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Economía

Crisis y deuda: ¿dónde está parada la Argentina?

Mientras las bolsas de todo el mundo caen y los precios de las commodities siguen en merma, en Argentina ya se decretó la Emergencia Nacional, la economía se aproxima a un parate total, YPF se hunde y los bonos se patean. ¿Dónde estamos parados ahora respecto a la deuda?

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en

Análisis por Basel Abdel Masih, estudiante de economía de la UNC.

En
el marco de la crisis internacional y el desplome de los activos bursátiles, la
situación argentina perfila a ser mucho más grave de lo que todos preveíamos.
Mientras
las bolsas de todo el mundo ya se acomodan en el bear market y los
precios de las commodities siguen en merma, en el territorio argentino
ya se decretó la emergencia sanitaria, la economía se aproxima a un parate total, YPF
alcanza mínimos históricos y nuevos plazos de vencimiento acechan la deuda en
manos de privados, contraída mediante los bonos emitidos por el Estado.


Las
conversaciones con el Fondo Monetario Internacional así parecen haberlo determinado: los bonistas serán
los que soportarán la parte más dura de la reestructuración, 
siendo estos
acreedores los propietarios de más del 40% de la deuda pública bruta, y la
quita estaría pactada en aproximadamente un 30%. 

Esta quita fue recomendación
del FMI, que no está dispuesto a resignar ninguno de sus
beneficios, si no que propone ajustar el rendimiento de los privados.

*Actualmente, la deuda pública
bruta asciende a aprox. US$ 325.000 millones y representa casi el 90%
del PBI.

El gobierno
se encuentra en plena negociación con los tenedores de bonos privados y el
presidente Alberto Fernández ya autorizó al Ministerio de Economía, encabezado
por Martín Guzmán, a reestructurar deuda por US$ 68.842 millones en bonos bajo
legislación extranjera.
 Lo cierto es
que los bonos emitidos por el Estado argentino son los peores valuados a nivel
internacional, y ya cotizan en valores de default. La insolvencia del gobierno
queda expuesta cuando la maquinita de imprimir billetes ya no ayuda con las obligaciones contraídas en moneda extranjera.  

La
confianza entre los agentes nacionales y acreedores externos se encuentra
gravemente deteriorada y para explicar esta crisis de confianza
necesitamos conocer dos puntos claves:

  1. Las reuniones que el ministro Guzmán mantuvo
    con los principales fondos de inversión (Templeton, Ashmore, Fidelity,
    BlackRock
    y Pimco) fueron poco claras
    , y los tenedores de bonos no
    se mostraron para nada satisfechos con la información recibida. La oferta de renegociación estaba planificada para presentarse a los
    bonistas este 31 de marzo, pero el gobierno decidió reprogramar este plazo para
    ocuparse de lleno en el desastre imprevisto que la llegada del coronavirus está
    generando en la economía local y mundial. Por ahora, Martín Guzmán presentará para mediados de
    abril la oferta a sus acreedores privados y las proyecciones
    económicas que demuestren que la renegociación es sustentable.

  2. El gobierno, que ya viene postergando el
    vencimiento de bonos y letras del Estado (como lo hizo, por ejemplo, con el
    AF20), lanzó ayer el canje de 13 títulos en pesos a vencer este año
    , lo
    que representa la reestructuración de pagos comprometidos por $512.000 millones.  Este megacanje abarca LECAPS reperfiladas por el gobierno anterior, letras
    del tesoro en pesos, bonos del tesoro en pesos, y LEBADS emitidas por el actual
    gobierno que, si bien a su fecha de emisión se había dicho que se respetarían
    los plazos establecidos, pareciera ser que no se cuenta con los recursos
    suficientes para su cumplimiento.

Esto
provoca el rechazo de todos los inversionistas hacia los títulos públicos que
el Estado argentino emite, y los sitúa en cotizaciones de default
, que llaman
peligrosamente a los temibles “fondos buitres”.

Situarse en el radar de los
buitres, como bien ya sabemos, puede ser fatal para la renegociación de la deuda:
si estos se adueñan de mas del 25% de los títulos de deuda, el canje, que
precisa de un 75% de aprobación de los acreedores, no podrá efectivizarse.

Entre este año y el 2023, la Argentina debe afrontar vencimientos de deuda por US$ 178.000
millones, y la emisión descomunal de dinero (que el propio presidente ya
confirmó
) poco ayudará para hacer frente a estas obligaciones.


Ahora lo más importante viene a ser, ¿Cómo
generar divisas genuinas en una economía cada vez mas estancada y que se
encamina a una recesión?

El campo, luego
de haber culminado el paro de 4 días y habiéndose decretado la suba de
retenciones al sector, proyecta un impacto catastrófico para la producción, el
empleo y la entrada de dólares: se sembrarían alrededor de 679.000 hectáreas
menos de soja, 16.000 de trigo, 7.000 de cebada y 7.000 de sorgo, esto derivado
de que las exportaciones se reducirán en U$D 843 millones y el agregado de
valor interno en U$D 813 millones. 

Además, en
el marco de la caída de la economía global, los precios de las commodities
se desplomaron, sufriendo los cultivos una caída del 8% en sus
precios desde diciembre.

Aun así, el
sector agroexportador (históricamente azotado por los gobiernos argentinos) no
se llevó esta vez la peor parte: los precios internacionales del petróleo se
hundieron un 55% e YPF atraviesa el peor momento de su historia, cerca de la quiebra.

Para la desgracia
de esta empresa semi-estatal, el barril brent hoy cerró en US$ 26,46 y acumula
casi 4 meses de caídas, desde diciembre del año anterior.

Lo de YPF
es verdaderamente preocupante, alcanzando día a día un nuevo mínimo
histórico y compitiendo en el mercado internacional con costos irracionales

(US$ 49 por barril, según el CEO de YPF), el gobierno no puede confiar
en el ingreso de divisas por medio de este sector. 

Cualquier precio del barril de petróleo menor a US$ 49 dejan en problemas severos a la empresa semi-estatal.

La acción de YPF cerró hoy en $235,85 y continúa en baja. 


Si se quiere diseñar un plan sustentable de pago y evitar contraer nuevas deudas que salden la actual, para comenzar así, una vez más, un nuevo ciclo, además de acordar la quita, el gobierno deberá establecer nuevos plazos de pago con el FMI y replantearse muchas de las cuestionas impositivas, que representan el palo mas grande en esta rueda que llamamos "economía argentina".


Fuentes:

– https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/presentaciongraficadeudapublica

– datos.rava.com 

– Bolsa de cereales

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Economía

La Argentina que dejó el kirchnerismo: Milei recibió un país sin consumo privado, sin inversión y sin exportaciones

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El modelo kirchnerista demostró un agotamiento notable que finalmente condujo a la recesión desde la segunda mitad de 2022. La crisis se profundizó a lo largo del año pasado, y el cuatro trimestre de 2023 finalizó con los principales indicadores macroeconómicos en rojo.

El INDEC anunció los resultados sobre el avance del nivel de actividad y sus principales componentes correspondientes al cuarto trimestre del año 2023, el último de la administración del exministro y fallido candidato Sergio Massa.

Los resultados publicados demuestran el agotamiento de un modelo económico obsoleto. El organismo oficial de estadísticas determinó que la variación desestacionalizada del PBI (a precios constantes) marcó un rojo del 1,9% en el último trimestre del año pasado. El principal termómetro de la economía argentina registró un magro resultado hacia el final de la gestión massista.

La producción industrial sufrió una caída de hasta el 6% interanual en el último cuarto de 2023, el sector del comercio minorista y mayorista registró un retroceso del 3,9%, la producción de electricidad, gas y agua se desplomó un 5,1% interanual, los servicios de intermediación financiera cayeron un 4,4%, y la construcción sufrió un declive de casi un 1% en el mismo período.

No obstante, y pese al arsenal de medidas artificiales y cortoplacistas adoptadas por el exministro, el consumo del sector privado se desplomó hasta un 1,5% entre octubre y diciembre de 2023. 

Los paliativos de corto plazo, las ayudas y los subsidios temporales, poco y nada pudieron hacer para compensar la estampida inflacionaria y la erosión del poder adquisitivo de los salarios (especialmente en el sector informal).

La inversión real de la economía argentina se contrajo casi un 11% en el cuarto trimestre de 2023, superando holgadamente a la variación negativa del mismo período pero del 2022 (que había llegado al 4,5% respectivamente).

El país dejó de invertir cada vez más en renovación de maquinaria, infraestructura, tecnología, etc. Bajo las reglas de juego del exministro Massa, la Argentina se había convertido en un destino fallido para el desarrollo de la iniciativa privada y la inversión a largo plazo.

En otras palabras, el nuevo Gobierno del Presidente Javier Milei no solo heredó una economía en recesión y estanflación (con los precios aumentando a un ritmo del 1% diario), sino que además el retroceso de la inversión en formación bruta de capital deterioró la capacidad instalada del país para poder recuperarse de la crisis. La Argentina se descapitalizó por cuatro años.

Todo esto se suma a la oleada de desequilibrios fiscales, cambiarios, monetarios y de precios relativos que dejó plantados el Gobierno anterior. Al menos un 200% de brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, un saldo de reservas netas en rojo por US$ 11.000 millones de dólares, un stock de pasivos remunerados equivalente a casi el 300% de la base monetaria (11 puntos del PBI) y un déficit fiscal nacional superior al 6% del producto. Se trata de una de las peores herencias macroeconómicas de la historia argentina.

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Economía

Se desarma la bomba de pasivos remunerados que caen al 5% del PBI y se acerca la salida del cepo

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El stock de las letras del Banco Central se redujo a la mitad desde que el Presidente Milei asumió la dirección del país el pasado 10 de diciembre. También disminuyó notoriamente la emisión monetaria a cuenta de los intereses asociados a los pasivos remunerados.

Las condiciones macroeconómicas idóneas para la liberalización total del mercado cambiario están cada vez más cerca de ser una realidad. Desde el 10 de diciembre del año pasado el Gobierno desplegó un amplio programa de saneamiento sobre el balance del Banco Central, al mismo tiempo en que el Ministerio de Economía equilibró sus finanzas y mitigó la dominancia fiscal sobre la política monetaria.

En solo tres meses de gestión, la administración de Santiago Bausili al frente del BCRA logró reducir el stock de pasivos remunerados del 10,5% al 5% del PBI según estimaciones de las consultoras privadas. La carga por la “bola de nieve” de las Leliq se reconvirtió en el stock de Pases, y este último se vio rápidamente licuado por la evolución inflacionaria.

En tiempo récord, la magnitud de la emisión monetaria a cuenta de pagar los intereses por los pasivos remunerados también se redujo a la mitad, del 10% al 5% del PBI respectivamente desde diciembre de 2023. Este monto también es conocido como el “déficit cuasi-fiscal”, y significaba un verdadero peligro para la estabilización de la economía.

Para poder liberalizar los controles cambios y permitir la libre compra-venta de divisas, el Gobierno apuntó primero a operar sobre los desequilibrios de sobrante de pesos que dejó la gestión anterior. 

Ante una liberalización cambiaria, los agentes (bancos, pequeños ahorristas, etc) podrían verse atraídos por huir del peso hacia el dólar de manera rápida y violenta, provocando así un colapso de la demanda de pesos y de la renovación de los pavos remunerados. 

Esto llevaría rápidamente a la hiperinflación, ya que la cantidad de dinero en circulación podría incrementarse de forma dramática en poco tiempo (y cuando más elevada es la inflación, más rápido es el efecto de la emisión de dinero en el sistema).

El Gobierno del Presidente Milei se propuso evitar a toda costa un escenario hiperinflacionario, por lo que el saneamiento del balance del BCRA haría posible una muy pronta liberalización cambiaria sin el riesgo de provocar la violenta espiral inflacionaria.

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Economía

Las jubilaciones subirán 7 puntos por encima de la inflación en abril y luego aumentarán según IPC de manera automática

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Entre el aumento por inflación, el adicional del 12,5% y el bono de $70.000, las jubilaciones subirán un 62% en abril, lo cual le ganará a la inflación por 7 puntos en términos reales, y se darán incrementos cada mes.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó con más detalles la nueva fórmula previsional, publicada este lunes a través del Decreto 274/24 en el Boletín Oficial, la cual establece que los jubilados y pensionados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que a la nueva fórmula se le va a adicionar el 12,5% de recomposición y el bono de $70.000 pesos, lo que suma un incremento de aproximadamente 62% en lo que va del año, unos 7 puntos por encima de la inflación acumulada del 55% entre enero y marzo.

Esto cambia radicalmente lo que iba a pasar con los haberes si no se cambiaba la fórmula. El aumento a los jubilados iba a ser de 0% en abril y en mayo”, advirtió el vocero. “En julio empieza a regir de manera plena esta nueva fórmula y se va a hacer el cálculo de cuánto hubiese sido el ajuste sólo aplicando la fórmula anterior, y si hay alguna diferencia se le va a abonar a los jubilados”.

“Esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos nuevamente a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener discutida una reforma previsional y una reforma laboral más integrales que hagan que el sistema jubilatorio sea sustentable”, concluyó.

En la misma línea, el comunicado oficial de la Oficina del Presidente anunció el lanzamiento de una nueva fórmula previsional para ajustar los haberes a partir de junio de manera automática, con el objetivo de detener la masiva pérdida de poder adquisitivo en la que se vieron alcanzados los jubilados en los últimos cuatro años.

El equipo económico presidido por el ministro Luis Caputo dispuso que a partir de abril, todos los haberes previsionales (sin ninguna excepción) serán actualizados por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ese mes y en mayo, el ajuste será por decreto, mientras que a partir de junio se hará de manera automática sin la necesidad de una intervención presidencial.

Este último aumento tiene el objetivo de evitar que la transición entre la nueva fórmula previsional y la anterior pueda provocar cualquier tipo de erosión sobre el poder adquisitivo de los jubilados (como por ejemplo ocurrió entre el último trimestre de 2017 y el primero de 2018).

En otras palabras, el poder adquisitivo de los jubilados dejará de licuarse con las nuevas reglas de juego del sistema, al mismo tiempo en que se espera un fuerte descenso de la tasa de inflación para los próximos meses. Conforme disminuya la inflación, las jubilaciones podrían aumentar en términos reales debido a que la fórmula siempre se ajusta por el dato del IPC del mes anterior (y viceversa cuando la inflación aumenta).

Asimismo, el nuevo esquema presentado garantiza una mayor estabilidad en la relación del gasto previsional con respecto al PBI. De esta manera se facilita la tarea de confeccionar presupuestos, y de destinar los recursos correspondientes a los jubilados y pensionados sin incurrir en errores por falta de actualización.

La fórmula previsional kirchnerista ajustaba los haberes de acuerdo al índice RIPTE de salarios (el cual perdió contra la evolución de los precios en los últimos 15 años), y al mismo tiempo se componía por la recaudación de la seguridad social (también muy inestable debido a la gran cantidad de empleo informal). Esta fórmula fue directamente responsable de que el poder adquisitivo de una jubilación mínima cayera casi un 40% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

El Gobierno anterior desplegó una serie de bonos adicionales para tratar de compensar (parcialmente) la debacle sobre las jubilaciones, pero estos únicamente se aplicaron sobre el haber más bajo. Las jubilaciones medias y altas no se vieron alcanzadas por los bonos, y esto deterioró todavía más los escasos incentivos existentes para aportar al sistema previsional.

La legislación laboral vigente demostró ser abiertamente disfuncional en vista a la tamaña proporción del empleo no registrado en relación al total del trabajo de la Argentina, y los incentivos nocivos del sistema de reparto estatal no hacen más que acrecentar la tendencia.

El Gobierno también apunta a erradicar el déficit del sistema previsional operando desde el punto de vista de sus ingresos. En este sentido, se apunta a la flexibilización de la legislación laboral (más puestos formales potenciales para aportar al sistema) y la mejora de los incentivos para el esfuerzo.

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