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Economía

¿El destino de Argentina si no dolariza? Venezuela lleva más de una década reprimiendo la dolarización y no logra estabilizar precios

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La tasa de inflación volvió a acelerarse en julio y llegó al 439% interanual, acumulando un aumento del 115% en lo que va del 2023. Se acumula más de una década de intentos fallidos de planes de estabilización reprimiendo la dolarización de facto, y la inflación parece indomable.

Los venezolanos ya eligieron al dólar como su moneda, no tan solo para ahorrar sino también como medio de uso transaccional para casi todas sus operaciones, y como parámetro para remarcar precios. Esto se debe a que la moneda venezolana, el bolívar, aunque todavía existe, tiene una devaluación tan profunda que no sirve más para estructurar un sistema de precios.

La dictadura chavista reprimió continuamente la dolarización de carteras y la huida del bolívar, pero todos los intentos de estabilización fueron un fracaso rotundo. El último dato de inflación publicado por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) advirtió que los precios minoristas subieron un 439% interanual en julio, y hasta un 115% desde el mes de enero.

La tasa de inflación mensual llegó al 7,2% en julio, muy similar a la que tiene Argentina, y llegó a escalar a picos superiores al 39% durante el primer trimestre del año. Las telecomunicaciones se dispararon un 32,2% por la quita de subsidios del Gobierno, mientras que los alimentos tuvieron un alza mensual en torno al 4%.

Los intentos de estabilización que se asemejan a las recetas del kirchnerismo y Juntos por el Cambio

La dictadura chavista implementó numerosos intentos para tratar de estabilizar los precios, variando las herramientas y las estrategias a medida que se fueron agotando las posibilidades.

Desde un inicio se apostó por la represión financiera, el cepo cambiario, las restricciones cuantitativas para el comercio exterior, el racionamiento de divisas desde el Banco Central y los controles de precios y salarios como la estrategia principal para estabilizar. Esta lógica es similar a la que tiene el ministro Sergio Massa y el kirchnerismo.

El resultado fue el más abrupto de los fracasos. El Banco Central venezolano se vio obligado a devaluar un 46% en enero de 2013 y casi un 60% en febrero de 2016. La economía entró en un proceso de hiperinflación entre 2017 y 2018 con depresión del nivel de actividad, y esto condujo al colapso del cepo cambiario en febrero de ese último año, cuando la devaluación oficial alcanzó una cifra estrambótica del 352.700% en un solo mes.

Habiendo colapsado los controles de precios (las góndolas oficiales se vaciaron completamente) y el cepo cambiario como herramienta para disciplinar la inflación, la dictadura de Nicolás Maduro decidió cambiar el rumbo y decretó la liberalización y unificación del mercado cambiario entre mayo y julio de 2019, con una devaluación inicial del 417% en enero y 67% en julio.

A partir de la liberalización cambiaria se apostó por una estrategia similar a la que pretende llevar a cabo Juntos por el Cambio (JxC), tratando de rescatar al bolívar dentro de un sistema bimonetario en convivencia con el dólar. Para llevar a cabo el programa, la herramienta utilizada fue la intervención del tipo de cambio (ahora sin mayores restricciones).

La tasa de devaluación se desaceleró entre mediados de 2019 y el tercer trimestre de 2021, y más tarde se mantuvo relativamente fija entre septiembre de ese último año y abril de 2022. Este primer intento de estabilización precipitó una fuerte baja de la tasa de inflación del 445.000% al 172%, y luego volvió a caer hasta el 114% interanual en agosto del año pasado.

Pero el programa fracasó, la inflación regresó con virulencia entre agosto de 2022 y febrero de 2023, manteniendo tasas de aumento mensual en un promedio del 23%, con un récord del 39,2% de inflación en enero de este año. La inflación interanual se remontó al 439% en julio, y la idea de estabilización volvió a quedar lejos de la realidad.

El régimen chavista respondió mediante nuevas medidas, entre ellas la aplicación de un encaje bancario del 73% para limitar la creación secundaria de dinero, la contracción de los agregados monetarios en términos reales, el control de los salarios estatales y la vuelta de los controles de precios. Todo esto incrementó la presión recesiva en la actividad económica, que se desplomó un 7,6% interanual en el segundo trimestre de 2023, y aún sin arribar a la estabilidad.

El intento por salvar una moneda que la gente no quiere ni para ahorrar ni para transaccionar puede servir como un ejemplo aleccionador para Argentina, que debe lidiar con una situación similar.

Economía

Éxito total: Toto Caputo logró un 100% de adhesión a la propuesta de reestructuración por la deuda de Cammesa

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El anuncio envía una firme señal de disciplina fiscal para los mercados, ya que el Gobierno nacional podrá evitar incurrir en mayores obligaciones por las deudas acumuladas con las energéticas. La reestructuración cerró con la aceptación de bonos en dólares pagaderos hasta el año 2038.

Las empresas más importantes del mercado energético argentino finalmente aceptaron la propuesta de reestructuración presentada por el ministro Luis Caputo para reestructurar la deuda de Cammesa. Se trata de una serie de obligaciones acumuladas por subsidios energéticos entre diciembre del año pasado y enero de este año.

Central Puerto y Pampa Energía, dos actores fundamentales en el mercado energético, decidieron apoyar la propuesta por medio de un bono en dólares a 2038, que involucra una quita implícita de hasta el 50% con respecto al valor original de la deuda. Otros actores del mercado como El Chocón, YPF, YPF Luz, Victorio Podestá, Alpes Energy, Pan American Energy (PAE) de Bulgheroni, Hidroeléctrica Futaleufú, Central Dock Sud, APR Energy, AMG, Solargen, Pluspetrol, Albanesi y Compañía General de Combustibles (CGC), también aceptaron la propuesta del Ministro. 

En vista a la deplorable situación fiscal heredada de la administración kirchnerista, las energéticas entendieron que poseían en un activo incobrable en su cartera, ya que el Estado no poseía capacidad alguna de pago. Sin embargo, la propuesta de Caputo promete un horizonte de pagos mucho más realista y factible, con lo cual se prefirió una quita del 50% sobre la deuda en lugar de una situación de evidente impago. 

Por estas razones las empresas energéticas informaron por evidentes pérdidas ante la aceptación de la quita de deuda, pero esto no es otra cosa sino el sinceramiento de un rojo que ya existía antes como resultado de la política tarifaria irresponsable del exministro y candidato Sergio Massa.

El Gobierno envía una señal contundente a los mercados: el superávit fiscal es sólido, incluso de forma independiente al resultado de la votación de la Ley Bases en el Congreso. Sin importar el accionar de la vieja política y los sectores más adversos al cambio económico en el país, el equipo económico del oficialismo se aseguró la prórroga del superávit fiscal.

Todo esto implica que el BCRA se mantendrá firme en su posición autárquica con respecto al financiamiento del sector público, y podrá continuar con su respectivo saneamiento para finalmente desembocar en la liberalización del mercado cambiario.

La creciente apertura y liberalización del mercado energético argentino, algo presente en la Ley Bases, apunta precisamente a aprovechar el potencial productivo de las energéticas a través del tiempo. De obtenerse un resultado favorable en el recinto legislativo, la valorización de las energéticas podría reaccionar positivamente en vista de la proyección de ganancias futuras.

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Economía

Rumbo a la competencia de monedas: El BCRA eliminó las restricciones adicionales para la apertura de cajas de ahorro en dólares

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El marco normativo para abrir una caja de ahorro en dólares pasa a ser el mismo que regía para las cajas en pesos, sin ninguna distinción. Este primer paso desregulatorio permite avanzar hacia la libre competencia de monedas que propone el Gobierno.

A través de la Comunicación “A” 8027, el Banco Central presidido por Santiago Bausili anunció la desregulación de la apertura de cajas de ahorro en dólares o en cualquier otra moneda extranjera. Fueron completamente eliminados los requisitos adicionales que existían para la apertura de este tipo de cuentas, en detrimento y competencia desleal con respecto a las facilidades ofrecidas sobre las cuentas en pesos.

Hasta ahora, y en el marco del cepo cambiario vigente desde finales de 2019, se exigía a los bancos solicitar requisitos de información a sus clientes para corroborar que estos percibieran ningún subsidio si querían abrir una caja de ahorro en dólares. También se exigía información para demostrar una cierta capacidad de ahorro.

El objetivo de estas regulaciones arbitrarias era evitar que una gran cantidad de personas, principalmente aquellas más vulnerables y frecuentemente subsidiadas por el Estado, pudieran migrar sus pesos hacia el dólar a través del sistema bancario. De esta manera, miles de personas fueron relegadas a la operatoria en mercados alternativos y fuera del sistema.

Durante el estallido de la pandemia en 2020, el Gobierno kirchnerista emitió una insana cantidad de pesos al mismo tiempo en que endureció el cepo cambiario y las normativas para abrir cajas de ahorro en moneda extranjera, a fin de evitar que la mayor cantidad de pesos en circulación migraran al dólar como consecuencia de la caída de la demanda de dinero.

Muy por el contrario, el equipo económico actual se comprometió con una estricta disciplina fiscal y monetaria, que desmanteló por completo la emisión del BCRA para asistir al Tesoro, y arribó al superávit financiero de las arcas públicas al término del primer trimestre del año.

La flexibilización regulatoria anunciada por Bausili también implica una alivio para el acceso al dólar MEP. Esta cotización de la divisa se adquiere por medio de la intermediación de un bono, y para ello existe una norma que explicita que cada cliente suscriba dólar MEP debe enviar sus compras desde una cuenta comitente a una cuenta bancaria. En este sentido, la mayor facilidad para abrir una cuenta en dólares permite que este proceso se haga más ágil y sencillo.

Las medidas dispuestas por el BCRA permiten una mayor inclusión en el sistema financiero, y constituyen un paso fundamental para regularizar la competencia entre el peso y el dólar. Se habilita entonces un canal perfectamente legal y regularizado para afianzar el ingreso de dólares al sistema financiero.

En última instancia, la libre competencia de monedas a la que apunta el Gobierno del Presidente Javier Milei no solo quedaría determinada por la legalización de los contratos en dólares, sino también por el curso legal del dólar para todo tipo de operaciones en consonancia con el peso.

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Los datos que entierran la gestión de Sergio Massa: El exministro disparó el ratio de la deuda pública al 160% del PBI

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Se trata de la deuda consolidada de la Administración Central, tanto con acreedores externos como con agentes en el mercado de capitales local. Bajo la presidencia de Alberto Fernández se produjo un salto de casi 70 puntos del PBI en nuevo endeudamiento, como resultado de la brusca devaluación de la moneda.

No contentos con dejar a su La administración kirchnerista un verdadero tendal inflacionario y recesivo sobre la economía del país, pero la emisión sin respaldo no fue la única vía de financiamiento que tuvo el crecimiento del Estado, sino que también se optó por el frenético endeudamiento.

La deuda consolidada de la Administración Central se incrementó del 89,8% del PBI en 2019 a un récord del 157,9% en 2023, la mayor cifra desde el año 2002. Visto de otro modo, el stock de deuda medido en dólares corrientes al tipo de cambio oficial del Banco Central aumentó de los US$ 323.065 millones en el último trimestre de 2019 a más de US$ 370.000 millones al término del año pasado. Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Economía, como parte de su último informe trimestral.

Asimismo, el stock de deuda contraída con acreedores extranjeros se vio incrementada del 43,3% del PBI en 2019 al 59,2% en 2023, registrando un salto especialmente pronunciado en el último año de la gestión kirchnerista con Sergio Massa como ministro de Economía.

De hecho, el 72% de la deuda de la Administración Central fue contraída en moneda extranjera, mientras que una gran parte del 28% restante contraída en pesos es deuda indexada por el índice de inflación (deuda que no se puede licuar).

La administración Fernández legó un perfil de vencimientos de deuda extremadamente aplastante para los años venideros, y en particular para el año 2024. Esto se debe a la fatídica reestructuración llevada a cabo por el exministro Martín Guzmán en 2020, una reestructuración cuyos resultados trataron de ser escondidos por el propio Fernández en ese mismo año, aunque sin ningún éxito.

Bajo el caótico esquema de la política económica kirchnerista, este stock de deuda no era sostenible y la tasa de Riesgo País (por riesgo de default, devaluación o ambas cosas al mismo tiempo) osciló entre los 2.500 y los 3.000 puntos básicos, todo esto por encima de la tasa de interés internacional de referencia.

El Riesgo País colapsó hasta los 1.200 puntos básicos en los primeros meses de la presidencia de Javier Milei, en respuesta a los sólidos resultados fiscales conseguidos en el primer trimestre del 2024, un hecho que permite afianzar la confianza del país frente a sus principales acreedores.

El ministro Luis Caputo anunció, además, que a pesar de la drástica caída de la tasa de riesgo, el Gobierno evitará contraer nuevamente deuda en el mercado internacional de capitales, por cuanto no se lo considera necesario en vista del estricto ordenamiento de las finanzas públicas.

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