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Economía

El director del Banco Nación propuso crear un sistema monetario similar al de Cuba

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El economista ultra-kirchnerista Claudio Lozano, nombrado presidente del Banco Nación por Alberto Fernández, propone crear un sistema monetario similar al que tiene Cuba y limitar severamente la compra de dólares en el país.

En el marco de la amplia derrota del kirchnerismo, Claudio Lozano, economista fanáticamente kirchnerista y actual director del Banco Nación, propuso en diálogo con C5N una polémica reforma monetaria en la cual los argentinos perderían la posibilidad de defender sus ahorros comprando dólares.

Lozano propuso instaurar en el país un sistema monetario socialista, similar al que tiene Cuba, donde los ciudadanos pierden el derecho a adquirir divisas extranjeras cuando dispongan de hacerlo, y el Estado se garantiza la base imponible para recaudar el impuesto inflacionario. En otras palabras, propuso la inconvertibilidad más absoluta del peso argentino en cualquier divisa y bajo cualquier tipo de cambio, bajo cualquier instancia.

Dentro del esquema descripto por el economista, se propuso imponer nuevas regulaciones sobre el mercado cambiario para terminar de desdoblar la compra de divisas de la misma forma que en Cuba: una parte legal exclusivamente para el Estado o un cierto grupo minoritario, y el resto de las personas obligadas a operar con una divisa no convertible y de dudoso valor para realizar sus transacciones cotidianas.

Claudio Lozano, actual director del Banco Nación nombrado por Alberto Fernández en enero de 2020.

El principal objetivo de la reforma propuesta es dotar al Estado de una forma de financiamiento compulsiva aún más estricta de la que existe hoy. De esta manera, el Lozano criticó la tenue corrección fiscal que lleva adelante el ministro Martín Guzmán.

“Desde octubre del año pasado el nivel de ajuste fiscal no era compatible con una sociedad como la que tenemos”, sentenció Claudio Lozano en referencia a la política fiscal de Guzmán.

Lozano aseguró que los subsidios económicos a los servicios públicos “no pueden debatirse” y que se deberá profundizar la política de “transferencias sociales” a partir de un ingreso universal. Este tipo de medidas se tornan prácticamente infinanciables sin un violento incremento de la asistencia monetaria del Banco Central.

Este planteo no es novedoso dentro de las filas del cristinismo fanático, pues la reconocida referente de la izquierda kirchnerista, Fernanda Vallejos, ya anticipó en reiteradas oportunidades que la corrección fiscal de Guzmán es ampliamente incompatible con las preferencias ideológicas de la Vicepresidente.

La debacle electoral del oficialismo impulsó un nuevo cimbronazo interno a nivel ideológico, y cada vez más voces que responden directamente a Cristina Fernández pujan por una nueva radicalización del Gobierno que podría tornarse peligrosa.

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Economía

El día que Carlos Menem le puso fin a 45 años de controles de precios y salarios y logró bajar la inflación

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Después de una serie de importantes precedentes históricos en controles de precios y salarios, todos arribando al fracaso, en noviembre de 1991 el presidente Menem impulsaba un histórico decreto de desregulación para terminar con 45 años de dirigismo. Actualmente el kirchnerismo vuelve a apostar por las viejas recetas del pasado.

Hace 30 años la Argentina había aprendido del fracaso de los controles sobre el comercio interior. En noviembre de 1991, el presidente Carlos Saúl Menem impulsaba el famoso decreto 2.284 de desregulación, una histórica reforma sobre la economía que terminaba con 45 años de controles de precios y salarios.

El decreto suponía la erradicación total de todas las restricciones sobre la oferta y demanda de bienes y servicios, incluyendo el término de las limitaciones cuantitativas sobre importaciones y los cupos para las exportaciones.

Inflación y Producto Bruto Interno de Argentina entre 1966 y 1999.

La inflación mensual no solo no presentó ningún sobresalto, sino que se redujo a una mínima expresión en la segunda mitad de 1991, y se tornó insignificante para mediados de 1993. La disciplina monetaria había conseguido acabar de forma definitiva con los aumentos de precios, sin que la desregulación tuviera ningún tipo de impacto negativo.

Argentina había logrado la estabilidad limitándose a ordenar el aspecto monetario y fiscal de la economía, por lo que ni los “formadores de precios”, ni los bancos, ni los costos estratégicos, ni los grandes supermercados, ni las commodities ni los aumentos salariales tuvieron siquiera alguna mínima incidencia sobre la inflación.


Las experiencias fracasadas de controles de precios y salarios en el siglo XX argentino

El actual secretario de Comercio, Roberto Feletti, se mostró entusiasta por profundizar una vieja receta típica de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, que sin embargo no logró mostrar nunca resultados positivos a mediano y largo plazo.

Pese a las experiencias de restricciones desde mediados de la década de 1930, el primer programa ampliamente generalizado y estricto de controles de precios y salarios se llevó a cabo durante las primeras presidencias del general Juan Domingo Perón.

Desde la ley 12.830 sancionada en agosto de 1946, se establecían controles sobre prácticamente todos los sectores de la economía, incluyendo la producción, los alquileres, lo salarios de convenio y el comercio exterior. Los controles se fueron encrudeciendo cada vez más a partir de 1947, con la sanción de nuevas leyes que apuntaban en la misma dirección.

El general Juan Domingo Perón en su primera presidencia.

Los resultados fueron decepcionantes: la inflación anual pasó del 16,7% en agosto de 1946 hasta llegar a un pico del 58,3% en marzo de 1952. A partir del Segundo Plan Quinquenal, se implementó un programa de congelamientos salariales y nuevos controles, pero esta vez junto con una abrupta contracción monetaria ortodoxa impulsada por Gómez Morales. Los resultados iniciales fueron exitosos, pero solo duraron dos años y para mayo de 1955 la inflación ya ascendía al 15,8%. En 1959 Argentina ya mantenía una inflación por encima de los 3 dígitos.

Bajo el Gobierno de Onganía, se volvió a intentar una suerte de “acuerdo de precios” junto con un congelamiento general de salarios por 18 meses. El programa de Krieger Vasena suponía añadir una “pata ortodoxa” vía disminución de la emisión monetaria. El plan logró consolidar una inflación promedio del 7,6% anual en 1969, pero tan pronto como se abandonó la disciplina monetaria, los precios volvieron a dispararse y la inflación llegó al 76% en marzo de 1973.

El ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena.

El programa de controles diseñado por José Ber Gelbard en 1973 es probablemente el más añorado por el extremismo kirchnerista, aunque cosechó pésimos resultados. Se establecía un congelamiento de precios mucho más estricto a los que se venían aplicando entre 1956 y 1972, y nuevamente estableciendo cepos al crecimiento de los salarios de los trabajadores. Además, se añadían numerosos controles cuantitativos sobre importaciones y exportaciones.

La inflación bajó hasta un promedio de 1,6% por mes entre abril de 1973 y agosto de 1974, pero a partir de allí se produjo una espiral de precios casi incontenible. La inflación mensual promedió el 6% entre septiembre de 1974 y mayo de 1975, y finalmente el sistema colapsó con el famoso Rodrigazo, llegándose a registrar alzas de hasta el 37% por mes. La inflación interanual llegó al 566% en marzo de 1976.

El ministro de Economía José Ber Gelbard en 1973.

En la última dictadura militar el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz buscaba añadir una dosis de heterodoxia a su programa económico, estableciendo una “tregua de precios” por 120 días, e imponiendo límites a los salarios desde abril de 1976.

La inflación promedió el 192% en 1977 y el 176% a lo largo de 1978, por lo que los precios simplemente respondieron al intenso ritmo de la emisión monetaria más que cualquier influencia por la política de ingresos. Al término de los controles desde 1979, la inflación llegó incluso al 82% interanual en marzo de 1981, nuevamente respondiendo a la dinámica de la política monetaria y la credibilidad de los agentes.

José Alfredo Martínez de Hoz en 1976.

A partir del retorno a la democracia, el Gobierno de Raúl Alfonsín impulsó numerosos controles de precios y salarios, todos devenidos en un absoluto fracaso. En 1984 el ministro Bernardo Grinspun estableció un estricto programa de controles para precios minoristas, añadiendo intensas limitaciones y licencias no automáticas para importaciones. A su vez, se establecieron cupos para exportar.

Los resultados fueron catastróficos, la economía argentina llegó a alcanzar un nivel de inflación del 804% en febrero de 1985, al término de la gestión de Grinspun. La llamada “política de ingresos” no logró ningún efecto real.

Bajo el liderazgo de Juan Vital Sourrouille, el Gobierno de Alfonsín volvía a apostar por los controles de precios a nivel generalizado, esta vez añadiendo a todas las tarifas de servicios públicos, congelando los salarios de convenio, el tipo de cambio y la indexación de contratos.

El ministro Juan Vital Sourrouille anunciando nuevos controles de precios y salarios en el marco del Plan Austral, en junio de 1985.

El programa incluía, además, una promesa para bajar el déficit fiscal mediante importantes aumentos tributarios, y prometía dejar de financiar al Tesoro de forma monetaria. La inflación pasó del 30% mensual a promediar el 2,3% entre septiembre de 1985 y febrero de 1986. A nivel interanual, la inflación bajó hasta el 50,1% en junio de 1986.  

Pero el programa perdió tota credibilidad para fines de 1986 al quedar en evidencia que el Gobierno no había sido capaz de corregir los fuertes desequilibrios fiscales, y por lo tanto no se podía ofrecer ninguna garantía para el control de la expansión monetaria hacia el futuro.

En medio de una inflación interanual del 174% en 1987, el Gobierno radical volvió a recurrir a un nuevo congelamiento general de precios, tarifas, tipo de cambio y salarios. La inflación no cedió en lo más mínimo y subió hasta el 440% en agosto de 1988. Nuevamente, Alfonsín volvió a establecer controles, esta vez con más énfasis en los costos de producción y los precios mayoristas. Este último programa se conoció como “Plan Primavera”.

Oleada de saqueos a los supermercados en medio de la hiperinflación bajo el Gobierno de Alfonsín.

El radicalismo volvía a fracasar, y para 1989 era claro que Argentina atravesaba una situación de hiperinflación. Los precios llegaron a dispararse un 114% solamente en junio de 1989, y un 196% en julio. La inflación interanual superaba cómodamente el 3000%, llegando incluso a casi 5000% en diciembre de 1989.

Todas las experiencias de controles de precios y salarios en la historia argentina resultaron en fracaso, algunos programas agotándose en cuestión de unos pocos años, y otros solamente en cuestión de meses.

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Economía

Fracasaron los controles de precios: la inflación llegó al 52,5% en septiembre

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Pese a los controles del kirchnerismo, los precios minoristas subieron un 3,5% en septiembre y la inflación anualizada llegó al 52,5% según el INDEC. En lo que va del año los precios acumulan un alza del 37%, dejando completamente en ridículo a las metas que había estimado Martin Guzmán.

El INDEC relevó que los precios minoristas medidos por el IPC aumentaron un 3,5% en septiembre, el alza mensual más elevada desde abril. De esta manera, el muy tenue proceso “desinflacionario” que presumía el ministro Martín Guzmán parece estar agotado.

La inflación interanual trepó hasta el 52,5% en comparación con el mismo mes del año pasado, una cifra que no se veía desde enero de 2020. Entre enero y septiembre de 2021, Argentina acumula una inflación del 37%, por lo que queda en evidencia que las metas de Guzmán no eran consistentes ni realistas.

Estos datos confirman que Argentina es el quinto país con más inflación en el mundo, por detrás de Venezuela, Sudán, Líbano y Surinam.

El rubro de prendas de vestir y el calzado fue el que registró mayores aumentos, alrededor de un 6% en septiembre. Las bebidas alcohólicas y el tabaco aumentaron un 5,9% en el mes, los servicios de salud un 4,3%, hoteles y restaurantes 4,1%, y los servicios por recreación y cultura lo hicieron en un 3,8%. Todos estos rubros subieron por encima del promedio general.

Ya en el mes de agosto, la inflación en el mercado mayorista había llegado al 60,5% interanual, con una variación del 2,5% solamente en ese mes. Estas cifras relevan la constante inestabilidad a la que se enfrenta la economía argentina.

Mantras el programa económico no da resultados, los numerosos controles de precios de la Secretaría de Comercio Interior volvieron a fracasar y no lograron contener la estampida inflacionaria.

Tras la partida de la ex secretaria Paula Español, Roberto Feletti impulsa un nuevo y grotesco programa de controles que radicaliza fuertemente la posición del Gobierno de Fernández.

Se debe tener en consideración, además, que el Gobierno sigue manteniendo estrictos controles sobre las tarifas de servicios públicos, por lo que la inflación reprimida implica una suerte de “olla a presión” para un futuro cercano.

Además, el Banco Central desaceleró el ritmo de devaluación en el mercado oficial aún acosta de endurecer fuertemente los ya numerosos controles de cambios. En la práctica, el Gobierno apostó por la limitación cuantitativa de importaciones y el retraso del pago con divisas, con el fin de seguir postergando una devaluación cada vez más impostergable.

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Economía

“Bidenflation”: la inflación de Estados Unidos llegó al 5,4% y la mayorista trepó al 8,6%

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La inflación estadounidense llegó al 5,4% interanual en septiembre, siendo el valor más alto desde julio de 2008, plena crisis subprime. Los precios subieron un 0,4% solamente en ese mes, frente a una variación del 0,3% en agosto. Los precios mayoristas registraron un alza del 8,6% frente a 2020.

La política fiscal de Biden continua en un sendero extremadamente expansivo, y terminó por desarticular el proceso de desinflación que estaba previsto para el tercer trimestre del año. La inflación interanual llegó al 5,4% en septiembre, el nivel más elevado desde julio de 2008.

En solo un mes, lo precios minoristas aumentaron un 0,4% frente a un 0,3% de variación en agosto. Estados Unidos llegó incluso a registrar un aumento de casi 1% en el nivel general de precios al término de junio.

Los precios de la energía se dispararon un 24,8% interanual en septiembre, una cifra estrafalaria. La gasolina aumentó casi un 42% interanual, cifras parecidas a lo que se percibe en países subdesarrollados e inestables como Argentina. El único rubro que mostró bajas interanuales fue las commodities, marcando un ritmo del -1,6% con respecto a septiembre de 2020.

Considerando los precios en el mercado para los productores, la inflación mayorista trepó hasta el 8,6%. Solo en septiembre los precios en este segmento subieron un 0,5%, después de haber aumentado otro 0,7% en agosto.

Después de una gran expansión monetaria en 2020 a causa de un importante shock sobre la oferta agregada como lo fue la pandemia, los analistas esperaban una normalización de las variables monetarias al término de la emergencia. Pero la política fiscal del presidente Joe Biden abortó el proceso correctivo.

En la práctica, la gran inyección de dólares en la economía en tiempo récord implicó una expansión importante en la cantidad de circulante, en consecuencia, se produjo una situación en la que cada vez más dólares persiguen a una cantidad de bienes que no crecen al mismo ritmo.

La política fiscal, sin un efecto esterilizador por parte de la Reserva Federal, en los hechos cumple un rol similar al que podría tener la política monetaria sobre el nivel de precios.

Según los datos de la Reserva Federal de St. Louis, el gasto público trimestral del Gobierno federal pasó de representar el 27,7% del PBI al término de la gestión de Donald Trump, hasta llegar a un estrafalario 36,6% en el primer trimestre de 2021. La exorbitante expansión fiscal de Biden impuso una gran presión inflacionaria para la economía.

En el segundo trimestre del año el gasto federal cayó hasta el 32,9% del producto, pero aún permanece en niveles muy superiores a los heredados por la gestión republicana, y prácticamente incomparables a los que había antes de la pandemia, cuando el Gobierno federal solo representaba el 22% de la economía.

Por su parte, el déficit fiscal pasó de representar el 9,8% del producto bruto en el fin de la presidencia de Trump para dispararse al 18,5% en el primer trimestre de la administración Biden. Pese a las correcciones posteriores, el resultado fiscal cerró en el 14,6% del PBI en el segundo trimestre del año.

La violenta inyección de liquidez y el desequilibrio fiscal en vista al futuro produjeron un cierto escepticismo en torno a las expectativas inflacionarias. El programa fiscal de los demócratas buscaría, además, prolongar el desequilibrio fiscal para los próximos años y llevar el nivel de deuda pública a niveles nunca antes vistos.

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