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Economía

El ajuste fiscal recaerá sobre el sector privado: En vez de echar empleados públicos o privatizar, habrá un nuevo tarifazo

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Por el congelamiento tarifario los subsidios económicos se duplicaron en lo que va de la administración Fernández. Massa recortará estas partidas como el eje principal del ajuste fiscal, pero no se acotará el creciente déficit de las empresas estatales.

El foco del ajuste fiscal vuelve a centralizarse en los subsidios económicos hacia las tarifas públicas. El ministro Sergio Massa confirmó que el Gobierno fomentará activamente el ahorro energético, especialmente para el consumo de índole residencial.

Massa anunció un cambio en el régimen de subsidios para las tarifas eléctricas: además de la quita del subsidio para los 4 millones de hogares que no se anotaron en la segmentación, sobre el umbral de 10 millones de hogares que sí lo hicieron se establecerá un tope de subsidio de hasta 400 KW mensuales de uso residencial.

Esta medida implica que el Gobierno solamente subsidiará las tarifas hasta este tope, pero cualquier consumo mensual por encima del límite deberá abonar la tarifa plena sobre el excedente. Los usuarios que registren un consumo superior a los 400 KW mensuales no perderán el subsidio, pero sí se verán incrementados los montos sobre la tarifa percibida.  

En la misma línea, Massa anunció un régimen especial para el subsidio al gas que tendrá en consideración los factores de índole estacional (por ejemplo, el mayor consumo durante el invierno). Sin embargo, el Gobierno aún no ha dado mayores detalles sobre el nuevo sistema.

El peso de los subsidios económicos se duplicó desde que Alberto Fernández llegó al poder. El Estado nacional pasó de abonar un monto del 1,85% del PBI en diciembre de 2019 para pagar hasta un 3,87% en junio de 2022. En total, solo la factura por subsidios ya es superior a todo el déficit primario del Sector Público Nacional (SPN), que llegó al 3,5% del PBI en junio.

Esta partida presupuestaria contempla transferencias para las tarifas de energía (electricidad y gas), transporte público, y otros sectores específicos como la industria. Los anuncios de Massa solamente apuntan contra las tarifas energéticas, que representan más del 60% del total, pero no se anunciaron mayores ajustes sobre el resto de las partidas.

Por otra parte, el Gobierno se negó a anunciar mayores ajustes sobre las empresas del sector público. Las transferencias destinadas a cubrir el déficit operativo de las empresas públicas son equivalentes a sólo el 22% de todo lo que se gasta en subsidios económicos, pero desde 2019 este déficit aumentó de manera explosiva.

Gasto público en subsidios económicos y transferencias para el déficit de las empresas estatales.

Entre diciembre de 2019 y junio de 2022 el déficit operativo de las empresas del Estado se más que duplicó, y trepó del 0,39% del PBI al 0,87%. Contabilizando otras transferencias del sector público, que no son incluidas en los déficits estrictamente operativos, el rojo total de las empresas estatales alcanzó el 1,2% del PBI en 2021 y este año sigue creciendo.

Massa amplió la limitación para la nueva contratación de agentes en el Estado, esta vez incluyendo a las empresas estatales, que deberán presentar una declaración jurada cada mes con el relevamiento del INDEC. Esta acción limita el crecimiento del déficit operativo de las empresas, pero no se presenta ninguna medida para producir un ajuste

Economía

El Ministerio de Economía absorberá el control de los fondos fiduciarios: Se anunció la eliminación de hasta 9 cajas política

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El Ministro Caputo tendrá en control de estos fideicomisos para implementar una reorganización general de los mismos, apuntando directamente contra los privilegios de la política. Estas determinaciones avanzan en línea con el ordenamiento de las finanzas públicas y las conversaciones con el FMI.

El Presidente de la Nación Javier Milei firmará prontamente una resolución para poner a la suma de los todos fondos fiduciarios nacionales bajo la dependencia directa del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo.

Con las nuevas atribuciones anunciadas, el Ministro de Economía adquiere un poder que no se veía desde la administración de Domingo Cavallo entre 1991 y 1996. Este Ministerio recupera finalmente el poder de decisión que necesita para ejecutar las reformas estructurales que necesita el país.

Se trata de un paso fundamental para poder implementar un programa de racionalización sobre los mismos, ponderando costos y beneficios de cada una de las partidas alcanzadas, y trazando un verdadero orden de prioridades.

Se apunta a reducir drásticamente todos aquellos recursos que se destinen a privilegios de la política, o sectores discrecionalmente beneficiados en desmedro del grueso de la sociedad.

A partir de estas medidas, la masa de recursos que operan bajo la figura de los fondos fiduciarios dejará de escapar a la vista del Congreso, una maniobra usual que implementó la mayoría de los Gobiernos anteriores.

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó públicamente que serán eliminados hasta 9 fondos fiduciarios con gastos millonarios. Esta determinación acompaña al ajuste fiscal que se está ejecutando a nivel nacional, ya que significa un ahorro total equivalente a los US$ 2.000 millones por año (aproximadamente un 0,5% del PBI). Nuevamente, la aplicación de estos recursos no fue debidamente tratada por el Congreso, sino que se mantuvieron al margen de la voz y el voto de la sociedad. 

Los primeros datos fiscales de Argentina, correspondientes al mes de enero, registraron un superávit primario de por lo menos $ 2.010.746 millones de pesos, y aún contabilizando la carga de intereses se logró un resultado financiero superavitario de hasta $ 518.408 millones

Si estas cifras son ajustadas por el paso de la inflación, se llega a la conclusión de que enero de 2024 obtuvo el superávit financiero más importante desde 2011, superó a cualquier otro mes de enero desde entonces. Se espera otro resultado potencialmente para el cierre de febrero, consolidando así la reducción del déficit acumulado de los últimos 12 meses.

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Economía

La cotización del Bitcoin rompió el techo de los US$ 60.000 dólares y acumuló un alza del 42% en los últimos 30 días

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La criptomoneda más famosa del mercado volvió a sorprender con fuertes subas desde finales del mes de enero. Solamente en el último año acumuló un incremento de casi el 160% en dólares, principalmente explicado por las subas de febrero.

El Bitcoin registró un nuevo e histórico repunte que comenzó en la última semana del mes de enero, y se profundizó notoriamente a lo largo de febrero. La criptomoneda más popular del mundo rozó la barrera de los US$ 63.000 por unidad en el día jueves, anotando así una variación diaria positiva de casi el 0,3% frente a la jornada anterior.

Son los valores más elevados registrados desde noviembre de 2021, cuando la criptomoneda había alcanzado sus últimos récords. Llegó a un piso en torno a los US$ 16.800 dólares entre noviembre y diciembre de 2022, y desde ese momento desencadenó un nuevo ciclo alcista que perdura hasta el día la fecha.

Solamente en los últimos 5 días la cotización en dólares del Bitcoin se incrementó en un 18,6%, y hasta un 42,4% en el último mes. Con estos movimientos, la criptomoneda demostró un gran costo de oportunidad para todos los tenedores de dólares (y más aún considerando que la divisa cayó en la mayoría de los mercados alternativos con respecto al peso).

En los últimos 6 meses la cotización del Bitcoin se incrementó más de un 137% frente al dólar (partiendo de un piso de US$ 25.811 en el 1° de septiembre de 2023), y casi un 160% con respecto al 1° de marzo del año pasado.

El Bitcoin demoró casi 3 años en volver a alcanzar sus máximos históricos, y a partir de la presente recuperación podría volver a superarse a sí mismo, como lo hizo sistemáticamente desde su lanzamiento al mercado.

También se registraron subas semanales muy importantes sobre el Dogecoin (50%), Solana (23%), ETH (13%) y Tether (10%)

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Economía

La desregulación alivia el bolsillo: El Gobierno de Milei eliminó miles de restricciones para productos textiles y calzado

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Se eliminan las cláusulas que obligaban a las empresas a transitar por trámites completamente innecesarios y arbitrarios, cuyo único propósito era encarecer tanto las importaciones como los productos nacionales, en detrimento del bolsillo del consumidor.

El Gobierno sigue profundizando el proceso de desregulación para favorecer la competencia, y de esta manera hacer rendir mejor el bolsillo de la gente. La Secretaría de Comercio confirmó oficialmente la eliminación de la “Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) ”, una decisión que beneficiará a millones de consumidores argentinos.

Esta regulación exigía a los fabricantes nacionales de productos textiles, así como también a los importadores de estos bienes, la presentación de información sobre la composición porcentual y el material de sus productos (cosas que ya estaban perfectamente detalladas en la etiqueta de los mismos y era redundante).

Se estima que solamente con esta regulación absurda, la industria textil absorbió costos equivalentes a los US$ 5 millones cada año, y alrededor de 1 millón de trámites registrados solamente en 2023. También se encarecieron artificialmente los precios de los productos importados.

En última instancia, todos estos costos fueron trasladados a los consumidores finales, que sufrieron una debacle inflacionaria sobre la indumentaria en mucha mayor medida que en cualquier otro rubro relevado en el IPC.

Los requisitos de información no servían para informar a los consumidores (nuevamente, era información que ya aparecía en la etiqueta de los productos), y tampoco para el Estado a los fines de poder recaudar o clasificar los productos en cuestión por razones de nomenclatura comercial. Se trataba de una regulación abiertamente absurda y carente de toda utilidad.

La resolución N° 49/2024 firmada por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, deja sin efecto las regulaciones normadas por las resoluciones N° 26/96, 850/96 y 404/16. Se verán abaratados los costos sobre una amplia gama de productos, entre los cuales se encuentran los insumos textiles (hilados y tejidos), las confecciones, y finalmente los insumos para la industria del calzado.

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