La cotización de la divisa cerró en el valor más alto desde el pasado 17 de agosto, y la brecha cambiaria superó el 110,8% con respecto al cambio oficial. El Gobierno trata de parar la corrida con un nuevo dólar para las petroleras en Vaca Muerta, pero el estallido parece inevitable.

El “plan platita” de Sergio Massa se queda sin combustible incluso antes de lo que estaba previsto, vuelve a desatarse la corrida contra el peso en el mercado cambiario y el Gobierno está atado de manos para efectuar algún tipo de respuesta porque el cambio oficial se prometió fijar hasta el próximo 15 de noviembre.

La dolarización de las carteras en la previa de las elecciones avanza a paso firme. La cotización del tipo de cambio paralelo rompió un récord histórico de $785 en el momento más caliente de la jornada, y más tarde cerró el día en los $773. Este último cierre es el más alto para el dólar blue desde el pasado 17 de agosto, en la semana de la devaluación.

La brecha cambiaria con respecto al tipo de cambio oficial minorista volvió a superar el 110%. Nuevamente, son los valores más elevados desde agosto y la corrida sólo está comenzando. Los mercados descuentan un explosivo episodio devaluatorio para el último bimestre del año.

Se registró un aumento de 30 pesos en solo 2 días en el mercado paralelo, un rendimiento que superó al de cualquier plazo fijo o instrumento en pesos del mercado financiero.

El dólar MEP llegó a una cotización récord de $689 pese a la incesante intervención del Banco Central, acumulando un aumento del 0,6% con respecto al cierre del día martes. Por otra parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) rompió la barrera de los $789, y marcó un aumento del 1,8% con respecto al día anterior.

La suba del dólar se corresponde con varios factores, entre ellos la dolarización típica de carteras por la incertidumbre electoral, la mayor cantidad de pesos en circulación por las medidas de Massa, y en tercer lugar debido a la negativa del Banco Central en volver a subir la tasa de política monetaria a pesar de la inflación récord.

Los mercados alternativos del dólar se mostraron calmados en las semanas en donde las empresas debieron afrontar el pago del bono de suma fija forzoso que ordenó el Gobierno, pero una vez pasado este efecto de corto plazo la corrida volvió a encauzarse.

El equipo de Massa trata de contener la corrida mediante el anuncio de un nuevo dólar especial para las empresas exportadoras de Vaca Muerta, permitiéndoles liquidar el 25% de sus exportaciones al tipo de cambio CCL y el 75% restante a través del MULC. Esta maniobra es monetariamente expansiva desde el punto de vista del BCRA (más inflación), pero a corto plazo permite el ingreso de US$ 1.200 millones en la autoridad monetaria para ser destinados a la intervención de los dólares alternativos legales.

Este vago intento demostró no ser suficiente para frenar la corrida, y el Gobierno analiza más “devaluaciones administradas”, una serie de parches que solo retrasan lo que es a todas luces inevitable: la brutal devaluación del tipo de cambio oficial y el estallido de la inflación reprimida.

Ambas entidades bancarias proyectan que el dólar oficial llegará por lo menos a $700 en diciembre, provocando un salto del 100% en el tipo de cambio, y posiblemente precipitando el comienzo de la tercera hiperinflación de la historia argentina.

El “programa” de Massa para llegar a las elecciones conduce al país a atravesar el peor desastre inflacionario de los últimos 30 años. La represión financiera sobre el tipo de cambio no se podrá seguir sosteniendo.

Bajo este panorama tan adverso, el Bank of America se sumó a los pronósticos publicados por la firma Goldman Sachs, y también anticipa que el tipo de cambio oficial del dólar llegará por lo menos a los $700 para fin de año. Se estima que esto podría ocurrir durante el período de transición entre el oficialismo y el eventual nuevo Gobierno, una vez pasadas las elecciones generales y el hipotético ballotage.

Si se confirma este pronóstico, la tasa de devaluación esperada para el último bimestre del año escalará al 100%, una cifra sin precedentes en las últimas dos décadas. El peligro por una nueva y violenta hiperinflación está a la vuelta de la esquina.

Asimismo, se pronostica que el dólar oficial podría rondar los $1.000 entre el primer y el segundo trimestre del año 2024, una devaluación adicional de casi el 43% con respecto a diciembre de este año.

El ministro Massa se comprometió a mantener fijado el tipo de cambio oficial en $350 para el segmento mayorista y $366,5 para el minorista, hasta el próximo 15 de noviembre. Pero hacia fines de este mes la inflación ya logró consumir casi todo el efecto real que tuvo la devaluación de agosto, y luce muy poco creíble que pueda seguir sosteniéndose este esquema cambiario sin alteraciones.

Massa apuesta ahora por la articulación de “parches”, devaluaciones seleccionadas discrecionalmente para ciertos sectores con el fin de postergar el colapso del cepo. El llamado “dólar Vaca Muerta” apunta en esta dirección, y no se descartan nuevas paridades para nuevos sectores exportadores.

La devaluación de agosto tan solo llegó al 22,5%, y provocó un “despertar” de inflación reprimida que alcanzó el 12,4% en precios minoristas, 18% en precios mayoristas, y hasta un 30% en los bienes importados al por mayor. Solo cabe a la imaginación determinar cuán terrible podría llegar a ser un impacto devaluatorio del 100% en solo dos meses.

Bastaría con que se produzca un traslado (por inflación reprimida) de tan solo la mitad de la devaluación para que el país entrara, de manera estrictamente oficial, en una situación de hiperinflación. Para fin de año Argentina podría llegar a registrar la tercera hiperinflación de su historia, después de la que vivió entre mayo y julio de 1989, y más tarde entre diciembre de 1989 y marzo de 1990.

En ambos casos, la hiperinflación se produjo tras un fuerte salto cambiario en el segmento oficial. El tipo de cambio oficial se disparó hasta un 321% en abril de 1989, y en diciembre de 1989 aumentó un 124% tras el colapso del Plan Bunge & Born. 

Los estallidos cambiarios suelen ser precedentes de las hiperinflaciones, e inducen a una fuerte caída de la demanda de dinero (masivos retiros de depósitos para comprar dólares). Este panorama tan adverso y caótico será el punto de partida para el eventual próximo Gobierno que asuma el 10 de diciembre. 

Se trata de un arsenal de medidas que aumentaron dramáticamente el peso de los impuestos distorsivos sobre la recaudación total. A esta lista se suman otras dos iniciativas estudiadas para gravar las propiedades rurales y los ingresos de empresas multinacionales.

Desde la llegada de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa al Gobierno en diciembre de 2019, la facilidad para hacer negocios en Argentina se deterioró sistemáticamente. El modelo económico demuestra un agotamiento notorio, la actividad se estancó desde agosto del año pasado y la tasa de inflación escaló al umbral más alto de los últimos 32 años.

Los incesantes desequilibrios fiscales trataron de ser cubiertos por un aumento de la presión tributaria, el kirchnerismo creó o aumentó hasta 33 impuestos confirmados en lo que va de su gestión, y estudia crear otros dos impuestos más por iniciativa del ministro Massa.

Pese a todo esto, el déficit primario del Gobierno nacional todavía sigue en niveles muy superiores a los que había antes de la pandemia, y en los últimos meses las finanzas públicas profundizaron todos sus desequilibrios.

Uno a uno, todos los aumentos impositivos del kirchnerismo

Bienes Personales

La primera suba de este impuesto se anunció en diciembre del año 2019, una de las primeras medidas del Gobierno de Fernández. La tasa máxima para bienes situados en el país se incrementó del 0,75% al 1,25%, y se establecieron una serie de recargos adicionales con una tasa máxima del 2,25% para bienes situados en el exterior.

Más tarde, en 2021 el impuesto volvió a aumentar, esta vez llevando la tasa máxima al 1,75% para los bienes declarados en el país, manteniendo los mismos gravámenes para los del exterior. La tasa promedio del impuesto se incrementó del 0,8% al 1,15%.

A partir del año 2022 la AFIP modificó su criterio para determinar el valor fiscal de los inmuebles declarados en la Ciudad de Buenos Aires, haciendo que en la práctica el peso del impuesto aumentara considerablemente para los usuarios con bienes en esta jurisdicción.

En junio de 2023 el kirchnerismo volvió a subir el impuesto, modificando el criterio de la AFIP para el tratamiento de las criptomonedas, a fin de que fueran efectivamente alcanzadas por el tributo.

Desde el año 2020 se creó un nuevo impuesto que se superpuso con Bienes Personales, el llamado “impuesto a la riqueza”. Se estableció una sobretasa de entre el 2% y el 3,5% para bienes situados en el país, y entre el 3% y el 5,25% para bienes declarados en el exterior. Argentina se convirtió en el país con los impuestos al patrimonio más altos del mundo con este recargo.

Fue prorrogado sistemáticamente por el período fiscal 2021 y más tarde para el 2022, pero todo indica que el Gobierno no podrá hacer lo mismo para diciembre de 2023 debido al cambio de autoridades.

Cargas sociales para las empresas

El kirchnerismo anuló gran parte de las disposiciones de la reforma tributaria de 2017, entre las cuales se postulaba un sendero de reducción gradual para los impuestos al trabajo que pagan las empresas. La Ley 27.541 desbarató las rebajas, y congeló la alícuota para las empresas en el 20,4% del sueldo bruto de los empleados (una de las más altas del mundo).

Impuesto PAIS

Este impuesto distorsivo fue creado en diciembre de 2019 por iniciativa del fallido exministro Martín Guzmán, inicialmente ideado como una devaluación encubierta. Se fijó un recargo del 30%para  la compra de divisas en el mercado legal de cambios, consumos con tarjeta de crédito y débito, y adquisición de servicios en el exterior, entre otras cosas. En el caso de algunos servicios digitales como Netflix y Spotify se fijó una tasa reducida del 8%.

Este impuesto fue sistemáticamente generalizado a cada vez más transacciones. En 2022 se lo aplicó para la adquisición en el exterior de servicios personales, culturales y recreativos, dando lugar al famoso “Dólar Coldplay”.

Más tarde, el Decreto 682/2022 lo generalizó para la importación de algunos bienes suntuarios, como automóviles y motos de alta gama, jets privados, embarcaciones de uso recreativo, bebidas alcohólicas premium, relojes, máquinas tragamonedas, máquinas para minar criptomonedas, entre muchos otros.

El Decreto 377/2023 elevó la tasa de percepción hasta el 25% para servicios postales, telecomunicaciones, primas de seguro, servicios jurídicos, contables y gerenciales, servicios vinculados con el comercio y servicios audiovisuales, entre otros afectados.

En julio de este año el ministro Massa volvió a generalizar el impuesto, esta vez con un recargo del 7,5% para la mayor parte de las importaciones de bienes y servicios. En el caso de los bienes suntuarios se aplicó una tasa superior del 30%. Esto convirtió al país en una de las economías más cerradas del mundo.

Impuesto a las Ganancias para sociedades

El Gobierno anuló la rebaja del impuesto de Sociedades en diciembre de 2019, la cual había sido programada del 30% al 25% por la reforma tributaria de 2017. La segunda suba tuvo lugar con la sanción de la Ley 27.630, por medio de la cual se reemplazó el “flat-tax” por un sistema progresivo con una tasa superior del 35%.

Como el pago de dividendos continuó apostado en el 7%, la presión efectiva para las empresas más grandes alcanza casi el 40% después de distribuir utilidades, un nivel que deja al país muy alejado de los parámetros convencionales de la OCDE.

El tercer aumento de este impuesto tuvo lugar por medio de la modificación de los parámetros para actualizar los balances contables. Se extendió de 3 a 6 períodos fiscales la posibilidad de imputar quebrantos por el efecto de la inflación. Muchos resultados contables daban ganancias meramente nominales que no existían en la realidad, pero las empresas debían pagar impuestos por ello.

Impuesto a los débitos y créditos bancarios

La ley de Solidaridad llegó a duplicar la tasa del impuesto al cheque del 0,6% al 1,2% en diciembre de 2019, y se aplicó para las empresas medianas y grandes. Más tarde el sistema se generalizó para alcanzar, además, a los pagos efectuados por medio de billeteras virtuales (que hasta ese momento no eran alcanzadas).

Se produjo un tercer aumento con la generalización de este impuesto para las transacciones con monedas digitales a través de diversas plataformas, que tampoco estaban alcanzadas originalmente.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El Gobierno anuló completamente todas las exenciones que habían sido desplegadas por la administración de Macri sobre los productos de la canasta básica en 2019. Los bienes alcanzados volvieron a estar gravados con una tasa de entre el 10,5% y hasta el 21% en algunos casos.

El ministro Massa revirtió parcialmente este aumento con un programa temporal de “Compre sin IVA”, que solo durará hasta las próximas elecciones generales. Se trata de una medida meramente coyuntural y electoralista, y no una rebaja tributaria permanente.

Retenciones a la exportación

Otra de las primeras medidas de Fernández fue la eliminación de las retenciones móviles anunciadas por Macri, y su reemplazo por un sistema rígido de tasas ad-valorem. Se estableció un gravámen máximo del 33% para el caso de la soja, una tasa que se mantiene hasta el día de hoy y permanece en máximos históricos.

Percepciones sobre la compra de dólares y gastos con tarjeta

No conforme con la introducción del impuesto PAIS, el Gobierno también añadió una percepción adicional a cuenta del impuesto a las Ganancias para pagos efecuados con tarjeta hacia el exterior. A estos efectos, se estableció inicialmente la tasa más alta que dispone el impuesto en torno al 35%. 

El nuevo gravámen aumentó del 35% al 45% por iniciativa de Silvina Batakis en su breve y fallida gestión, argumentando que si la gente viajaba al exterior, esto “colisionaba” con la generación de puestos de trabajo. La única excepción fue la compra de dólares para el ahorro.

Más tarde se añadió un recargo adicional y extraordinario del 25% sobre estas compras con tarjeta, esta vez a cuenta del impuesto de Bienes Personales. En el caso de las compras para el dólar ahorro, se instrumentó una suba del 35% al 45% para compensar la diferencia.

Impuestos Internos a productos tecnológicos y electrónicos

El Gobierno incrementó la presión de los impuestos internos a los productos electrónicos, del 0% al 6,55% para aquellos ensamblados en Tierra del Fuego, y del 10,5% al 17% para los que se importan desde el exterior.

El Presupuesto de Massa para 2023 volvió a aumentar estos impuestos, esta vez imponiendo una tasa del 19% para los productos electrónicos importados, y hasta el 9,5% para los ensamblados en Tierra del Fuego. Todos los consumidores se vieron afectados, pero especialmente aquellos de más bajos ingresos.

Impuesto a las apuestas online

El Presupuesto 2021 de Martín Guzmán implementó una tasa del 5% para gravar las apuestas por internet dentro del mercado doméstico. Si las apuestas involucran a alguna entidad en el exterior, la tasa aumenta al 10%. En caso de que la contraparte extranjera sea considerada un “paraíso fiscal”,el recargo correspondiente aumenta al 15%.

Aumento sobre las primas de seguros y sobretasas

Desde 2021 se creó una nueva contribución obligatoria del 0,5% sobre las primas de seguro automotor, regulada por la Comisión Reguladora del Transporte. El Gobierno también creó un “Fondo Nacional del Manejo del Fuego”, con un impuesto asociado del 3 por 1.000 sobre todas las primas de seguro, con la sola excepción de los seguros de vida.

Más tarde, el Presupuesto 2023 creó formalmente la “Tasa de Seguridad de Aviación”, recargada sobre pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales, o de cabotaje en Argentina.