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Economía

El día que Carlos Menem le puso fin a 45 años de controles de precios y salarios y logró bajar la inflación

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Después de una serie de importantes precedentes históricos en controles de precios y salarios, todos arribando al fracaso, en noviembre de 1991 el presidente Menem impulsaba un histórico decreto de desregulación para terminar con 45 años de dirigismo. Actualmente el kirchnerismo vuelve a apostar por las viejas recetas del pasado.

Hace 30 años la Argentina había aprendido del fracaso de los controles sobre el comercio interior. En noviembre de 1991, el presidente Carlos Saúl Menem impulsaba el famoso decreto 2.284 de desregulación, una histórica reforma sobre la economía que terminaba con 45 años de controles de precios y salarios.

El decreto suponía la erradicación total de todas las restricciones sobre la oferta y demanda de bienes y servicios, incluyendo el término de las limitaciones cuantitativas sobre importaciones y los cupos para las exportaciones.

Inflación y Producto Bruto Interno de Argentina entre 1966 y 1999.

La inflación mensual no solo no presentó ningún sobresalto, sino que se redujo a una mínima expresión en la segunda mitad de 1991, y se tornó insignificante para mediados de 1993. La disciplina monetaria había conseguido acabar de forma definitiva con los aumentos de precios, sin que la desregulación tuviera ningún tipo de impacto negativo.

Argentina había logrado la estabilidad limitándose a ordenar el aspecto monetario y fiscal de la economía, por lo que ni los “formadores de precios”, ni los bancos, ni los costos estratégicos, ni los grandes supermercados, ni las commodities ni los aumentos salariales tuvieron siquiera alguna mínima incidencia sobre la inflación.


Las experiencias fracasadas de controles de precios y salarios en el siglo XX argentino

El actual secretario de Comercio, Roberto Feletti, se mostró entusiasta por profundizar una vieja receta típica de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, que sin embargo no logró mostrar nunca resultados positivos a mediano y largo plazo.

Pese a las experiencias de restricciones desde mediados de la década de 1930, el primer programa ampliamente generalizado y estricto de controles de precios y salarios se llevó a cabo durante las primeras presidencias del general Juan Domingo Perón.

Desde la ley 12.830 sancionada en agosto de 1946, se establecían controles sobre prácticamente todos los sectores de la economía, incluyendo la producción, los alquileres, lo salarios de convenio y el comercio exterior. Los controles se fueron encrudeciendo cada vez más a partir de 1947, con la sanción de nuevas leyes que apuntaban en la misma dirección.

El general Juan Domingo Perón en su primera presidencia.

Los resultados fueron decepcionantes: la inflación anual pasó del 16,7% en agosto de 1946 hasta llegar a un pico del 58,3% en marzo de 1952. A partir del Segundo Plan Quinquenal, se implementó un programa de congelamientos salariales y nuevos controles, pero esta vez junto con una abrupta contracción monetaria ortodoxa impulsada por Gómez Morales. Los resultados iniciales fueron exitosos, pero solo duraron dos años y para mayo de 1955 la inflación ya ascendía al 15,8%. En 1959 Argentina ya mantenía una inflación por encima de los 3 dígitos.

Bajo el Gobierno de Onganía, se volvió a intentar una suerte de “acuerdo de precios” junto con un congelamiento general de salarios por 18 meses. El programa de Krieger Vasena suponía añadir una “pata ortodoxa” vía disminución de la emisión monetaria. El plan logró consolidar una inflación promedio del 7,6% anual en 1969, pero tan pronto como se abandonó la disciplina monetaria, los precios volvieron a dispararse y la inflación llegó al 76% en marzo de 1973.

El ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena.

El programa de controles diseñado por José Ber Gelbard en 1973 es probablemente el más añorado por el extremismo kirchnerista, aunque cosechó pésimos resultados. Se establecía un congelamiento de precios mucho más estricto a los que se venían aplicando entre 1956 y 1972, y nuevamente estableciendo cepos al crecimiento de los salarios de los trabajadores. Además, se añadían numerosos controles cuantitativos sobre importaciones y exportaciones.

La inflación bajó hasta un promedio de 1,6% por mes entre abril de 1973 y agosto de 1974, pero a partir de allí se produjo una espiral de precios casi incontenible. La inflación mensual promedió el 6% entre septiembre de 1974 y mayo de 1975, y finalmente el sistema colapsó con el famoso Rodrigazo, llegándose a registrar alzas de hasta el 37% por mes. La inflación interanual llegó al 566% en marzo de 1976.

El ministro de Economía José Ber Gelbard en 1973.

En la última dictadura militar el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz buscaba añadir una dosis de heterodoxia a su programa económico, estableciendo una “tregua de precios” por 120 días, e imponiendo límites a los salarios desde abril de 1976.

La inflación promedió el 192% en 1977 y el 176% a lo largo de 1978, por lo que los precios simplemente respondieron al intenso ritmo de la emisión monetaria más que cualquier influencia por la política de ingresos. Al término de los controles desde 1979, la inflación llegó incluso al 82% interanual en marzo de 1981, nuevamente respondiendo a la dinámica de la política monetaria y la credibilidad de los agentes.

José Alfredo Martínez de Hoz en 1976.

A partir del retorno a la democracia, el Gobierno de Raúl Alfonsín impulsó numerosos controles de precios y salarios, todos devenidos en un absoluto fracaso. En 1984 el ministro Bernardo Grinspun estableció un estricto programa de controles para precios minoristas, añadiendo intensas limitaciones y licencias no automáticas para importaciones. A su vez, se establecieron cupos para exportar.

Los resultados fueron catastróficos, la economía argentina llegó a alcanzar un nivel de inflación del 804% en febrero de 1985, al término de la gestión de Grinspun. La llamada “política de ingresos” no logró ningún efecto real.

Bajo el liderazgo de Juan Vital Sourrouille, el Gobierno de Alfonsín volvía a apostar por los controles de precios a nivel generalizado, esta vez añadiendo a todas las tarifas de servicios públicos, congelando los salarios de convenio, el tipo de cambio y la indexación de contratos.

El ministro Juan Vital Sourrouille anunciando nuevos controles de precios y salarios en el marco del Plan Austral, en junio de 1985.

El programa incluía, además, una promesa para bajar el déficit fiscal mediante importantes aumentos tributarios, y prometía dejar de financiar al Tesoro de forma monetaria. La inflación pasó del 30% mensual a promediar el 2,3% entre septiembre de 1985 y febrero de 1986. A nivel interanual, la inflación bajó hasta el 50,1% en junio de 1986.  

Pero el programa perdió tota credibilidad para fines de 1986 al quedar en evidencia que el Gobierno no había sido capaz de corregir los fuertes desequilibrios fiscales, y por lo tanto no se podía ofrecer ninguna garantía para el control de la expansión monetaria hacia el futuro.

En medio de una inflación interanual del 174% en 1987, el Gobierno radical volvió a recurrir a un nuevo congelamiento general de precios, tarifas, tipo de cambio y salarios. La inflación no cedió en lo más mínimo y subió hasta el 440% en agosto de 1988. Nuevamente, Alfonsín volvió a establecer controles, esta vez con más énfasis en los costos de producción y los precios mayoristas. Este último programa se conoció como "Plan Primavera".

Oleada de saqueos a los supermercados en medio de la hiperinflación bajo el Gobierno de Alfonsín.

El radicalismo volvía a fracasar, y para 1989 era claro que Argentina atravesaba una situación de hiperinflación. Los precios llegaron a dispararse un 114% solamente en junio de 1989, y un 196% en julio. La inflación interanual superaba cómodamente el 3000%, llegando incluso a casi 5000% en diciembre de 1989.

Todas las experiencias de controles de precios y salarios en la historia argentina resultaron en fracaso, algunos programas agotándose en cuestión de unos pocos años, y otros solamente en cuestión de meses.

Economía

La Argentina que dejó el kirchnerismo: Milei recibió un país sin consumo privado, sin inversión y sin exportaciones

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El modelo kirchnerista demostró un agotamiento notable que finalmente condujo a la recesión desde la segunda mitad de 2022. La crisis se profundizó a lo largo del año pasado, y el cuatro trimestre de 2023 finalizó con los principales indicadores macroeconómicos en rojo.

El INDEC anunció los resultados sobre el avance del nivel de actividad y sus principales componentes correspondientes al cuarto trimestre del año 2023, el último de la administración del exministro y fallido candidato Sergio Massa.

Los resultados publicados demuestran el agotamiento de un modelo económico obsoleto. El organismo oficial de estadísticas determinó que la variación desestacionalizada del PBI (a precios constantes) marcó un rojo del 1,9% en el último trimestre del año pasado. El principal termómetro de la economía argentina registró un magro resultado hacia el final de la gestión massista.

La producción industrial sufrió una caída de hasta el 6% interanual en el último cuarto de 2023, el sector del comercio minorista y mayorista registró un retroceso del 3,9%, la producción de electricidad, gas y agua se desplomó un 5,1% interanual, los servicios de intermediación financiera cayeron un 4,4%, y la construcción sufrió un declive de casi un 1% en el mismo período.

No obstante, y pese al arsenal de medidas artificiales y cortoplacistas adoptadas por el exministro, el consumo del sector privado se desplomó hasta un 1,5% entre octubre y diciembre de 2023. 

Los paliativos de corto plazo, las ayudas y los subsidios temporales, poco y nada pudieron hacer para compensar la estampida inflacionaria y la erosión del poder adquisitivo de los salarios (especialmente en el sector informal).

La inversión real de la economía argentina se contrajo casi un 11% en el cuarto trimestre de 2023, superando holgadamente a la variación negativa del mismo período pero del 2022 (que había llegado al 4,5% respectivamente).

El país dejó de invertir cada vez más en renovación de maquinaria, infraestructura, tecnología, etc. Bajo las reglas de juego del exministro Massa, la Argentina se había convertido en un destino fallido para el desarrollo de la iniciativa privada y la inversión a largo plazo.

En otras palabras, el nuevo Gobierno del Presidente Javier Milei no solo heredó una economía en recesión y estanflación (con los precios aumentando a un ritmo del 1% diario), sino que además el retroceso de la inversión en formación bruta de capital deterioró la capacidad instalada del país para poder recuperarse de la crisis. La Argentina se descapitalizó por cuatro años.

Todo esto se suma a la oleada de desequilibrios fiscales, cambiarios, monetarios y de precios relativos que dejó plantados el Gobierno anterior. Al menos un 200% de brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, un saldo de reservas netas en rojo por US$ 11.000 millones de dólares, un stock de pasivos remunerados equivalente a casi el 300% de la base monetaria (11 puntos del PBI) y un déficit fiscal nacional superior al 6% del producto. Se trata de una de las peores herencias macroeconómicas de la historia argentina.

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Economía

Se desarma la bomba de pasivos remunerados que caen al 5% del PBI y se acerca la salida del cepo

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El stock de las letras del Banco Central se redujo a la mitad desde que el Presidente Milei asumió la dirección del país el pasado 10 de diciembre. También disminuyó notoriamente la emisión monetaria a cuenta de los intereses asociados a los pasivos remunerados.

Las condiciones macroeconómicas idóneas para la liberalización total del mercado cambiario están cada vez más cerca de ser una realidad. Desde el 10 de diciembre del año pasado el Gobierno desplegó un amplio programa de saneamiento sobre el balance del Banco Central, al mismo tiempo en que el Ministerio de Economía equilibró sus finanzas y mitigó la dominancia fiscal sobre la política monetaria.

En solo tres meses de gestión, la administración de Santiago Bausili al frente del BCRA logró reducir el stock de pasivos remunerados del 10,5% al 5% del PBI según estimaciones de las consultoras privadas. La carga por la “bola de nieve” de las Leliq se reconvirtió en el stock de Pases, y este último se vio rápidamente licuado por la evolución inflacionaria.

En tiempo récord, la magnitud de la emisión monetaria a cuenta de pagar los intereses por los pasivos remunerados también se redujo a la mitad, del 10% al 5% del PBI respectivamente desde diciembre de 2023. Este monto también es conocido como el “déficit cuasi-fiscal”, y significaba un verdadero peligro para la estabilización de la economía.

Para poder liberalizar los controles cambios y permitir la libre compra-venta de divisas, el Gobierno apuntó primero a operar sobre los desequilibrios de sobrante de pesos que dejó la gestión anterior. 

Ante una liberalización cambiaria, los agentes (bancos, pequeños ahorristas, etc) podrían verse atraídos por huir del peso hacia el dólar de manera rápida y violenta, provocando así un colapso de la demanda de pesos y de la renovación de los pavos remunerados. 

Esto llevaría rápidamente a la hiperinflación, ya que la cantidad de dinero en circulación podría incrementarse de forma dramática en poco tiempo (y cuando más elevada es la inflación, más rápido es el efecto de la emisión de dinero en el sistema).

El Gobierno del Presidente Milei se propuso evitar a toda costa un escenario hiperinflacionario, por lo que el saneamiento del balance del BCRA haría posible una muy pronta liberalización cambiaria sin el riesgo de provocar la violenta espiral inflacionaria.

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Economía

Las jubilaciones subirán 7 puntos por encima de la inflación en abril y luego aumentarán según IPC de manera automática

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Entre el aumento por inflación, el adicional del 12,5% y el bono de $70.000, las jubilaciones subirán un 62% en abril, lo cual le ganará a la inflación por 7 puntos en términos reales, y se darán incrementos cada mes.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó con más detalles la nueva fórmula previsional, publicada este lunes a través del Decreto 274/24 en el Boletín Oficial, la cual establece que los jubilados y pensionados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que a la nueva fórmula se le va a adicionar el 12,5% de recomposición y el bono de $70.000 pesos, lo que suma un incremento de aproximadamente 62% en lo que va del año, unos 7 puntos por encima de la inflación acumulada del 55% entre enero y marzo.

Esto cambia radicalmente lo que iba a pasar con los haberes si no se cambiaba la fórmula. El aumento a los jubilados iba a ser de 0% en abril y en mayo”, advirtió el vocero. “En julio empieza a regir de manera plena esta nueva fórmula y se va a hacer el cálculo de cuánto hubiese sido el ajuste sólo aplicando la fórmula anterior, y si hay alguna diferencia se le va a abonar a los jubilados”.

“Esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos nuevamente a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener discutida una reforma previsional y una reforma laboral más integrales que hagan que el sistema jubilatorio sea sustentable”, concluyó.

En la misma línea, el comunicado oficial de la Oficina del Presidente anunció el lanzamiento de una nueva fórmula previsional para ajustar los haberes a partir de junio de manera automática, con el objetivo de detener la masiva pérdida de poder adquisitivo en la que se vieron alcanzados los jubilados en los últimos cuatro años.

El equipo económico presidido por el ministro Luis Caputo dispuso que a partir de abril, todos los haberes previsionales (sin ninguna excepción) serán actualizados por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ese mes y en mayo, el ajuste será por decreto, mientras que a partir de junio se hará de manera automática sin la necesidad de una intervención presidencial.

Este último aumento tiene el objetivo de evitar que la transición entre la nueva fórmula previsional y la anterior pueda provocar cualquier tipo de erosión sobre el poder adquisitivo de los jubilados (como por ejemplo ocurrió entre el último trimestre de 2017 y el primero de 2018).

En otras palabras, el poder adquisitivo de los jubilados dejará de licuarse con las nuevas reglas de juego del sistema, al mismo tiempo en que se espera un fuerte descenso de la tasa de inflación para los próximos meses. Conforme disminuya la inflación, las jubilaciones podrían aumentar en términos reales debido a que la fórmula siempre se ajusta por el dato del IPC del mes anterior (y viceversa cuando la inflación aumenta).

Asimismo, el nuevo esquema presentado garantiza una mayor estabilidad en la relación del gasto previsional con respecto al PBI. De esta manera se facilita la tarea de confeccionar presupuestos, y de destinar los recursos correspondientes a los jubilados y pensionados sin incurrir en errores por falta de actualización.

La fórmula previsional kirchnerista ajustaba los haberes de acuerdo al índice RIPTE de salarios (el cual perdió contra la evolución de los precios en los últimos 15 años), y al mismo tiempo se componía por la recaudación de la seguridad social (también muy inestable debido a la gran cantidad de empleo informal). Esta fórmula fue directamente responsable de que el poder adquisitivo de una jubilación mínima cayera casi un 40% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

El Gobierno anterior desplegó una serie de bonos adicionales para tratar de compensar (parcialmente) la debacle sobre las jubilaciones, pero estos únicamente se aplicaron sobre el haber más bajo. Las jubilaciones medias y altas no se vieron alcanzadas por los bonos, y esto deterioró todavía más los escasos incentivos existentes para aportar al sistema previsional.

La legislación laboral vigente demostró ser abiertamente disfuncional en vista a la tamaña proporción del empleo no registrado en relación al total del trabajo de la Argentina, y los incentivos nocivos del sistema de reparto estatal no hacen más que acrecentar la tendencia.

El Gobierno también apunta a erradicar el déficit del sistema previsional operando desde el punto de vista de sus ingresos. En este sentido, se apunta a la flexibilización de la legislación laboral (más puestos formales potenciales para aportar al sistema) y la mejora de los incentivos para el esfuerzo.

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