El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, está evaluando la posibilidad de hacer optativos los aportes que las pequeñas y medianas empresas (pymes) realizan mensualmente a diversas entidades empresariales.
Fuentes gubernamentales señalaron que estos aportes representan un desembolso significativo para las empresas, dado que constituyen un porcentaje del salario de todos los empleados. "Es inadmisible", resumieron, al hacer una comparación con los aportes sindicales.
El caso del Convenio Colectivo Mercantil 130/75
Uno de los ejemplos clave es el Convenio Colectivo Mercantil 130/75, que obliga a los comerciantes a realizar un aporte mensual al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap). Este aporte es del 0,5% sobre el salario de cada empleado registrado, tanto para grandes empresas como para pymes.
En agosto de 2023, el sueldo básico inicial fue de $792.241,35, por lo que el aporte al Inacap ascendió a $3.821,60 por empleado. Este porcentaje también se aplica sobre asignaciones no remunerativas, lo que genera un costo adicional para las empresas.
El Inacap, creado en 2008, se financia mediante esta contribución patronal obligatoria, la cual es administrada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Reclamos por la eliminación del aporte
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) ha sido una de las voces que ha reclamado la eliminación de este aporte en un decálogo de medidas propuestas al Estado para combatir el aumento de precios en la canasta básica.
