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Economía

Cristina presiona para establecer un nuevo Plan Gelbard: la Vicepresidente insiste en aplicar las medidas más extremas del peronismo

El Gobierno avanza a paso firme en la consolidación de la agenda económica impulsada por la Vicepresidente, que ya había dejado clara su postura a favor del control total de los precios, salarios y tarifas.

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La amenaza inflacionaria llega al país en pleno año electoral, y el oficialismo comienza a aplicar las recetas más duras del libreto kirchnerista para intentar contenerla, junto con su núcleo de sustentabilidad política. 

En un discurso realizado el pasado 18 de diciembre, la Vicepresidente había plasmado sus intenciones por aplicar un segundo “Plan Gelbard”, conmemorando a aquel programa económico del Ministro de Economía peronista entre 1973 y 1974

Cristina Fernández se refirió a la necesidad de “alinear salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y tarifas”, es decir, un control de precios más agresivo, similar al que hubo a partir de mayo de 1973.

Como presa de algún tipo de epifanía, la Vicepresidente aseguró que en Argentina mueren todas las teorías económicas” pero, casualmente conveniente, afirmó que ella sí tiene la solución definitiva para estimular la actividad económica.

Los dichos de Cristina Fernández incomodaron incluso a muchos de sus propios partidarios, especialmente economistas, que comenzaron a dudar de la seriedad de sus postulados. 

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En la práctica, el gobierno de Alberto Fernández accedió sumisamente a los pedidos de la Vicepresidente, y comenzó con la radicalización de las medidas económicas

En concreto, el presidente Fernández decretó la prohibición para exportar maíz, el retraso de las tarifas reales en telecomunicaciones y prepagas, y la postergación del ajuste en servicios públicos hasta el mes de marzo. 

Por su parte, el Banco Central estableció duros controles para la adquisición de divisas a los importadores. En la práctica cotidiana, las importaciones permanecerán “trabadas” a lo largo del primer trimestre del año. 

El Gobierno avanzó también en la consolidación de los precios máximos, aun con fuertes denuncias de desabastecimiento de insumos básicos. Los controles tendrían un peso particularmente notable en alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Las medidas, con bajada de línea por parte de la vicepresidente, apuntarían a postergar el caos cambiario y evitar el goteo de reservas del Banco Central por todo el tiempo que sea posible. 

El kirchnerismo espera llegar a las elecciones con la posición más robusta dentro de sus posibilidades.
Aun así, la situación de este año dista mucho de la que había en 1973, momento en el cual se aplicó el programa económico predilecto por el Gobierno.

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Los controles de precios y tarifas permanecen vigentes desde 2019, cuando la derrota electoral del ex presidente Macri había sepultado todo tipo de expectativas. El 2021 supone el tercer año consecutivo de controles, restricciones, precios máximos, tarifas congeladas y distorsión en precios relativos. 

Dada la situación fiscal que deja la pandemia, el kirchnerismo no tendría margen de maniobra como para soportar la carga financiera de mantener las tarifas sin alteración, con lo cual un programa similar al de 1973 parece prácticamente imposible de implementar. 

Según la consultora Invecq, el gasto del Sector Público Argentino (teniendo en cuenta a todos los niveles del Estado) llegaría a casi el 50% del Producto Bruto Interno (PBI), el resultado más alto de la historia. 

El déficit de Nación (sin provincias ni municipios) se estima en alrededor de 9 puntos del producto para 2020, y las metas del ministro Martín Guzmán apuntan a llevarlo a 5,7% (a nivel financiero) para este año, cumpliendo así con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. 

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Economía

El Gobierno endurece el cepo y buscará ampliar la documentación tributaria requerida para operar

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Las entidades financieras y los agentes bursátiles podrán solicitar previamente declaraciones tributarias a aquellos clientes que busquen entrar al mercado de capitales. En la práctica, se teme que los organismos de control terminen imponiendo por la fuerza lo que originalmente constituye un lineamiento optativo.

En medio de la progresiva sangría de reservas y el agotamiento del cepo cambiario, el Gobierno dispuso más medidas para seguir estrangulando a las operaciones sobre el mercado legal.

La Unidad de Información Financiera (UIF), por medio de la Resolución 6/2022, dispuso que las entidades financieras como bancos o aseguradoras, así como los agentes bursátiles, podrán solicitar a sus clientes declaraciones tributarias específicas para poder acceder al mercado cambiario legal.

En concreto, las documentaciones tributarias solicitadas serán sobre Ganancias y Bienes Personales, ambos impuestos que tienen un enorme peso como proporción de los recursos totales que percibe el sector público.  

Aún si, si bien se plantea como un criterio que deberá adaptarse a las preferencias de cada entidad financiera con sus clientes, los mercados especulan con que las medidas terminen por imponerse de forma forzosa en las operaciones diarias. Los organismos de control tendrán un mayor peso para disuadir a las entidades financieras para que soliciten, en la práctica, estas declaraciones tributarias a sus clientes.

Las medidas suponen añadir un control adicional sobre el acceso al dólar MEP (que se obtiene en la bolsa de valores) y el dólar Contado con liquidación. Esto podría desembocar en un nuevo aumento de la brecha cambiaria, que actualmente se acerca al 100%.

La resolución fue impulsada por el ultra-kirchnerista Juan Carlos Otero, en un intento por seguir limitando el acceso a los dólares por parte de los argentinos, y contener la profundización de la pérdida de reservas internacionales.

Otero alegó que las disposiciones buscan fortalecer las herramientas de control sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero lo cierto es que estos lineamientos ya estaban abordados en la reglamentación anterior de la UIF sancionada en 2017, y el objetivo real de las medidas es sencillamente imponer una nueva traba para la compra de dólares.

El Gobierno justificó, además, que el marco normativo anterior determinado por el macrismo había desarticulado completamente el control sobre todo tipo de operaciones de origen ilegal, pero nuevamente esta fue una declaración exagerada para justificar el endurecimiento burocrático del cepo.

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Economía

Una familia necesitó $76.146 en diciembre para no ser pobre

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Representa un aumento del 40% en relación al año anterior.

El costo de la canasta básica total, que define el umbral de la pobreza en la Argentina, subió 40,5% a lo largo de 2021, casi diez puntos menos que la inflación general promedio, que fue del 50,9%.

El informe dice que la canasta básica alimentaria (CBA) –que marca el nivel de la indigencia- subió 3,9% en diciembre, respecto de noviembre, y 45,3% a lo largo de todo el 2021. Y la canasta básica total (CBT) escaló 3% en diciembre y 40,5% en un año.

Con las subas, la canasta alimentaria para una familia tipo (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) ascendió a 32.963,69 pesos y la canasta básica total ascendió a 76.146,13 pesos.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) se define como el conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales, y cuya estructura refleja el patrón de consumo de alimentos de la población de referencia.

Y la Canasta Básica Total (CBT), se obtiene mediante la ampliación de la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) consumidos por la población de referencia.

Fuentes oficiales aclararon que la diferencia entre los aumentos que registraron la CBA y la CBT respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) –que marca la inflación general- responde a que no se computan los mismos productos. “Son canastas distintas”, dijeron.

Para el IPC, por ejemplo, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó un 50,3% a lo largo de 2021 y el de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” avanzó solo 28,3%.

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Economía

Frenazo de la economía China: el banco central rebaja la tasa de interés por miedo a una recesión

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La economía china muestra resultados cada vez más insuficientes en el comercio minorista. El tambaleo de la burbuja inmobiliaria se esparce por toda la economía del gigante asiático.

Los resultados económicos de China volvieron a ser decepcionantes para los estándares de crecimiento que normalmente acostumbraba tener el país asiático en los últimos años. La economía china creció solamente un 4% anual en el cuarto trimestre del 2021, el resultado más bajo desde 1990.

Pero los datos mensuales revelan una desaceleración aún mayor. Las ventas minoristas en China, que reflejan una enorme proporción de la economía, dejaron de crecer en noviembre y cayeron un 0,2% en el mes de diciembre.

En comparación con diciembre de 2020, las ventas minoristas de China rebotaron un 12,5% de acuerdo a la serie original del índice, pero se trata de un mero efecto de arrastre estadístico después de haber registrado una brutal caída en 2020.

La industria manufacturera también registró un fuerte enfriamiento en el ritmo del crecimiento mensual, un fenómeno que se acrecentó especialmente entre julio y septiembre del año pasado. La industria china creció un 3,8% anual en diciembre de 2021, cuando en 2019 mantenía tasas superiores al 6% anual.

Ante la evidente desaceleración de la economía, el Banco Central de China decidió recortar las tasas de interés de la política monetaria, con el objetivo de estimular la economía vía liquidez y más endeudamiento.

El temor detrás de las medidas es el surgimiento de una recesión después del desplome en las ventas del mercado inmobiliario y los problemas financieros de Evergrande. El objetivo de la autoridad monetaria china es evitar una mayor expansión de la recesión sobre cada vez más sectores de la economía.

Aún sin recesión, la desaceleración de la economía china supone un gran problema para el actual esquema de política económica bajo el liderazgo del dictador Xi Jinping. En su gestión, la deuda pública de China pasó de representar el 37% del PBI en 2013 hasta llegar al 66,8% en 2020. En el mismo período, el déficit fiscal trepó del 2% del PBI al 4,2% en 2018, y 3,7% del PBI en 2020.

La política fiscal desequilibrada de Xi Jinping se tornaría mucho más explosiva e insostenible si China finalmente pierde el crecimiento económico que mantuvo en los últimos años y sigue enfriando su ritmo de expansión.

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