La mayoría conservadora heredada de la administración Trump logró imponer su posición y contrarió el despilfarro fiscal que había desplegado Biden con el rescate de préstamos estudiantiles. El déficit fiscal comenzó a bajar por primera vez en 13 meses.

La racionalidad se cobró una importante victoria en Estados Unidos: la que la Corte Suprema de Justicia, valiéndose de la mayoría conservadora (6 de los 9 jueces), anuló completamente el rescate masivo de deuda estudiantil que había sido sancionado por decreto (y sin ninguna discusión parlamentaria) por el presidente Joe Biden en agosto del año pasado.

La mayoría conservadora fue lograda gracias a las nominaciones del expresidente republicano Donald Trump entre abril de 2017 y octubre de 2020, en particular los jueces Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Barrett. Esto se suma a los otros 3 jueces conservadores nominados en la presidencia del expresidente George W. Bush, entre los cuales se encuentra Clarence Thomas.

El programa consistía en un masivo rescate por US$ 400.000 millones, tanto para cancelar como para reducir una serie de préstamos a millones de personas que acceden al sistema de educación superior en el país, de manera injusta con respecto a las millones que no pueden hacerlo. 

El Gobierno de Biden no incluyó ningún tipo de compensación fiscal para paliar el efecto nocivo sobre las finanzas públicas, ni desde el punto de vista de la recaudación ni tampoco por medio de otros ajustes en áreas alternativas del presupuesto.

Esta política, profundamente regresiva, había desequilibrado completamente las finanzas públicas de Estados Unidos hasta tal punto de llevar al mayor déficit registrado en toda la historia para tiempos de paz y sin recesión (la economía estadounidense sigue creciendo y opera en pleno empleo).

Esta decisión de la Corte significó un drástico recorte al gasto público mensual de agosto de 2023, que retrocedieron a los US$ 193.874 millones en un mes típicamente alcista por una cuestión de estacionalidad. Se trata de la cifra de ejecución fiscal más baja observada desde junio de 2013.

Asimismo, el Gobierno federal registró un modesto superávit mensual de hasta US$ 89.255 millones en agosto, cuando frecuentemente estos meses suelen tener déficit. El resultado financiero total del Gobierno acumulado en los últimos 12 meses marcó un rojo del 7,15% del PBI, registrando una fuerte caída con respecto al 8,3% del mes anterior. 

El déficit retrocede al nivel más bajo desde marzo. Y sin contabilizar la carga de intereses por la deuda pública federal, el déficit primario cayó del 6% al 4,8% del PBI entre julio y agosto de 2023.

Por su parte, el gasto público federal se contrajo hasta un 1,4% del producto solamente en agosto, y las erogaciones primarias (sin intereses de deuda) cayeron al umbral del 21,1% del PBI respectivamente, los valores más bajos desde agosto del año 2022.

La mayor racionalidad fiscal del Tesoro permite mejorar las expectativas para el crecimiento de la deuda pública en lo que resta del año, más aún cuando a partir de este mes comenzará a regir el nuevo año fiscal con el Presupuesto impulsado desde la bancada del Partido Republicano.

La “moneda digital argentina” es una propuesta de Massa que parece casi calcada a la estrategia del fallido “petro” y del “Bolivar Digital” venezolano, una moneda digital anunciada por el régimen de Nicolás Maduro en el año 2017 en medio del colapso hiperinflacionario.

El ministro Sergio Massa resaltó en el debate por demostrar una profunda ignorancia en lo que refiere a la inflación y la economía. En el período en el que ocupó la dirección de la cartera de Economía, la tasa de inflación interanual escaló del 71% al 124,4%, y la economía acumuló 12 meses de recesión.

Pese a su contundente fracaso como Ministro, prometió dos recetas para “bajar” la inflación: el lanzamiento de una “moneda digital argentina”, y una nueva ley de blanqueo de capitales que trataría de incentivar la repatriación de activos argentinos girados al exterior.

Sin más, con estas dos propuestas pretende reducir la tasa de inflación más violenta de los últimos 32 años, bajo la falsa creencia de que los precios suben porque faltan dólares, cuando la realidad es que sobran pesos.

Estas medidas no están ni cerca de poder contener la estampida inflacionaria, y más bien apuntan a profundizar la represión financiera con la misma lógica que usó el chavismo en el año 2017. Queda en evidencia que el ministro Massa no tiene previsto un plan de estabilización auténtico para fin de año, en su lugar se apostará con seguir “administrando” el mercado cambiario y el comercio exterior.

El paquete de medidas prometido por Massa en pleno debate parece calcado del que llevó a cabo el régimen de Nicolás Maduro en diciembre de 2017. El chavismo lanzó el “petro” digital a través de la Gaceta Oficial Nº 41.296 el 8 de diciembre de ese mismo año, paralelamente a la “Superintendencia de la Criptomoneda y Actividades Conexas” para administrar y monitorear su uso efectivo en la economía.

La primera emisión de esa moneda digital tomó lugar en enero de 2018 y alcanzó las 100 millones de unidades, con la promesa de respaldar la moneda en regalías obtenidas por el petróleo y el gas, y las escasas reservas de oro que aún disponía el Banco Central. Por supuesto, la promesa no fue creíble y tampoco se pudo llevar a cabo con efectividad. 

Durante el primer semestre de 2018 también se lanzó un decreto de blanqueo a través de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), principalmente enfocado en la recepción de remesas desde el exterior, excluyéndose del pago de impuestos para favorecer su llegada a la economía a través del mercado oficial de cambios

El resultado fue casi tan desastroso como el bolívar papel: en la práctica, sólo un número de transacciones se efectuaron mediante esta moneda digital, al mismo tiempo en que la población venezolana continuó desprendiéndose de bolívares para adoptar al dólar como medio de ahorro y medio de cambio transaccional.

Venezuela no logró estabilizar los precios con estas medidas. La tasa de inflación mensual de diciembre de 2017 llegó al 85%, y a pesar de la moneda digital y el blanqueo de remesas, para mayo de 2018 los precios se dispararon un 110% y la variación siguió escalando hasta el 233% en el mes de septiembre. Lejos de detenerse, el proceso hiperinflacionario se acentuó todavía más.

En 2021, la hiperinflación obligó a Maduro a lanzar un nuevo cono monetario, y el dictador chavista insistió con esta idea. De esta manera, nombró a la nueva moneda como “Bolívar digital” el 5 de agosto de aqué año, a través del Decreto N.º 4.553 publicado en la Gaceta Oficial N.º 42.185.

Dicho bolívar le quitó 6 ceros al anterior “Bolívar Soberano“, y a pesar de su nombre, la moneda fue emitida en papel, pero el Banco Central de Venezuela se reservó el derecho a intentar un nuevo proceso de digitalización en los próximos años.

Las medidas irrisorias de Massa no significan ningún tipo de garantía para las millones de personas que todos los días ven deteriorado el poder adquisitivo de sus salarios. El Ministro se queda sin plan económico, y sin ideas de cara a las próximas elecciones generales.

La deuda acumulada en el Banco Central ya es equivalente al 13% del PBI y representa hasta el 340% de la base monetaria, pero la candidata Bullrich no tiene ninguna propuesta al respecto y demostró un desconcierto total.

Los pasivos remunerados del Banco Central, las Leliq, los Pases y otros instrumentos, fueron cobrando cada vez más relevancia en el debate público de los últimos años. Si bien empezaron como una herramienta efectiva para quitar pesos de circulación y reducir el impacto de la emisión en los precios, los sucesivos gobiernos abusaron de este artilugio y actualmente es una bomba hiperinflacionaria a punto de estallar.

Estos títulos pagan una creciente tasa de interés a muy corto plazo, y mientras su principal función es retirar pesos de circulación para contener la violenta expansión de la oferta monetaria por motivos fiscales, el Gobierno argentino ha entrado en un círculo vicioso en el que tiene que emitir para pagar los intereses para que el dinero contenido en las Leliqs no se libere en el mercado.

El proceso se llevó a tal extremo que el BCRA ya acumula hasta 3 bases monetarias y media virtualmente “retenidas” en estas Letras, una deuda que equivale al 13% del PBI y cuyos intereses totalizan los 16 billones de pesos en lo que va del año. 

Si bien es cierto que Argentina debe converger inmediatamente al equilibrio fiscal para dejar de emitir y poner fin a la política de asistencia del Banco Central al Tesoro, la entidad monetaria deberá seguir emitiendo pesos para pagar las Leliqs, por lo que es una solución necesaria pero no suficiente para evitar la hiperinflación en 2024.

La mención de esta situación descolocó completamente a Patricia Bullrich en medio del debate, donde quedó en evidencia que no sabía lo que son las Leliqs ni mucho menos tiene un plan concreto para hacer frente a la deunda del BCRA.

Milei le preguntó tres veces a lo largo del debate si podía explicar qué iba a hacer con las Leliqs, luego de que la candidata de Juntos por el Cambio dijera en sus dos minutos para hablar de economía que solucionaría la inflación eliminando el déficit fiscal, algo que ya no sirve. No obtuvo nunca una respuesta de Bullrich sobre el tema, quien cambió de tema siempre que recibió dicha pregunta.

Luego del debate, el encargado del área de economía de Juntos por el Cambio, Carlos Melconian, minimizó el hecho y aseguró que “un candidato a presidente no tiene por qué saber eso“, e incluso le preguntó a un periodista si él sabía que eran las Leliqs, olvidándose que los periodistas no van a tener que gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre.

Después del bochornoso momento, los economistas de Juntos por el Cambio salieron a defender a su despistada candidata, esta vez bajando la narrativa de que “las Leliq no son un problema”, y por lo tanto justificando la falta de propuesta concretas para el tema. 

A estos efectos, el equipo de Melconian esgrime tres argumentos principales: que el stock de pasivos remunerados en términos del PBI aún es similar al del año 2018 (tras el desarme de las Lebac), que la tasa de interés que abonan es negativa en términos reales y el stock se licúa por la estampida inflacionaria, y en tercer lugar que el programa de Juntos por el Cambio contribuirá a “reactivar” la demanda de dinero en el año 2024.

Estas afirmaciones no son coherentes y solo dan lugar a mayores críticas. Si bien es cierto que el stock de pasivos remunerados no creció significativamente en términos del PBI desde 2018 (aunque sí con respecto a la base monetaria), estos niveles siguen en valores muy similares a los que registró Argentina entre 1988 y 1989, cuando hubo una explosión hiperinflacionaria.

En segundo lugar, y como explicó Federico Sturzenegger, es cierto que si la tasa de interés real de las Leliq se acerca a 0, la “bomba” puede ser administrable. Pero el problema de esta afirmación es que no considera un escenario de avance hacia la estabilización, por lo que a medida que baje la inflación, las tasas pasarían a ser positivas y se convertirían en un problema.

En otras palabras, los pasivos remunerados eventualmente podrían boicotear un programa de estabilización, si la inflación bajara en el corto plazo y la tasa de interés de las Leliq fuera positiva en términos reales. Por esta razón, el programa perdería credibilidad y podría terminar en un nuevo fracaso.

Esto se condice con el tercer punto que levantan los economistas de Juntos por el Cambio, y es la supuesta reactivación de la demanda de pesos en 2024. El plan de la Fundación Mediterránea confía en que el “desarme” de las Leliq aún con tasas reales positivas podría administrarse si los argentinos vuelven a ahorrar más en pesos o en instrumentos en pesos.

Lo cierto es que en un escenario de liberalización o desdoblamiento cambiario, ajuste de tarifas y levantamiento de la inflación reprimida, muy difícilmente pueda recuperarse la demanda de pesos, más bien todo lo contrario: la transición podría involucrar una mayor huida al dólar, más si Melconian planea implementar el bimonetarismo.

Ante esta situación, Milei plantea una solución simple: la dolarización. Su programa plantea un rescate de los pasivos y cerrar el Banco Central, lo cual no depende de una “mágica” subida en la demanda de pesos y depende solo en que los argentinos se acomoden a usar el dólar, como ya lo hacen de manera informal.