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Economía

Crisis y deuda: ¿dónde está parada la Argentina?

Mientras las bolsas de todo el mundo caen y los precios de las commodities siguen en merma, en Argentina ya se decretó la Emergencia Nacional, la economía se aproxima a un parate total, YPF se hunde y los bonos se patean. ¿Dónde estamos parados ahora respecto a la deuda?

Publicado

en

Análisis por Basel Abdel Masih, estudiante de economía de la UNC.

En
el marco de la crisis internacional y el desplome de los activos bursátiles, la
situación argentina perfila a ser mucho más grave de lo que todos preveíamos.
Mientras
las bolsas de todo el mundo ya se acomodan en el bear market y los
precios de las commodities siguen en merma, en el territorio argentino
ya se decretó la emergencia sanitaria, la economía se aproxima a un parate total, YPF
alcanza mínimos históricos y nuevos plazos de vencimiento acechan la deuda en
manos de privados, contraída mediante los bonos emitidos por el Estado.


Las
conversaciones con el Fondo Monetario Internacional así parecen haberlo determinado: los bonistas serán
los que soportarán la parte más dura de la reestructuración, 
siendo estos
acreedores los propietarios de más del 40% de la deuda pública bruta, y la
quita estaría pactada en aproximadamente un 30%. 

Esta quita fue recomendación
del FMI, que no está dispuesto a resignar ninguno de sus
beneficios, si no que propone ajustar el rendimiento de los privados.

*Actualmente, la deuda pública
bruta asciende a aprox. US$ 325.000 millones y representa casi el 90%
del PBI.

El gobierno
se encuentra en plena negociación con los tenedores de bonos privados y el
presidente Alberto Fernández ya autorizó al Ministerio de Economía, encabezado
por Martín Guzmán, a reestructurar deuda por US$ 68.842 millones en bonos bajo
legislación extranjera.
 Lo cierto es
que los bonos emitidos por el Estado argentino son los peores valuados a nivel
internacional, y ya cotizan en valores de default. La insolvencia del gobierno
queda expuesta cuando la maquinita de imprimir billetes ya no ayuda con las obligaciones contraídas en moneda extranjera.  

La
confianza entre los agentes nacionales y acreedores externos se encuentra
gravemente deteriorada y para explicar esta crisis de confianza
necesitamos conocer dos puntos claves:

  1. Las reuniones que el ministro Guzmán mantuvo
    con los principales fondos de inversión (Templeton, Ashmore, Fidelity,
    BlackRock
    y Pimco) fueron poco claras
    , y los tenedores de bonos no
    se mostraron para nada satisfechos con la información recibida. La oferta de renegociación estaba planificada para presentarse a los
    bonistas este 31 de marzo, pero el gobierno decidió reprogramar este plazo para
    ocuparse de lleno en el desastre imprevisto que la llegada del coronavirus está
    generando en la economía local y mundial. Por ahora, Martín Guzmán presentará para mediados de
    abril la oferta a sus acreedores privados y las proyecciones
    económicas que demuestren que la renegociación es sustentable.

  2. El gobierno, que ya viene postergando el
    vencimiento de bonos y letras del Estado (como lo hizo, por ejemplo, con el
    AF20), lanzó ayer el canje de 13 títulos en pesos a vencer este año
    , lo
    que representa la reestructuración de pagos comprometidos por $512.000 millones.  Este megacanje abarca LECAPS reperfiladas por el gobierno anterior, letras
    del tesoro en pesos, bonos del tesoro en pesos, y LEBADS emitidas por el actual
    gobierno que, si bien a su fecha de emisión se había dicho que se respetarían
    los plazos establecidos, pareciera ser que no se cuenta con los recursos
    suficientes para su cumplimiento.

Esto
provoca el rechazo de todos los inversionistas hacia los títulos públicos que
el Estado argentino emite, y los sitúa en cotizaciones de default
, que llaman
peligrosamente a los temibles “fondos buitres”.

Situarse en el radar de los
buitres, como bien ya sabemos, puede ser fatal para la renegociación de la deuda:
si estos se adueñan de mas del 25% de los títulos de deuda, el canje, que
precisa de un 75% de aprobación de los acreedores, no podrá efectivizarse.

Entre este año y el 2023, la Argentina debe afrontar vencimientos de deuda por US$ 178.000
millones, y la emisión descomunal de dinero (que el propio presidente ya
confirmó
) poco ayudará para hacer frente a estas obligaciones.


Ahora lo más importante viene a ser, ¿Cómo
generar divisas genuinas en una economía cada vez mas estancada y que se
encamina a una recesión?

El campo, luego
de haber culminado el paro de 4 días y habiéndose decretado la suba de
retenciones al sector, proyecta un impacto catastrófico para la producción, el
empleo y la entrada de dólares: se sembrarían alrededor de 679.000 hectáreas
menos de soja, 16.000 de trigo, 7.000 de cebada y 7.000 de sorgo, esto derivado
de que las exportaciones se reducirán en U$D 843 millones y el agregado de
valor interno en U$D 813 millones. 

Además, en
el marco de la caída de la economía global, los precios de las commodities
se desplomaron, sufriendo los cultivos una caída del 8% en sus
precios desde diciembre.

Aun así, el
sector agroexportador (históricamente azotado por los gobiernos argentinos) no
se llevó esta vez la peor parte: los precios internacionales del petróleo se
hundieron un 55% e YPF atraviesa el peor momento de su historia, cerca de la quiebra.

Para la desgracia
de esta empresa semi-estatal, el barril brent hoy cerró en US$ 26,46 y acumula
casi 4 meses de caídas, desde diciembre del año anterior.

Lo de YPF
es verdaderamente preocupante, alcanzando día a día un nuevo mínimo
histórico y compitiendo en el mercado internacional con costos irracionales

(US$ 49 por barril, según el CEO de YPF), el gobierno no puede confiar
en el ingreso de divisas por medio de este sector. 

Cualquier precio del barril de petróleo menor a US$ 49 dejan en problemas severos a la empresa semi-estatal.

La acción de YPF cerró hoy en $235,85 y continúa en baja. 


Si se quiere diseñar un plan sustentable de pago y evitar contraer nuevas deudas que salden la actual, para comenzar así, una vez más, un nuevo ciclo, además de acordar la quita, el gobierno deberá establecer nuevos plazos de pago con el FMI y replantearse muchas de las cuestionas impositivas, que representan el palo mas grande en esta rueda que llamamos “economía argentina”.


Fuentes:

– https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/presentaciongraficadeudapublica

– datos.rava.com 

– Bolsa de cereales

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Economía

Las nuevas medidas del Gobierno no dan resultados: La inflación tendrá un piso del 6% para el mes de agosto

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en

Los precios de los alimentos aumentaron un 3% solamente en las primeras dos semanas del mes, y las consultoras privadas estiman que el aumento del IPC no podrá ser inferior al 6%. La media de las expectativas de mercado espera que la inflación alcance el 90% para fin de año.

La llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía generó un cierto clima de estabilidad en torno a las variaciones del dólar en los segmentos paralelos, e incluso en la prima de Riesgo País, pero los precios siguen subiendo violentamente.

El INDEC confirmó que los precios minoristas saltaron un 7,4% solamente en el mes de julio, la variación más drástica desde abril de 2002. El proceso inflacionario no se detuvo, y en las primeras dos semanas correspondientes al mes de agosto se registró un aumento del 2,9% en el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, según estima la consultora LCG que dirige Lorenzo Guido.

La inflación para el nivel general de los precios minoristas marcó un aumento intermensual del 6,8% en las dos primeras semanas de agosto, en comparación con el mismo período semanal de julio. A partir de estos datos, la consultora concluye que la variación del IPC para fin de mes difícilmente pueda ser menor al 6%.

La estimación del IPC para la región del Gran Buenos Aires, elaborada por Ecolatina, tuvo un drástico aumento intermensual del 6,3% en los primeros 15 días de agosto. Se marca una ligera desaceleración de 1,6 puntos porcentuales en comparación con la variación del mes pasado, pero el ritmo al que aumentan los precios sigue siendo el más violento desde 2002.

Para Ecolatina el IPC tendrá una variación final del 6,2% al término de agosto, y de confirmarse este dato la inflación interanual aumentaría al 74,6% en comparación al nivel de precios registrado en agosto de 2021.

Esta cifra no solamente incluye a los alimentos, sino también al valor de las tarifas públicas de referencia, entre ellas la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, las prepagas y los alquileres, entre muchos otros sectores.

Para la consultora Eco Go el pronóstico es similar, y se proyecta un aumento mensual de hasta el 6,5% entre julio y agosto. Estimó que solamente en los primeros 7 días de agosto los precios subieron un 1,5%, el equivalente a la inflación anual en muchos países. Se proyecta que cada semana tendrá un aumento promedio del 1,4% para el nivel general de precios.

La inflación mensual no baja a pesar de las medidas anunciadas por Sergio Massa, y las expectativas para fin de año son cada vez peores. El Relevamiento de Expectativa de Mercados (REM), que realiza y avala el propio Banco Central, espera que la inflación interanual alcance el 90,2% para diciembre.

Un nivel semejante de inflación acumulada para un periodo de 12 meses no se registraba desde noviembre de 1991. Por otra parte, para el promedio del año 2022 se espera una variación del 83,7% en comparación al año 2021, nuevamente la cifra más alta desde 1991. 

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Economía

Las pérdidas de las empresas estatales de Estados Unidos aumentaron en US$ 6.800 millones desde que Biden es presidente

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El resultado financiero de las empresas bajo la órbita del Estado federal registró el rojo más importante desde 2014. Los demócratas bloquearon la agenda privatista del presidente Trump y no presentan ninguna alternativa.

El desequilibrio fiscal de Estados Unidos a nivel federal continúa reduciéndose a partir de un importante aumento de la recaudación (un efecto que en parte se debe a la inflación), pero el resultado de las empresas patrocinadas por el Gobierno es cada vez peor.

El déficit financiero de las empresas estatales alcanzó los US$ 7.656 millones al término del segundo trimestre de 2022, cuando al inicio de la administración de Joe Biden había prácticamente equilibrio fiscal sobre este sector del Estado. El desequilibrio aumentó en 6.800 millones de dólares en 18 meses.

Este conglomerado de empresas estatales registró superávit por última vez en el primer trimestre del año 2018, y más tarde se convergió al equilibrio en la segunda mitad de 2019, durante la gestión del presidente Donald Trump.

Resultado financiero de las empresas estatales del Gobierno federal estadounidense.

Si bien Estado Unidos no se caracteriza, ni jamás se caracterizó, por una gran cantidad de empresas nacionalizadas, el Gobierno federal posee participación total o mayoritaria sobre empresas de transporte urbano, servicios de distribución eléctrica, bancos, servicio postal, aeropuertos y compañías destinadas a estimular el crédito, entre otras posesiones.

El desequilibrio registrado al término del primer semestre del año equivale a un modesto 0,03% del PBI, pero ya es la cifra más importante desde el segundo trimestre de 2015. Desde la década de 1980 los gobiernos federales se preocuparon por evitar, en la medida de lo posible, la ineficiencia y la pérdida de utilidades por parte de las empresas patrocinadas por el Gobierno, pero Biden promete ser una excepción.

Los demócratas bloquearon todas y cada una de las iniciativas del presidente Trump para privatizar un gran número de empresas estatales. Entre otras propuestas, Trump pretendía privatizar aeropuertos internacionales, el control del tráfico aéreo, el servicio postal más importante del país, la Autoridad del Valle de Tennessee, e incluso Fannie Mae y Freddie Mac.

A diferencia de lo que ocurrió en la presidencia de Barack Obama en 2009, cuando el Gobierno federal emprendía la estatización de bancos y empresas automotrices y solo de manera transitoria hasta 2012, el creciente déficit registrado en 2022 no se debe a estatizaciones temporales por la crisis económica, sino que obedece a las empresas ya existentes. 

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Cuba

La dictadura castrista anunció la flexibilización del auto-bloqueo y levanta restricciones a la inversión extranjera

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En respuesta al progresivo colapso de la economía socialista, la dictadura de Miguel Díaz-Canel impulsó la apertura a la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, sectores que hasta ahora se encontraban auto-bloqueados por la isla desde 1959.

La crisis económica en Cuba genera una fuerte presión para llevar adelante una agenda reformista. La dictadura socialista de Miguel Díaz-Canel anunció que Cuba permitirá la inversión extranjera directa sobre el comercio minorista y el mayorista.

Hasta ahora, el Estado cubano guardaba un celoso control de estos sectores y monopolizaba la oferta de bienes y servicios a nivel minorista y mayorista. La reforma levanta el auto-bloqueo que imponía la dictadura sobre su propio país, permitiendo que puedan ingresar firmas extranjeras para así ampliar la disponibilidad de oferta de bienes.

Es la primera vez desde 1959 en que empresas privadas internacionales podrán realizar inversiones en la isla, siendo que el propio Fidel Castro se ocupó de boicotear el flujo de capitales y aisló el país con respecto al mundo.

“La inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, con regulación estatal, permitirá la ampliación y diversificación de la oferta a la población y contribuirá a la recuperación de la industria nacional”, explicó el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil.

La nueva flexibilización regulatoria sigue la misma línea adoptada en la década de 1990, cuando la dictadura atravesaba una situación de colapso en lo que se denominó “período especial”, y en el cual se aplicaron ciertas reformas parciales.

Las empresas extranjeras adquirieron la posibilidad de invertir en el sector manufacturero de Cuba a partir de 1995, y más tarde se levantaron las prohibiciones para la inversión en la oferta de servicios.

La emergencia económica nuevamente se vuelve a convertir en un foco de presión para las reformas. El régimen maximizó los desequilibrios fiscales y monetarios a partir del año 2020, una situación que desencadenó la peor crisis en 27 años.

El déficit fiscal aumentó al 17,7% del PBI, una cifra financiable con recursos genuinos o deuda pública, por lo que la única herramienta fue la emisión monetaria. El Gobierno se vio obligado a abandonar la convertibilidad entre la moneda local y el dólar, y unificó el mercado cambiario.

La inflación “oficial” alcanzó el 77,3% interanual en diciembre de 2021, pero esta cifra no resulta representativa porque la dictadura cubana establece un férreo control de precios que agotó la oferta de productos en las góndolas. En respuesta al desabastecimiento generalizado, los precios de los bienes en los mercados informales registraron una inflación que superó el 6.900% en 2021.

El espiral inflacionario generó un profundo malestar social que obligó a la dictadura a ofrecer algún tipo de respuesta desesperada para ampliar la oferta de bienes en la isla, y aminorar el desabastecimiento.

La emisión monetaria descontrolada y la represión financiera ejercida por la dictadura socialista generaron escasez sobre alimentos básicos de primera necesidad e incluso sobre los productos para uso medicinal, dejando en tela de juicio el supuesto prestigio de la medicina en Cuba. 

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