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Economía

El Banco Central al borde de incumplir las metas con el Fondo Monetario y podría caer en default a fin de año

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El acuerdo con el FMI establece que la autoridad monetaria debe acumular por lo menos 5.800 millones de dólares para fin de año, pero los resultados del primer trimestre anticipan un muy probable incumplimiento.

El gobierno de Alberto Fernández no muestra ningún direccionamiento en cumplir con lo pactado con el Fondo Monetario Internacional, y está al borde de fallar en las primeras metas pedidas por el organismo.

El programa del Fondo establece el siguiente cronograma de acumulación de reservas en el Banco Central: US$ 1.200 millones para marzo, US$ 4.100 millones para junio, US$ 4.400 millones para septiembre y finalmente US$ 5.800 para fin de año. Estos montos obedecen a pautas de índole estacional vinculadas con el sector exportador de la economía.

A pesar de la liquidación récord de divisas por exportaciones en el primer trimestre del año, como resultado del alza de precios internacional, el Banco Central fracasó en su política de acumulación de reservas y tiene solamente el mes de mayo para llegar a lo pactado para junio.

Si bien oficialmente la entidad monetaria logró acumular hasta US$ 3.475 millones en los primeros tres meses del año y sobrecumplir la meta con el Fondo, esto solamente se pudo lograr porque fue el propio Fondo Monetario el que depositó un paquete por US$ 6.750 millones en concepto de amortizaciones por el acuerdo. En realidad, el BCRA perdió US$ 3.277 millones en lo que va del año, y solamente pudo cumplir la meta gracias al rescate FMI.

Pero el panorama es incluso más decepcionante en vista al futuro, ya que ni siquiera con los desembolsos del FMI está garantizado el cumplimiento de la meta para mediados y fin de año, este último en torno a los US$ 5.200 millones. Por fuera de los desembolsos, el BCRA no logró acumular dólares.

Para cumplir la meta trimestral en junio, se deberán acumular más de US$ 360 millones por cuenta del BCRA, y posteriormente otros US$ 300 millones entre julio y septiembre para cumplir con la tercera meta trimestral del año. No hay garantía de que se puedan cumplir estas cifras.

El principal problema para cualquier programa de acumulación de reservas es el cepo cambiario. El aumento del pago para importaciones, vía precios internacionales de la energía, así como el pago de servicios o la cancelación de préstamos empresariales con el exterior, deben atravesar a la estructura oficial de reservas internacionales en un sistema con controles de capitales.

Para mantener el actual ritmo de devaluación oficial (que no logra ni siquiera compensar la inflación), el Banco Central debe sacrificar reservas en la medida de que las importaciones y transacciones comerciales están obligadas a efectuarse a través del cambio legal, o sus debidos segmentos legales dentro del desdoblamiento. 

Economía

Más impuestos en la Unión Europea: Ahora proponen aplicar un “IVA Digital” a las plataforma como Uber o Airbnb

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La Comisión Europea busca elevar el nivel de recaudación a las arcas públicas a través de la generalización del IVA para empresas con plataformas digitales como Uber y Airbnb. Se estima que las medidas podrían incrementar la recaudación en hasta 18.000 millones de euros cada año. 

A fin de volver a incrementar la sangría tributaria en la región que menos crece en el mundo, la Comisión Europea instó a los Estados miembros a volver a generalizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para adaptar el sistema a las nuevas modalidades empresariales con plataformas digitales.

Se propone aplicar el IVA, con las alícuotas correspondientes para cada Estado miembro, sobre empresas de plataforma digital como Uber y Airbnb en caso de que cuenten con algún tipo de emisión, y también aplicar facturas electrónicas digitales para el comercio transfronterizo.

Las nuevas facturas electrónicas para el comercio sobre las fronteras entre países reemplazaría a las “declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias”, con el fin de eliminar vacíos legales sobre evitar el pago del IVA. Se articula un mecanismo para ampliar la base imponible del impuesto sobre estas transacciones. 

La Comisión mencionó incluso a los criptoativos, y determinó que su tratamiento fiscal será similar al de cualquier otro activo financiero y, por lo tanto, estará sujeto a impuestos entre los cuales se encuentra el IVA. 

La generalización también busca compatibilizar la aplicación del IVA para no generar distorsiones discrecionales en la competencia. Por ejemplo, mientras que los hoteles y los taxis tradicionales emiten facturas discriminando el IVA en la UE, algunas empresas intermediarias en transporte o alojamiento de corta distancia no abonaban el impuesto y se genera una suerte de competencia desleal. 

Pero la principal razón de las medidas es el motivo fiscal. Solamente por estas disposiciones la Comisión Europea espera añadir cada año cerca de 18.000 millones de euros a las arcas fiscales de la UE. La recaudación impositiva supera el 40% para el promedio de los países europeos, aunque la mayor parte de los mismos continúa teniendo déficit fiscal. 

En algunos países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Hungría y Croacia las alícuotas más elevadas del IVA oscilan entre el 24% y el 27% sobre el valor de los bienes y servicios alcanzados. Otros países como Alemania, España, Italia y Portugal mantienen tasas más moderadas de entre el 19% y el 23%. 

Pero cualquiera sea el tributo efectivo aplicado en cada país, lo cierto es que Europa es la región con la aplicación del IVA más alto del mundo, muy por encima del promedio para el continente americano, África y Asia. De hecho, algunas economías desarrolladas no cuentan con un IVA instrumentado a nivel federal o mantienen una alícuota muy reducida, como es el caso de Estados Unidos, Canadá y Australia. 

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Economía

Biden anuncia un salvataje de US$ 36.000 millones para uno de los fondos de pensiones más grandes de Estados Unidos

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La Casa Blanca vuelve a darle la espalda a la disciplina fiscal y lanza un paquete de rescate por 36 mil millones de dólares para evitar la quiebra del Fondo de Pensiones de Estados Centrales, cuya insolvencia parecía inevitable para el año 2025. 

El presidente Joe Biden anunció un amplio paquete de rescate fiscal por 36 mil millones de dólares para respaldar el Fondo de Pensiones de los Estados Centrales, un fondo de propiedad de los gobiernos locales y operativo desde el año 1955.

El fondo cuenta con cerca de 350.000 asociados al sistema entre trabajadores sindicalizados y jubilados, y entre malas decisiones operativas y el impacto del alza de las tasas de interés sobre los activos financieros, se esperaba que arribara a una insolvencia irrecuperable para el año 2025. El salvataje del Gobierno federal se propuso evitar la cesación de pagos en el futuro.

Es la segunda vez que la administración Biden despliega una gran cantidad de recursos para rescatar fondos de pensiones. El primer paquete de rescate fue aprobado en marzo de 2021 como parte del “Plan de Rescate estadounidense” y comprometió un monto por US$ 86.000 millones

Solamente ese mes el Tesoro de los Estados Unidos amplió el gasto fiscal mensual en 367.970 millones de dólares, para lo cual cerca del 23% se destinó al rescate de fondos de pensiones. 

El nuevo rescate supone una nueva marcha atrás con la disciplina fiscal. El gasto mensual del Gobierno federal con criterio de “base caja” suele oscilar entre los 400.000 millones y los 500.000 millones de dólares, por lo que una suma de 36.000 millones podría compensar parcialmente el efecto bajista de la estacionalidad de los gatos propia del mes de diciembre. 

Se debe tener en cuenta que el déficit fiscal acumulado de 12 meses abortó la corrección bajista a partir del rescate de deudas estudiantiles en el mes de septiembre. Esta medida irresponsable y regresiva provocó que el desequilibrio financiero del Estado aumentara del 3,89% del PBI al 5,33% en un mes

Asimismo, el déficit primario del Gobierno federal escaló del 2,14% del PBI en agosto al 3,54% en septiembre. En materia de ordenamiento de las finanzas públicas, en un solo mes la administración Biden anuló el esfuerzo fiscal de los cinco meses precedentes al rescate de deudas

Los gastos mensuales ascendieron a los 917.396 millones de dólares en septiembre, un nivel similar al que se registró durante el pago de los masivos programas de estímulo entre abril de 2020 y marzo de 2021. El salvataje de deudas estudiantiles provocó un shock similar al pago de los cheques familiares sobre las finanzas públicas

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Economía

Disciplina fiscal en Uruguay: Lacalle Pou eliminó el déficit primario y reduce el tamaño del Estado en la economía

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El desequilibrio fiscal antes de intereses de deuda fue completamente eliminado a partir del mes de mayo. La administración de Lacalle Pou llevó al gasto primario del Estado a su nivel más bajo desde el año 2017. 

El Gobierno de Luis Lacalle Pou volvió a confirmar su compromiso con la disciplina fiscal en Uruguay. El resultado primario del Gobierno central se tornó positivo desde mayo de 2022 y por primera vez desde septiembre de 2019. Se arribó a un superávit primario equivalente al 0,16% del PBI en el acumulado anual del pasado mes de junio.

De esta manera no solamente se recuperó el control sobre las finanzas públicas luego del impacto provocado por la pandemia, sino que también se revirtió la tendencia deficitaria heredada de la última administración del Frente Amplio, que había dejado un rojo fiscal primario del 1,66% del producto en febrero de 2020.

Considerando el pago de servicios por la deuda pública total del Uruguay, el déficit financiero del país representó el 1,94% del PBI para el acumulado anual de junio. Se trata del resultado más equilibrado desde mayo de 2019. 

En lo que va de la administración de Lacalle Pou el déficit fiscal total se redujo en 1,2 puntos porcentuales, y al haberse eliminado el desequilibrio primario el país obtiene nuevas oportunidades para estabilizar el stock de deuda pública en relación al PBI, y refinanciarla constantemente haciendo frente al pago de los intereses de la misma.

El principal factor explicativo para la consolidación de la disciplina fiscal fue el ajuste del gasto público. El total de las erogaciones primarias del Gobierno central (sin intereses de deuda) representaron el 28% del PBI en junio de 2022.

Se produjo un ajuste de 1,19 puntos porcentuales desde que asumió el Gobierno del Partido Nacional en marzo de 2020, y una reducción de los gastos primarios equivalente a los 3,5 puntos del PBI desde marzo de 2021, durante el apogeo de los gastos extraordinarios por la pandemia.

Evolución del gasto público en Uruguay desde el año 2016.

Los gastos primarios del Estado son aquellos que efectivamente pueden ser controlados por las operaciones corrientes y el Presupuesto anual, a diferencia de la factura de intereses que puede tornarse inestable por factores exógenos a la administración gubernamental. La participación de estas partidas en el PBI es la más baja registrada desde diciembre de 2017. 

Asimismo, el gasto público total ascendió al 30,3% del PBI al término del mes de junio y registró una retracción de 1,4 puntos porcentuales desde febrero de 2020. El tamaño consolidado del sector público en Uruguay es el más bajo desde noviembre de 2017, y se redujo en 3,78 puntos del producto desde marzo del año pasado. 

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