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Economía

El decreto de Milei flexibiliza el mercado laboral, le quita privilegios al sindicalismo y se otorgan más oportunidades a los trabajadores

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El proceso de desregulación amplía las capacidades del sector privado para impulsar la generación de puestos de trabajo formales. Se le quitan privilegios al sindicalismo y se amplían los derechos y las libertades para los trabajadores.

El decreto desregulador firmado por el Presidente Javier Milei impulsa nuevos cambios en materia de legislación laboral, los cuales apuntan a fomentar la creación de empleo privado formal, y terminar con más de un siglo de un mercado laboral rígido y que le quita oportunidades a los trabajadores.

Este sector del mercado laboral se encuentra virtualmente estancado desde mediados de 2011, y en este periodo de tiempo únicamente creció el empleo independiente o el empleo en el Estado. La legislación vigente es disfuncional, y urge ser modificada.

La desregulación laboral del decreto tiene dos objetivos: mantener la cobertura para los trabajadores en caso de contingencias o despidos, y por otra parte ampliar la seguridad y las facilidades para los empleadores, de forma tal que se pueda crear más trabajo registrado. Para ello, se disponen las siguientes medidas:

  • Se levantan las regulaciones para poder implementar un seguro de desempleo en reemplazo de la indemnización, de carácter estrictamente voluntario entre los convenios colectivos de trabajo
  • La vigencia de la Ley de contrato de trabajo pasa a tener un carácter supletorio
  • Se fija un tope del 8% sobre el pago mensual a cuenta del empleador destinado para el fondo de desempleo, siguiendo el sistema de la UOCRA. El gremio de los gastronómicos podría ser uno de los primeros en implementar el sistema
  • Se habilita el uso de los fondos por cese laboral para el pago de indemnizaciones
  • Se establece que la educación y la salud como servicios esenciales, por lo que no habrá posibilidad de paro que pueda poner en riesgo la vida o la formación de las personas
  • Se establecen como “actividades trascendentales” la producción de alimentos, los bancos, el transporte y la gastronomía, por lo que tendrán que tener cobertura laboral obligatoria (sin hacer paros) por al menos un 50%
  • Se agregan causales para el despido con causa (sin indemnización), por ejemplo si afectan la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza
  • Se elimina la ultra-actividad de convenios colectivos sobre salarios, pero no así sobre la negociación de condiciones de trabajo
  • Se habilita que cada trabajador independiente pueda contar con hasta 5 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo, de acuerdo a un régimen especial y unificado para estos casos
  • Se duplica la indemnización por despido discriminatorio
  • Las Obras Sociales pierden el monopolio para la recepción de aportes obligatorios, las prepagas podrán ingresar al mismo régimen

Estas medidas permitirán reactivar la generación de empleo, en un contexto de severa crisis económica y social. La legislación laboral obsoleta que se mantenía hasta el momento fue virtualmente responsable de que 5 de cada 10 personas trabajando se encuentren en condiciones de informalidad.

Casi el 40% de los asalariados no disponen de descuento jubilatorio según las mediciones del INDEC, y la cifra aumenta más si se tiene en cuenta a los trabajadores independientes que no están registrados y que no efectúan aportes al sistema de seguridad social.

La tasa de desocupación abierta reportada por el INDEC permanece en niveles relativamente bajos, pero esto no es más que la consecuencia de la brutal erosión del poder adquisitivo de los salarios. Si esta situación se normaliza y se lograse contener la inflación, el aumento del desempleo volvería a ser un problema, y la modernización de la legislación laboral apunta precisamente a evitarlo.

Economía

Argentina perdió un juicio de US$ 337 millones por la falsificación de estadísticas del INDEC durante el Gobierno de Cristina Kirchner

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Así lo estableció un tribunal de Gran Bretaña en favor de la demanda del fondo Palladian Partners. La alteración de estadísticas impactó directamente sobre el pago de los bonos atados al crecimiento del PBI, y los acreedores se vieron damnificados.

La herencia del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue generando costos aún al día de hoy. El Tribunal de Apelaciones de Londres dispuso este jueves de un fallo en contra del Estado argentino y a favor del fondo litigante Palladian Partners, en conjunto con HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International.

El fallo de la corte responde a la alteración de las estadísticas del INDEC durante el período en que fue intervenido por el kirchnerismo, y en particular en relación al pago de los bonos atados a la evolución del PBI.

Los llamados “bonos con cupón PBI” se lanzaron en Argentina durante el año 2005 con el objetivo de atraer a los inversores al canje de deuda que se ejecutó por aquel entonces. Estos bonos ofrecían pagar una retribución adicional cada vez que Argentina creciera más de un 3% anual, medido por el INDEC. Pero en el año 2013 el exministro de Economía y actual Gobernador, Axel Kicillof, alteró las estadísticas del organismo y cambió el año base de medición del PBI para alterar la tasa de crecimiento de ese año.

Cuando los bonos fueron lanzados en 2005, el INDEC tomaba como referencia al año base 1993, y a partir de 2013 comenzó a tomarse como referencia al año 2004 (algo que se mantiene hasta la actualidad). Podría haberse cambiado el año base (algo común) y al mismo tiempo haber excluido a estos bonos de la nueva referencia, pero toda la intención del Gobierno kirchnerista fue alterar las estadísticas para evitar pagar intereses de deuda.

Debido a estas modificaciones, los acreedores comenzaron a recibir una menor retribución por sus bonos. En otras palabras, hubo un cambio deliberado de las reglas de juego dispuesto con la única finalidad de pagar menos intereses de deuda. 

Para el tribunal de Londres, estas fueron razones suficientes para darle la razón a los demandantes y exigir una compensación por 310 millones de euros, equivalentes a US$ 337 millones de dólares y solo a cuenta del fondo Palladian Partners. La demanda conjunta con los fondos restantes llegaría a los US$ 1.500 millones de dólares

Este fallo producido por la herencia kirchnerista tiene lugar en un momento especialmente delicado para el país y para las reservas del Banco Central. Desde el 10 de diciembre el BCRA logró acumular cerca de US$ 8.000 millones de dólares en reservas netas, pero es necesario recordar que la administración anterior dejó un rojo de divisas de por lo menos US$ 11.000 millones y las reservas netas siendo negativas.

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Economía

El Gobierno de Milei anuncia un bono de $70.000 para los jubilados y el haber mínimo aumentará a a lo más alto en 2 años

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Los aumentos tendrán vigencia a partir del 1° de marzo, y a valores actuales supondría un monto de por lo menos 187 dólares mensuales. Durante los últimos meses de la gestión kirchnerista, la jubilación mínima llegó a caer hasta los 125 dólares, siempre perdiendo contra la inflación.

En medio de la emergencia inflacionaria que dejó plantada el Gobierno anterior, el Presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo anunciaron medidas para evitar un deterioro aún mayor sobre el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.

A partir del 1° de marzo el Gobierno oficializó la entrega de un bono por $70.000 sobre la jubilación mínima, aumentando otro 30% con respecto a lo que se pagó en diciembre. Por su parte, todos los haberes se ajustarán un 27,18% a partir de la misma fecha, esta vez de manera independiente del nivel de ingresos.

Con este nuevo esquema, el haber más bajo quedaría establecido en los $205.000 pesos a partir de marzo. Así lo determinó la Resolución 38/2024 publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno expresó su voluntad de modificar la fórmula previsional para evitar que la inflación siga licuando el poder adquisitivo de los adultos mayores, pero para que esto sea posible es necesario el accionar del Congreso. Mientras la fórmula no se modifique, el equipo económico que lidera Caputo buscará compensar los retrasos con nuevos aumentos discrecionales.

Es perjudicial para los jubilados, sino para todos los argentinos. No podemos darnos el lujo de que siga primando esa fórmula. Si la tomamos, este año el Tesoro se beneficia en 2% del PBI. Los jubilados cobrarían 2% del PBI menos”, explicó el ministro Caputo en referencia a la fórmula previsional kirchnerista.

Este fue precisamente uno de los puntos que tocaba la Ley Ómnibus que no logró sostenerse en la Cámara de Diputados. De haberse aprobado, los jubilados disfrutarían de un horizonte temporal menos agresivo con respecto a la inflación. 

A los valores actuales del tipo de cambio en los mercados alternativos, la jubilación mínima de marzo equivaldrá a US$ 187 dólares mensuales. Pese a que esta cifra continúa siendo muy modesta (y expresa el deterioro general que sufre el país), lo cierto es que ya es más elevada al promedio de toda la administración de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Bajo la gestión massista el haber mínimo jamás pudo superar el techo de los 186 dólares mensuales (siempre medida contra el cambio paralelo), y registró un piso de 125 dólares en agosto de 2023 (inmediatamente después del shock devaluatorio).

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Economía

El FMI ratifica su firme respaldo al programa económico de Milei y Caputo: La salida del cepo está cada vez más cerca

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La subdirectora del organismo multilateral viajó a la Argentina y mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

En la jornada del día miércoles la Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economista Gita Gopinath, mano derecha de la directora Kristalina Georgieva, viajó a la Argentina para seguir de cerca los avances del Gobierno en el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias y reservas que fueron trazadas hace solo un mes. Los resultados fueron contundentemente positivos.

Tras el colapso económico hacia el final de la administración kirchnerista, el Gobierno del Presidente Javier Milei revitalizó las expectativas y sentó las bases para una nueva revisión del acuerdo con el FMI con las siguientes metas para 2024:

  • Superávit fiscal primario (antes del pago de intereses de deuda) en torno al 2% del PBI
  • Acumulación de reservas netas en el Banco Central por un monto de al menos US$ 10.000 millones (prácticamente se volvería al equilibrio)
  • Eliminación definitiva del financiamiento monetario directo del BCRA al Tesoro

El FMI llegó a la Argentina y encontró que las metas avanzan a paso firme en todas las direcciones acordadas. En el mes de enero, el Sector Público Nacional (SPN) logró un fuerte superávit financiero, incluso más que compensando el pago de intereses de deuda. El resultado total arrojó una cifra positiva por $518.408 millones, mientras que el resultado estrictamente primario mostró un superávit de $1.492.338 millones respectivamente.

Eventualmente el Gobierno deberá mantener esta performance en los siguientes meses para que el resultado consolidado del déficit pueda equilibrarse, pero en términos fiscales el mes de enero fue uno de los mejores en décadas.

Paralelamente, el Banco Central dejó de girar Adelantos Transitorios al Tesoro Nacional desde que Santiago Bausili asumió su dirección, y toda la emisión de pesos por la fijación de las tasas de interés o por la compra de divisas fue casi completamente compensada por colocación de Pases, por suscripción de bonos BOPREAL y por licitaciones de títulos públicos sirvieron para cancelar deuda con el BCRA.

Finalmente, desde el 10 de diciembre la acumulación neta de reservas alcanzó los US$ 7.900 millones, y cerca de US$ 5.050 millones desde el comienzo del año. Con estas cifras, y previendo todavía las liquidaciones de la cosecha gruesa, la meta fijada con el Fondo Monetario parece completamente plausible.

En vista de que el Gobierno mostró resultados contundentes en todos y cada uno de los frentes de acción acordados, el FMI se abre a la posibilidad de destrabar nuevas líneas crédito que podrían acelerar la eliminación del cepo cambiario y en última instancia la dolarización de la economía.

Muy a diferencia de lo que venía ocurriendo en Argentina durante los últimos años, esta vez la suscripción de préstamos no servirá para financiar gastos corrientes del Gobierno, sino para sentar las bases de una estabilización definitiva y resistente a los cambios de signo político venideros.

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