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Economía

El Gobierno kirchnerista aumentó 30% el gasto público en subsidios mientras recortó un 20% de los fondos para obra pública

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso dio a conocer que durante el 2020 subieron un 64% los subsidios para cubrir las boletas de energía eléctrica, mientras que hubo un recorte del 20% en los fondos para obra pública.

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Según un informe de la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso), durante el 2020, por el
congelamiento tarifario, el Gobierno duplicó el gasto de subsidios en términos nominales, lo
que representa un 30% de aumento en términos reales

Por otro lado, los fondos destinados a
inversión en obras públicas se vieron reducidos en 20% durante la pandemia.
Si se analiza en detalle, el Poder Ejecutivo en total gastó aproximadamente $580.000 millones
en concepto de subsidios económicos
, lo que marca un incremento real del 31%. 

En relación al
sector energético, el aumento en los subsidios fue del 35%, mientras que para el transporte el
aumento fue del 17%. 

La mayor parte de esta suba en las subvenciones se explica por los $323.000 millones que el
Estado le dio a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico)
debido a que, con
tarifas congeladas, las distribuidoras acumularon deudas con la empresa estatal y el Estado
tuvo que cubrir la diferencia con fondos públicos.

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Según explicó un informe de la consultora Econométrica, cada mes que permanece el
congelamiento tarifario aumentan las deudas y las pérdidas y se reduce la capacidad de
realizar inversiones necesarias para sostener el servicio, por lo que el sistema energético se
encamina a la cesación de pagos. 

Con respecto a los subsidios al transporte público, el informe de la OPC detalló un aumento
interanual del 17%, constituido principalmente por los fondos destinados al transporte
automotor de pasajeros
, que tuvieron una suba en términos reales del 34%, mientras que los
fondos para el transporte ferroviario aumentaron únicamente 3%. 

De acuerdo con lo establecido por la OPC, los gastos primarios del Estado nacional, que no
incluyen los intereses de deuda, tuvieron una suba interanual real del 17%
. Este aumento se
debe principalmente a las medidas económicas que tomó el Gobierno para intentar reducir el
impacto de la cuarentena, que significaron un gasto de casi un billón de pesos. 

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Por otro lado, se registraron recortes en los fondos interés de la deuda pública, que se
redujeron un 54% con respecto al 2019 debido a la reestructuración de los pasivos en moneda
extranjera. 

A su vez, los gastos de capital sufrieron una reducción del 12% y sumaron $353.000 millones
en 2020
. Sin embargo, si se analiza únicamente la inversión real directa realizada por el Estado,
el recorte fue del 55%, aunque cabe destacar que si se elimina el devengamiento de fondos
que hubo en noviembre de 2019 por gastos realizados en años anteriores, la caída fue del 21%. 

El informe de la OPC concluyó que las cuentas públicas terminaron el 2020 con un déficit
primario del 7,4% del PBI (Producto Bruto Interno)
, significando un incremento de casi 7
puntos porcentuales con respecto al 0,7% que había dejado la gestión anterior. 

En sintonía con

esta cifra, el déficit fiscal que tiene en cuenta los intereses financieros, cerró en 9,7% del PBI,
casi duplicando el 5% que había al finalizar el 2019.

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Economía

La insistencia de Guzman con el FMI: el pago de la deuda podría dejar al Central sin reservas líquidas

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Dentro de los siguientes nueve días vencen alrededor de 1.100 millones de dólares y el Central se podría quedar casi sin reservas líquidas. Aumentan los rumores de un default con el Fondo.

Para el viernes próximo Argentina tendrá que pagar 719 millones de dólares al FMI y tres días después serán otros 369 millones de dólares. Este será el último pago que Argentina pueda hacerle al Fondo con las reservas que se encuentran en el Banco Central para poder continuar con la negociación sin entrar en atrasos. El ministro Guzmán insiste ante la prensa internacional en que necesita más tiempo para llegar a un acuerdo.

Además aumentan las especulaciones que el Gobierno podría no pagar para no perder los últimos 1100 millones de dólares que le quedan de reservas líquidas. Al fin y al cabo, esa suma es algo más del doble que las reservas que el Banco Central perdió en la primera mitad de enero y en febrero se deben pagar 195 millones de dólares de intereses al Club de París.

Dentro del oficialismo hay quienes creen que debería necesario mostrarse duros y dejar de pagar para enviar una señal de intransigencia frente a la exigencia de un ajuste recesivo, mientras que en el entorno del ministro niegan que patear el tablero a altura de las negociaciones esté en los planes de Guzmán.

Por otro lado, en Economía insisten en que, si bien hay tensión, se debe mantener la cordialidad con los técnicos del staff del FMI. Y enfatizan que los avances son lentos, pero los hay y habrá que continuar con la negociación.

La diferencia entre pagar y no pagar no es solamente contable en materia de reservas internacionales, sino de tiempos. Dejar de pagar casi 1.100 millones de dólares implica adelantar dos meses el ingreso formal en atrasos con el Fondo, que se concretaría entonces a finales de julio y no a finales de septiembre. Al fin y al cabo el siguiente vencimiento no es sino hasta el 21 de marzo. Con eso conseguiría comprar algo más de un mes de reservas, aunque la aceleración de la demanda de divisas puede volverlo incluso un período más corto.

No necesariamente entrar en impagos implica el fin de las negociaciones, de hecho en general los países que entraron en atrasos continuaron negociando y solo fueron un puñado los que llegaron a los seis meses, a la fecha límite de los “protracted arrears”, es decir de los atrasos que el Fondo Monetario no puede volver a financiar.

Con depósitos bancarios del sector privado de casi 8 billones de pesos con tasas de interés para los plazos fijos de 3,25% mensual sensiblemente menores a la inflación esperada para comienzos de año, un desarme de depósitos puede rápidamente presionar sobre la brecha cambiaria y volverse contra las reservas incluso sin que el Banco Central destine divisas a los mercados bursátiles.


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Economía

Nuevo disparo del dólar blue: alcanzó un nuevo récord histórico a $219

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La brecha cambiaria con el dólar oficial se amplia cada vez más.

El dólar blue vuelve a sorprender con un nuevo récord histórico este viernes alcanzando los $214 para la compra y a $219 para la venta.

De todos los aumentos, este ha sido el mayor que la divisa dio en un día desde el 10 de noviembre cuando la cotización aumentó $5,50 en 24 horas.

Durante esta semana la divisa comenzó en $209 y la termina con $10 más, dejando una brecha con el dólar mayorista de 109,90%. Por otro lado, en la mayor parte del país, el blue alcanza hasta los $221.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 5 de diciembre

Qué sucederá con el riesgo país

Con esta situación que se vive actualmente con el dólar en el último día hábil de la semana, el riesgo país alcanzó los 1914 puntos y señala un máximo desde la reestructuración de deuda que realizó el Gobierno en 2020.

Por otra parte, antes de las 16 horas, los bonos argentinos en dólares perdían entre 0,3% (AL30D) y 4,6%.

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Economía

El Gobierno endurece el cepo y buscará ampliar la documentación tributaria requerida para operar

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Las entidades financieras y los agentes bursátiles podrán solicitar previamente declaraciones tributarias a aquellos clientes que busquen entrar al mercado de capitales. En la práctica, se teme que los organismos de control terminen imponiendo por la fuerza lo que originalmente constituye un lineamiento optativo.

En medio de la progresiva sangría de reservas y el agotamiento del cepo cambiario, el Gobierno dispuso más medidas para seguir estrangulando a las operaciones sobre el mercado legal.

La Unidad de Información Financiera (UIF), por medio de la Resolución 6/2022, dispuso que las entidades financieras como bancos o aseguradoras, así como los agentes bursátiles, podrán solicitar a sus clientes declaraciones tributarias específicas para poder acceder al mercado cambiario legal.

En concreto, las documentaciones tributarias solicitadas serán sobre Ganancias y Bienes Personales, ambos impuestos que tienen un enorme peso como proporción de los recursos totales que percibe el sector público.  

Aún si, si bien se plantea como un criterio que deberá adaptarse a las preferencias de cada entidad financiera con sus clientes, los mercados especulan con que las medidas terminen por imponerse de forma forzosa en las operaciones diarias. Los organismos de control tendrán un mayor peso para disuadir a las entidades financieras para que soliciten, en la práctica, estas declaraciones tributarias a sus clientes.

Las medidas suponen añadir un control adicional sobre el acceso al dólar MEP (que se obtiene en la bolsa de valores) y el dólar Contado con liquidación. Esto podría desembocar en un nuevo aumento de la brecha cambiaria, que actualmente se acerca al 100%.

La resolución fue impulsada por el ultra-kirchnerista Juan Carlos Otero, en un intento por seguir limitando el acceso a los dólares por parte de los argentinos, y contener la profundización de la pérdida de reservas internacionales.

Otero alegó que las disposiciones buscan fortalecer las herramientas de control sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero lo cierto es que estos lineamientos ya estaban abordados en la reglamentación anterior de la UIF sancionada en 2017, y el objetivo real de las medidas es sencillamente imponer una nueva traba para la compra de dólares.

El Gobierno justificó, además, que el marco normativo anterior determinado por el macrismo había desarticulado completamente el control sobre todo tipo de operaciones de origen ilegal, pero nuevamente esta fue una declaración exagerada para justificar el endurecimiento burocrático del cepo.

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