53.784 millones en abril, y esta fue la segunda partida presupuestaria más significativa para explicar los aumentos de gastos en el mes. El Gobierno justificó las medidas por el aumento de los precios internacionales, aunque su decisión pone en peligro el cumplimiento con el FMI.

Para tratar de cumplir con la meta trimestral de junio, el Gobierno hará uso (y abuso) de la “contabilidad creativa” para incrementar la percepción de rentas de la propiedad como ingresos corrientes. Las rentas de propiedad son ingresos que percibe el SPN por el valor técnico de sus bonos, por inversiones financieras o por colocaciones a plazo. Pero estas no deben ser contabilizadas en el déficit primario, ya que los intereses vía ingresos y gastos deben ser neteados.

El Gobierno produjo un cambio metodológico para forzar artificialmente un incremento de los ingresos compatible, convenientemente, con el cumplimiento de las metas. El “dibujo” contable no es estadísticamente insignificante, pues las rentas de propiedad explicaron hasta el 25% del incremento de los ingresos en abril y se estima que alcanzan hasta el 0,3% del PBI.

Si este proceso se sigue profundizando y adquiere una mayor participación en la explicación del déficit primario, el Fondo Monetario podría incluso hacer notar los problemas metodológicos del Gobierno y exigir acciones correctivas para las próximas metas trimestrales, aunque no hubo objeciones en la primera meta del año. 

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Economía

La actividad económica cayó un 0,7% en marzo y no registra crecimiento desde diciembre de 2021

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El INDEC anunció que la economía siguió estancada en marzo, al mismo tiempo en que los precios minoristas subieron un 6,7%.

La economía argentina muestra cada vez más signos de estancamiento e inflación. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) cayó un 0,7% en marzo con respecto al mes anterior. Los datos fueron elaborados y confirmados por el INDEC, y conforman otra alerta roja para el Gobierno.

El “crecimiento económico” del que se jactaba el oficialismo se encuentra agotado y reducido a un rebote estadístico si se compara contra el promedio de actividad del año 2021. El EMAE registró un crecimiento del 4,8% interanual contra marzo de 2021, un efecto arrastre que no representa la trayectoria actual de la economía.

Por el arrastre del año pasado, todos los sectores que componen el EMAE tuvieron variaciones interanuales positivas contra marzo de 2021, con la sola excepción del sector agropecuario que se derrumbó un 5,5% en los últimos 12 meses. Los crecimientos más robustos se registraron en aquellos sectores que mantuvieron una mayor carga regulatoria durante las restricciones a la circulación en 2020 y 2021.

La actividad de los hoteles y restaurantes repuntó un fuerte 33,1% contra marzo de 2021, a partir de la reapertura comercial producida a mediados de ese año. Por orden de magnitud, la actividad de Transporte y comunicaciones registró el segundo lugar en los aumentos interanuales y creció un 12,7% contra 2021, y la actividad minera creció un 12,1% en el mismo período.

Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 la economía argentina retrocedió un 0,31%, al tiempo en que se estancó la industria manufacturera y el sector de la construcción, cifras que ya anticipaban el ciclo económico del PBI. La actividad fabril cayó un 3,6% entre diciembre de 2021 y marzo de este año, y la construcción cayó hasta un 3%, considerando las series sin estacionalidad de ambos indicadores. A pesar del rebote estadístico, en lo que va del 2022 la economía se mantuvo completamente estancada.

El crecimiento de la economía se vio sistemáticamente boicoteado por los desequilibrios monetarios de la economía, y por la constante restricción a la actividad importara por parte del Gobierno y el Banco Central.

Según el INDEC, la inflación interanual superó el 55% en marzo y alcanzó el 58% en abril, las cifras más altas desde 1991. Como ocurre desde 2011 casi sin interrupción, la economía argentina vuelve a caer ante la amenaza de recuperaciones moderadas seguidas por recesión.  

Al mismo tiempo, el BCRA estableció importantes restricciones cuantificadas sobre las importaciones con el fin de evitar una mayor sangría de reservas vía cepo cambiario. El cepo cambiario impone una suerte de “techo” al crecimiento, al quedar penalizadas las exportaciones y al establecerse restricciones a la actividad importadora. 

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Economía

Lo positivo del Brexit: Colombia y Reino Unido firman un tratado de libre comercio que beneficia a ambos países

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El primer Ministro Boris Johnson y el presidente Iván Duque formalizaron un nuevo tratado de libre comercio. Tras haber abandonado la Unión Europea, el Reino Unido busca abrirse aún más al comercio internacional.

El Reino Unido sigue profundizando sus lazos con el comercio internacional, por lo que su salida de la Unión Europea no supone una impronta proteccionista. El presidente Iván Duque y el primer Ministro Boris Johnson acordaron formalizar un tratado de libre comercio.

Este tratado ya había sido suscrito el 15 de mayo de 2019, pero no había tenido vigencia legal y debía formalizarse. La ministra de Comercio de Colombia, María Ximena Lombana, aseguró que el TCL entrará en plena vigencia al cabo de unas pocas semanas para apuntalar los últimos detalles de índole meramente técnico.

Con esta nueva incorporación, Colombia mantendrá el libre comercio los países de la Alianza del Pacífico, la Unión Europea, Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, los países miembros del Mercosur, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, y ahora se sumará el Reino Unido.

Por su parte, el Reino Unido mantendrá el libre comercio con los países de la Alianza del Pacífico, la Unión Europea (el Brexit no significó ninguna modificación), Canadá, Suiza, Ucrania, Camerún, África Oriental y Meridional, Ghana, Kenia, Marruecos, Túnez, Israel, Japón, Vietnam, Corea, México, Centroamérica, Ecuador, Perú, Chile, Guyana, y ahora Colombia, entre otros países. Todos y cada uno de los 38 acuerdos del Reino Unido fueron firmados entre 2019 y 2022, por lo que el Brexit no representó una agenda proteccionista.

El TCL entre Colombia y Reino Unido supone la eliminación de la mayor parte de las barreras cuantitativas a la importación, excepto las vinculadas a estándares de salud e higiene. A su vez, las tarifas del arancel MFN percibidas por ambos países quedan reducidas a su mínima expresión.

Se flexibilizan también las rigideces regulatorias para la movilidad de capitales entre ambos países, favoreciendo el movimiento de la inversión extranjera directa. Esto resulta de vital importancia para amortiguar la inestabilidad de la cuenta capital y financiera en cada país.

Entre otros grandes beneficios, se ven erradicadas o minimizadas las barreras comerciales para la agroindustria, la industria automotriz, la industria software, los servicios financieros y el crédito, el sector energético y la infraestructura, entre muchos otros que fueron catalogados como “sectores estratégicos” por el tratado.

El tratado de libre comercio favorecerá, además, un notorio incremento de la productividad en ambos países a partir del desarrollo de las economías de escala. Cada país tendrá un mercado más amplio para producir aquello con mayor productividad relativa, y así conseguir una mayor variedad de bienes y servicios a precios más bajos que antes del libre comercio. 

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