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Economía

El Gobierno aumenta su deuda local y ya absorbe el 76% del crédito, estrangulando al sector privado

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El acuerdo con el FMI supone incrementar la deuda pública interna como una alternativa para aminorar la emisión monetaria, pero esta estrategia supondría ahogar aún más el flujo de recursos canalizados por el sector privado.

Con el programa económico acordado entre el oficialismo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), las condiciones de inversión locales podrían verse perjudicadas. El ministro Martín Guzmán delimitó un aumento real del gasto público en detrimento de una reducción del déficit fiscal vía menos subsidios y más impuestos.

Sin embargo, la brecha entre ingresos tributarios y gastos deberá ser cubierta con emisión monetaria y deuda interna. Dadas las pautas del acuerdo con el FMI, la colocación interna de bonos será un instrumento que cobrará mayor relevancia en el financiamiento para el fisco.

Aunque el ministro Guzmán declaró sus intenciones de alentar la formación de un mercado local de capitales, lo cierto es que la estrategia del Gobierno solamente tiene en consideración un objetivo de financiación, y no el desarrollo financiero del país.

Según las estadísticas publicadas por el Banco Central, el Estado se lleva casi el 76% de todo el crédito local de la economía argentina, y solamente el 24% restante se destina a la financiación de hipotecas, inversiones en bienes de capital, apertura de emprendimientos, etc.

La participación del sector privado en la captación de crédito interno se encuentra en niveles históricamente bajos, solamente comparables a los que hubo entre 2002 y 2004 tras la caótica salida de la Convertibilidad, o las cifras registradas durante la debacle hiperinflacionaria al término de la gestión de Raúl Alfonsín.

Solamente en lo que va del mandato del presidente Alberto Fernández, el crédito local para el sector privado pasó de representar el 46,8% del total en noviembre de 2019 al 24,1% en enero de este año.

Incluso desde una perspectiva más amplia, el crédito para el sector privado en la economía argentina no se recuperó tras la crisis del 2001-2002, y bajo la economía kirchnerista jamás se pudieron alcanzar las condiciones crediticias que se habían alcanzado en el auge de la economía menemista.  

Evolución del crédito al sector privado como porcentaje del total desde el comienzo de la democracia.

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, remarcó el peligro de la estrategia de Martín Guzmán en vista al escaso crédito que hoy posee el sector privado. Se debe tener en consideración que un aumento del gasto público financiado por endeudamiento interno que restrinja el crédito a la actividad local, no tiene ningún tipo de efecto expansivo sobre la economía, a diferencia de lo que sugiere el ministro Guzmán.

Cualquier tipo de dinamismo impulsado por el sector público será fácilmente contrarrestado por la pérdida de crédito hacia el sector privado, algo severamente recesivo. Este fenómeno conocido como “equivalencia ricardiana” pone al descubierto la falta de coherencia del programa económico kirchnerista.

De seguir profundizando la presencia del sector público en la captación de crédito local, la economía argentina podría entrar en una situación anómala y nunca antes vista. Acorde a los datos que proporciona el BCRA desde 1943, el crédito hacia el sector privado jamás cayó por debajo del 20% del crédito total en ningún momento de la historia argentina, pero la peligrosa tesitura del Gobierno podría quebrar la tendencia.  

Economía

Biden anuncia un salvataje de US$ 36.000 millones para uno de los fondos de pensiones más grandes de Estados Unidos

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La Casa Blanca vuelve a darle la espalda a la disciplina fiscal y lanza un paquete de rescate por 36 mil millones de dólares para evitar la quiebra del Fondo de Pensiones de Estados Centrales, cuya insolvencia parecía inevitable para el año 2025. 

El presidente Joe Biden anunció un amplio paquete de rescate fiscal por 36 mil millones de dólares para respaldar el Fondo de Pensiones de los Estados Centrales, un fondo de propiedad de los gobiernos locales y operativo desde el año 1955.

El fondo cuenta con cerca de 350.000 asociados al sistema entre trabajadores sindicalizados y jubilados, y entre malas decisiones operativas y el impacto del alza de las tasas de interés sobre los activos financieros, se esperaba que arribara a una insolvencia irrecuperable para el año 2025. El salvataje del Gobierno federal se propuso evitar la cesación de pagos en el futuro.

Es la segunda vez que la administración Biden despliega una gran cantidad de recursos para rescatar fondos de pensiones. El primer paquete de rescate fue aprobado en marzo de 2021 como parte del “Plan de Rescate estadounidense” y comprometió un monto por US$ 86.000 millones

Solamente ese mes el Tesoro de los Estados Unidos amplió el gasto fiscal mensual en 367.970 millones de dólares, para lo cual cerca del 23% se destinó al rescate de fondos de pensiones. 

El nuevo rescate supone una nueva marcha atrás con la disciplina fiscal. El gasto mensual del Gobierno federal con criterio de “base caja” suele oscilar entre los 400.000 millones y los 500.000 millones de dólares, por lo que una suma de 36.000 millones podría compensar parcialmente el efecto bajista de la estacionalidad de los gatos propia del mes de diciembre. 

Se debe tener en cuenta que el déficit fiscal acumulado de 12 meses abortó la corrección bajista a partir del rescate de deudas estudiantiles en el mes de septiembre. Esta medida irresponsable y regresiva provocó que el desequilibrio financiero del Estado aumentara del 3,89% del PBI al 5,33% en un mes

Asimismo, el déficit primario del Gobierno federal escaló del 2,14% del PBI en agosto al 3,54% en septiembre. En materia de ordenamiento de las finanzas públicas, en un solo mes la administración Biden anuló el esfuerzo fiscal de los cinco meses precedentes al rescate de deudas

Los gastos mensuales ascendieron a los 917.396 millones de dólares en septiembre, un nivel similar al que se registró durante el pago de los masivos programas de estímulo entre abril de 2020 y marzo de 2021. El salvataje de deudas estudiantiles provocó un shock similar al pago de los cheques familiares sobre las finanzas públicas

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Economía

Disciplina fiscal en Uruguay: Lacalle Pou eliminó el déficit primario y reduce el tamaño del Estado en la economía

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El desequilibrio fiscal antes de intereses de deuda fue completamente eliminado a partir del mes de mayo. La administración de Lacalle Pou llevó al gasto primario del Estado a su nivel más bajo desde el año 2017. 

El Gobierno de Luis Lacalle Pou volvió a confirmar su compromiso con la disciplina fiscal en Uruguay. El resultado primario del Gobierno central se tornó positivo desde mayo de 2022 y por primera vez desde septiembre de 2019. Se arribó a un superávit primario equivalente al 0,16% del PBI en el acumulado anual del pasado mes de junio.

De esta manera no solamente se recuperó el control sobre las finanzas públicas luego del impacto provocado por la pandemia, sino que también se revirtió la tendencia deficitaria heredada de la última administración del Frente Amplio, que había dejado un rojo fiscal primario del 1,66% del producto en febrero de 2020.

Considerando el pago de servicios por la deuda pública total del Uruguay, el déficit financiero del país representó el 1,94% del PBI para el acumulado anual de junio. Se trata del resultado más equilibrado desde mayo de 2019. 

En lo que va de la administración de Lacalle Pou el déficit fiscal total se redujo en 1,2 puntos porcentuales, y al haberse eliminado el desequilibrio primario el país obtiene nuevas oportunidades para estabilizar el stock de deuda pública en relación al PBI, y refinanciarla constantemente haciendo frente al pago de los intereses de la misma.

El principal factor explicativo para la consolidación de la disciplina fiscal fue el ajuste del gasto público. El total de las erogaciones primarias del Gobierno central (sin intereses de deuda) representaron el 28% del PBI en junio de 2022.

Se produjo un ajuste de 1,19 puntos porcentuales desde que asumió el Gobierno del Partido Nacional en marzo de 2020, y una reducción de los gastos primarios equivalente a los 3,5 puntos del PBI desde marzo de 2021, durante el apogeo de los gastos extraordinarios por la pandemia.

Evolución del gasto público en Uruguay desde el año 2016.

Los gastos primarios del Estado son aquellos que efectivamente pueden ser controlados por las operaciones corrientes y el Presupuesto anual, a diferencia de la factura de intereses que puede tornarse inestable por factores exógenos a la administración gubernamental. La participación de estas partidas en el PBI es la más baja registrada desde diciembre de 2017. 

Asimismo, el gasto público total ascendió al 30,3% del PBI al término del mes de junio y registró una retracción de 1,4 puntos porcentuales desde febrero de 2020. El tamaño consolidado del sector público en Uruguay es el más bajo desde noviembre de 2017, y se redujo en 3,78 puntos del producto desde marzo del año pasado. 

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Economía

Meloni logra la aprobación de un proyecto de interconexión con Túnez para asegurar el suministro eléctrico

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El Gobierno italiano obtuvo el visto bueno de la Comisión Europea para la construcción de un importante corredor eléctrico con Túnez por un valor de hasta 850 millones de euros. La obra de infraestructura supone una garantía para el suministro eléctrico de Italia y otros países europeos.

La administración de Giorgia Meloni finalmente destrabó un nuevo e histórico acuerdo de infraestructura con el Gobierno de Túnez, a la vez que recibió luz verde desde la Comisión Europea para financiar el proyecto.

Se trata de la construcción de un corredor eléctrico a través de una interconexión submarina de hasta 200 kilómetros de distancia, y que permitirá el paso de 600 MW de corriente para garantizar el suministro eléctrico de Italia y de otros países europeos que también se verán beneficiados del proyecto. 

Una vez producida la interconexión eléctrica entre Italia y Túnez, la obra de infraestructura permitirá la extensión de ramales secundarios para fortalecer el suministro eléctrico de Francia, Grecia, Suiza y Austria

Está en el destino de Italia convertirse en un nuevo centro energético para todo el continente europeo, y es nuestra misión intensificar la cooperación con África para atraer inversión y desarrollo”, anunció Meloni. 

El proyecto requiere una financiación de 850 millones de euros, de los cuales la propia Comisión Europea aprobó el desembolso de 307 millones de euros (cerca del 36% del total) del presupuesto comunitario, que serán provistos a través de los fondos Connecting Europe Facility (CEF). El resto de los recursos involucran un paquete mixto entre fondos públicos de Italia y Túnez, así como fondos de empresas privadas de ambos países. 

Tal y como lo prometió Meloni en su campaña por la presidencia de Italia, el país avanza en la diversificación de las fuentes de sustentación energética para reducir la dependencia del suministro ruso y terminar por desplazar a este último país como socio comercial. 

De hecho, Italia constituyó uno de los países más golpeados por el cese del suministro energético tras el estallido de la guerra en Ucrania, junto con Alemania (probablemente el país más golpeado de la UE dada su elevada dependencia de energías renovables). 

Los proyectos para asegurar vías de abastecimiento alternativas buscan garantizar la independencia energética de Italia, ya que Rusia demostró no ser un socio comercial confiable ante el surgimiento de inestabilidades políticas. 

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