A partir del 1° de abril, comenzaron a regir cambios concretos en el esquema tributario argentino con la eliminación de una serie de impuestos al consumo, en el marco de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La medida se encuentra contemplada en el artículo 195 de la normativa y alcanza a distintos bienes y servicios que durante años estuvieron gravados con alícuotas significativas.
La decisión implica la eliminación del impuesto a los seguros, que tenía una alícuota del 2,5%, así como también del tributo aplicado a los servicios de telefonía celular y satelital, que representaba un 5,2632% sobre el total de la factura. A esto se suma la derogación del impuesto a los objetos suntuarios, cuya tasa alcanzaba el 20%, además de los gravámenes internos sobre vehículos automotores, embarcaciones de recreo y aeronaves.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación definitiva del denominado “impuesto al lujo” para autos 0 km, un tributo que durante más de una década encareció artificialmente el valor de los vehículos, incluso en segmentos de entrada de gama. Este impuesto, que llegó a tener alícuotas de hasta el 35%, había sido progresivamente reducido en los últimos meses hasta su eliminación total.
Desde el Gobierno sostienen que estas medidas apuntan a reducir distorsiones en la economía, mejorar la competitividad y aliviar la carga sobre los consumidores. En el caso de la telefonía, por ejemplo, la eliminación del impuesto podría traducirse en una baja en las facturas, aunque el impacto final dependerá de cómo las empresas trasladen la reducción impositiva a los precios.
El juez laboral Raúl Ojeda dispuso la suspensión provisoria de 83 artículos de la ley tras un pedido de la CGT, que argumentó posibles afectaciones a derechos laborales. Sin embargo, la eliminación de estos impuestos no fue alcanzada por la medida del juez kirchnerista, por lo que ya se encuentra plenamente vigente.
Javier Milei continua reduciendo impuestos.
El fallo judicial fue celebrado por sectores sindicales que buscan frenar aspectos centrales de la reforma, en línea con una resistencia histórica a los cambios estructurales en el mercado laboral. No obstante, el capítulo fiscal de la ley avanza sin obstáculos, marcando un primer impacto tangible en la economía cotidiana.
Con esta decisión, el Gobierno busca consolidar su agenda de desregulación y reducción de impuestos, en línea con su objetivo de achicar el peso del Estado y dinamizar el consumo. La eliminación de estos tributos representa un paso concreto en ese camino y podría tener efectos visibles en distintos sectores en los próximos meses.
