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Economía

El FMI advierte contra el programa de Biden por aumentar masivamente el déficit fiscal hasta 2025

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El Gobierno de los demócratas aprobó una importante expansión presupuestaria mientras retuvo la mayoría legislativa. La estimación del Fondo sugiere que el déficit fiscal llegará al 7,4% del PBI para 2025, un nivel insólitamente elevado. 

El presidente Joe Biden se valió de sus mayorías parlamentarias entre 2021 y 2022 para expandir las erogaciones del presupuesto a través de múltiples proyectos que afectan a los próximos años, pero no avanzó de la misma forma con su reforma tributaria y no ofreció ninguna compensación de nuevos recursos para el fisco.

El resultado fue la pérdida de la responsabilidad fiscal. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que el sendero fiscal de los Biden es irresponsable, y estima que el déficit financiero crecerá año tras año hasta 2025: alcanzará el 5,71% en 2023, 6,57% en 2024 y 7,4% en 2025. Son cifras que superan holgadamente el desequilibrio de pre-pandemia, y sustancialmente mayores al promedio de los últimos 20 años. 

Incluso excluyendo el peso de los intereses de deuda pública, la tendencia sigue siendo la misma. El déficit primario federal cerró el 2022 en el 2,2% del PBI, se incrementaría al 3,5% en 2023, 3,65% en 2024 y hasta 4,01% en 2025. Estados Unidos no solo tendrá que soportar una creciente carga de intereses, sino que sus desequilibrios operativos serán cada vez mayores si no se produce algún cambio al rumbo fiscal actual.

Evolución del déficit fiscal de Estados Unidos, efectiva hasta 2022 y estimada hasta 2027.

Después de la “Ley del Plan de Rescate Estadounidense” en marzo de 2021, que profundizó el rojo fiscal heredado de la pandemia, el déficit se moderó significativamente hasta el pasado mes de agosto. La cancelación irresponsable de préstamos estudiantiles elevó la cuantía del déficit fiscal en 1,4 puntos del PBI, y desde entonces recobró la tendencia alcista.

La “Ley de reducción de la inflación” sancionada en agosto de 2022 pretendía llevar tranquilidad a los mercados, prometiendo la reducción del déficit como la herramienta principal para la lucha contra la escalada de precios. Nada de esto se está corroborando en la práctica. 

Muy lejos de reducir el déficit, el Fondo Monetario dejó en evidencia que las perspectivas fiscales son diametralmente opuestas. Cabe esperar un efecto también contrario en materia de estabilidad de precios. La indisciplina fiscal condiciona el efecto de la política monetaria de la FED, y en particular uno de sus principales canales de transmisión que son las expectativas

La mayor expectativa por monetizaciones futuras del déficit fiscal, más expansión monetaria y más inflación, induce a la caída de la demanda de dólares (previendo un refugio) y este hecho obligaría a la Reserva Federal a perpetuar las elevadas tasas de interés por un período más largo al que hubiera correspondido en una situación fiscalmente responsable.

El panorama político tampoco resulta favorable para equilibrar las finanzas. La base de sustentación del programa fiscal de los demócratas se valía de una hipotética reforma tributaria para subir drásticamente los impuestos y sobrecompensar el efecto de la expansión del gasto, pero políticamente este proyecto es inviable. 

La representación republicana en el Congreso no avalará mayores aumentos impositivos que puedan condicionar la oferta agregada de la economía y exprimir el bolsillo de los contribuyentes, mientras que la administración Biden se sigue negando a negociar una reestructuración ordenada de las erogaciones para facilitar el levantamiento del techo de deuda pública. 

Economía

Fuerte desaceleración de la inflación: Los precios de los alimentos sólo aumentaron un 0,2% en la segunda semana de abril

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Así lo estimó el sondeo semanal de la consultora LCG, oficialmente registrando la variación más baja desde mediados de septiembre del año pasado. El ajuste fiscal y monetario que está llevando a cabo el Gobierno comienza a demostrar resultados plausibles en la realidad cotidiana de los supermercados.

Tras el fuerte salto de precios registrado a mediados de diciembre, el Gobierno del Presidente Javier Milei ejecutó un programa ortoxodo con el objetivo de evitar la hiperinflación latente que había dejado como herencia el kirchnerismo. 

El ajuste fiscal y monetario tuvo como objetivo la no convalidación monetaria de los aumentos, y al mismo tiempo el avance hacia el ordenamiento de las principales variables macroeconómicas del país. Poco a poco, los resultados comienzan a estar a la vista.

La consultora LCG estima que el aumento de los alimentos y bebidas fue de sólo un 0,2% al cierre de la segunda semana de abril, la variación más modesta jamás registrada desde septiembre del año pasado. Pero muy a diferencia de aquel entonces, esta vez se observa la misma cifra con precios completamente desregulados, y con una tendencia de la inflación marcadamente bajista.

El relevamiento de precios de LCG contempla una canasta de hasta 8.000 productos de consumo masivo (alimentos y bebidas) en 5 supermercados. Asimismo, se utilizan los mismos ponderados de precios que se emplean para medir el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

La desaceleración inflacionaria es cada vez más evidente. Incluso ampliando la gama de productos relevados (ya no tan solo alimentos), los resultados parecen similares. La consultora Econviews estimó que los precios de los grandes supermercados del Gran Buenos Aires registraron un alza de sólo el 0,8% en la primera semana de abril. Fue la variación más baja registrada en lo que va de la presidencia de Javier Milei.

Según el sondeo de Econviews, los aumentos más elevados se registraron en los productos de verdulería, mientras que las carnes permanecieron relativamente estables (hubo variaciones muy pequeñas) y hubo incluso rebajas en productos de perfumería.

Lo que se está registrando en la economía argentina es un reordenamiento de precios relativos. Aumentan por encima del promedio general aquellos rubros que más se vieron artificialmente atrasados durante los últimos cuatro años, como por ejemplo las prepagas y los servicios públicos (gas, electricidad, colectivos, trenes, agua, etc).

Este proceso resulta inevitable, no es más que la consecuencia de las distorsiones acumuladas por la administración anterior, y en particular la del exministro Sergio Massa. Los congelamientos e intervenciones irresponsables del pasado se están pagando con fuertes aumentos en el presente.

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Economía

Nuevo paquete de medidas para el sistema financiero: La tasa de interés baja al 70%, se amplía la desregulación del mercado cambiario y suben los encajes

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La autoridad monetaria desplegó un amplio paquete de medidas para seguir desregulando el sistema financiero del país, al mismo tiempo en que se busca sanear la hoja de balance de la institución. El stock real de los pasivos remunerados se derrumba.

Tras anticiparse la caída de la tasa de inflación correspondiente al mes de marzo, algo previsto por todas las consultoras privadas del país, el Banco Central presidido por Santiago Bausili decidió desplegar un paquete de medidas sobre el sistema financiero

El objetivo es profundizar la desregulación, afianzar la normalización del comercio exterior (especialmente con las empresas pequeñas y medianas), y seguir saneando el patrimonio del BCRA. Este camino es imprescindible para culminar con la liberalización total del mercado cambiario en un futuro cada vez más cercano.

Se anunciaron las siguientes medidas:

  • La tasa de política monetaria aplicada sobre los Pases cae del 80% al 70% nominal anual, lo cual arroja una tasa efectiva en torno al 101,2% en un período de 12 meses. Esto es equivalente a un rendimiento efectivo del 5,4% por mes
  • Se incrementa la tasa de encaje del 0% al 10% para las cuentas remuneradas de fondos comunes de inversión de money market (Mercado Pago es un ejemplo de esto). De esta forma se normaliza el sistema, y se eliminan progresivamente los tratamientos diferenciales entre instituciones financieras
  • Se anunció la desactivación del swap con el Banco Internacional de Pagos. Se decidió cancelar de inmediato una deuda equivalente a los US$ 3.117 millones de dólares, allanando el camino para volver ampliar las líneas de crédito tanto con la institución como con el mercado mundial
  • Se determinó una nueva flexibilización del acceso al mercado cambiario legal para Pymes. Se reduce el plazo a solo 30 días para la financiación de importaciones provenientes de este grupo de empresas
  • Se flexibiliza el acceso al mercado cambiario para la importación de bienes de capital por parte de empresas Pyme. Esto permitirá afianzar la competitividad del país

Las medidas profundizarán aún más la licuación de la deuda remunerada del Banco Central, el principal problema heredado de la gestión de Miguel Pesce al frente de la institución.

En lo que va del Gobierno del Presidente Milei, el stock de pasivos remunerados se redujo del 11% al 8% del PBI hasta el mes de marzo, y a partir de abril se espera que este proceso se acentúe fuertemente. 

Se eliminó el financiamiento directo del BCRA al Tesoro, y la mayor parte de la expansión monetaria proveniente de la compra de divisas se esterilizó mediante colocaciones de BOPREAL y licitaciones de bonos por parte del Tesoro.

Asimismo, las consultoras privadas estiman que el nivel de las reservas netas del BCRA habría vuelto al equilibrio por primera vez desde abril del año pasado. En pocos meses de gestión, el equipo económico del Presidente Milei logró revertir un saldo deficitario por casi US$ 11.000 millones de dólares que había dejado el kirchnerismo.

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Economía

Desregulación de las telecomunicaciones: El Gobierno eliminó el decreto de Alberto Fernández que restringía los precios del cable, Internet y celular

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Deja de tener vigencia el decreto 690 del año 2020, el cual declaraba a las telecomunicaciones como “servicios esenciales” para establecer estrictos controles de precios. La desregulación potenciará la inversión del sector privado, con un impacto positivo en la calidad de los servicios para los usuarios.

El Gobierno oficializó un nuevo avance hacia la liberalización y modernización de la economía argentina. A través del decreto 302/2024 se determinó la desregulación de las telecomunicaciones, por lo que el país nuevamente adoptará reglas de juego convencionales como las que se aplican en la mayor parte del mundo.

Se levantaron todas las restricciones para la fijación de los precios por servicios de telefonía celular, cable de TV y tarifas de internet. Casi ningún país de la región aplica controles directos sobre las tarifas de este tipo de servicios, y estas medidas son ampliamente descartadas entre los países desarrollados y los miembros que conforman la OCDE.

Las disposiciones del Gobierno le ponen fin al decreto 690/2020 sancionado por el expresidente Alberto Fernández, el cual declaraba a estos servicios como “esenciales”, como un mero pretexto para intervenir sus precios y fijarlos de manera totalmente discrecional.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) perderá todas las competencias que tenía para intervenir en los precios. Con el nuevo régimen regulatorio, el Enacom se abocará exclusivamente a promover la competencia entre los actores que componen el mercado de las comunicaciones, y se abstendrá de provocar cualquier tipo de distorsión arbitraria sobre el mismo (como lo hacía hasta ahora).

No existe ni jamás existió ningún tipo de justificación para regular los precios de las telecomunicaciones. El Gobierno kirchnerista se valió de recetas mundialmente descartadas con el fin de reprimir artificialmente a la inflación, un proceso que finalmente se volvió imposible de sostener.

Sin precios fijados de manera arbitraria, crecen los incentivos para la entrada de nuevos participantes en el mercado de telecomunicaciones argentino, más aún en el contexto de progresiva desregulación y apertura de la economía.

Se espera que la liberalización del mercado contribuya a extender la calidad y la cobertura de los servicios, permitiendo que una mayor cantidad de usuarios puedan acceder a los mismos.

Las nuevas normativas permiten, además, que las empresas prestatarias de telefonía celular puedan participar sin mayores restricciones de la provisión de otros servicios de comunicación, algo que hasta ahora se encontraba insólitamente prohibido.

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