El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, está evaluando la posibilidad de hacer optativos los aportes que las pequeñas y medianas empresas (pymes) realizan mensualmente a diversas entidades empresariales.
Fuentes gubernamentales señalaron que estos aportes representan un desembolso significativo para las empresas, dado que constituyen un porcentaje del salario de todos los empleados. "Es inadmisible", resumieron, al hacer una comparación con los aportes sindicales.
El caso del Convenio Colectivo Mercantil 130/75
Uno de los ejemplos clave es el Convenio Colectivo Mercantil 130/75, que obliga a los comerciantes a realizar un aporte mensual al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap). Este aporte es del 0,5% sobre el salario de cada empleado registrado, tanto para grandes empresas como para pymes.
En agosto de 2023, el sueldo básico inicial fue de $792.241,35, por lo que el aporte al Inacap ascendió a $3.821,60 por empleado. Este porcentaje también se aplica sobre asignaciones no remunerativas, lo que genera un costo adicional para las empresas.
El Inacap, creado en 2008, se financia mediante esta contribución patronal obligatoria, la cual es administrada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Reclamos por la eliminación del aporte
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) ha sido una de las voces que ha reclamado la eliminación de este aporte en un decálogo de medidas propuestas al Estado para combatir el aumento de precios en la canasta básica.
Según Cadam, el sector emplea a 1,2 millones de trabajadores, lo que implica que Inacap recauda más de $4.500 millones mensuales.
“Este aporte no representa ningún beneficio al aportante ni al trabajador, si decide no capacitarse”, señalaron desde Cadam.
Otros aportes obligatorios bajo revisión
Además del Inacap, otro caso mencionado es el de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que se financia mediante un aporte obligatorio aplicado a las bodegas del país. En 2023, este aporte es de $0,58 por litro de vino o mosto elaborado, un aumento del 215% respecto al año anterior.
Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), uno de los apuntados por la desregulación.
Las entidades vitivinícolas han expresado su disconformidad con este aporte, que puede representar entre el 0,1% y el 0,3% del precio de sus productos. Cadam ha solicitado la derogación de la Ley 25.849, que creó la Coviar, argumentando que sus objetivos de promover la integración y el desarrollo del sector no se han cumplido. En 2023, el consumo de vino en Argentina cayó un 6,3% y las exportaciones disminuyeron un 31,7% en volumen.
Futuro de la desregulación
El Gobierno no ha confirmado aún cómo avanzará en la desregulación de estos aportes obligatorios, ni si el cambio afectará exclusivamente a casos como el de Inacap o se extenderá a otras situaciones similares.
Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que buscan aliviar la carga para las pymes, quienes enfrentan altos costos operativos en un contexto de inflación, aumento de tarifas y caída en las ventas.
