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Economía

El día que Carlos Menem le puso fin a 45 años de controles de precios y salarios y logró bajar la inflación

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Después de una serie de importantes precedentes históricos en controles de precios y salarios, todos arribando al fracaso, en noviembre de 1991 el presidente Menem impulsaba un histórico decreto de desregulación para terminar con 45 años de dirigismo. Actualmente el kirchnerismo vuelve a apostar por las viejas recetas del pasado.

Hace 30 años la Argentina había aprendido del fracaso de los controles sobre el comercio interior. En noviembre de 1991, el presidente Carlos Saúl Menem impulsaba el famoso decreto 2.284 de desregulación, una histórica reforma sobre la economía que terminaba con 45 años de controles de precios y salarios.

El decreto suponía la erradicación total de todas las restricciones sobre la oferta y demanda de bienes y servicios, incluyendo el término de las limitaciones cuantitativas sobre importaciones y los cupos para las exportaciones.

Inflación y Producto Bruto Interno de Argentina entre 1966 y 1999.

La inflación mensual no solo no presentó ningún sobresalto, sino que se redujo a una mínima expresión en la segunda mitad de 1991, y se tornó insignificante para mediados de 1993. La disciplina monetaria había conseguido acabar de forma definitiva con los aumentos de precios, sin que la desregulación tuviera ningún tipo de impacto negativo.

Argentina había logrado la estabilidad limitándose a ordenar el aspecto monetario y fiscal de la economía, por lo que ni los “formadores de precios”, ni los bancos, ni los costos estratégicos, ni los grandes supermercados, ni las commodities ni los aumentos salariales tuvieron siquiera alguna mínima incidencia sobre la inflación.


Las experiencias fracasadas de controles de precios y salarios en el siglo XX argentino

El actual secretario de Comercio, Roberto Feletti, se mostró entusiasta por profundizar una vieja receta típica de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, que sin embargo no logró mostrar nunca resultados positivos a mediano y largo plazo.

Pese a las experiencias de restricciones desde mediados de la década de 1930, el primer programa ampliamente generalizado y estricto de controles de precios y salarios se llevó a cabo durante las primeras presidencias del general Juan Domingo Perón.

Desde la ley 12.830 sancionada en agosto de 1946, se establecían controles sobre prácticamente todos los sectores de la economía, incluyendo la producción, los alquileres, lo salarios de convenio y el comercio exterior. Los controles se fueron encrudeciendo cada vez más a partir de 1947, con la sanción de nuevas leyes que apuntaban en la misma dirección.

El general Juan Domingo Perón en su primera presidencia.

Los resultados fueron decepcionantes: la inflación anual pasó del 16,7% en agosto de 1946 hasta llegar a un pico del 58,3% en marzo de 1952. A partir del Segundo Plan Quinquenal, se implementó un programa de congelamientos salariales y nuevos controles, pero esta vez junto con una abrupta contracción monetaria ortodoxa impulsada por Gómez Morales. Los resultados iniciales fueron exitosos, pero solo duraron dos años y para mayo de 1955 la inflación ya ascendía al 15,8%. En 1959 Argentina ya mantenía una inflación por encima de los 3 dígitos.

Bajo el Gobierno de Onganía, se volvió a intentar una suerte de “acuerdo de precios” junto con un congelamiento general de salarios por 18 meses. El programa de Krieger Vasena suponía añadir una “pata ortodoxa” vía disminución de la emisión monetaria. El plan logró consolidar una inflación promedio del 7,6% anual en 1969, pero tan pronto como se abandonó la disciplina monetaria, los precios volvieron a dispararse y la inflación llegó al 76% en marzo de 1973.

El ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena.

El programa de controles diseñado por José Ber Gelbard en 1973 es probablemente el más añorado por el extremismo kirchnerista, aunque cosechó pésimos resultados. Se establecía un congelamiento de precios mucho más estricto a los que se venían aplicando entre 1956 y 1972, y nuevamente estableciendo cepos al crecimiento de los salarios de los trabajadores. Además, se añadían numerosos controles cuantitativos sobre importaciones y exportaciones.

La inflación bajó hasta un promedio de 1,6% por mes entre abril de 1973 y agosto de 1974, pero a partir de allí se produjo una espiral de precios casi incontenible. La inflación mensual promedió el 6% entre septiembre de 1974 y mayo de 1975, y finalmente el sistema colapsó con el famoso Rodrigazo, llegándose a registrar alzas de hasta el 37% por mes. La inflación interanual llegó al 566% en marzo de 1976.

El ministro de Economía José Ber Gelbard en 1973.

En la última dictadura militar el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz buscaba añadir una dosis de heterodoxia a su programa económico, estableciendo una “tregua de precios” por 120 días, e imponiendo límites a los salarios desde abril de 1976.

La inflación promedió el 192% en 1977 y el 176% a lo largo de 1978, por lo que los precios simplemente respondieron al intenso ritmo de la emisión monetaria más que cualquier influencia por la política de ingresos. Al término de los controles desde 1979, la inflación llegó incluso al 82% interanual en marzo de 1981, nuevamente respondiendo a la dinámica de la política monetaria y la credibilidad de los agentes.

José Alfredo Martínez de Hoz en 1976.

A partir del retorno a la democracia, el Gobierno de Raúl Alfonsín impulsó numerosos controles de precios y salarios, todos devenidos en un absoluto fracaso. En 1984 el ministro Bernardo Grinspun estableció un estricto programa de controles para precios minoristas, añadiendo intensas limitaciones y licencias no automáticas para importaciones. A su vez, se establecieron cupos para exportar.

Los resultados fueron catastróficos, la economía argentina llegó a alcanzar un nivel de inflación del 804% en febrero de 1985, al término de la gestión de Grinspun. La llamada “política de ingresos” no logró ningún efecto real.

Bajo el liderazgo de Juan Vital Sourrouille, el Gobierno de Alfonsín volvía a apostar por los controles de precios a nivel generalizado, esta vez añadiendo a todas las tarifas de servicios públicos, congelando los salarios de convenio, el tipo de cambio y la indexación de contratos.

El ministro Juan Vital Sourrouille anunciando nuevos controles de precios y salarios en el marco del Plan Austral, en junio de 1985.

El programa incluía, además, una promesa para bajar el déficit fiscal mediante importantes aumentos tributarios, y prometía dejar de financiar al Tesoro de forma monetaria. La inflación pasó del 30% mensual a promediar el 2,3% entre septiembre de 1985 y febrero de 1986. A nivel interanual, la inflación bajó hasta el 50,1% en junio de 1986.  

Pero el programa perdió tota credibilidad para fines de 1986 al quedar en evidencia que el Gobierno no había sido capaz de corregir los fuertes desequilibrios fiscales, y por lo tanto no se podía ofrecer ninguna garantía para el control de la expansión monetaria hacia el futuro.

En medio de una inflación interanual del 174% en 1987, el Gobierno radical volvió a recurrir a un nuevo congelamiento general de precios, tarifas, tipo de cambio y salarios. La inflación no cedió en lo más mínimo y subió hasta el 440% en agosto de 1988. Nuevamente, Alfonsín volvió a establecer controles, esta vez con más énfasis en los costos de producción y los precios mayoristas. Este último programa se conoció como “Plan Primavera”.

Oleada de saqueos a los supermercados en medio de la hiperinflación bajo el Gobierno de Alfonsín.

El radicalismo volvía a fracasar, y para 1989 era claro que Argentina atravesaba una situación de hiperinflación. Los precios llegaron a dispararse un 114% solamente en junio de 1989, y un 196% en julio. La inflación interanual superaba cómodamente el 3000%, llegando incluso a casi 5000% en diciembre de 1989.

Todas las experiencias de controles de precios y salarios en la historia argentina resultaron en fracaso, algunos programas agotándose en cuestión de unos pocos años, y otros solamente en cuestión de meses.

Economía

Milei arremetió contra los dichos de Pesce y explicó por qué la política económica del kirchnerismo está condenada a fracasar

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El reconocido economista reicentemente electo diputado defendió el derecho de los argentinos para ahorrar en la moneda que quieran, y asegura que el Gobierno no es dueño de los dólares.

Tras las nuevas normativas dispuestas por el Banco Central, entre ellas la obligación a los bancos para liquidar sus dólares propios y la prohibición del pago en cuotas para viajes en el exterior, el economista y ahora diputado electo Javier Milei se pronunció contra la política económica del kirchnerismo.

El dirigente de La Libertad Avanza, a través de sus redes sociales, repudió todas las declaraciones recientes de los voceros más importantes del Gobierno kirchnerista, entre ellos Martín Guzmán, Miguel Pesce, Cecilia Todesca, Matías Kulfas y Roberto Feletti.

En particular, Milei apuntó contra la teoría económica que profesa el Gobierno, que dota de una importancia trascendental al estímulo estatal sobre la demanda agregada como un elemento para incentivar las exportaciones y el crecimiento económico en última instancia.

Al ser un economista especializado en crecimiento, explicó en su cuenta de Twitter que en realidad el crecimiento sostenido viene dado por la acumulación de factores productivos como el trabajo, el capital físico, humano y tecnológico. Por el contrario, los postulados del kirchnerismo no solo se contraponen radicalmente a la visión austríaca de la economía (a la que suscribe Milei), sino que también resultan obsoletos con respecto al “mainstream que actualmente forma el consenso a nivel mundial.

No dio tregua y derribó los dichos pronunciados por el presidente del Banco Central. Milei asegura que la famosa “restricción externa”, es decir, los problemas generados por un crecimiento de las importaciones que resulta superior al de las exportaciones, en realidad constituye solo un efecto secundario del control de cambios que implementa Argentina desde 2019, y no es una restricción intrínseca a la cuál esté condenada el país para bien o para mal.

“Sin control estatal del dólar no hay restricción externa. Si a eso le sumamos que creen que ellos son los dueños de los dólares que surgen de las exportaciones, que se creen que uno no puede gastar el dinero que ganó en lo que se le de la gana y lo coronan decidiendo quien y que se puede importar, es la prueba de la fatal arrogancia…”, sentenció Milei en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que Miguel Pesce aseguró que el Gobierno “no puede seguir subsidiando al dólar” al referirse al segmento oficial por el cuál los argentinos compraban pasajes en cuotas hacia el exterior.

Pero nuevamente, este “subsidio” no es otra cosa que el efecto del control de cambios que mantiene y promueve su propia gestión al frente de la autoridad monetaria.

Milei tildó de “pésimas” a las declaraciones de Pesce, alegando que ignora por completo la naturaleza teórica del cepo cambiario y sus consecuencias más evidentes. El economista incluso subió su apuesta, y alentó al Pesce a retirar el cepo si verdaderamente considera que el valor del dólar está sobrevaluado y subsidiado.

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Economía

Moody’s habló de la negociación con el FMI y alertó que Argentina está muy cerca de una mega devaluación

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El vicepresidente y analista senior para Argentina, Gabriel Torres, consideró que la dirigencia política debe comprometerse a mantener el rumbo del FMI si no quiere caer en una devaluación histórica.

La calificadora Moody’s advirtió este jueves que “no va a ser fácil” para la Argentina cumplir con el acuerdo que firme con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar su deuda de alrededor de 45.000 millones de dólares, y alertó que las condiciones cambiarias anticipan que “tarde o temprano va a haber una devaluación”.

Así lo manifestó el vicepresidente y analista senior de Moody’s para Argentina, Gabriel Torres“Nosotros creemos que sí se va a firmar, pero que no va a ser fácil cumplirlo”, planteó.

Para justificar su mirada, Torres indicó que los principales desafíos radican en que la dirigencia política se comprometa a cumplir con el camino que se defina para acceder al nuevo programa del Fondo y garantizar así un rumbo de mayor previsibilidad para apuntalar el crecimiento económico de largo plazo.

“El Fondo va a pasar seguramente a un programa de Facilidades Extendidas que puede ser a 10 años. La cantidad de dinero que se le debe al Fondo es muy grande como para poder pagarla, no se puede pagar así como se pagó la anterior“, sostuvo.

“Entonces, el Fondo va a estar actuando como supervisor de las cuentas fiscales argentinas posiblemente por una década o más, a través no solamente de este gobierno sino del siguiente y del que le suceda a ese. Creo que las diferentes partes que están involucradas tienen que entender lo que significa esta relación a largo plazo”, dijo.

Moody's advierte que Argentina está muy cerca de una devaluación – Cadena  365 – Salta – Argentina
La calificadora de riesgo más importante del mundo mira con atención a Argentina

“Si uno mira los datos fiscales de Argentina de este año, son mejores a los del año pasado y están a la par con muchos otros países que obviamente se están recuperando de la crisis de Covid. Y ha caído un poco el uso del Banco Central para financiarse”, aseguró Torres, aunque también alertó que el rumbo macro del actual gobierno no ayuda.

“En cualquier otro país eso sería visto como algo muy positivo, pero como el Gobierno no da señal de que esto es parte de un plan integral, no hay confianza de que el Gobierno va a continuar este plan de consolidación fiscal, reducción gradual del déficit, de una forma consistente. Entonces no hay una clara idea hacia dónde va a ir el Gobierno el año que viene”, repasó.

Ante esta situación, Torres considera que el acuerdo con el Fondo tomará otra relevancia porque plasmará una hoja de ruta “con metas, aunque no se cumplan todas” y cuyo cumplimiento estará sometido a un esquema de constante revisión.

“No es tanto una política en sí, sino más bien una actitud general hacia la importancia que le dan a tener políticas que los ayuden a acceder al mercado”, resumió. Para el especialista, “el problema de la Argentina no está tanto en los números sino en la credibilidad de mediano y largo plazo”.

Por otra parte, en Moody’s no vislumbran el rápido retorno de la Argentina a los mercados de financiamiento internacional. Para explicar esa percepción, Torres indicó que el Riesgo País de la Argentina, que se ubica por encima de los 1.800 puntos básicos, debería caer hasta los “300, 400 ó 500 puntos, que es el nivel para poder acceder a los mercados”.

“No es algo pequeño, tiene que haber un cambio abrupto y muy grande de cómo Argentina implementa sus políticas públicas para que haya confianza y ese 1800 pase a ser 400″, opinó.

“Tarde o temprano va a haber una devaluación”

Torres evaluó también la situación de las reservas del Banco Central de la República Argentina para contener la situación cambiaria, donde la brecha se mantiene en torno al 100 por ciento y las reservas de libre disponibilidad líquidas han llegado a cero.

“La tendencia de las reservas es insuficiente para mantener en el largo plazo el tipo de cambio donde está ahora”, alertó y subrayó que “cuando las reservas llegan a un cierto nivel que el Banco Central o el Gobierno considera que es peligroso, no queda otra que devaluar”.

El riesgo de default sigue presente

Torres recordó que la actual calificación crediticia que Moody’s le asigna a la Argentina es la “C6″, que se ubica en el escalón 20 de un total de 21 posiciones que mide la compañía, o sea al fondo de la tabla.

“La escala significa por un lado la alta probabilidad de que haya un default, una cesación de pagos, pero también en la parte más baja de la escala, en los últimos escalones, lo que también estamos viendo es la pérdida esperada en el caso de que haya un default”, explicó.

“Lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que la Argentina tenga que reestructurar su deuda es muy alta y que va a haber, cuando eso vuelva a suceder, una pérdida importante para los inversores. La calificación refleja una variedad de cosas, la historia de la Argentina, la deuda que tiene, la falta de acceso a los mercados”, detalló.

El analista repasó que la “Argentina no se encuentra en mejores condiciones luego de la reestructuración (de 2020) y la razón es porque la Argentina no tiene acceso a los mercados”.

“Los países nunca pagan sus deudas en efectivo, los países refinancian su deuda. En el caso de la Argentina el no poder refinanciar su deuda significa que creemos que esta deuda que reestructuró, que hay que empezar a pagar en 2024 más o menos, cuando llegue el momento la Argentina no va a poder”, explicó.

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Economía

A pesar del relato del gobierno, los números no mienten: las Reservas del Banco Central son CERO

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El Banco Central argentino se encuentra en una posición crítica sobre la cuál no podrá seguir sosteniendo su política de intervención cambiaria. Prácticamente no quedas reservas netas de libre disponibilidad con las cuales maniobrar.

El costo para mantener el cepo cambiario durante los últimos dos años fue una profunda sangría de reservas del Banco Central (BCRA), pese a la intensidad de los controles sobre los diferentes segmentos legales en los mercados.

Para mantener una suerte de “dólar subsidiado” por debajo de la paridad que habría determinado el libre mercado de cambios, el BCRA debió emprender una agresiva intervención y estranguló la cantidad de operaciones legales que pueden realizarse sobre el mercado de divisas, pero esto solamente retrasó lo inevitable.

En total, las reservas brutas del BCRA alcanzan un monto contable de US$ 42.237 millones, pero esto es simplemente una notación que no representa el verdadero margen de maniobrabilidad de la autoridad monetaria.

Existen importantes posiciones de divisas que no pueden ser libremente utilizadas por el BCRA, estas son: el Swap con China, el Swap con el Banco de Basilea y otros organismos multilaterales, los encajes bancarios que sirven como garantía para los depósitos, y las cuentas en propiedad del Tesoro Nacional.

Todos estos elementos no pueden ser usados de un día para el otro por el BCRA. Transformarlos en liquidez efectiva llevaría tiempo, y en algunos casos podría ser sumamente contraproducente para la estabilidad del sistema financiero (como la posición de encajes).

Descontando estas posiciones de las reservas brutas, el saldo neto sería de 4.612 millones de dólares, un número diez veces menor que el que publicita el gobierno cuando dice que las reservas para afrontar una corrida son “robustas”.

  • RESERVAS BRUTAS: US$ 42.237 millones
  • Swap con China: US$ 20.358 millones
  • Swap con Banco de Basilea: US$ 4.852 millones
  • Encajes bancarios: US$ 12.089 millones
  • Cuentas del Tesoro Nacional: US$ 325 millones
  • RESERVAS NETAS: US$ 4.612 millones

Fuente: GRA Consultora, Gabriel Rubinstein & Asociados

Pero nuevamente, el BCRA actualmente no es capaz de utilizar todo este monto de divisas, aunque deseara hacerlo. La razón es que este monto incluye la reserva de certificados de oro (promesas para entregar oro), y los Derechos Especiales de Giro (DEGs), la moneda del Fondo Monetario Internacional.

Como el Banco Central no puede utilizar libremente los DEGs, dado que juegan un rol importante en la relación con el FMI y emplearlos requiere de una negociación con el Fondo, este valor debe descontarse si lo que se quiere calcular son las reservas netas de libre disponibilidad.

Además, los certificados de oro no pueden transformarse en liquidez rápidamente, sino que si se quieren vender debe atravesarse proceso gradual donde se vende de a partes y bajo estrictos controles internacionales.

En términos prácticos, la cuenta de reservas netas de libre disponibilidad líquidas da CERO, o incluso negativo si se descuenta la totalidad de las posiciones previamente mencionadas.

Por lo tanto, Argentina actualmente no cuenta con los dólares físicos suficientes como para poder actuar sobre el mercado de cambios de manera significativa, o afrontar una corrida cambiaria.

  • RESERVAS NETAS: US$ 4.612 millones
  • Certificados de Oro: US$ 3.574 millones
  • Derechos Especiales de Giro: US$ 2.510 millones
  • RESERVAS NETAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD LÍQUIDAS: US$ -1.472 millones

Fuente: GRA Consultora, Gabriel Rubinstein & Asociados.

Según la Consultora en Economía y Finanzas GRA, que lidera Gabriel Rubinstein, el BCRA registra incluso una posición negativa de reservas netas de libre disponibilidad, un rojo de aproximadamente 1.472 millones de dólares.

Este análisis es compartido casi por unanimidad por las consultoras privadas, que ya andan advirtiendo a las empresas de este dato.

Este análisis también lo hizo el directorio del BCRA, y esta es la razón de fondo de por qué el gobierno tomó las recientes medidas restrictivas sobre el mercado de cambios, incluyendo las cuentas bancarias especiales para turistas, la limitación del pago en cuotas para viajes en el exterior, las limitaciones sobre las operaciones con el dólar financiero, la restricción cuantitativa de importaciones, la obligación a los bancos para vender su posición de dólares propios, entre decenas de otras regulaciones.

Las medidas buscan retrasar la devaluación del tipo de cambio oficial, pero lo cierto es que el esquema se tornará insostenible a través del tiempo y no quedará más alternativa que modificar los parámetros del cepo cambiario.

El único político que está advirtiendo de esta situación en los medios es Javier Milei, quien en una reciente entrevista con Luis Majul explicó en detalle este análisis y llegó a la misma conclusión: las reservas del Banco Central son CERO.

El economista y Diputado electo Javier Milei explicando la dramática escasez de reservas del Banco Central.

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