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Economía

El día que Carlos Menem firmó la rebaja tributaria más grande de la historia y subió la recaudación

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El expresidente produjo la rebaja del impuesto a las Ganancias más drástica de la historia argentina, eliminó las retenciones y el impuesto al cheque, desgravó los dividendos, y rebajó las contribuciones patronales. La recaudación nacional aumentó hasta un 40% en solo tres años.

La Curva de Laffer demostró que las rebajas impositivas no siempre están asociadas a caídas en la recaudación, y de hecho es posible producir un efecto diametralmente opuesto. Argentina registró de primera mano los efectos recaudatorios de las políticas de oferta en la década de los 90s.

El presidente Carlos Saúl Menem impulsó la rebaja impositiva más importante de la historia argentina a partir de 1990, como parte de un drástico impulso a la oferta agregada. Al mismo tiempo, en 1991 el Presidente firmó la desregulación generalizada de la economía para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país.

Hacia 1989 el Impuesto a las Ganancias alcanzaba una tasa marginal máxima del 49%, considerando la una tasa normal del 35% y el impuesto de “ahorro forzoso” implementado por Raúl Alfonsín. La cuña fiscal había alcanzado incluso el 63% a lo largo de la administración radical. Menem eliminó todos los recargos por el ahorro forzoso, y rebajó la alícuota máxima al 30% a partir de 1990.

Una caída de hasta 19 puntos porcentuales sobre la tributación en solamente un año, no se había visto nunca en la historia argentina. La alícuota promedio para los contribuyentes de Ganancias bajó del 28% al 18%.

Además, el mínimo no imponible del impuesto pasó de representar el 20% del ingreso promedio del país al 73% en 1990, y promedió el 60% en la década de los 90s. Esta reforma garantizó que menos personas pagaran el impuesto a las Ganancias.

Impuesto a las Ganancias en Argentina, desde su creación en 1932.

El impuesto a las Ganancias para las empresas cayó del 33% en 1989 al 20% a partir de 1990. Más tarde, en 1993 el Gobierno menemista decidió aumentar la alícuota al 30% (mismo trato que a las personas) y a cambio de la eliminación del gravamen sobre los dividendos, que hasta entonces retenía una alícuota del 15%.

Asimismo, se dispuso de una fuerte rebaja de aportes patronales para las empresas. Esta carga disminuyó del 33% en 1993 al 22,2% al término de 1999. De esta manera fueron anulados la mayor parte de los aumentos tributarios decretados por Alfonsín en la administración anterior.

Impuesto a las Ganancias sobre personas jurídicas (empresas).

La reforma disminuyó notablemente la tributación sobre el patrimonio en Argentina. El antiguo Impuesto al Patrimonio Neto fue abolido en el período fiscal 1990, un impuesto que alcanzaba tasas de hasta el 10% sobre el patrimonio de bienes suntuarios o de “lujo” y mantenía una alícuota máxima del 2% sobre todo el patrimonio restante.

En reemplazo al Impuesto al Patrimonio Neto, en 1991 nació Bienes Personales y con una alícuota unificada en el 1%, la mitad de lo que establecía el impuesto anterior. A partir de 1995 la tasa de Bienes Personales cayó al 0,5% del patrimonio anual imponible, y constituyó la alícuota más baja de la historia de los impuestos patrimoniales en el país.

Impuestos al patrimonio en Argentina desde 1960.

La reducción de las distorsiones generadas por el sistema tributario fue una prioridad para la administración. El Gobierno resolvió la elevación de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta un 21% en 1995, y su generalización para casi la totalidad de los bienes y servicios.

Esta medida se tomó para eliminar impuestos internos severamente distorsivos, como el impuesto a los automóviles gasoleros, a las gaseosas, las cubiertas de neumáticos, los aceites lubricantes e incluso a la distribución de gas. La tasa promedio de todos los impuestos internos cayó del 17% en 1989 al 10,5% en 1999, con un piso de solo 7% en 1996. Y al mismo tiempo, el IVA subió del 15% al 21%.

Impuestos indirectos sobre bienes y servicios entre 1960 y 2022.

A partir del programa económico del exministro Domingo Cavallo, las retenciones a la exportación fueron eliminadas para la mayor parte de los productos. Mientras que en 1989 las retenciones representaron hasta el 17% del valor de las exportaciones, para 1992 ese valor cayó al 0,5% y hasta 0,1% en 1998.

Desde 1992 el Gobierno de Menem determinó la eliminación del llamado “impuesto al cheque”, que había sido introducido nuevamente en el sistema tributario en 1983 y gravaba con una tasa del 1,2% los débitos y créditos.

En constante negociación con las Provincias argentinas, se acordó la aprobación de numerosos pactos fiscales que rebajaron las alícuotas del famoso impuesto multifásico “Ingresos Brutos” (IIBB), uno de los más distorsivos del sistema.

La recaudación por IIBB cayó del 2,9% del PBI en 1989 al 1,4% en 1991, y promedió el 1,6% a lo largo de la década del 90. Según estimaciones del economista Darío Rossignolo, la tasa nominal promedio del tributo fue rebajada del 2,3% en 1991 al 1,9% en 1999.

Evolución de los impuestos más distorsivos del sistema tributario argentino, entre 1965 y la actualidad.

El programa fue rápidamente deslegitimado por la izquierda y acusado de “desfinanciar al Estado”, e incluso el Fondo Monetario Internacional mostró preocupación por la eliminación de las retenciones. Pero el efecto laffer terminó prevaleciendo y la recaudación nacional creció un 40% entre 1989 y 1993.

Con una estructura tributaria más baja y simplificada que en la década de 1980, la recaudación promedió el 16,7% del PBI en la administración de Menem, mientras que en la década anterior había representado solamente el 11,7% del producto. 

Recaudación tributaria nacional entre 1980 y 1999.

Economía

Las medidas de Joe Biden agregarán más de US$ 4,8 billones de dólares al déficit fiscal hasta 2031

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El Presidente se jactó por la reducción del déficit en 2022 y se la atribuyó a sí mismo, pero el grueso de sus propias iniciativas apuntan a desequilibrar las finanzas públicas por más tiempo del que se proyectaba en la administración anterior. 

El Gobierno del presidente Joe Biden anunció que el déficit fiscal fue recortado en US$ 1,7 billones en el año fiscal 2022, un hecho que por supuesto atribuyó exclusivamente a su gestión y no escatimó en críticas y acusaciones hacia el Gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, el Presidente manipuló la información para verse favorecido y decidió eludir los hechos de la realidad que marcan una situación muy diferente. Si bien es cierto que el déficit fiscal federal se redujo fuertemente en 2022, esto se debió al cese del “gasto covid” y los cheques de asistencia social otorgados por la emergencia.

No hubo ningún recorte efectivo del gasto público presupuestado por fuera de las erogaciones extraordinarias. De hecho, el gasto primario del Gobierno federal (sin intereses de deuda) ascendió al 22,05% del PBI en noviembre del año pasado, aún muy por encima del 19,35% que se registraba antes de la pandemia en febrero de 2020.

El déficit fiscal se redujo en 10 puntos del PBI durante el Gobierno de Biden, pero con dos importantes excepciones: la primera en marzo de 2021 con el lanzamiento del “Plan de Rescate Estadounidense” y la segunda en septiembre de 2022 con la cancelación de préstamos estudiantiles

La ley de rescate aprobada incrementó el déficit fiscal del 15,66% del PBI hasta superar el 18%, el valor más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la cancelación de préstamos estudiantiles marcó el fin de la corrección fiscal y disparó el desequilibrio del 3,9% del producto al 5,2% en noviembre de 2022 (0,3 puntos por encima de febrero de 2020). 

Aún obviando el incremento de los intereses de deuda por el ajuste de tasas de la Reserva Federal, las finanzas públicas no muestran mejoría. El déficit fiscal primario del Gobierno federal se incrementó del 2% del PBI en julio de 2022 al 3,37% en noviembre, principalmente debido al salto que provocó el rescate de deuda.

Por la propia dinámica de los gastos asignados únicamente por una emergencia sanitaria, la corrección del déficit fiscal habría tenido lugar de manera natural y premeditada, la administración Biden solo añadió la expansión de partidas discrecionalmente seleccionadas y sin preocuparse por la responsabilidad fiscal. 

Resultado del Gobierno federal de Estados Unidos entre 2019 y 2022.

Los economistas de Moody’s Analytics estiman que el presidente Biden añadió hasta 4,8 billones de dólares más al déficit fiscal entre 2021 y 2031, siendo el 48% de este monto explicado únicamente por el Plan de Rescate Estadounidense de 2021. Estos gastos no tuvieron ningún tipo de contraprestación, el Gobierno no se preocupó por compensar las pérdidas. 

La Ley de Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés) sí compromete un ajuste al déficit pero solamente por US$ 200.000 millones hasta 2032, un monto que de ningún modo puede compensar el rojo fiscal de US$ 4,8 billones.

La política fiscal del Gobierno se volvió errática y abiertamente contradictoria. Si la principal herramienta de la IRA era la reducción del déficit fiscal para controlar la inflación, esta se ve completamente boicoteada por otros programas igualmente aprobados y promovidos por la misma administración.

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Colombia

El comunista Petro anunció el congelamiento masivo de todas las tarifas de los servicios públicos

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Colombia optará por el mismo rumbo que Argentina y Venezuela, y de ahora en adelante las tarifas de servicios públicos tendrán precios políticos. Las medidas llegan como una respuesta desesperada del Gobierno para contener la creciente inflación. 

El presidente socialista Gustavo Petro perdió completamente los estribos y anunció un congelamiento generalizado para todas las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos las facturas de electricidad, la distribución de agua potable y alcantarillado, distribución de combustible, telecomunicaciones y las facturas de gas residencial.

Hasta ahora, las empresas proveedoras de servicios se encontraban reguladas como “monopolios naturales”, pero bajo pautas claras, previsibles y criterios técnicos previamente acordados desde el año 1994, que permitían un esquema con reglas de juego estables para la inversión de largo plazo.

Este sistema se implementaba a través de comisiones reguladoras, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. La reforma del presidente Petro anula por completo la autonomía de las comisiones: las tarifas serán directamente prefijadas por el Gobierno, haciendo uso de criterios completamente arbitrarios y políticos

Formalmente la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC), perderán completamente sus potestades y serán aglutinadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior

“Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para afirmar procesos de especulación financiera, como hasta ahora lo han realizado”, declaró Gustavo Petro en relación a la regulación tarifaria. 

El nuevo sistema de fijación de precios será similar al que actualmente opera en Venezuela y Argentina, donde los Gobiernos establecen precios políticos para las tarifas públicas, convirtiéndolas en una herramienta más de la política económica y con un enorme costo en materia de distorsión de precios relativos. 

Petro pretende congelar las tarifas de servicios por tiempo indeterminado. El Gobierno quiere usar estos precios como un “ancla nominal” para un plan de estabilización típicamente heterodoxo basado en el controles. 

El problema con el uso de anclas nominales de este tipo es que el precio anclado indefectiblemente reducirá su valor en términos reales, desalentando profundamente la inversión en los sectores estratégicos de la economía. Se corre el riesgo de sufrir las mismas consecuencias que Argentina y Venezuela: descapitalización, apagones eléctricos y deterioro sistemático de la calidad de los servicios.

La bolsa de comercio volvió a reaccionar negativamente tras las estrafalarias medidas del Presidente. El índice MSCI Colcap (análogo al Merval argentino) se desplomó un 1,53% en el día viernes, ubicándose en las 1.281,97 unidades. 

Por el contrario de las pretensiones del oficialismo, los controles tarifarios generan una presión alcista sobre las expectativas inflacionarias porque se descuenta que si el Gobierno incurre en controles esto se debe a la reticencia para ordenar las finanzas públicas, un hecho que deteriora el poder de acción del Banco Central. 

La firma JP Morgan alertó por este mismo hecho, alegando que la reforma tributaria de Petro no busca reducir el déficit fiscal de manera responsable, simplemente se limita a captar más recursos para financiar la expansión del gasto público. 

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Economía

Radicales y kirchneristas se unen para destruir Tierra del Fuego: Mientras Chile exporta millones en salmón, Argentina prohíbe la actividad

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El gobernador Melella consiguió la aprobación de una nociva ley que cerró las fábricas de la industria salmonera en 2021. Siguiendo el camino diametralmente opuesto, Chile registró un fuerte crecimiento del 18,2% en las exportaciones de salmón en el mismo período.

La política regulatoria argentina no solo presenta obstrucciones para la inversión privada a nivel federal, sino que también lo hace a partir de las decisiones de jurisdicciones locales. El gobernador radical-K Gustavo Melella decidió, de forma inédita en el mundo, prohibir prácticamente toda la industria de producción de salmón en Tierra del Fuego, decisión tomada el pasado mes de junio del 2021.

Formalmente el “radicalismo kirchnerista” fueguino prohíbe expresamente “el cultivo y producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales de la provincia”, una decisión que provocó la pérdida de miles de puestos de trabajo efectivos y potenciales, así como una oportunidad histórica para generar divisas en un momento de extrema necesidad para el mercado cambiario. 

Asimismo, en la Legislatura hubo apoyo unánime del radicalismo, el kirchnerismo y el Movimiento Popular Fueguino para aprobar la nueva ley, así como el de muchas organizaciones ecologistas fundamentalistas. 

La normativa dispone “asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos”, recursos naturales que ahora serán completamente desaprovechados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos fueguinos

En un camino diametralmente opuesto, Chile alcanzó un récord histórico de exportaciones de salmón y le significaron al país una acreencia de divisas de hasta US$ 5180 millones en 2021, un fuerte incremento del 18,2% en comparación con el saldo exportador del período precedente. 

El país vecino consolidó su posición en el mercado internacional como uno de los principales proveedores de salmón con reglas de juego estables, solamente por detrás de Noruega, y representando hasta el 27% de la oferta mundial. Los principales destinos de la exportación chilena en 2021 fueron Estados Unidos, Japón, Brasil, Rusia y México. 

La industria chilena de salmón permite el mantenimiento efectivo de 70.000 puestos de trabajo formales y hasta 4.000 pequeñas y medianas empresas, en contraposición a la completa esterilidad productiva en Tierra del Fuego. 

A dos años del lanzamiento de la prohibición, queda en evidencia el potencial productivo boicoteado. La Provincia destruyó su industria salmonera y debió importar el producto por una factura equivalente a los US$ 45 millones en el año 2021, lo cual representa una cifra récord para la compra de este pescado en el exterior. 

El modelo productivo fueguino seguirá apostando por la industria deficiente y sustitutiva de importaciones, en ensamblaje artificial y subsidiado por el resto de las jurisdicciones, y el boicot de industrias competitivas con capacidad de generar divisas en nombre del ecologismo. 

El creciente peso del radicalismo en la coalición de Juntos por el Cambio podría imponer una severa limitación para dar paso a reformas estructurales de mercado sobre la economía argentina a partir de diciembre de 2023.

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