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Economía

El colapso de la economía planificada en la Unión Soviética: La caída del sistema que esclavizó a millones de personas por 70 años

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Hace más de tres décadas colapsó definitivamente el experimento socialista en Rusia, dejando consigo un prontuario de atraso económico y social. La caída de la cortina de hierro dejó en evidencia el fracaso del intervencionismo estatal y la planificación centralizada.

Un 25 de diciembre de 1991 se disolvía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), tras un largo proceso de agonía económica e inestabilidad política prolongada, que dejó un saldo de millones de personas que murieron de hambre o por la represión del Estado.

El derrumbe de la URSS marcó el fin de la dictadura totalitaria en Rusia y algunos de los países colindantes. Se trata del régimen por excelencia que abolió casi por completo la libertad económica, la libertad civil y la libertad política sobre todas aquellos países que aglutinó. Dejó en manifiesto el fracaso de la ideología comunista y la planificación centralizada como una alternativa de organización social

El derrumbe político de la URSS no fue sino la consecuencia de un masivo colapso económico, un episodio que dio inicio a una de las crisis más severas de la historia, y cuyas secuelas persistieron a lo largo de la década de los 90s en Rusia. El fin de la cortina de hierro inspiró la necesidad de reformismo tanto en países post-soviéticos como en múltiples economías emergentes.

¿Por qué se estancó la economía socialista?

La Unión Soviética experimentó un importante crecimiento económico entre las décadas de 1950 y 1960, ya que aún asignando arbitrariamente los recursos, el Estado creó desde cero sectores que de otro modo hubieran sido impensables (por ejemplo el desarrollo de la industria pesada en un país predominantemente agrícola). Asimismo, la brecha tecnológica entre la URSS y Occidente era relativamente baja tras el final de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas por la expansión del comercio con la Europa Oriental y con China.

Aún así, esta expansión no tuvo nada de excepcional si se la compara con países que partieron de una situación muy atrasada en términos relativos durante en la década de 1950, como España, Portugal, Grecia e incluso Brasil. Otro punto a tener en cuenta es que el alza inicial del PBI per cápita soviético no necesariamente reflejaba una mejoría de las condiciones materiales de vida de sus ciudadanos, porque al no haber un sistema de precios eficiente no había manera de interpretar las preferencias por ciertos bienes en detrimento de otros, simplemente se le obligaba a la población a aceptarlos por la fuerza.

Y fue precisamente la falta de un sistema de precios lo que irremediablemente terminó boicoteando todo el esquema. Sin un sistema de precios capaz de reflejar las preferencias de las personas o asignar los recursos, y frente a la total carencia de incentivos compatibles con la iniciativa individual, la economía planificada no fue capaz de identificar eficientemente ni cuánto, ni cómo, ni qué producir exactamente.

Se establecieron pautas de producción dentro de programas quinquenales, y los ciudadanos eran reducidos a ser una mera materia prima dentro de un plan de acción centralizado, una suerte de “productivismo forzoso”.

En una economía moderna el capital fluctúa entre sectores a través de las señales que marca el sistema de precios, pero en el régimen soviético las asignaciones se realizan con criterios políticos, con pautas arbitrarias o incluso con tecnicismos que no cuentan con la suficiente información.

La Unión Soviética enfrentó un largo proceso de descapitalización y atraso tecnológico acumulativo, que culminó con el estancamiento de la productividad de los factores para las décadas de 1970 y 1980. El auge de los años 60s se convirtió en un pesado estancamiento.

Las reformas de Gorbachov y el colapso insalvable de la economía centralizada

Consciente de las causas del estancamiento, el Secretario General Mijaíl Gorbachov trató de hacerles frente mediante la flexibilización del sistema planificador, en un vago intento por descentralizar pero sin abandonar el socialismo de Estado propiamente dicho.

Para revertir la baja productividad, Gorbachov estableció el “principio de autofinanciamiento en las operaciones empresariales”, por el cual las empresas estatales recibieron más autonomía de los recursos financieros que recaudaban y al mismo tiempo se hacían responsables de planificar sus propios gastos (tanto en salarios, insumos, bienes finales, etc).

Para atacar la abrumadora brecha tecnológica que condenaba al país al fracaso, se decidió flexibilizar el monopolio estatal sobre el comercio exterior, permitiendo que las empresas estatales y los ministerios pudieran acceder al comercio exterior, y se legalizó la inversión extranjera directa para ciertos sectores específicos. Asimismo, se legalizaron las cooperativas independientes al Estado.

Colapso productivo de la Unión Soviética entre 1981 y 1991.

Las tímidas reformas fueron un fracaso absoluto. La contracara de la mayor autonomía financiera para las empresas estatales fue la brutal caída de la recaudación del Gobierno central (ya que las ganancias de las empresas eran ingresos contables para el Estado). El déficit general aumentó al 2,3% del PNB en 1985, 6% en 1986, 7% en 1987, más de 10% para 1988, y superó el 15,8% en 1991

Estos desequilibrios se cubrieron enteramente con emisión monetaria directa del Gosbank (el Banco Central de la Unión Soviética). Los gastos del Estado siguieron aumentando, y el grado de centralización de la URSS alcanzó su punto más alto en los años 80s. El balance financiero total del Estado llegó a representar el 90% del PNB en 1990, y los gastos presupuestarios (la parte más importante del balance) superaron el 75% del Producto Neto material (una forma de medir de la producción en las economías socialistas).

Como los precios eran reprimidos y fijados arbitrariamente por el Estado, las situaciones de desabastecimiento se multiplicaron exponencialmente. La disparidad entre el crecimiento de la oferta monetaria y la oferta de bienes y servicios provocó un problema de “sobrante monetario” que sumió a la población en una situación de subsistencia y miseria.

La administración Gorbachov respondió al desabastecimiento con una reforma monetaria a gran escala. Se autorizó un aumento del 63% sobre los precios mayoristas en enero de 1991 pero solo 6% sobre los minoristas. La cantidad de precios fijos pasaron del 90% al 55% del total, y el resto pasaban a ser “administrados”.

Por otra parte, se firmó un decreto confiscatorio para retirar rublos en circulación, al mismo tiempo en que se estableció un corralito de hasta 1.000 rublos mensuales por persona para los depósitos en la Caja de Ahorros de la Unión Soviética.

En respuesta, la gente desesperada se lanzó masivamente a comprar divisas en el mercado negro para salvaguardar sus ahorros, y la brecha cambiaria escaló de 316% a más de 500% en febrero (el tipo de cambio oficial no se ajustaba desde la década de 1960). El Gobierno se vio obligado a devaluar hasta un 372% el tipo de cambio legal a partir de abril.

En ese mismo mes los precios minoristas subieron un 63,5% y la inflación superó los 3 dígitos. La economía entró en recesión ante la imposibilidad de solventar las ineficiencias del sistema, el desabastecimiento persistió incluso después de los fuertes aumentos, y la actividad industrial se derrumbó un 21% entre diciembre de 1988 y diciembre de 1991.

Para diciembre de ese mismo año, los faltantes de carne superaban el 52,6% en las tiendas oficiales, 20% en la leche, 70% en vegetales y 54% en azúcar, y precios disparándose con cada vez más violencia. La Unión Soviética se derrumbó el 25 de diciembre y el sistema de represión de precios colapsó en enero de 1992 con un salto del IPC en torno al 245% tras la reforma Pávlov.

Tenemos mucho de todo: tierra, petróleo, gas, otras riquezas naturales, y tampoco Dios nos ofendió en cuanto a inteligencia y talentos. Pero vivíamos bastante peor que en los países desarrollados. La razón de esto era evidente: la sociedad estaba asfixiada por las tenazas de un sistema burocrático y autoritarioAsí no se podía seguir viviendo, todo tenía que cambiar radicalmente”, admitió públicamente Gorbachov como parte de su discurso de renuncia en diciembre de 1991.

Economía

Argentina perdió un juicio de US$ 337 millones por la falsificación de estadísticas del INDEC durante el Gobierno de Cristina Kirchner

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Así lo estableció un tribunal de Gran Bretaña en favor de la demanda del fondo Palladian Partners. La alteración de estadísticas impactó directamente sobre el pago de los bonos atados al crecimiento del PBI, y los acreedores se vieron damnificados.

La herencia del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue generando costos aún al día de hoy. El Tribunal de Apelaciones de Londres dispuso este jueves de un fallo en contra del Estado argentino y a favor del fondo litigante Palladian Partners, en conjunto con HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International.

El fallo de la corte responde a la alteración de las estadísticas del INDEC durante el período en que fue intervenido por el kirchnerismo, y en particular en relación al pago de los bonos atados a la evolución del PBI.

Los llamados “bonos con cupón PBI” se lanzaron en Argentina durante el año 2005 con el objetivo de atraer a los inversores al canje de deuda que se ejecutó por aquel entonces. Estos bonos ofrecían pagar una retribución adicional cada vez que Argentina creciera más de un 3% anual, medido por el INDEC. Pero en el año 2013 el exministro de Economía y actual Gobernador, Axel Kicillof, alteró las estadísticas del organismo y cambió el año base de medición del PBI para alterar la tasa de crecimiento de ese año.

Cuando los bonos fueron lanzados en 2005, el INDEC tomaba como referencia al año base 1993, y a partir de 2013 comenzó a tomarse como referencia al año 2004 (algo que se mantiene hasta la actualidad). Podría haberse cambiado el año base (algo común) y al mismo tiempo haber excluido a estos bonos de la nueva referencia, pero toda la intención del Gobierno kirchnerista fue alterar las estadísticas para evitar pagar intereses de deuda.

Debido a estas modificaciones, los acreedores comenzaron a recibir una menor retribución por sus bonos. En otras palabras, hubo un cambio deliberado de las reglas de juego dispuesto con la única finalidad de pagar menos intereses de deuda. 

Para el tribunal de Londres, estas fueron razones suficientes para darle la razón a los demandantes y exigir una compensación por 310 millones de euros, equivalentes a US$ 337 millones de dólares y solo a cuenta del fondo Palladian Partners. La demanda conjunta con los fondos restantes llegaría a los US$ 1.500 millones de dólares

Este fallo producido por la herencia kirchnerista tiene lugar en un momento especialmente delicado para el país y para las reservas del Banco Central. Desde el 10 de diciembre el BCRA logró acumular cerca de US$ 8.000 millones de dólares en reservas netas, pero es necesario recordar que la administración anterior dejó un rojo de divisas de por lo menos US$ 11.000 millones y las reservas netas siendo negativas.

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El Gobierno de Milei anuncia un bono de $70.000 para los jubilados y el haber mínimo aumentará a a lo más alto en 2 años

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Los aumentos tendrán vigencia a partir del 1° de marzo, y a valores actuales supondría un monto de por lo menos 187 dólares mensuales. Durante los últimos meses de la gestión kirchnerista, la jubilación mínima llegó a caer hasta los 125 dólares, siempre perdiendo contra la inflación.

En medio de la emergencia inflacionaria que dejó plantada el Gobierno anterior, el Presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo anunciaron medidas para evitar un deterioro aún mayor sobre el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.

A partir del 1° de marzo el Gobierno oficializó la entrega de un bono por $70.000 sobre la jubilación mínima, aumentando otro 30% con respecto a lo que se pagó en diciembre. Por su parte, todos los haberes se ajustarán un 27,18% a partir de la misma fecha, esta vez de manera independiente del nivel de ingresos.

Con este nuevo esquema, el haber más bajo quedaría establecido en los $205.000 pesos a partir de marzo. Así lo determinó la Resolución 38/2024 publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno expresó su voluntad de modificar la fórmula previsional para evitar que la inflación siga licuando el poder adquisitivo de los adultos mayores, pero para que esto sea posible es necesario el accionar del Congreso. Mientras la fórmula no se modifique, el equipo económico que lidera Caputo buscará compensar los retrasos con nuevos aumentos discrecionales.

Es perjudicial para los jubilados, sino para todos los argentinos. No podemos darnos el lujo de que siga primando esa fórmula. Si la tomamos, este año el Tesoro se beneficia en 2% del PBI. Los jubilados cobrarían 2% del PBI menos”, explicó el ministro Caputo en referencia a la fórmula previsional kirchnerista.

Este fue precisamente uno de los puntos que tocaba la Ley Ómnibus que no logró sostenerse en la Cámara de Diputados. De haberse aprobado, los jubilados disfrutarían de un horizonte temporal menos agresivo con respecto a la inflación. 

A los valores actuales del tipo de cambio en los mercados alternativos, la jubilación mínima de marzo equivaldrá a US$ 187 dólares mensuales. Pese a que esta cifra continúa siendo muy modesta (y expresa el deterioro general que sufre el país), lo cierto es que ya es más elevada al promedio de toda la administración de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Bajo la gestión massista el haber mínimo jamás pudo superar el techo de los 186 dólares mensuales (siempre medida contra el cambio paralelo), y registró un piso de 125 dólares en agosto de 2023 (inmediatamente después del shock devaluatorio).

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Economía

El FMI ratifica su firme respaldo al programa económico de Milei y Caputo: La salida del cepo está cada vez más cerca

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La subdirectora del organismo multilateral viajó a la Argentina y mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

En la jornada del día miércoles la Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economista Gita Gopinath, mano derecha de la directora Kristalina Georgieva, viajó a la Argentina para seguir de cerca los avances del Gobierno en el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias y reservas que fueron trazadas hace solo un mes. Los resultados fueron contundentemente positivos.

Tras el colapso económico hacia el final de la administración kirchnerista, el Gobierno del Presidente Javier Milei revitalizó las expectativas y sentó las bases para una nueva revisión del acuerdo con el FMI con las siguientes metas para 2024:

  • Superávit fiscal primario (antes del pago de intereses de deuda) en torno al 2% del PBI
  • Acumulación de reservas netas en el Banco Central por un monto de al menos US$ 10.000 millones (prácticamente se volvería al equilibrio)
  • Eliminación definitiva del financiamiento monetario directo del BCRA al Tesoro

El FMI llegó a la Argentina y encontró que las metas avanzan a paso firme en todas las direcciones acordadas. En el mes de enero, el Sector Público Nacional (SPN) logró un fuerte superávit financiero, incluso más que compensando el pago de intereses de deuda. El resultado total arrojó una cifra positiva por $518.408 millones, mientras que el resultado estrictamente primario mostró un superávit de $1.492.338 millones respectivamente.

Eventualmente el Gobierno deberá mantener esta performance en los siguientes meses para que el resultado consolidado del déficit pueda equilibrarse, pero en términos fiscales el mes de enero fue uno de los mejores en décadas.

Paralelamente, el Banco Central dejó de girar Adelantos Transitorios al Tesoro Nacional desde que Santiago Bausili asumió su dirección, y toda la emisión de pesos por la fijación de las tasas de interés o por la compra de divisas fue casi completamente compensada por colocación de Pases, por suscripción de bonos BOPREAL y por licitaciones de títulos públicos sirvieron para cancelar deuda con el BCRA.

Finalmente, desde el 10 de diciembre la acumulación neta de reservas alcanzó los US$ 7.900 millones, y cerca de US$ 5.050 millones desde el comienzo del año. Con estas cifras, y previendo todavía las liquidaciones de la cosecha gruesa, la meta fijada con el Fondo Monetario parece completamente plausible.

En vista de que el Gobierno mostró resultados contundentes en todos y cada uno de los frentes de acción acordados, el FMI se abre a la posibilidad de destrabar nuevas líneas crédito que podrían acelerar la eliminación del cepo cambiario y en última instancia la dolarización de la economía.

Muy a diferencia de lo que venía ocurriendo en Argentina durante los últimos años, esta vez la suscripción de préstamos no servirá para financiar gastos corrientes del Gobierno, sino para sentar las bases de una estabilización definitiva y resistente a los cambios de signo político venideros.

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