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Economía

El “capitalismo popular”: entendiendo el milagro económico peruano de Alberto Fujimori en los 90s

El modelo económico que se debate en el balotaje en Perú consiguió estabilidad de precios, crecimiento ininterrumpido por 29 años y movilidad social ascendente. Las reformas de los 90s generaron un milagro económico calificado como un éxito en la región.

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Esta semana se llevaron a cabo elecciones en Perú, cuyo resultado determinó que Keiko Fujimori, la hija del polémico estadista y ex presidente Alberto Fujimori, irá a segunda vuelta electoral, con las posibilidades más altas de su carrera de ganar la elección.

Alberto creó una línea política en el país conocida como fujimorismo y, a pesar de múltiples políticos que pertenecen a este espacio, no hay figura en Perú que mejor represente este ideario que Keiko, especialmente en materia económica.

Pero para entender qué tipo de políticas económicas se pueden esperar de la heredera de uno de los mandatarios más importantes de la historia peruana, se debe analizar “el milagro peruano” que aconteció en la década del 90 y convirtió a un país rural y empobrecido en una de las economías más importantes de la región.

En medio de un clima hiperinflacionario y una recesión profunda, Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 1990, dando lugar a una serie de reformas económicas que fueron el pilar del modelo económico fujimorista que incluso hoy en día mantiene el gobierno, a pesar de las diferentes figuras que llegaron a la presidencia desde entonces. 

El mes de julio de 1990 fue particularmente caótico para Perú: el proceso hiperinflacionario se tornó violento e inmanejable y los precios aumentaron un 396% solamente en ese mes, algo nunca antes visto en la historia económica peruana. La inflación interanual había superado el 12.300%

La nueva administración respondió con la aplicación de un programa de shock denominado popularmente como “Fujishock” para terminar con la hiperinflación, de la mano del ministro de Economía Juan Carlos Miller

Se procedió a la liberalización del mercado cambiario, la rebaja generalizada de aranceles a las importaciones, la eliminación de restricciones cuantitativas al comercio, la liberalización de las tasas de interés bancarias, la reducción de los controles de precios y la aplicación de una política monetaria fuertemente contractiva, todo en un plazo de pocas semanas.

La política monetaria logró un resultado contundente en materia inflacionaria. A partir de 1990 el Banco Central de Perú (BCRP) lanzó un programa de fijación de metas de emisión futura que resultó sumamente creíble y confiable, con reducciones progresivas en el ritmo de expansión monetaria. Esto fue posible a la “mano de hierro” con la que Fujimori supo gobernar Perú.

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Desde 1992 se implementó un programa de esterilización para la emisión, y en 1993 Fujimori aprueba una reforma en la carta orgánica del BCRP atada a la nueva Constitución que aprobó ese mismo año, garantizando autonomía para la autoridad monetaria y prohibiendo por ley la financiación espuria al Estado

Al mismo tiempo, el Gobierno fujimorista decidió emprender un importante programa de austeridad fiscal, racionalizando la administración pública y actualizando el valor de las tarifas de los servicios públicos regulados por el Estado. 

Crecimiento de la economía y comportamiento de la inflación a partir de la reforma fujimorista entre 1990 y 1993.


La terapia de shock logró un nivel inédito de credibilidad que consiguió derribar la inflación mensual hasta un promedio del 6,4% durante todo 1991

A partir de 1993 la economía peruana experimentó un crecimiento vigoroso del PBI y de todos sus indicadores económicos, financieros y humanos, y todos esto con una envidiable estabilidad de precios, una situación que no se veía desde principios del siglo XX en ese país y tampoco se había logrado en otras partes del continente.

En contexto, Carlos Menem llevó a cabo reformas parecidas en Argentina, pero tardó 2 años (entre 1989 y 1991) en apalear definitivamente la inflación, y con un plan económico mucho más ajustado que requirió del 1 a 1.

Entre 1993 y 2000 la economía del Perú creció un 39,4% mientras que la inflación interanual cayó a un sólo dígito a partir de 1996, y la inflación mensual quebró la inercia persistente que parecía tener en la década de 1980. 

Durante este proceso, Alberto Fujimori eliminó rápidamente todos los controles sobre la tenencia de moneda extranjera (principalmente dólares), blanqueando lo que más tarde consolidó una auténtica y funcional economía bimonetaria. 

A partir de 1992, Alberto Fujimori consolidó su poder en el gobierno disolviendo el Congreso, y terminó de completar las reformas de primer orden en la transición hacia una economía de mercado. 

A partir de ahí, se concretó un extenso programa de privatizaciones que logró una mejora en la calidad de las prestaciones, y se anuló un costo fiscal importante que representaban las empresas estatales deficientes y deficitarias.

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El modelo económico se apoyó en tres pilares fundamentales: servicios públicos privatizados, economía abierta y regulación mínima, un tamaño del Estado relativamente pequeño y financiable, y una política monetaria totalmente independiente del poder político. 

El crecimiento per cápita y el milagro económico del Perú entre 1992 y 2019.


Este modelo trascendió al fujimorismo y perduró por casi tres décadas.
Entre 1992 y 2019 el ingreso por habitante en el Perú creció un 166%, consiguiendo una suerte de milagro económico en la región y un “capitalismo popular” que redujo los niveles de pobreza y marginalidad significativamente. 

Según las estimaciones oficiales del Estado peruano la tasa de pobreza pasó del 58,5% de la población en 1994 al 21,7% en 2015. Según la medición del Banco Mundial, y utilizando una vara de medición en torno a los US$ 10 PPP constantes de 2011 (similar a lo que utiliza Argentina), la pobreza en el Perú habría pasado del 84% a principios de los 90s, a un 48% en el año 2019. 

En cualquier medición que se decida utilizar el resultado dinámico termina siendo el mismo, mostrando un importante proceso de movilidad social ascendente que no tuvo mayores interrupciones hasta la llegada de la pandemia en 2020.  

La contienda electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo terminará por delimitar si Perú decide continuar con el modelo de crecimiento económico y movilidad social ascendente bajo una economía de mercado, o si decide girar hacia el “Socialismo del siglo XXI” junto con Venezuela y el Foro de Sao Paulo. 


Por Germán Pérez Dalmau, para La Derecha Diario. 

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Economía

Peligroso: En plena recesión Biden aprueba una ley para aumentar los impuestos

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Es la primera vez desde 1990 que un Gobierno estadounidense decide aumentar los impuestos en plena recesión. Los demócratas dieron media sanción al nuevo paquete fiscal, y el proyecto pasará a la Cámara de Representantes para su tratamiento definitivo.

El Gobierno de Joe Biden envió la llamada “Ley de Reducción de la Inflación” (IRA por sus siglas en inglés), que en la práctica supone una versión simplificada y moderada del programa Build Back Better original. Estos cambios se produjeron debido a que el primer esquema era celosamente extremista y corría el riesgo de no ser aprobado por las cámaras legislativas.

La ley plantea 3 pilares principales: la expansión del gasto público, la inclusión de nuevas regulaciones climáticas y un fuerte aumento de los impuestos.

Este último es particularmente paradigmático, debido a que Biden pretende convertirse en el primer Presidente estadounidense en subir impuestos en medio de una recesión desde 1990, cuando George H. W. Bush decidió hacerlo con una reforma que entró en vigor a partir del año fiscal 1991.

Aun así, la recesión es sistemáticamente negada por la Casa Blanca, y se insiste en comunicar un proceso de “crecimiento sostenido” que no se ve reflejado en ninguna estadística oficial.

Impuestos sobre las empresas

La nueva legislación presente en la IRA propone crear un nuevo impuesto mínimo obligatorio del 15% para las sociedades que facturen ingresos de más de US$ 1 millón cada año.

La reforma tributaria aprobada por Donald Trump en 2017 eliminó el sistema de tasas marginales progresivas para las ganancias de sociedades, y unificó todas ellas en una sola tasa del 21% en lo que se conoce como un “Flat tax” para bajar la carga fiscal y maximizar la eficiencia.

Con los cambios dispuestos por Biden, se eliminan una serie de deducciones y exenciones a las cuales podían acceder las empresas para evitar tributar el 21% sobre sus ganancias, por lo que la factura tributaria mínima no podrá ser menor al 15% en ningún caso para empresas con ganancias superiores a 1 millón de dólares anuales.

Además de una carga fiscal superior, los cambios presentados por los demócratas presentan distorsiones sobre la correcta asignación de la inversión privada porque afecta de manera diametralmente diferente a cada industria gravada.

La Tax Foundation estima que la presión tributaria podría ser artificialmente menor en servicios digitales y telecomunicaciones, pero drásticamente superior en el mercado inmobiliario, la industria minera, el transporte y la construcción.

Impuestos sobre las personas físicas y al consumo

Para las personas que decidan realizar inversiones en activos financieros, depositar su dinero en bancos y percibir intereses u otro tipo de inversiones de capital, el plazo mínimo requerido para que su renta financiera sea considerada de “largo plazo” aumenta de 3 a 5 años.

Esto implica un aumento de la presión fiscal, debido a que las ganancias de capital a largo plazo están gravadas por tasas marginales inferiores a la de corto plazo, que perciben las mismas tasas que el impuesto a la renta corriente.

Por otra parte, el proyecto de los demócratas aumenta el impuesto al petróleo crudo, tanto de origen nacional como importado. El impuesto de suma fija subirá a 16,4 centavos de dólar por barril comercializado, y la cifra se indexará por la inflación de ahora en adelante.

Esta medida es una de las más polémicas porque Estados Unidos atraviesa un histórico aumento de los precios de la energía: el presidente Biden prometió bajar los precios, y no subirlos con un nuevo impuesto directo al consumo como pretende su propio proyecto.

Los efectos para la economía

La Tax Foundation utiliza un modelo teórico de equilibrio general para estimar que las medidas presentadas tendrán una recaudación neta por US$ 304.000 millones, y a cambio significará un retroceso del 0,1% en el PBI de largo plazo, la baja del 0,1% en los salarios reales y la pérdida de 30.000 empleos privados.

Estos resultados corresponden al efecto neto esperado íntegramente por el impacto de las medidas tributarias de la ley, pero no pretenden explicar la evolución futura de las variables macroeconómicas en el largo plazo debido a que estas responden a muchos otros factores no tenidos en cuenta. 

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Economía

Fondo de olla: Pesce afirmó que el Banco Central está utilizando los recursos del swap chino

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En medio de la corrida contra los depósitos en dólares, el presidente del Banco Central volvió a asegurar que no se están usando los encajes, si no que se está usando el swap chino.

Las reservas internacionales del Banco Central están al borde de desaparecer, incluso contabilizando la posición de oro y los Derechos Especiales de Giro (DEGs) proporcionados por el FMI. El sistema de cepo cambiario se vuelve cada vez más insostenible y demanda una urgente devaluación del tipo de cambio oficial.

El presidente del Banco Central, el radical kirchnerista Miguel Ángel Pesce informó a la prensa que el swap con China fue efectivamente activado, y que se dispondrán de estos recursos para seguir cubriendo el déficit de reservas hasta que se haya consumido el paquete por completo.

El swap chino es una posición que solo puede ser utilizada con el aval del Banco Popular Chino y cuya denominación es en yuanes, no en dólares. Para continuar financiando al déficit del cepo cambiario el BCRA deberá canjear los yuanes por dólares, en una operación que no resulta gratuita.

Además, desde el momento de su utilización el swap se convierte en una deuda formal con China que, como cualquier otra deuda, deberá pagarse y tampoco constituye una operación libre de riesgos.

Los más recientes anuncios de Pesce responden a dos cuestiones: la constante intervención deficitaria sobre el mercado cambiario y el temor de los ahorristas con respecto a los depósitos en dólares.

Solamente en las últimas 9 ruedas cambiarias el Banco Central acumuló pérdidas por US$ 1.159 millones, la peor racha en tres años de operaciones. No se registraba una pérdida de reservas tan violenta desde agosto de 2019.

En las últimas 20 jornadas perdió 1.386 millones de dólares, y el nivel de reservas netas con la posición de oro y los DEGs asciende a solo US$ 1.936 millones, mientras que las reservas netas líquidas ya están en terreno negativo sin estos elementos. La importación de energía a través del cambio oficial se torna insostenible.

En segundo lugar, las reservas también están expuestas a una reciente corrida contra los depósitos en dólares en los bancos. Ya salieron 1.000 millones de dólares de los bancos entre el 21 de junio y el 2 de agosto. Los ahorristas temen por la seguridad jurídica de sus ahorros y no confían en el Gobierno kirchnerista.

Pesce prometió que no se usarán, ni tampoco se usaron, los encajes en dólares resguardados en el Banco Central precisamente para respaldar los depósitos en dólares de los ahorristas y para cubrir cualquier tipo de corrida. Pero sus afirmaciones no son creíbles.

Los anuncios de Pesce contradicen la realidad, pues en ningún momento se explica el fuerte déficit de divisas por casi US$ 6.000 millones que surge al excluir los DEGs y la posición de oro de las reservas netas.

Aún incluyendo la posición de oro como un activo líquido, ya que pueden efectuarse swaps y acuerdos REPO para facilitar su uso sin necesidad de venderlo, el desequilibrio continúa siendo descomunal.

Lo que realmente sospechan los ahorristas y los mercados es que el BCRA “tomó prestado” los encajes en dólares para respaldar depósitos, incluso hasta el 50% de los mismos, esperando que la activación del swap con China permita recomponer esos fondos tomados al cabo de un cierto tiempo, e ignorando u ocultando al público la desprotección que se produjo en ese lapso. Las palabras de Miguel Pesce no cosecharon ni la más mínima credibilidad y la corrida contra los depósitos en dólares persiste. 

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Brasil

Bolsonaro eliminó la inflación: Los precios minoristas bajaron un 0,7% en el mes de julio

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El IBGE anunció que la inflación interanual cayó casi 2 puntos porcentuales entre junio y julio. La variación del mes fue negativa por primera vez desde 2020, y fue la deflación mensual más importante desde 1980.

El ajuste fiscal y la restricción de la oferta monetaria están concretando resultados en el combate de la inflación en Brasil. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) confirmó oficialmente que los precios minoristas relevados en el IPC tuvieron una baja del 0,68% en el mes de julio.

Es la primera vez que Brasil registra deflación mensual desde abril y mayo de 2020, pero a diferencia de aquel entonces, esta vez se produce en el marco de una expansión de la actividad económica medida por el IBC-Br (también del IBGE) en contraste con la aguda recesión inducida por la pandemia.  

Además, la deflación mensual de julio de 2022 fue la más importante registrada en toda la serie histórica del IBGE comenzada en 1980. Pero considerando las estadísticas históricas del Banco Central de Brasil, que comienzan en 1939, la deflación mensual resulta incluso la más pronunciada desde junio de 1957.

La baja registrada en julio responde, en mayor medida, a la fuerte reducción de los precios de los combustibles. Entre otras razones, el Gobierno impulsó un cambio de precios relativos mediante una quita de impuestos a la energía, lo cual contribuyó a abaratarla con respecto al resto de los precios. También se observaron rebajas importantes en el gas (-15,48%) y los precios del Etanol (-11,38%).

Pero además de las políticas coyunturales, también se registró deflación en otros sectores de la economía sin exposición a medidas puntuales. El transporte bajó un 4,5% en julio, los precios de las viviendas cayeron un 1,5% y la electricidad bajó un 5,78%.

Otros rubros continuaron registrando inflación, pero moderando sus aumentos. La indumentaria marcó una suba mensual del 0,58% contra junio, la salud subió un 0,49%, y los alimentos y bebidas aumentaron un 1,3%. Este último rubro registró la mayor variación de todas.

La inflación interanual acumulada de 12 meses cerró el mes de julio en el 10,07%, y registró una fuerte desaceleración con respecto al 11,89% medida al término del mes de junio. La inflación interanual retornó al mismo nivel que tenía en diciembre del año pasado, y los mercados esperan que continúe bajando hasta el 7% interanual para fin de año.

Inflación minorista de Brasil entre 2019 y 2022.

Las razones de la caída sostenida de la inflación en Brasil

Las variaciones mensuales del IPC siguen un camino de moderación desde abril de 2022, después del pico de hasta 1,62% registrado en marzo. Las medidas fiscales tomadas por el Gobierno de Jair Bolsonaro y la política monetaria del Banco Central contribuyeron a bajar la inflación.

El déficit fiscal primario del Gobierno federal fue completamente eliminado a partir de enero de 2022, añadiendo en resultado del balance del Banco Central (el déficit cuasi-fiscal). Prácticamente la totalidad de los desequilibrios fiscales del Estado se explican por la factura de intereses (casi 5% del PBI).

Añadiendo el resultado fiscal de los Estados locales y las municipalidades de Brasil, se registra un holgado superávit primario del 1,3% del PBI en el sector público consolidado, el más elevado desde 2014.

La disciplina fiscal tiene por objetivo anclar las expectativas inflacionarias, garantizando que los desequilibrios del Estado no se van a financiar en el futuro con emisión monetaria. Esta señal es suficientemente fuerte como para reactivar la demanda de dinero y bajar la inflación. El programa económico impulsado por Paulo Guedes resulta objetivamente creíble a través del tiempo.

Por otra parte, el Banco Central de Brasil liderado por Roberto Campos Neto actúa de forma completamente independiente, y marcó un fuerte aumento de la tasa de política monetaria SELIC hasta el 13,75% desde el pasado día miércoles. La autoridad monetaria dispone de sus propias metas, y resulta creíble su promesa de no financiar al Tesoro. 

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