La prima de riesgo en la economía boliviana no deja de crecer ante las expectativas de devaluación y el abultado déficit fiscal. La actividad económica comenzó a resentirse en la segunda mitad del año, y el 2023 podría finalizar con la expansión más baja observada desde 2001.

La implosión del Gobierno socialista de Luis Arce, como parte de una lucha interna con el exdictador Evo Morales, desencadenó una oleada de expectativas negativas que ya comienzan a repercutir en los mercados financieros.

La prima de Riesgo País elaborada por JP Morgan Stanley escaló por encima de los 2.000 puntos básicos, oficialmente la segunda tasa de riesgo más elevada de América Latina sólo por detrás de Venezuela. Bolivia superó a Ecuador y a Argentina en riesgo crediticio, un indicador que mide la diferencia con respecto al bono soberano del Tesoro estadounidense.

Para entender el por qué de esta situación es necesario considerar que el Riesgo País se compone de dos grandes pilares: el riesgo asociado a la devaluación de la moneda local, que llevaría a la revaluación automática de todas las deudas nominadas en dólares, y el riesgo que se explica por la posibilidad de default de la deuda. Desde ambas perspectivas, la situación del país andino es crítica.

El sistema cambiario de Bolivia es insostenible a través del tiempo: el Banco Central perdió la mayor parte de sus reservas (con la excepción de la posición de oro), y la balanza energética del país, principal componente de la balanza comercial boliviana, se torna cada vez menos favorable por la histórica reducción en la producción de gas estatal.

El tipo de cambio nominal lleva fijado (sin mayores alteraciones) desde el año 2008. El sistema permitió anclar la demanda de pesos a pesar de la emisión sin respaldo para financiar al fisco, pero solo a costa de dilapidar completamente las reservas internacionales durante años. Sin reservas, no hay posibilidad de sostener indefinidamente el tipo de cambio.

Por otra parte, el Gobierno socialista de Luis Arce no logró llevar a cabo los ajustes fiscales necesarios como para mitigar el riesgo de un incumplimiento crediticio. El déficit primario de Bolivia supera el 3,6% del PBI según las estadísticas del FMI, y el rojo financiero supera el 5,1% del producto.

El Gobierno trata de tapar la brecha fiscal por la vía del endeudamiento externo e interno, pero el stock de deuda pública total ya supera el 80% del PBI, y no parece sostenible si la prima de riesgo (que denota la confianza de los inversores) es la segunda más alta de la región.

Arce prometió una reforma tributaria para el 2024 con la mira puesta en trasladar el ajuste al sector privado, pero los mercados descreen de la magnitud en la corrección fiscal que pueda llegar a ser explicada por esta reforma.

Por otra parte, los bonos bolivianos sufren una volatilidad adicional asociada al riesgo político por la implosión del socialismo y el enfrentamiento de Arce y Morales por el poder en 2025. Desde el punto de vista de los inversores, el riesgo por suscribir títulos soberanos de Bolivia es cada vez mayor ante el posible regreso de una versión radicalizada de Evo Morales al poder.

El gobierno del socialista Luis Arce decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, y el presidente del MAS pidió incluso "declarar a Israel como un Estado terrorista".

En medio de la ofensiva terrestre israelí sobre la Franja de Gaza en respuesta al ataque terrorista de Hamas del pasado 7 de octubre, Bolivia decidió romper relaciones con Israel, mientras que Colombia y Chile llamaron a consultas a sus respectivos embajadores, y la Argentina presentó un repudio formal contra el Estado judío.

En primer lugar, Bolivia anunció la ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel este martes, producto de la “agresiva y desproporcionada ofensiva militar” contra la Franja de Gaza, la cual considera una amenaza de la paz y la seguridad internacionales.

En un comunicado oficial, el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani Machaca, indicó que su Gobierno “ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza”.

“Vamos a comunicar de manera oficial por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países precisamente esta comunicación consecuente con los principios y propósitos de la carta de Naciones Unidas”, anunció el vicecanciller en conferencia de prensa.

Asimismo, Bolivia ha exigido “el cese de los ataques contra el pueblo palestino” y rechaza el “hostil” trato de Israel hacia las organizaciones internacionales encargadas de distribuir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, señaló el vicecanciller.

Por su parte, María Nela Prada, ministra de la Presidencia y canciller interina, convocó a los “países hermanos” de Bolivia a “producir una acción colectiva” para lograr la pacificación en la región y “evitar un genocidio”. Esto, debido a los “crímenes de les humanidad contra el pueblo palestino” de los que acusa a Israel.

Un día antes, el presidente de Bolivia, Luis Arce, había pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que evite un “genocidio del pueblo palestino y allane una solución definitiva para que Palestina ejerza su derecho a la autodeterminación, a su territorio sin ocupaciones ilegales y consolide su propio Estado libre e independiente”.

En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, que actualmente preside el órgano, se mostró muy crítico con la actuación del Consejo de Seguridad: “Desde el 7 de octubre nos hemos reunido varias veces y hemos votado cuatro resoluciones. Sin embargo, seguimos estancados, debido a desacuerdos internos, sobre todo entre los miembros permanentes”, afirmó el canciller de Brasil; y agregó que “Todo el mundo está viendo nuestra incapacidad para unirnos y responder a una crisis que nos desafía”.

Las autoridades bolivianas anunciaron la ruptura con Israel tras una reunión entre el presidente Luis Arce y el embajador palestino en Bolivia, Mahmoud Elalwani. El mandatario boliviano “rechazó los crímenes de guerra que se cometen en Gaza” y contó que le expresó su solidaridad al embajador y a todo el pueblo boliviano.

Por su parte, Hamas festejó en un comunicado el martes el anuncio de Bolivia expresando su "gran estima" por la decisión que tomó frente al gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, e instó "a los países árabes que han normalizado sus relaciones" con Israel a hacer lo mismo.

Tras el anuncio de Bolivia, Chile y Colombia tomaron cartas en el asunto y llamaron a consultas a sus embajadores en Israel como muestra de rechazo a la ofensiva terrestre israelí, la cual es producto del ataque terrorista que Hamas lanzó el pasado 7 de octubre, y que acabó con la muertes de más de 1.400 personas en Israel, y dio pie al secuestro de, por lo menos, otras 230.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó a través de su cuenta de X que llamó a su embajadora a consultas alegando que, “Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá”. La llamada a consultas, dentro del ámbito diplomático, representa una señal de protesta más dura que una simple declaración oficial.

Por su parte, Gabriel Boric, presidente de Chile, escribió en su cuenta de X que, “Ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, como Gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal”.

El presidente chileno agregó que “Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares -que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza- no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños”.

Cabe recordar que Bolivia expulsó al embajador israelí en 2009 durante la presidencia de Evo Morales con motivos de otro conflicto entre Israel y Hamas; y que las relaciones fueron recién restablecidas durante el gobierno de Jeanine Áñez entre 2019 y 2020.

En este sentido, el expresidente Evo Morales ha pedido a Luis Arce una condena más firme contra Israel. Sin embargo, tras la decisión del gobierno actual, Morales sentenció que la ruptura de relaciones “no es suficiente”. Bolivia “Debe declarar al estado de Israel como un estado terrorista”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, la Cancillería de Argentina se sumó a la posición de Boric y Petro, y a través de un comunicado firmado por el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, condenaron la respuesta israelí al ataque terrorista de Hamás.

🚨EL GOBIERNO DE MASSA APOYA EL TERRORISMO🚨

La Cancillería argentina RECHAZÓ la respuesta de Israel ante el ataque de la agrupación terrorista islámica HAMAS y se suma a la posición de la IZQUIERDA sudamericana PRO-TERRORISMO☠️ pic.twitter.com/oYspcaPLcp

— Alejandro Sarubbi Benítez (@sarubbibenitez) November 1, 2023

Se estima que para el año 2030 la producción será tan escasa que Bolivia perderá todos sus mercados de exportación, e incluso es posible que se convierta en un país importador neto de energía. Los años de desinversión estatal destruyeron completamente esta ventaja comparativa histórica.

Las consecuencias del “socialismo del siglo XXI” llegaron para quedarse. Después de años bajo control estatal y nulas inversiones, el principal sector generador de divisas de Bolivia, el gas y la industria de hidrocarburos, está enfrentando la crisis más importante de su historia.

El entonces presidente socialista Evo Morales decretó la expropiación de la mayor parte de la industria del gas a partir del decreto 28.701 firmado en enero de 2006, y más tarde culminó el proceso en mayo del año 2008 con la estatización Compañía Logística de Hidrocarburos CLHB, entre decenas y decenas de expropiaciones que llevó adelante su Gobierno despótico.

En los ultimos 15 años, el Estado se consumió todo el capital generado cuando el gas estaba bajo administración privada, y este año, fugazmente, todo el sector se desplomó, a pesar de los precios récord de los hidrocarburos. En el último mes, la producción de gas natural cayó a los 33 millones de metros cúbicos al día, la cifra más baja de los últimos 20 años.

En síntesis, se registró una caída acumulada del 46% desde el pico de producción alcanzado en el año 2014, y los retrocesos se profundizarán todavía más en los próximos años si el sistema sigue bajo la administración centralizada e ineficiente del Estado.

Se estima que las exportaciones de gas disminuirán hasta el punto de desaparecer completamente para el año 2030, y esto es en un escenario relativamente optimista, porque podría ser antes incluso.

Este año el Gobierno boliviano debió lidiar con la posibilidad de defraudar contratos firmados con empresas de Argentina y Brasil, ya que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no garantiza su cumplimiento en tiempo y forma.

En los próximos 10 años Bolivia podría convertirse en un país importador neto de energía, un hecho completamente inédito para un país que tiene uno de los yacimientos más importantes del mundo y había disfrutado de la venta de gas como una de sus ventajas comparativas más notorias. El rol del Estado en la economía terminó desmantelando esta ventaja, así como lo hizo con el azúcar el Cuba o el petróleo en Venezuela.

Este proceso llevó a que el Estado ponga en marcha una reorganización de los recursos del sector, priorizando a toda costa la explotación de gas para el corto y mediano plazo (una parte al mercado interno y otra para su exportación).

Esto ocurre en detrimento de la inversión en exploración e investigación de suelos para descubrir nuevos yacimientos, algo que el sector privado nunca desatendió ya que tenía fuertes incentivos económicos para hallar nuevos pozos.

El resultado de la falta de visión de largo plazo y de la deficiencia estatal derivó en una histórica crisis que hoy golpea al principal sector generador de divisas en un momento especialmente delicado: al mismo tiempo en que se produce esta crisis, el Gobierno y el Banco Central boliviano están lidiando con el incipiente colapso del sistema cambiario.

La “soberanía energética” que dejó la estatización del socialismo se traduce en menos producción, menos empleo, menos exportaciones, menos desarrollo económico y social. 

Por el contrario, durante el proceso de privatización y desregulación el mercado energético boliviano experimentó un crecimiento vigoroso, y la producción de gas llegó a dispararse hasta un 180% entre 1996 y 2006, lo cual en la práctica sí se traducía en una verdadera soberanía energética para el país.