El organismo multilateral podría ofrecer un cierto apoyo a través del Fondo de Resiliencia, pero el equipo económico de Milei apuesta a poder destrabar los recursos pendientes del crédito Stand By de 2018 que finalmente no fueron entregados a la Argentina.

El equipo del Presidente electo Javier Milei se encuentra en la búsqueda de recursos para poder paliar la oleada de desequilibrios que deja el kirchnerismo en el Banco Central. Uno de los desafíos más importantes para llevar a cabo al dolarización sin ningún efecto traumático es la reestructuración de los pasivos remunerados de la autoridad monetaria, y en particular la posición de Pases, lo que aún quedan de las Leliq y las nuevas Levids.

En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza la posibilidad de expandir el apoyo financiero para la Argentina. A diferencia de los intentos de estabilización anteriores, como por ejemplo los que llevó adelante el expresidente Macri entre 2018 y 2019, la dolarización garantiza el cese de la inflación de manera definitiva.

En principio, el FMI podría ofrecer los recursos del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, un fondo que originalmente fue concebido como una suerte de ayuda contracíclica para atenuar el impacto de posibles pandemias y problemáticas vinculadas al cambio climático, pero en el caso argentino podrían ser aprovechados para mejorar el balance del Banco Central por al menos US$ 1.300 millones.

La suma del Fondo de Resiliencia resulta muy poco significativa y el equipo económico del nuevo Gobierno apuesta a un objetivo más grande: existen fondos adicionales de hasta US$ 13.000 millones que quedaron pendientes de ser depositados a la Argentina por el crédito Stand By de 2018.

Los desembolsos de este crédito Stand By fueron eventualmente paralizados a partir de agosto de 2019, en medio de la incertidumbre por el retorno del kirchnerismo al poder. Cuando la situación política se tornó más clara, el FMI ofreció nuevamente estos desembolsos pero Alberto Fernández decidió rechazar la operación y, a través del ministro Martín Guzmán, ordenó una larga e inútil renegociación para reestructurar la deuda argentina.

Si el Fondo Monetario llegó incluso a ofrecer hasta US$ 13.000 millones para un Gobierno sin programa económico, fiscalmente irresponsable y abiertamente inconsciente como lo fue el que presidió Alberto Fernández, la apuesta del equipo de Milei para conseguir financiamiento adicional a cambio de un programa fiscalmente ortodoxo no parece descabellada, y más aún si garantiza la estabilización al cabo de 2 años.

De poderse concentrar estos desembolsos a una tasa de interés más baja de la que cualquier privado podría ofrecer para la operación en el mercado externo, Argentina podría disminuir drásticamente los costos necesarios para dolarizar, facilitando el rescate de los pasivos remunerados a través de una solución voluntaria con los bancos locales.

En principio, el FMI dio su visto bueno sobre los principales lineamientos del programa económico de Milei, entre ellos la consolidación de las finanzas públicas, la apertura comercial, la desregulación de la economía y la simplificación del sistema tributario.

Otra posibilidad será la negociación de un nuevo programa desde cero con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, en lugar de destrabar los recursos pendientes del programa Stand-By anterior, habilitar nuevas líneas de crédito independientemente de este programa a cambio de trazar nuevos lineamientos fiscales y monetarios.

La prima de riesgo en la economía boliviana no deja de crecer ante las expectativas de devaluación y el abultado déficit fiscal. La actividad económica comenzó a resentirse en la segunda mitad del año, y el 2023 podría finalizar con la expansión más baja observada desde 2001.

La implosión del Gobierno socialista de Luis Arce, como parte de una lucha interna con el exdictador Evo Morales, desencadenó una oleada de expectativas negativas que ya comienzan a repercutir en los mercados financieros.

La prima de Riesgo País elaborada por JP Morgan Stanley escaló por encima de los 2.000 puntos básicos, oficialmente la segunda tasa de riesgo más elevada de América Latina sólo por detrás de Venezuela. Bolivia superó a Ecuador y a Argentina en riesgo crediticio, un indicador que mide la diferencia con respecto al bono soberano del Tesoro estadounidense.

Para entender el por qué de esta situación es necesario considerar que el Riesgo País se compone de dos grandes pilares: el riesgo asociado a la devaluación de la moneda local, que llevaría a la revaluación automática de todas las deudas nominadas en dólares, y el riesgo que se explica por la posibilidad de default de la deuda. Desde ambas perspectivas, la situación del país andino es crítica.

El sistema cambiario de Bolivia es insostenible a través del tiempo: el Banco Central perdió la mayor parte de sus reservas (con la excepción de la posición de oro), y la balanza energética del país, principal componente de la balanza comercial boliviana, se torna cada vez menos favorable por la histórica reducción en la producción de gas estatal.

El tipo de cambio nominal lleva fijado (sin mayores alteraciones) desde el año 2008. El sistema permitió anclar la demanda de pesos a pesar de la emisión sin respaldo para financiar al fisco, pero solo a costa de dilapidar completamente las reservas internacionales durante años. Sin reservas, no hay posibilidad de sostener indefinidamente el tipo de cambio.

Por otra parte, el Gobierno socialista de Luis Arce no logró llevar a cabo los ajustes fiscales necesarios como para mitigar el riesgo de un incumplimiento crediticio. El déficit primario de Bolivia supera el 3,6% del PBI según las estadísticas del FMI, y el rojo financiero supera el 5,1% del producto.

El Gobierno trata de tapar la brecha fiscal por la vía del endeudamiento externo e interno, pero el stock de deuda pública total ya supera el 80% del PBI, y no parece sostenible si la prima de riesgo (que denota la confianza de los inversores) es la segunda más alta de la región.

Arce prometió una reforma tributaria para el 2024 con la mira puesta en trasladar el ajuste al sector privado, pero los mercados descreen de la magnitud en la corrección fiscal que pueda llegar a ser explicada por esta reforma.

Por otra parte, los bonos bolivianos sufren una volatilidad adicional asociada al riesgo político por la implosión del socialismo y el enfrentamiento de Arce y Morales por el poder en 2025. Desde el punto de vista de los inversores, el riesgo por suscribir títulos soberanos de Bolivia es cada vez mayor ante el posible regreso de una versión radicalizada de Evo Morales al poder.

Así lo resolvió la Jefatura de Gabinete a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado el 30 de noviembre. Las partidas del Presupuesto 2023 acumulan un alza del 180% con respecto a sus valores originales, y la tasa de inflación efectiva llegó a más que duplicar la que previó Sergio Massa.

El Presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa resolvieron la onceava ampliación presupuestaria del 2023 a solo una semana de abandonar el Gobierno. La operación se llevó a cabo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 647, firmado el pasado 30 de noviembre.

El decreto publicado en el Boletín Oficial resolvió un explosivo incremento del Presupuesto 2023 en $1,87 billones de pesos, concretando así un alza superior al 180% con respecto a los montos nominales presupuestados al momento del lanzamiento del organigrama. 

La inflación descontrolada eliminó cualquier tipo de capacidad del Estado para planificar, dejando así al país con un “capitalismo sin mercado y un socialismo sin plan”. El Presupuesto 2023 estipulaba una tasa de inflación anual del 60%, pero la realidad es que para fin de año los precios habrán acumulado un incremento más cercano al 200%.

El sistema de seguridad social recibió una ampliación por $392.000 millones, la cartera de Educación más de $190.000 millones, en materia de subsidios energéticos se resolvió una ampliación de $208.000 millones y el Ministerio del Interior recibió más de $120.000 millones para distribuir en las Provincias, entre muchas otras partidas.

El déficit proyectado para fin de año asciende a los $575.000 millones, y rompe con todas las metas fijadas en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro Massa incumplió sistemáticamente todos y cada uno de los lineamientos que se había comprometido a respetar al momento de su asunción como Ministro en agosto del año pasado.

El equipo del Presidente electo Javier Milei buscará un nuevo acuerdo con el FMI, esta vez en el marco de un programa económico consistente y ortodoxo, para revitalizar la credibilidad del Estado argentino.

Se recortarán fuertemente las transferencias discrecionales para las Provincias, las cuales surgen por la diferencia entre los recursos presupuestados (atados a la inflación proyectada a un año), y los ingresos que efectivamente recauda el Estado (nominalmente inflados por el efecto corrosivo de la inflación).

También se abordará una ambiciosa reforma del Estado que apunta a privatizar las empresas deficitarias más importantes, privatizar y racionalizar la obra pública, simplificar la estructura de personal en la función pública, y rediseñar los pliegues de licitación con las empresas proveedoras de servicios públicos para comenzar a reducir el peso de los subsidios económicos.

Se apunta al déficit financiero cero para diciembre de 2024, es decir, la generación de un superávit primario que sea capaz de compensar la carga por servicios de deuda pública.