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Después de vender Eletrobras, Bolsonaro da el primer paso para la privatización de Petrobras

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El Gobierno brasileño incluyó a Petrobras en el Programa de Alianzas de Inversión (PPI), un paso necesario para que la empresa pueda ser privatizada.

Cumpliendo las promesas de la campaña electoral, Jair Bolsonaro formalizó las intenciones del Gobierno para privatizar Petrobras, que desde mediados de 2009 es la empresa estatal más grande de América Latina, superando incluso a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El Ministerio de Minas y Energía de Brasil confirmó que Petrobras será incluida dentro del Programa de Alianzas de Inversión (PPI). Este organismo nuclea y coordina las concesiones que realiza el Estado, así como la privatización parcial o total de empresas y activos propiedad del Estado.

La inscripción de Petrobras dentro del PPI es una condición indispensable para llevar a cabo su privatización en un futuro, y al entrar en este programa, equipos técnicos empezarán a analizar su privatización y se desarrollará un proyecto de ley para enviar al Congreso.

El Presidente brasileño se mostró ampliamente disconforme con la administración estatal de la empresa y su política tarifaria. Como ocurrió en muchos países de América Latina (incluyendo Argentina en la década de 1990), la privatización de los hidrocarburos podría ser una vía de escape para abaratar el costo percibido por el consumidor.

La privatización de Petrobras supone la segunda gran iniciativa para el mercado energético de Brasil, después de que el Gobierno alcanzara la privatización de “Petrobras Distribuidora” en 2021, para dar lugar a Vibra Energía SA. Esta empresa se encarga de la distribución y comercialización del combustible en Brasil, y es actualmente la más importante en el país en cuanto a volumen de transacciones.

A su vez, y por orden de magnitudes, la privatización de Petrobras sería la más importante en la historia de Brasil y solamente comparable con la venta de Eletrobras, un proceso que actualmente se está llevando a cabo por iniciativa del Presidente. La gigante eléctrica fue exitosamente vendida por 6.855 millones.

De ser efectivamente reelecto en un segundo mandato, Bolsonaro prometió profundizar la agenda de privatizaciones y concretar la venta de Petrobras. Aun así, para que el proceso tenga lugar será necesario el apoyo político en el Congreso.

El Misterio de Energía resaltó la importancia estratégica de la venta de la empresa, no solamente por su envergadura dentro de la economía, sino también por el contexto internacional favorable al alza del precio del combustible. Esto arroja oportunidades de inversión inéditas para adquirir la empresa petrolera, con una orientación exportadora.

Brasil

El Congreso de Estados Unidos insta a Alexandre de Moraes a explicar las denuncias de violaciones de derechos humanos en Brasil

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La Cámara de Diputados de Estados Unidos le dió 10 días al juez de la Corte Suprema aliado de Lula para que explique sobre una serie de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.

Este 21 de junio, el Congreso de Estados Unidos le pidió al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, que explique las denuncias que tiene en su contra por violaciones a los derechos humanos en su país, en medio de una investigación a la persecución política de opositores brasileros.

Es por eso que este jueves, el presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano Chris Smith, envió una carta directamente al juez Moraes, instándole a contestar, en un plazo máximo de 10 días, una serie de preguntas relacionadas con todas las denuncias que fueron expuestas durante una audiencia, llevada a cabo el mes pasado en el Congreso estadounidense.

El 7 de mayo presidí una audiencia pública de la subcomisión titulada ‘Brasil: ¿Una crisis de democracia, libertad y Estado de Derecho’?”, comienza relatando la carta de Smith. “El objetivo de esta audiencia era debatir los alarmantes informes sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por funcionarios brasileños, entre ellas la mala conducta judicial, la persecución de la oposición política, la supresión de la libertad de expresión y el silenciamiento de los medios de comunicación de la oposición”, continúa. 

Los testimonios ofrecidos en la audiencia aportaron hechos y pruebas creíbles y fundamentadas sobre estos problemas, y dibujaron un panorama profundamente inquietante del estado de la democracia y los derechos humanos en Brasil. La audiencia ha suscitado gran preocupación entre los miembros del Congreso de Estados Unidos por el estado de la democracia en Brasil”, sentencia la misiva. 

En la audiencia a principios de mayo, testificaron cuatro personas, tres de las cuales fueron víctimas de las políticas de censura llevadas a cabo por el juez aliado de Lula. Entre ellos se encontraba el periodista Michael Shellenberger, quien investigó a fondo el tema de la censura en Brasil durante años e hizo viral la evidencia revelada en los Twitter Files a través de un extenso hilo en X a principios de abril.

También testificaron en contra de Moraes el periodista brasilero Paulo Figueiredo, exiliado actualmente en Estados Unidos por haber sido muy crítico contra el gobierno de Lula, que le valió una fuerte censura por la Corte Suprema en todas sus plataformas de redes sociales, además de que su patrimonio fue bloqueado.

A su vez, Christopher Pavlovky, empresario dueño de la plataforma de videos canadiense Rumble, que fue bloqueada en Brasil en 2023 por orden del STF por publicar contenido disidente del gobierno; y el académico brasileño Fabio de Sa e Silva, profesor en la Universidad de Oklahoma, quien está diseñando una investigación comparativa sobre cómo los autócratas en ascenso utilizan la ley para amasar poder y qué se puede hacer para detener sus movimientos.

El presidente del Subcomité expresó que “debido a la gravedad de las cuestiones, y con el fin de garantizar que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil se lleven a cabo sobre la base de información precisa”, le solicita a De Moraes a responder siete preguntas relacionadas con: la existencia actual de censura; la emisión de órdenes para el cierre o suspensión de medios de comunicación en Brasil; y la existencia de medidas de procesamiento o investigación contra parlamentarios opositores al actual gobierno.

También pide respuesta acerca de la observancia del debido proceso legal en investigaciones y procesamientos, incluyendo notificaciones adecuadas a residentes en EE.UU.; el conocimiento de represión transnacional utilizando agencias estadounidenses o internacionales, como el FBI contactando a residentes estadounidenses por órdenes brasileñas; la emisión de órdenes contra empresas o individuos fuera de Brasil; y la exigencia a empresas o personas estadounidenses de cumplir órdenes cuestionables según la legislación brasileña, incluyendo amenazas de acciones legales o bloqueos en Brasil a empresas estadounidenses, como Twitter.

Le ruego respetuosamente que me proporcione una respuesta en el plazo de diez días hábiles, ya que actualmente estoy trabajando en legislación relacionada con este asunto con otros miembros de la Cámara”, concluye la carta de Smith.

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Brasil

Se profundiza la dictadura en Brasil: El juez Moraes ordenó monitorear redes sociales y rastrear usuarios opositores

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La Corte Suprema de Brasil abrió el viernes una licitación para contratar una empresa para que haga un monitoreo de las redes sociales en busca de contenidos que critiquen al Gobierno y al máximo tribunal.

El juez Alexandre de Moraes, quien desde el Supremo Tribunal Federal (STF) está imponiendo un régimen autoritario en Brasil donde no existe el debido proceso y se persigue a opositores, ordenó abrir el viernes una licitación para contratar una empresa que haga monitoreo las redes sociales en busca de usuarios que insulten al gobierno de Lula y a la propia Corte Suprema.

El contrato, que destina 345.000 reales brasileños (unos 63.500 dólares), tendrá una duración de un año y tendrá el objetivo de proveer información para que el Gobierno pueda combatir lo que llama desinformación y los ataques que recibe en internet.

La empresa que gane la licitación tendrá la tarea de realizar un seguimiento 24×7 de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok y LinkedIn. El trabajo incluirá el análisis de la imagen del Supremo, la identificación de temas relevantes abordados por los usuarios y la clasificación del material. Además, la empresa deberá identificar a las personas que comparten los contenidos, especialmente a los autores de menciones negativas.

La Corte solicita que la empresa que realice esta tarea utilice una herramienta específica capaz de "identificar públicos, formadores de opinión, discursos adoptados, georreferenciación del origen de las publicaciones, así como evaluar la influencia de los públicos, los patrones de los mensajes y eventuales acciones organizadas en la web".

La empresa deberá proporcionar a los jueces de la Corte informes diarios, semanales y mensuales donde se identifique a los formadores de opinión que hablen en contra del Tribunal Supremo, analizando su posicionamiento y su capacidad de repercusión. El trabajo también incluirá una evaluación general del impacto de la movilización en torno a temas relacionados con la Corte y sus reflejos en la opinión pública.

La herramienta no solo proporcionará datos precisos sobre la imagen de la Corte en el universo digital, sino que también buscará inhibir la difusión de críticas y amenazas contra los jueces. Los datos recopilados podrán ser compartidos con la Policía Federal si fuera necesario.

El monitoreo se realizará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. La empresa contratada deberá rastrear palabras clave y temas de interés definidos por el Tribunal en las diferentes plataformas de redes sociales y blogs no especificados.

En este contexto, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha expresado su rechazo a la medida autoritaria del STF. En un tweet el lunes, Eduardo criticó duramente la iniciativa: "La mentalidad del STF es: si yo quiero y nadie lo hace, lo haremos nosotros mismos aquí, no importa la constitución o si es o no nuestra competencia. Después de hacerlo, basta con gritar ‘viva la democracia’, ‘derrotamos al bolsonarismo’ y cualquiera que esté en contra es antidemocrático y fascista".

Las palabras de Eduardo Bolsonaro reflejan la preocupación de la sociedad brasileña sobre el alcance de las acciones del STF y su impacto en la libertad de expresión, que han llevado a Brasil a parecerse cada vez más a una dictadura.

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Lula lleva al déficit fiscal de Brasil al segundo nivel más alto de la historia, solo por detrás de la pandemia

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Es el nivel más elevado registrado para cualquier administración con la sola excepción del período de emergencia sanitaria acontecido entre 2020 y 2021. Las arcas públicas brasileñas fueron completamente desequilibradas por el programa económico del socialismo, abandonando cualquier atisbo de moderación política.

La administración del presidente Lula da Silva convalidó abiertamente un importante giro hacia la izquierda extremista, muy a diferencia de lo que ocurrió durante sus primeras dos presidencias. El socialismo abandonó toda la moderación que aparentaba tener durante la campaña electoral del 2022, traicionando nuevamente al electorado brasileño.

Las finanzas públicas del Gobierno federal fueron completamente desequilibradas en cuestión de unos pocos meses. El déficit financiero ascendió a los R$ 41.325 millones de reales al término del mes de abril, y alcanzó un récord histórico de hasta R$ 182.995 millones en diciembre del año pasado.

Asimismo, el resultado acumulado de los últimos 12 meses marcó un déficit financiero en torno a los R$ 843.315 millones. Nunca antes se había visto algo así con la sola excepción del período de pandemia, en un contexto de emergencia sanitaria y cuarentenas organizadas por los Estados locales.

El déficit fiscal expresado en millones de reales corrientes acumuló un crecimiento del 92,1% entre enero de 2023 y abril de 2024, prácticamente se duplicó en los primeros 16 meses de gestión de la izquierda brasileña.

En otras palabras, la política fiscal del Gobierno de Lula provocó un daño a las finanzas públicas que es perfectamente comparable con el que aconteció durante la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años

El Gobierno de Lula asumió la dirección de Brasil con un superávit primario que representaba el 0,56% del PBI en enero de 2023. En el mismo mes, el resultado financiero marcaba un rojo equivalente al 4,32% del PBI respectivamente.

Pero al cabo de 15 meses de administración socialista, el resultado primario se convirtió en un déficit que superó el 2,5% del PBI en abril de 2024, mientras que el déficit financiero se profundizó aún más hasta llegar a los 7,6 puntos del producto bruto. Prácticamente la totalidad del esfuerzo fiscal del Gobierno anterior fue dilapidado rápidamente por la nueva administración.

Todo esto responde a una agresiva estrategia expansiva desde el punto de vista de las erogaciones, mientras que desde el punto de vista de la recaudación los nuevos impuestos establecidos desde 2023 no representaron ninguna ganancia significativa para las arcas del Estado federal.

La pésima situación fiscal en Brasil está presionando por un nuevo deterioro de las cuentas externas y el déficit de cuenta corriente (la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta un país). La principal vía de financiamiento del déficit fiscal es el endeudamiento, tanto interno (limitando el crédito al sector privado) como externo (agudizando el desequilibrio de cuenta corriente).

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