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Economía

Desastre económico y social: el INDEC ya admite que la pobreza alcanzó al 45,3% de la población en 2020

El INDEC reveló que 20,5 millones de personas cayeron por debajo de la línea de la canasta básica en el segundo semestre de 2020. La pobreza aumentó casi un 10% desde que Alberto Fernández asumió la presidencia del país.

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La última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el INDEC relevó que cerca de 20,5 millones de argentinos se encontraron en situación de pobreza al término de 2020. Esto implica una tasa de pobreza del 45,3%, una cifra históricamente alta. 

Acorde a una medición en términos comparables para el índice de pobreza, el margen del 2020 se situó en un nivel similar al que había en el segundo semestre de 2001, cuando se registraba una cifra del 46,7% según estima la Universidad Católica Argentina (UCA) con la metodología actual de la EPH del INDEC. 

La pobreza para el segmento etario de 0 a 14 años llegó hasta el 62,9% como promedio general en todo el país. La cifra se torna dramáticamente alta en la Provincia de Buenos Aires, Chaco y San Luis, todas con tasas superiores al 70%. En el conurbano bonaerense la pobreza infantil llegó al 73%

Pese al rebote en la actividad económica entre mayo de 2020 y enero de 2021, la situación en términos sociales sigue empeorando y no se percibe la recuperación prometida por el Gobierno. 

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El kirchnerismo radicalizado se mostró entusiasta para profundizar las medidas de aislamiento, pero el margen fiscal para el Gobierno es acotado y, en consecuencia, el Estado no se encuentra en condiciones como para hacer frente a la necesidad financiera que requeriría avanzar con un aislamiento estrictico y obsoleto en el mundo. 

Según el INDEC hubo un pico de pobreza que llegó al 47,2% de la población en el segundo trimestre de 2020, lo que releva el verdadero impacto de la cuarentena excesivamente rígida y prolongada que impulsó y defendió Alberto Fernández. 

El impacto sobre la ocupación también fue sustancial, pues si bien el nivel de desempleo aumentó hasta el 13% en el peor momento de la cuarentena establecida en 2020, el “efecto desaliento” sobre la oferta laboral fue significativo. 

Con el foco en la población estrictamente ocupada, el INDEC confirmó que cerca de un tercio de estas personas cayeron en la pobreza al término del 2020, debido al pésimo desempeño de los salarios frente a la erosión inflacionaria. 

Del total de los trabajadores ocupados que cayeron en la línea de la pobreza, un 47% del total son asalariados no registrados (trabajo en negro), un 40,9% son cuentapropistas y un 21,1% son asalariados que realizan aportes a la seguridad social (trabajo en blanco o formal). 

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El Presidente había afirmado en reiteradas ocasiones que estaba dispuesto a tolerar un aumento del 10% en el nivel de pobreza a cambio de aminorar el impacto de la pandemia. En efecto, este costo finalmente se hizo presente: la pobreza aumentó casi 10 puntos desde que Alberto Fernández asumió la presidencia, pasando del 35,5% en el segundo semestre de 2019 al 45,3% en el mismo período de 2020. 

Aun así, los resultados en materia sanitaria no fueron los que prometió Fernández, y se llegó en una situación en la cual un alto nivel de marginalidad social convive con una pésima gestión sanitaria. 

El Gobierno no logró sus objetivos estipulados para transformar y expandir el sistema de salud, mientras que el costo de su fracaso se tradujo en el estrangulamiento del nivel de actividad económica. 

El rebote estadístico para el PBI en 2021 no se reflejará en un alivio para la situación social.
Al pobre desempeño en materia de actividad económica se le añadió el fracaso en las metas inflacionarias de Martín Guzmán

Nuevamente según estadísticas oficiales provistas por el INDEC, la inflación llegó al 46,3% interanual en el pasado mes de abril, marcando el principio del fin para la meta del 29% en diciembre. 

El desborde inflacionario impactó negativamente sobre los indicadores sociales, pues se vio afectada enormemente la canasta básica y sus distintos componentes.  

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Economía

Se derrumba la actividad industrial de la eurozona por la crisis energética

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El índice PMI de producción industrial se contrajo por octavo mes consecutivo ante la crisis energética y la llegada del invierno al viejo continente. Las políticas ecologistas impiden encontrar una solución productiva.

La calificadora S&P Global determinó que el Índice de gerentes de compra (PMI) de la eurozona volvió a caer por octavo mes consecutivo. El indicador cayó a los 48,4 puntos al término del mes de septiembre, registrando así el valor más bajo de los últimos 20 meses e incluso inferior al que se registraba en febrero de 2019.

Se trata de una medición que arroja un crecimiento negativo cada vez que la puntuación permanece por debajo de 50. Mide el desempeño del sector industrial, y se deriva de una encuesta sobre 3,000 empresas manufactureras, y se consideran datos nacionales de Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Austria, República de Irlanda y Grecia, entre otros países. 

La caída industrial ascendió al 2,4% solamente en septiembre, y el valor efectivo de la puntuación del índice se mantuvo por debajo de las expectativas de mercado, que esperaban alcanzar un piso de 48,5 puntos para el mes. 

No se registraba una contracción similar sobre la actividad fabril desde junio del año 2020, pero descartando el efecto de este shock excepcional, la drástica caída industrial es la más severa desde el año 2013. 

Las perspectivas para la economía europea son particularmente malas ya que se espera una mayor profundización de la tendencia recesiva a partir de noviembre y con la llegada del invierno.

La crisis energética en consecuencia al cese del suministro ruso no puede paliarse con fuentes productivas alternativas, ya que las severas políticas tributarias y regulatorias de la Unión Europea impide la generación de energías convencionales alternativas

El PBI de los 19 países que adoptan oficialmente al Euro como moneda se mantuvo en crecimiento hasta el segundo trimestre de este año, pero el panorama se torna pesimista para el término de los últimos 6 meses de 2022. 

La inflación interanual promedio sobre los países de la eurozona alcanzó el 10% en septiembre, el valor más elevado desde el nacimiento del Euro en 1998. Los mercados apuestan por un mayor enfriamiento de la economía debido a la debida reacción del Banco Central Europeo (BCE) a lo largo del segundo semestre, permitiendo fuertes correcciones sobre la tasa de política monetaria de corto plazo. 

Se conforma así un delicado escenario ceñido por la inflación de origen fiscal, el desequilibrio de las finanzas públicas europeas y la crisis energética más importante de las últimas décadas. 

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Brasil

Plan Platita: Bolsonaro adelanta el pago de ayudas sociales de octubre para antes del ballotage

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Las transferencias del programa Auxilio Brasil y Vale Gás se adelantarán para antes del 30 de octubre, fecha en la que se enfrentará con Lula en segunda vuelta. Las medidas no comprometen la disciplina fiscal sobre las finanzas públicas y servirán para contrarrestar el mensaje socialista del PT. 

El Gobierno de Jair Bolsonaro anunció un cambio en las fechas para el pago de transferencias por el programa “Auxilio Brasil”, previsto anteriormente para fines de octubre. El cronograma original establecía el pago de ayudas sociales de forma escalonada entre el 18 y el 31 de octubre, y bajo el nuevo esquema se percibirán entre el 11 y el 25 de este mes

De esta manera, el presidente brasileño busca contrarrestar el relato de campaña de Lula que su gobierno no se preocupa por la pobreza, un punto de campaña que este domingo quedó claró que sigue presente en la sociedad, especialmente en los estados más pobres como los del Nordeste, donde Lula arrasó.

Se trata de un programa de ayuda social creado bajo la administración de Bolsonaro que reemplazó al antiguo “Bolsa Família” introducido por Lula da Silva, además de juntarlo con otros cuatro planes sociales que existían cuando llegó al poder, creando un solo pago social fuera de las manos de los movimientos sociales o sindicatos.

A diferencia del programa anterior, Auxilio Brasil contempló un fuerte recorte previo del gasto público para costearlo, en lugar de subir impuestos, tomar deuda o emitir dinero como hizo en su momento el ex presidente Lula.

Este plan social además fue legislado junto a un sistema de vouchers educativos para que los incentivos a la inscripción escolar favorezcan al mismo tiempo la competencia por la calidad de las instituciones de educación privadas

El nuevo programa de ayuda social de Bolsonaro garantiza una mayor integración de la sociedad brasileña. Bajo el sistema de Lula las familias de bajos ingresos estaban obligadas a adquirir servicios de educación exclusivamente estatales, y no disponían de plena libertad para elegir qué tipo de educación brindar a sus hijos. El nuevo programa propuso darles a familias de bajos ingresos la libertad de elegir

La reprogramación de los pagos no implicará ningún cambio en el monto de los gastos presupuestados para el mes de octubre y, por lo tanto, tampoco afectará el programa fiscal de Paulo Guedes en vigor de la disciplina fiscal. El nuevo cronograma se limita a cambiar la aplicación de los fondos presupuestados para octubre, pero no su ampliación

El programa económico del ministro Guedes recuperó el equilibrio fiscal de las cuentas públicas. Brasil registra el superávit primario más importante desde junio de 2014, habiendo déficit únicamente por el pago de intereses de deuda y su refinanciación constante. 

Los recortes impositivos no condicionaron el ordenamiento de las finanzas del Estado, y fueron más que compensados con recortes presupuestarios. Esto constituyó el pilar del programa económico, ya que se garantizó el fin de la dominancia fiscal sobre la política monetaria y el afianzamiento de la credibilidad. 

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Economía

Díaz Ayuso avanza con una histórica desregulación económica sobre la Comunidad de Madrid

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La presidente de la Comunidad de Madrid anunció la eliminación de casi cuarenta procedimientos administrativos y barreras legales sobre la actividad empresarial dentro de la región. 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso en representación del Partido Popular (PP), continúa apostando por una agenda diametralmente contraria a la de Pedro Sánchez a nivel nacional. 

Ayuso aprobó una histórica desregulación sobre la actividad empresarial, sobre la cual se eliminan casi 40 certificaciones, procedimientos legales, inscripciones, autorizaciones previas y comunicaciones que desalentaban la radicación de empresas en la comunidad. 

La nueva Ley de Mercado Abierto estipula que las empresas y los profesionales en la Comunidad de Madrid no tendrán ninguna otra imposición adicional solo por el hecho de operar dentro de la región, y se limitarán a cumplir las determinaciones dispuestas por el Estado nacional.

Entre otros beneficios, quedan eliminadas regulaciones como la certificación adicional de productos ecológicos a la hora comerciar en el mercado minorista, o la inscripción al Registro Inmobiliario de la Comunidad de Madrid para sociedades realizan estos trámites en otras jurisdicciones. 

Se eliminan todas y cada una de las regulaciones, trámites y permisos previos sobre la actividad en residuos no peligrosos de construcción y demolición de obras, se liberaliza completamente el asentamiento de laboratorios en la Comunida de Madrid, y se determina la libre operación de actividades profesionales sin burocracia previa (como el caso de los veterinarios o los tatuadores). 

El nuevo marco normativo entró en vigor a partir del 1 de octubre, y garantiza un mayor dinamismo del PBI regional por un monto equivalente de hasta 4.000 millones de euros. Las proyecciones apuntan a que la economía podría responder a la desregulación con una expansión cercana al 1,6%, un hecho con el potencial para generar 50.000 nuevos puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid

De esta manera, y bajo el liderazgo de Ayuso, Madrid se convirtió en la primer comunidad autónoma en haber desregulado completamente las cadenas adicionales sobre la oferta en su jurisdicción. 

En lo que va de su administración, la presidente Ayuso también impulsó la desregulación inmobiliaria a través del cambio de la Ley de Suelo para favorecer la concesión de permisos urbanísticos, y el Decreto Ómnibus por medio del cual se eliminaron cargas administrativas obsoletas que se heredaban del siglo pasado.

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