Los bancos privados siguen desarmando su posición en Leliq para volcarse de lleno en los Pases que venden todos los días. La deuda remunerada del Banco Central ya supera los $22,8 billones de pesos y representa más del 340% de la base monetaria. 

El desafío económico más inmediato para la próxima administración será el desarme de la bomba de pasivos remunerados que deja el kirchnerismo en el Banco Central, una condición necesaria no solo para poder liberalizar el sistema cambiario sin una experiencia traumática, sino además para poder avanzar en el proceso de dolarización del país.

El Presidente Javier Milei prometió una solución de mercado, es decir, cualquier estrategia que siga el próximo Gobierno se valdrá de acuerdos voluntarios de canje con los bancos locales del sector privado (los principales tenedores de los títulos del BCRA).

El stock de Pases es cada vez mayor, en detrimento del stock de Leliq. Se calcula que la posición de Pases ya asciende a los $15,3 billones de pesos, prácticamente duplicando a la bola de nieve de las Leliq que representa alrededor de $7,5 billones de pesos.

En total, el stock de pasivos remunerados alcanza a representar a más del 340% de la base monetaria de referencia. Si no se renueva adecuadamente, esta deuda amenaza con precipitar una violenta hiperinflación en cuestión de días.

Los bancos están migrando sus fondos de títulos que vencían cada 28 días por otros que vencen todos los días, como una estrategia para lograr mayor liquidez en el corto plazo y así poder anticiparse a cualquier movimiento que pueda tomar la próxima gestión en caso de ser necesario.

El equipo de Javier Milei pondrá el foco en el ancla fiscal para poner el fin a la asistencia monetaria directa del Banco Central (Adelantos transitorios y transferencia de utilidades), con el objetivo de detener inmediatamente la necesidad de esterilización con más instrumentos.

Esta operación implica llevar a cabo un rápido ajuste equivalente a los 5 puntos del PBI, 3 de los cuales se explican por el resultado primario del Gobierno nacional y el monto restante por la carga en intereses de deuda pública.

Sin embargo, la situación fiscal podría ser más delicada de lo que se cree. Las medidas de Sergio Massa no solamente desequilibraron las finanzas públicas en los últimos meses de 2023, sino que además comprometieron recursos del periodo fiscal 2024, y en particular los asociados a la recaudación del IVA y el impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría.

La eliminación del Impuesto PAIS resulta necesaria para normalizar el comercio exterior y el mercado cambiario, pero compromete una pérdida de recaudación para el próximo año. En conjunto con las muchas distorsiones que deja el kirchnerismo, la firma JP Morgan calcula que la verdadera brecha fiscal se incrementa del 3% al 4,5% del PBI aún sin contabilizar el pago por intereses de deuda.

El equipo de economistas de Javier Milei se reunió con el equipo saliente del Gobierno, y constataron que el déficit primario cerrará el año en torno al 3% del PBI, mientras que el rojo financiero superará fácilmente el 5%. Nuevamente fueron incumplidas todas las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

El ministro de Economía saliente, el excandidato Sergio Massa, dejará un país al borde de la hiperinflación y con brutales desequilibrios fiscales y monetarios sin resolver. Fueron incumplidas sistemáticamente todas y cada una de las metas trazadas con el Fondo Monetario Internacional para este año.

El equipo económico de Javier Milei, liderado por el futuro ministro Luis Caputo, tomó contacto con las autoridades del equipo saliente al frente del secretario de Hacienda Raúl Rigo. El oficialismo admitió que el déficit primario del Sector Público Nacional (SPN) muy difícilmente pueda ubicarse por debajo del 3% del PBI para fin de año.

Por su parte, el déficit financiero a nivel nacional superaría fácilmente el 5% del PBI añadiendo el costo por servicios de deuda pública. Es el resultado más desequilibrado en los últimos 6 años.

Por otra parte la deuda remunerada del Banco Central (entre Leliq, Notaliq, la posición neta de Pases y Levids, entre otros instrumentos) alcanza a representar más de 3 bases monetarias y media adicionales a los pesos que ya están en circulación. 

Esto implica una descomunal carga de intereses que asciende al 10% del PBI en el acumulado de 12 meses, lo que se conoce como “déficit cuasi-fiscal”. Esta será una de las bombas con las cuales el próximo Gobierno de Javier Milei tendrá que lidiar para avanzar con la dolarización de la economía.

La situación fiscal de las Provincias tampoco es alentadora. Si bien en los últimos años su saldo fue más bien neutral con respecto a la situación fiscal consolidada del país, a partir de 2023 el déficit de las Provincias volvió a crecer y llegó a representar el 0,7% del PBI (manteniendo un muy ligero superávit primario).

Las Provincias se vieron afectadas por las disposiciones del “plan platita” de Massa, no solo por los gastos sino también por la quita de recursos coparticipables como el IVA (por el impacto de la devolución) y Ganancias (por la reducción sobre la cuarta categoría). 

Asimismo, el kirchnerismo asignó las transferencias discrecionales con criterios políticos, beneficiando a dedo a sus aliados y perjudicando a las jurisdicciones opositoras como Córdoba o la Capital Federal.

El equipo de Milei prepara un ajuste de por lo menos 5 puntos del PBI para ser ejecutado, en la medida de lo posible, para el año fiscal 2024. En otras palabras, se apunta a cerrar la brecha fiscal en el Sector Público Nacional (incluyendo intereses), algo que no se ve en el país desde el año 2008.

Se trata de un indicador multidimensional que difiere de la metodología que emplea el INDEC. Se contabilizan las necesidades básicas insatisfechas, el efecto del gasto social y la pobreza por ingresos, entre otras variables. No se veía un nivel de semejante marginalidad social desde la crisis de 2001-2002.

La Universidad Católica Argentina (UCA) confirmó que su medición particular de la pobreza se ubicó en el 44,7% al término del tercer trimestre de 2023, muy similar al pico observado durante el peor momento de la pandemia en 2020.

Se trata de un indicador multidimensional que discrepa de la metodología del INDEC, e incluye otros factores que no son capturados por la encuesta EPH. Pese a que el Presidente Alberto Fernández se mostró escéptico del nivel de pobreza y llegó a negar públicamente las estadísticas del INDEC, lo cierto es que cuando se mide el indicador desde un punto de vista más amplio que aquella encuesta los datos resultan aún peores.

Siguiendo un enfoque basado en las necesidades básicas insatisfechas, la UCA concluyó que el 67% de los argentinos sufren al menos una carencia económica o habitacional, un dato que refleja el nivel de deterioro en el cual incurrió el país después de una década de estanflación.

Y si bien la tasa de pobreza general con la metodología de la UCA llegó al 44,7%, cabe resaltar que casi el 36% de los hogares reciben algún tipo de ayuda social o transferencia del Estado. Sin estas transferencias, la pobreza llegaría a casi el 50% de la población, una cifra verdaderamente inédita para un país que alguna vez fue comparado con el estándar de vida de Europa a principios del siglo XX.

La cobertura por planes sociales superó el 61% entre los hogares que conforman el 25% de los ingresos más bajos del total. Asimismo, la pobreza multidimensional entre los menores de 17 años de edad se disparó al 62,9% en el tercer trimestre del año.

La “recuperación” del mercado laboral prometida por Sergio Massa y Alberto Fernández solo fue posible por el efecto del brutal deterioro del salario real, especialmente en el segmento privado no registrado. 

La caída real de los ingresos (salarios, jubilaciones y ventas) es actualmente el principal factor explicativo detrás del aumento de la pobreza coyuntural. Por otra parte, el delicado contexto macroeconómico y la estanflación acumulada de la última década contribuyó a incrementar el piso para la pobreza estructural. 

El Presidente electo Javier Milei anunció que la contención social será una de sus principales prioridades de su Gobierno, y será un elemento indispensable durante el transcurso de las reformas estructurales que debe afrontar el país.

El Ministerio de Capital Humano tendrá vía libre para desarrollar los gastos que considere necesarios para atender la cuestión social, siendo esta la única cartera de fondos que permanecerá abierta dentro del Gobierno de Milei. El resto de los ministerios, secretarías y dependencias del Estado tendrán que ajustarse en consecuencia.