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Economía

Despegue económico en Brasil: la actividad económica subió un 1,7% en febrero y alcanzó el nivel más alto desde 2015

El Banco Central de Brasil confirmó que la economía se expandió un fuerte 1,7% en el pasado mes de febrero, acumulando un rebote sin interrupciones desde mayo de 2020. Brasil logró superar cómodamente los niveles de actividad que había antes de la pandemia.

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La economía brasileña registró una recuperación económica sin precedentes, siendo el país de la región que más rápido logró salir del shock por la pandemia. El índice IBC-Br creció un 1,7% en febrero según la medición desestacionalizada que realiza el Banco Central de Brasil. 

Con este nuevo repunte, la economía de Brasil no solo logró recuperar todo lo perdido por la pandemia, sino que consiguió seguir creciendo y superar una suerte de estancamiento secular que vivía en los últimos años. 

La administración del PT, bajo el liderazgo de la ex mandataria Dilma Rousseff, había dejado al país en medio de una aguda recesión económica que no había podido ser superada bajo la administración de Temer. Brasil sufrió una profunda contracción del 11,06% entre 2014 y 2016, semejante a la que generó la pandemia entre marzo y abril de 2020. 

Por primera vez en cuatro años, Brasil volvió a registrar niveles de actividad económica similares a los que había en 2015, dando incididos de una recuperación formal que se propone superar los niveles de 2014 en los próximos años. 

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Concretamente, el nivel del IBC-Br en febrero de 2021 fue el más elevado desde marzo de 2015, y fue un 1,9% más alto al nivel que había en febrero de 2020, el último mes antes de la llegada de la pandemia y la aplicación de restricciones a la circulación. 

Evolución del Índice IBC-Br entre 2010 y 2021.


De esta manera Brasil se convirtió en el principal foco de inversiones de la región a partir de una agenda reformista y “market-friendly” llevada a cabo por el ministro Paulo Guedes, designado por Jair Bolsonaro desde el inicio de su gestión. 

Guedes se propuso como meta para el 2021 una amplia corrección sobre las finanzas públicas, la reorganización del sistema tributario y el avance con las reformas estructurales para la consolidación de una economía de mercado. 

La pandemia provocó un amplio deterioro en el resultado fiscal financiero del gobierno federal, que pasó del 5,48% al 13,88% en términos del Producto Bruto Interno (PBI) de Brasil. Los gastos federales pasaron de 27,6% a 33,5% del PBI en el mismo período, dejando como saldo un aumento considerable en la deuda de la administración central. 

A su vez, la inyección de liquidez comienza a mostrar señales de recalentamiento en el nivel de precios, pues la inflación interanual en Brasil llegó al 6,1% en el pasado mes de marzo, con una variación positiva del 0,93% en solo ese mes. 

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En respuesta a la necesidad de estabilizar la economía Jair Bolsonaro y Paulo Guedes impulsaron un presupuesto para 2021 con austeridad fiscal. Se dictaminó un fuerte ajuste en la obra pública, subsidios y programas sociales, administración pública, ministerios, secretarías y salarios en el Estado, entre muchos otros rubros. 

Casi todas las partidas presupuestarias fueron corregidas a la baja para garantizar la disciplina fiscal y la sostenibilidad de la deuda.
El ajuste programado alcanzaría una cifra en torno a los US$ 3.600 millones de dólares, lo que posibilitaría mantener la estabilidad macroeconómica. 

El ajuste fiscal fue bien recibido en la plaza financiera de Sao Paulo y la prima de riesgo brasileña se situó en los 282 puntos básicos.
Además, el Ministro de economía aseguró que en 2021 se pondrá en marcha la aceleración del programa de privatizaciones y desregulación en amplios sectores de la economía. 

Guedes afirmó que la pandemia retrasó la agenda reformista y postergó la privatización de Eletrobras y Correios, pero estableció que buscará instalar el debate en el Congreso para facilitar la transferencia de estos servicios al sector privado, y sacarle un enorme peso financiero a la sociedad.  

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Economía

La insistencia de Guzman con el FMI: el pago de la deuda podría dejar al Central sin reservas líquidas

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Dentro de los siguientes nueve días vencen alrededor de 1.100 millones de dólares y el Central se podría quedar casi sin reservas líquidas. Aumentan los rumores de un default con el Fondo.

Para el viernes próximo Argentina tendrá que pagar 719 millones de dólares al FMI y tres días después serán otros 369 millones de dólares. Este será el último pago que Argentina pueda hacerle al Fondo con las reservas que se encuentran en el Banco Central para poder continuar con la negociación sin entrar en atrasos. El ministro Guzmán insiste ante la prensa internacional en que necesita más tiempo para llegar a un acuerdo.

Además aumentan las especulaciones que el Gobierno podría no pagar para no perder los últimos 1100 millones de dólares que le quedan de reservas líquidas. Al fin y al cabo, esa suma es algo más del doble que las reservas que el Banco Central perdió en la primera mitad de enero y en febrero se deben pagar 195 millones de dólares de intereses al Club de París.

Dentro del oficialismo hay quienes creen que debería necesario mostrarse duros y dejar de pagar para enviar una señal de intransigencia frente a la exigencia de un ajuste recesivo, mientras que en el entorno del ministro niegan que patear el tablero a altura de las negociaciones esté en los planes de Guzmán.

Por otro lado, en Economía insisten en que, si bien hay tensión, se debe mantener la cordialidad con los técnicos del staff del FMI. Y enfatizan que los avances son lentos, pero los hay y habrá que continuar con la negociación.

La diferencia entre pagar y no pagar no es solamente contable en materia de reservas internacionales, sino de tiempos. Dejar de pagar casi 1.100 millones de dólares implica adelantar dos meses el ingreso formal en atrasos con el Fondo, que se concretaría entonces a finales de julio y no a finales de septiembre. Al fin y al cabo el siguiente vencimiento no es sino hasta el 21 de marzo. Con eso conseguiría comprar algo más de un mes de reservas, aunque la aceleración de la demanda de divisas puede volverlo incluso un período más corto.

No necesariamente entrar en impagos implica el fin de las negociaciones, de hecho en general los países que entraron en atrasos continuaron negociando y solo fueron un puñado los que llegaron a los seis meses, a la fecha límite de los “protracted arrears”, es decir de los atrasos que el Fondo Monetario no puede volver a financiar.

Con depósitos bancarios del sector privado de casi 8 billones de pesos con tasas de interés para los plazos fijos de 3,25% mensual sensiblemente menores a la inflación esperada para comienzos de año, un desarme de depósitos puede rápidamente presionar sobre la brecha cambiaria y volverse contra las reservas incluso sin que el Banco Central destine divisas a los mercados bursátiles.


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Economía

Nuevo disparo del dólar blue: alcanzó un nuevo récord histórico a $219

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La brecha cambiaria con el dólar oficial se amplia cada vez más.

El dólar blue vuelve a sorprender con un nuevo récord histórico este viernes alcanzando los $214 para la compra y a $219 para la venta.

De todos los aumentos, este ha sido el mayor que la divisa dio en un día desde el 10 de noviembre cuando la cotización aumentó $5,50 en 24 horas.

Durante esta semana la divisa comenzó en $209 y la termina con $10 más, dejando una brecha con el dólar mayorista de 109,90%. Por otro lado, en la mayor parte del país, el blue alcanza hasta los $221.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 5 de diciembre

Qué sucederá con el riesgo país

Con esta situación que se vive actualmente con el dólar en el último día hábil de la semana, el riesgo país alcanzó los 1914 puntos y señala un máximo desde la reestructuración de deuda que realizó el Gobierno en 2020.

Por otra parte, antes de las 16 horas, los bonos argentinos en dólares perdían entre 0,3% (AL30D) y 4,6%.

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Economía

El Gobierno endurece el cepo y buscará ampliar la documentación tributaria requerida para operar

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Las entidades financieras y los agentes bursátiles podrán solicitar previamente declaraciones tributarias a aquellos clientes que busquen entrar al mercado de capitales. En la práctica, se teme que los organismos de control terminen imponiendo por la fuerza lo que originalmente constituye un lineamiento optativo.

En medio de la progresiva sangría de reservas y el agotamiento del cepo cambiario, el Gobierno dispuso más medidas para seguir estrangulando a las operaciones sobre el mercado legal.

La Unidad de Información Financiera (UIF), por medio de la Resolución 6/2022, dispuso que las entidades financieras como bancos o aseguradoras, así como los agentes bursátiles, podrán solicitar a sus clientes declaraciones tributarias específicas para poder acceder al mercado cambiario legal.

En concreto, las documentaciones tributarias solicitadas serán sobre Ganancias y Bienes Personales, ambos impuestos que tienen un enorme peso como proporción de los recursos totales que percibe el sector público.  

Aún si, si bien se plantea como un criterio que deberá adaptarse a las preferencias de cada entidad financiera con sus clientes, los mercados especulan con que las medidas terminen por imponerse de forma forzosa en las operaciones diarias. Los organismos de control tendrán un mayor peso para disuadir a las entidades financieras para que soliciten, en la práctica, estas declaraciones tributarias a sus clientes.

Las medidas suponen añadir un control adicional sobre el acceso al dólar MEP (que se obtiene en la bolsa de valores) y el dólar Contado con liquidación. Esto podría desembocar en un nuevo aumento de la brecha cambiaria, que actualmente se acerca al 100%.

La resolución fue impulsada por el ultra-kirchnerista Juan Carlos Otero, en un intento por seguir limitando el acceso a los dólares por parte de los argentinos, y contener la profundización de la pérdida de reservas internacionales.

Otero alegó que las disposiciones buscan fortalecer las herramientas de control sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero lo cierto es que estos lineamientos ya estaban abordados en la reglamentación anterior de la UIF sancionada en 2017, y el objetivo real de las medidas es sencillamente imponer una nueva traba para la compra de dólares.

El Gobierno justificó, además, que el marco normativo anterior determinado por el macrismo había desarticulado completamente el control sobre todo tipo de operaciones de origen ilegal, pero nuevamente esta fue una declaración exagerada para justificar el endurecimiento burocrático del cepo.

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