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Economía

El día que Carlos Menem le puso fin a 45 años de controles de precios y salarios y logró bajar la inflación

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Después de una serie de importantes precedentes históricos en controles de precios y salarios, todos arribando al fracaso, en noviembre de 1991 el presidente Menem impulsaba un histórico decreto de desregulación para terminar con 45 años de dirigismo. Actualmente el kirchnerismo vuelve a apostar por las viejas recetas del pasado.

Hace 30 años la Argentina había aprendido del fracaso de los controles sobre el comercio interior. En noviembre de 1991, el presidente Carlos Saúl Menem impulsaba el famoso decreto 2.284 de desregulación, una histórica reforma sobre la economía que terminaba con 45 años de controles de precios y salarios.

El decreto suponía la erradicación total de todas las restricciones sobre la oferta y demanda de bienes y servicios, incluyendo el término de las limitaciones cuantitativas sobre importaciones y los cupos para las exportaciones.

Inflación y Producto Bruto Interno de Argentina entre 1966 y 1999.

La inflación mensual no solo no presentó ningún sobresalto, sino que se redujo a una mínima expresión en la segunda mitad de 1991, y se tornó insignificante para mediados de 1993. La disciplina monetaria había conseguido acabar de forma definitiva con los aumentos de precios, sin que la desregulación tuviera ningún tipo de impacto negativo.

Argentina había logrado la estabilidad limitándose a ordenar el aspecto monetario y fiscal de la economía, por lo que ni los “formadores de precios”, ni los bancos, ni los costos estratégicos, ni los grandes supermercados, ni las commodities ni los aumentos salariales tuvieron siquiera alguna mínima incidencia sobre la inflación.


Las experiencias fracasadas de controles de precios y salarios en el siglo XX argentino

El actual secretario de Comercio, Roberto Feletti, se mostró entusiasta por profundizar una vieja receta típica de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, que sin embargo no logró mostrar nunca resultados positivos a mediano y largo plazo.

Pese a las experiencias de restricciones desde mediados de la década de 1930, el primer programa ampliamente generalizado y estricto de controles de precios y salarios se llevó a cabo durante las primeras presidencias del general Juan Domingo Perón.

Desde la ley 12.830 sancionada en agosto de 1946, se establecían controles sobre prácticamente todos los sectores de la economía, incluyendo la producción, los alquileres, lo salarios de convenio y el comercio exterior. Los controles se fueron encrudeciendo cada vez más a partir de 1947, con la sanción de nuevas leyes que apuntaban en la misma dirección.

El general Juan Domingo Perón en su primera presidencia.

Los resultados fueron decepcionantes: la inflación anual pasó del 16,7% en agosto de 1946 hasta llegar a un pico del 58,3% en marzo de 1952. A partir del Segundo Plan Quinquenal, se implementó un programa de congelamientos salariales y nuevos controles, pero esta vez junto con una abrupta contracción monetaria ortodoxa impulsada por Gómez Morales. Los resultados iniciales fueron exitosos, pero solo duraron dos años y para mayo de 1955 la inflación ya ascendía al 15,8%. En 1959 Argentina ya mantenía una inflación por encima de los 3 dígitos.

Bajo el Gobierno de Onganía, se volvió a intentar una suerte de “acuerdo de precios” junto con un congelamiento general de salarios por 18 meses. El programa de Krieger Vasena suponía añadir una “pata ortodoxa” vía disminución de la emisión monetaria. El plan logró consolidar una inflación promedio del 7,6% anual en 1969, pero tan pronto como se abandonó la disciplina monetaria, los precios volvieron a dispararse y la inflación llegó al 76% en marzo de 1973.

El ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena.

El programa de controles diseñado por José Ber Gelbard en 1973 es probablemente el más añorado por el extremismo kirchnerista, aunque cosechó pésimos resultados. Se establecía un congelamiento de precios mucho más estricto a los que se venían aplicando entre 1956 y 1972, y nuevamente estableciendo cepos al crecimiento de los salarios de los trabajadores. Además, se añadían numerosos controles cuantitativos sobre importaciones y exportaciones.

La inflación bajó hasta un promedio de 1,6% por mes entre abril de 1973 y agosto de 1974, pero a partir de allí se produjo una espiral de precios casi incontenible. La inflación mensual promedió el 6% entre septiembre de 1974 y mayo de 1975, y finalmente el sistema colapsó con el famoso Rodrigazo, llegándose a registrar alzas de hasta el 37% por mes. La inflación interanual llegó al 566% en marzo de 1976.

El ministro de Economía José Ber Gelbard en 1973.

En la última dictadura militar el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz buscaba añadir una dosis de heterodoxia a su programa económico, estableciendo una “tregua de precios” por 120 días, e imponiendo límites a los salarios desde abril de 1976.

La inflación promedió el 192% en 1977 y el 176% a lo largo de 1978, por lo que los precios simplemente respondieron al intenso ritmo de la emisión monetaria más que cualquier influencia por la política de ingresos. Al término de los controles desde 1979, la inflación llegó incluso al 82% interanual en marzo de 1981, nuevamente respondiendo a la dinámica de la política monetaria y la credibilidad de los agentes.

José Alfredo Martínez de Hoz en 1976.

A partir del retorno a la democracia, el Gobierno de Raúl Alfonsín impulsó numerosos controles de precios y salarios, todos devenidos en un absoluto fracaso. En 1984 el ministro Bernardo Grinspun estableció un estricto programa de controles para precios minoristas, añadiendo intensas limitaciones y licencias no automáticas para importaciones. A su vez, se establecieron cupos para exportar.

Los resultados fueron catastróficos, la economía argentina llegó a alcanzar un nivel de inflación del 804% en febrero de 1985, al término de la gestión de Grinspun. La llamada “política de ingresos” no logró ningún efecto real.

Bajo el liderazgo de Juan Vital Sourrouille, el Gobierno de Alfonsín volvía a apostar por los controles de precios a nivel generalizado, esta vez añadiendo a todas las tarifas de servicios públicos, congelando los salarios de convenio, el tipo de cambio y la indexación de contratos.

El ministro Juan Vital Sourrouille anunciando nuevos controles de precios y salarios en el marco del Plan Austral, en junio de 1985.

El programa incluía, además, una promesa para bajar el déficit fiscal mediante importantes aumentos tributarios, y prometía dejar de financiar al Tesoro de forma monetaria. La inflación pasó del 30% mensual a promediar el 2,3% entre septiembre de 1985 y febrero de 1986. A nivel interanual, la inflación bajó hasta el 50,1% en junio de 1986.  

Pero el programa perdió tota credibilidad para fines de 1986 al quedar en evidencia que el Gobierno no había sido capaz de corregir los fuertes desequilibrios fiscales, y por lo tanto no se podía ofrecer ninguna garantía para el control de la expansión monetaria hacia el futuro.

En medio de una inflación interanual del 174% en 1987, el Gobierno radical volvió a recurrir a un nuevo congelamiento general de precios, tarifas, tipo de cambio y salarios. La inflación no cedió en lo más mínimo y subió hasta el 440% en agosto de 1988. Nuevamente, Alfonsín volvió a establecer controles, esta vez con más énfasis en los costos de producción y los precios mayoristas. Este último programa se conoció como "Plan Primavera".

Oleada de saqueos a los supermercados en medio de la hiperinflación bajo el Gobierno de Alfonsín.

El radicalismo volvía a fracasar, y para 1989 era claro que Argentina atravesaba una situación de hiperinflación. Los precios llegaron a dispararse un 114% solamente en junio de 1989, y un 196% en julio. La inflación interanual superaba cómodamente el 3000%, llegando incluso a casi 5000% en diciembre de 1989.

Todas las experiencias de controles de precios y salarios en la historia argentina resultaron en fracaso, algunos programas agotándose en cuestión de unos pocos años, y otros solamente en cuestión de meses.

Economía

Segundo mes consecutivo con superávit: Toto Caputo anunció un resultado primario positivo de $1,2 billones de pesos en febrero

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El programa fiscal del Gobierno avanza a paso firme hacia el saneamiento de las finanzas públicas. Hace más de 10 años que no se registraba superávit primario para dos meses consecutivos. 

El equipo económico del Ministro Luis Caputo está ejecutando un ajuste fiscal en tiempo récord, con el objetivo de reconstruir la confianza del país, eliminar cualquier vestigio de dominancia fiscal sobre la política monetaria, y terminar con el impuesto inflacionario en la Argentina.

Las autoridades del Ministerio de Economía dieron a conocer que en el mes de febrero el Gobierno nacional registró un fuerte superávit primario equivalente a los $1,2 billones de pesos, mientras que el resultado financiero arrojó una cifra positiva de por lo menos $338.112 millones de pesos respectivamente (considerando la carga por intereses de deuda).

De esta manera, es la primera vez desde el año 2013 en que se registran dos meses consecutivos con superávit primario, y desde 2010 en que se observan dos meses consecutivos con un resultado financiero positivo.

Estas cifras son verdaderamente alentadoras, incluso a pesar de que el Gobierno no logró aprobar su primer paquete de leyes fiscales e impositivas. De aprobarse las iniciativas legislativas del oficialismo, la trayectoria alcista para las finanzas públicas no haría más que acentuarse.

El ministro Caputo envió una señal clara y contundente a los mercados: el equilibrio fiscal no es negociable. El Gobierno no está dispuesto a ceder en absoluto sobre el eje fundamental de su política económica. 

Sin déficit fiscal, resulta posible avanzar de manera creíble con la liberalización del cepo cambiario, la independencia del Banco Central, la libre competencia de monedas y finalmente la dolarización en última instancia.

Desde que Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023 el Banco Central no emitió ni un solo peso para financiar al Tesoro. La magnitud de los Adelantos Transitorios y la transferencia de utilidades se redujo a cero, y el Gobierno promete mantener este comportamiento sin sorpresas.

Asimismo, la deuda pública del Gobierno nacional expresada en dólares corrientes disminuyó hasta un 9,1% con respecto a noviembre del año pasado (el último mes de la administración kirchnerista). Solamente en febrero, el stock de deuda externa se redujo en por lo menos US$ 8.753 millones de dólares.

Los sólidos resultados fiscales correspondientes al primer bimestre del año, y la contundente señal de confianza que inspira el Gobierno del Presidente Milie lograron bajar la prima de Riesgo País en torno a los 1.600 puntos básicos, el mejor resultado observado desde el canje de deuda de 2020. Este indicador es homólogo a la sostenibilidad de la deuda pública.

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Economía

S&P mejoró la calificación crediticia de Argentina y declara una perspectiva "estable" para la economía

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El canje de deuda llevado a cabo por el Ministro Caputo logró mejorar las perspectivas del país en tiempo récord. Argentina podría volver a insertarse en el mercado de crédito internacional. 

El pasado día viernes la reconocida agencia S&P Global Ratings anunció un cambio positivo en la calificación crediticia para los títulos argentinos en moneda local, algo que no ocurría desde 2016.

La denominación oficial cambió de “default selectivo” a “perspectiva estable”, con lo cual los inversores creen en el Gobierno y en el Presidente Javier Milei, y destacan cualquier tipo de incumplimiento durante los próximos cuatro años. El 10 de diciembre del año pasado, como parte de su discurso de apertura, el Presidente Milei ratificó su compromiso por honrar las deudas del Estado nacional con todos los acreedores.

Todo esto solo pudo ser posible después del amplio canje de títulos que llevó a cabo el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo. Se postergaron los plazos de pago para las obligaciones más inmediatas, a nuevos plazos que varían entre 2025 y hasta 2028.

En total, se lograron despejar hasta $42,6 billones de pesos de los $54,5 billones que constituían el total de los vencimientos más próximos, es decir que se alcanzó al 77% de las obligaciones de corto plazo. El sector privado llegó a representar más del 17% de las tenencias del canje, mientras que el resto se explicó por cambios de títulos dentro de otros organismos del sector publico.

La Secretaría de Finanzas confirmó que se logró estirar la vida promedio del perfil de vencimientos de los bonos de 0,46 años a 3 años, generando un ahorro en materia financiera de hasta $555.000 millones de pesos. Esto deja al Gobierno nacional con una posición de liquidez significativamente más holgada, y en consecuencia una mayor espalda para evitar cualquier incumplimiento.

Los buenos resultados fiscales para los meses de enero y febrero también consolidaron una mejor posición crediticia para el país, ya que el Gobierno apunta a la plena solvencia fiscal para fin de año (una meta acordada con el Fondo Monetario Internacional).

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Argentina

El éxito de haber derogado la Ley de Alquileres: Los precios suben por debajo de la inflación y los alquileres se abaratan en términos reales

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En tiempo récord se están reacomodando los precios de los alquileres después de 4 años de la fallida ley que impulsó Juntos por el Cambio y que aprobó el kirchnerismo en 2019.

Los alquileres en el Gran Buenos Aires (GBA) han visto desde la sanción de la Ley de Alquileres en 2019 un brutal aumento desproporcionado, que llegó a superar ampliamente a la inflación en el promedio de los últimos 4 años.

Y aunque siguen en valores elevados, muy lejano a lo que correspondería según el poder adquisitivo de los argentinos, desde que el presidente Javier Milei derogó la Ley de Alquileres con el mega DNU que firmó en diciembre, los precios en enero y febrero han visto una fuerte desaceleración.

Por dar un ejemplo, mientras que la inflación en enero fue del 20,6%, los alquileres subieron un 15,9%, y mientras que la inflación en febrero fue del 13,2%, el aumento estuvo en torno al 8,3%. Esto quiere decir que los alquileres bajaron en términos reales un 4,7% en enero y un 4,9%.

El informe de Zonaprop confirmó que un departamento de dos ambientes en GBA norte tiene un valor promedio de $363.590, mientras que un departamento de tres ambientes se alquila por $569.331 mensuales.

Nordelta, en el partido de Tigre, es el barrio con la oferta más cara del mercado, con un valor de $528.554 mensuales. Le siguen Vicente López, con un valor de $522.285 y Manuel Alberti (partido de Pilar) con un valor de $502.847 mensuales. Por otro lado, San Miguel y Muñiz presentan los precios más bajos, con $261.346 y $269.988 por mes, respectivamente.

Histórica suba de la oferta

Según las mismas fuentes, la caída en el precio real de los alquileres está vinculada a fuerte suba de la oferta. Como ahora los contratos se pueden pactar bajo cualquier término sin una Ley de Alquileres que los regule, se maximiza la cantidad de propietarios que ponen en alquiler su vivienda ociosa.

La derogación de las restricciones llevaron a que todos los propietarios que quieran poner en alquiler, puedan hacerlo, una medida que fue recibida con satisfacción por los propietarios.

La oferta experimentó un marcado aumento de aproximadamente un 30% desde enero, terminando con la escasez previa. El objetivo de la liberaización de Milei es que el mercado tienda a un precio de alquiler equitativo, donde tanto propietarios como inquilinos se sientan cómodos.

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