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Economía

Economistas liberales aseguran que vuelven a fracasar los programas de estímulo fiscal en Estados Unidos

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Siguiendo los pasos de Barack Obama, el gobierno de Joe Biden extendió los paquetes de estímulo fiscal pero los resultados volvieron a ser decepcionantes. Aún así, el presidente pretende redoblar la apuesta con su proyecto “Build Back Better”.

Del mismo modo que en 2009, los planes de estímulo del Gobierno de los Estados Unidos volvieron a cosechar resultados amargos, sin mayor impacto sobre el consumo privado y la economía en su conjunto.

Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, Estados Unidos impulsó por lo menos tres paquetes de asistencia fiscal, aunque con propósitos sustancialmente diferentes. El primero de ellos, en abril de 2020, buscó ser un mero paliativo ante las duras medidas de restricción a la circulación, y no pretendía constituir un impulso real para la economía a largo plazo.

Por el contrario, los últimos dos paquetes tuvieron un objetivo claro: impulsar el consumo privado y estimular la economía para que se recuperara más rápidamente de la crisis por la pandemia.

Ambos paquetes fueron impulsados desde el Congreso bajo una celosa mayoría demócrata; el primero de ellos en enero de 2021 aún con la resistencia de Trump en la Casa Blanca, y el último aprobado formalmente con el apoyo enérgico de Joe Biden como presidente.

Dos reconocidos e influyentes economistas se pronunciaron abiertamente en contra de los estímulos de los demócratas: Robert Barro y John B. Taylor. Ambos llegaron a la conclusión de que los programas fiscales de estímulo están volviendo a fracasar, como también fracasaron en 2009 bajo la presidencia de Obama.

Taylor explicó que la justificación para la ampliación de los cheques temporales es meramente política, y no tiene ninguna razón económica seria que lo sustente. Como explicó el economista, el programa suponía una función de consumo típicamente “keynesiana” que postula que todo aumento del ingreso disponible (neto de impuestos) se traduce en más consumo. Esta hipótesis es obsoleta y dejó de ser considerada seriamente desde hace décadas.

Por el contrario, Taylor afirmó que es la hipótesis del “ingreso permanente” de Milton Friedman la que explica cómo un aumento meramente temporal del ingreso disponible (como lo es el estímulo de Biden) no se traduce en más consumo, y no funciona para estimular la economía.

Gráfico que compara el ingreso disponible con el consumo privado efectivamente realizado, elaborado por John Taylor.

Los resultados recabados por Taylor fueron increíblemente exactos y sin mayor espacio para la interpretación: los efectos de los estímulos fiscales de los demócratas no tuvieron casi ningún impacto en los gastos de consumo personal.

Como predice la hipótesis de Milton Friedman, la diferencia generada por el ingreso disponible se destinó al ahorro precisamente por ser de carácter transitorio, y no ayudó en nada para aumentar el consumo como se pretendía.

En la misma dirección, Robert Barro aseguró que los estímulos fiscales no funcionarán ahora del mismo modo en que no funcionaron en 2009.

Según explicó Barro, la administración Obama inyectó US$ 600.000 millones de gasto público para reactivar la economía en los primeros meses de gestión, pero ni el consumo ni la inversión privada tuvieron efectos positivos. El plan resultó en un rotundo fracaso.

John B. Taylor y Robert Barro, dos de los más influyentes economistas en la actualidad.

Sin embargo, el presidente Joe Biden no solo se niega a rescatar las experiencias de su predecesor, sino que también se limita ignorar los resultados de su propio programa de estímulo de marzo de este año, y volverá a proponer otro impulso fiscal a partir de un programa de infraestructura.

El llamado “Build back better” buscará una suerte de conciliación entre las ideas típicamente keynesianas de estímulo fiscal y la agenda ecologista que impulsan actualmente los demócratas, por lo que hay quienes lo llaman un “Green New Deal”.

Brasil

Gracias a la baja de impuestos de Bolsonaro, Petrobras vuelve reducir el precio del combustible

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La petrolera estatal anunció una nueva rebaja del 4,9% sobre las tarifas percibidas por el consumidor en la estación de servicios, luego de una baja de impuestos y de la caída de precios a nivel internacional.

La empresa Petrobras anunció una nueva rebaja tarifaria del 4,9%. El precio final percibido por los consumidores cae a 3,53 reales por litro de gasoil, cuando antes de los anuncios los brasileños abonaban hasta 3,71 reales por litro.

El precio percibido por los consumidores es el más bajo registrado desde el mes de marzo, en medio del estallido energético por la guerra entre Rusia y Ucrania. A su vez, se trata de la tercera caída en menos de un mes, después de los recortes anunciados el 19 y el 28 de julio respectivamente.

Los nuevos precios de referencia responden a un reajuste de precios relativos que tiene por origen la caída de las commodities a nivel internacional. La petrolera estatal se limitó a trasladar la volatilidad externa (en este caso favorable) hacia los precios internos, del mismo modo en que lo haría una empresa privada.

Se debe tener en consideración que el precio del barril de petróleo a nivel internacional se desplomó desde los US$ 140 en marzo para luego llegar a los US$ 106 en la actualidad. De no trasladarse las rebajas correspondientes, la empresa enfrentaría una disminución contraproducente de la demanda energética.

Pese a los mecanismos de control impulsados por Jair Bolsonaro, la política de precios de la empresa continúa marcando una vinculación taxativa entre los precios domésticos y los precios internacionales.

Este sistema se encuentra en vigencia desde el año 2016 y fue mantenido por la gestión de Bolsonaro, en contraste con el sistema obsoleto y autárquico que se mantenía anteriormente bajo la gestión socialista de Dilma Rousseff.

Se estima que la medida anunciada tendrá un impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto. El mes de julio registró una histórica deflación de hasta el 0,68%, en gran medida impulsada por una rebaja en los precios del combustible.

El Gobierno de Bolsonaro colaboró con la rebaja de precios a partir de una fuerte quita de impuestos para reordenar la estructura de precios relativos, y abaratar así la energía en relación al precio de otros bienes y servicios.

Las ventajas a raíz de los términos de intercambio con los precios de la energía, y la mejor administración de Petrobras bajo la gestión Bolsonaro, permiten avanzar con los planes de privatización.

El nuevo ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, solicitó oficialmente la incursión de estudios tendientes a producir los cambios legales necesarios para transferir Petrobras a manos privadas, maximizando así la capitalización de la empresa.  

“Como mi primer acto de gestión solicito también el inicio de los estudios tendientes a la propuesta de cambios en la ley necesarios para la desestatización de Petrobras“, anunciaba Sachsida en mayo. 

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Economía

“Emitan sin miedo”: El día que Gerardo Morales desde la oposición llamó a emitir descontroladamente

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El Gobernador de la Provincia de Jujuy y máximo referente del radicalismo, aconsejaba públicamente al Gobierno kirchnerista para que emitiera dinero sin respaldo en 2020. El oficialismo siguió la tesis de Morales, y hoy la inflación alcanza el nivel más alto en 30 años.

Los precios minoristas marcaron un aumento del 7,4% solamente en el mes de julio, según confirmó el INDEC. La inflación interanual ya alcanza el 71% en comparación contra julio del año pasado, y es la cifra más extrema desde enero de 1992.

La inflación interanual aumentó sin pausa desde el año 2020. Cerró en el 36% en diciembre de ese mismo año, trepó al 50,8% para diciembre de 2021 y finalmente alcanzó la cifra más alta en 30 años en lo que va de 2022. Se registró un aumento sideral de 35 puntos en menos de dos años.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional y actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, llamaba públicamente a emitir dinero sin ningún tipo de control en el año 2020. El gobernador radical concluía que el violento nivel de emisión no produciría ningún efecto inflacionario porque amenazaba con meter preso a cualquier comerciante que se atreviera a subir los precios.

Morales “lamentó disentir con los economistas ortodoxos” e incluso admitió públicamente que alentó a varios ministros de la administración kirchnerista para que defendieran la brutal expansión de la oferta monetaria en 2020.

El Gobierno kirchnerista siguió la tesitura de Morales a la perfección. Bajo el liderazgo del radical Miguel Pesce como presidente del Banco Central, la oferta monetaria ampliada bajo el agregado M2 creció un 101% interanual en julio de 2020, y cerró ese año con una expansión neta del 79% en diciembre.

Se registró una fuerte expansión de la masa monetaria en todos los agregados que se pueden relevar, incluyendo la base monetaria, el circulante fuera del sistema financiero, y los pesos en circulación a través del sistema bancario.

La persecución contra los comerciantes no surtió ningún tipo de efecto en materia de inflación, y este tipo de políticas fracasaron sistemáticamente en la historia argentina. Las multas contra los comercios, los “precios máximos” y los “precios cuidados” no impidieron el estallido inflacionario.

La UCR se desligó de cualquier tipo de responsabilidad por haber defendido y alentado públicamente la violenta expansión monetaria del 2020. Cuando quedó en evidencia el fracaso de estas políticas, el radicalismo se lamentó por el estallido inflacionario, el deterioro del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza, los efectos de sus propias recomendaciones de política económica.

La inflación mensual correspondiente a julio de 2022 fue la más elevada en 20 años, pero la interanual registró el dato más extremo en 30 años. En otras palabras, la inflación acumulada de 12 meses es la más grande desde la última hiperinflación, un episodio que involucra directamente a la presidencia de Raúl Alfonsín.

Con las mismas ideas que Gerardo Morales, el presidente Alfonsín se apartó de las teorías ortodoxas, y mostró un irresponsable escepticismo por los equilibrios fiscales y monetarios en la economía.

La inflación mensual llegó al 114% en junio de 1989, y hasta 196% en julio. La inflación interanual trepó al 5000% para diciembre de ese año, y fue finalmente erradicada con el plan de Convertibilidad en marzo de 1991. 

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Argentina

Ya no esconden su socialismo: Facundo Manes criticó al Campo, propuso más proteccionismo y sustituir importaciones

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El referente de la Unión Cívica Radical se mostró como un ferviente partidario de las recetas económicas del siglo XX y minimizó la importancia de la exportación de materia prima. En su lugar, apuesta por las teorías económicas heterodoxas y el “desarrollismo”.

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) y referente del partido en Buenos Aires, Facundo Manes, volvió a insistir en su impronta en contra de la exportación de materias primas.

A pesar de que el campo argentino constituye actualmente la principal fuente de divisas para el país, y mantiene un nivel de competitividad incluso superior a la media internacional en la comercialización de granos, para Manes implica un desperdicio de potencial en materia de crecimiento.

El radicalismo pretende reinstalar el debate para la aplicación de las viejas políticas “desarrollistas” aplicadas en la Argentina a mediados del siglo XX. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) encuentra adeptos no solamente en el kirchnerismo sino también en la UCR.

Este análisis contradice las posturas convencionales de la teoría económica más aceptadas por el consenso científico a nivel mundial. El consenso ortodoxo concluye tajantemente que el libre comercio impulsa activamente el crecimiento económico de los países, sin importar la especialización de cada país, e incluso sin importar la existencia (o ausencia) de ventajas comparativas entre ellos.

A pesar de una cierta vocación aperturista durante la administración de Mauricio Macri a partir del avance en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el radicalismo defendió y suscribió el aumento de la llamada “tasa estadística de importación” del 0,5% al 2,5% a principios de 2019.

Más tarde, Alberto Fernández elevó la tasa del tributo hasta el 3% a partir de diciembre de 2019, y lo prorrogó sistemáticamente hasta la actualidad. Se trata de una alícuota general y uniforme a las importaciones.

Manes no ocultó su simpatía por el viejo estructuralismo latinoamericano del siglo pasado, e incluso participó de un acto en potestad del “día del amigo desarrollista”, en conmemoración del natalicio de Rogelio Julio Frigerio. También se sumaron otras personalidades de Juntos por el Cambio como María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Margarita Stolbizer y Rogelio Frigerio (nieto), entre otros.

¿Qué pasó en Argentina cuando se aplicaron las ideas de Manes?

Aunque el proteccionismo en Argentina tiene larga data, el primer precedente “desarrollista” se dio con la presidencia del radical Arturo Frondizi. Bajo su gestión, y en facultad de las mismas ideas que propone Facundo Manes, el Gobierno radical aprobó una reforma arancelaria creando cuatro listas de productos:

Lista N° 1: Suponía un arancel del 0% para una limitada variedad de materias primas, entre ellas el petróleo, el carbón y el hierro.

Lista N° 2: Imponía un arancel del 20% para productos alimenticios, oro, aluminio, arrabio y productos químicos. Muchos de estos productos se encontraban anteriormente exentos del pago de impuestos.

Lista N° 3: Establecía un arancel del 40% para cubiertas, chapas de acero, flejes de hierro, maderas, herramientas, tejidos, instrumentos para cirugía, máquinas y motores.

Lista N° 4: Todas y cada una de las importaciones que no estuvieran comprendidas en las listas anteriores se vieron sujetas a un brutal arancel del 300% sobre el precio CIF de importación. Estos aranceles resultaron prohibitivos en la práctica, haciendo completamente inviable la importación de los productos alcanzados.

Al mismo tiempo, se gravó la exportación de materias primas con una retención del 20% para productos ganaderos, agrícolas y mineros, y un 10% para el caso de ciertos productos especiales. Además, se aplicó un recargo adicional del 15% para la exportación de cereales, llevando la tasa consolidada sobre estos productos hasta el 35%.

Aunque los consumidores se vieron obligados a pagar bienes más caros en el marco de una competencia reducida, los beneficios prometidos por el desarrollismo nunca llegaron. Las industrias desarrolladas artificialmente por la protección no pudieron alcanzar en ningún momento estándares internacionales, y a pesar de permanecer protegidas por décadas, enfrentaron severas dificultades en cada proceso de apertura arancelaria gradual.

La economía cerrada tampoco logró resultados prometedores en materia de crecimiento, y el ingreso por habitante de la Argentina se divorció del tren de los países desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo XX

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