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Economía

El Gobierno kirchnerista se niega a permitir actualizaciones para la medicina privada: ¿Estatización encubierta?

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La Unión de Entidades de Salud rechazó categóricamente las medidas del kirchnerismo que apuntan a desfinanciar completamente la actividad privada, y denuncian una intención de estatización encubierta del sistema. 

El Gobierno kirchnerista se radicaliza y sigue avanzando en contra de los derechos de propiedad. Se rechazaron todas las peticiones para permitir mayores actualizaciones de precios en la medicina privada, incluyendo prepagas, clínicas y obras sociales. 

En consecuencia, el presidente de la Unión de Entidades de Salud, Claudio Belocopitt, afirmó en diálogo con Infobae que la intención de Alberto  Fernández es desfinanciar completamente el sistema privado para luego avanzar sobre él ofreciendo nuevos subsidios estatales.

Esto podría devenir en una estatización encubierta de los servicios, pues las regulaciones estatales hacen cada vez más difícil la correcta provisión de servicios en tiempo y forma, y supondrían una excusa perfecta para satisfacer todos los caprichos de la vicepresidente Cristina Kirchner.

El peso del Estado sobre el sistema de salud privado se torna cada vez más asfixiante. La voracidad del Estado y, en particular, la del Gobierno kirchnerista en avanzar “por todo” se hace más notable. 

Las primeras señales salieron a la luz con el intento fracasado de estatización de Vicentín, así como la arenga casi ridícula sobre los vuelos de Aerolíneas Argentinas, que arroja pérdidas millonarias para la sociedad argentina cada año. 

Desde la Unión de Entidades de Salud presentarán medidas cautelares ante la justicia para denunciar el atropello y las regulaciones excesivas en contra de la iniciativa privada. El Gobierno de Fernández generalizó las mismas medidas de controles de precios para cada sector dentro de la economía argentina, pretendiendo así aminorar el drama inflacionario que generó su propia falta de ideas. 

Así como en la industria alimenticia o en otros rubros, los aumentos pactados en 2019 generaron una suerte de “colchón” para amortiguar el impacto del congelamiento desde 2020, pero esa garantía está en tiempo de descuento. 

Ya son cada vez más numerosas las voces que se alzan en contra de los precios máximos fijados arbitrariamente por el Gobierno, incluyendo organizaciones rurales y empresarios industriales. Claudio Belocopitt explicó que el Gobierno se niega a permitir una solución privada para la problemática. También explicó que este tipo de medidas son el primer paso para la estatización de facto del sistema. 

En múltiples entrevistas para varios medios de conminación, el empresario afirmó que el Gobierno podría llegar a estatizar el sistema de salud “de hecho” o “por derecho”, siendo así que el kirchnerismo podría incluso proponerse la iniciativa sin siquiera presentarlo antes a la sociedad. 

“Entonces sobre los escombros, las ruinas y la salud de millones de argentinos, se expondría como un relato la excusa perfecta de que debe nacionalizarse bajo el supuesto de que el sistema no está en condiciones de dar respuestas sanitarias”, concluyó Belocopitt. 

La fuerte suba de costos en la actividad privada de la medicina comienza a estrangular la operatividad de los servicios. Los costos no tuvieron una mayor contraparte, generando una profunda distorsión de precios relativos pues los propios costos también constituyen precios dentro de la economía. 

Las intervenciones gubernamentales sobre la salud están poniendo en riesgo los servicios que millones de argentinos eligieron tener y pagar aún a costa de mayor esfuerzo, en detrimento del fracasado sistema de salud estatal que no les ofrece garantías en términos de calidad y asistencia debida. 

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Economía

El Gobierno endurece el cepo y buscará ampliar la documentación tributaria requerida para operar

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Las entidades financieras y los agentes bursátiles podrán solicitar previamente declaraciones tributarias a aquellos clientes que busquen entrar al mercado de capitales. En la práctica, se teme que los organismos de control terminen imponiendo por la fuerza lo que originalmente constituye un lineamiento optativo.

En medio de la progresiva sangría de reservas y el agotamiento del cepo cambiario, el Gobierno dispuso más medidas para seguir estrangulando a las operaciones sobre el mercado legal.

La Unidad de Información Financiera (UIF), por medio de la Resolución 6/2022, dispuso que las entidades financieras como bancos o aseguradoras, así como los agentes bursátiles, podrán solicitar a sus clientes declaraciones tributarias específicas para poder acceder al mercado cambiario legal.

En concreto, las documentaciones tributarias solicitadas serán sobre Ganancias y Bienes Personales, ambos impuestos que tienen un enorme peso como proporción de los recursos totales que percibe el sector público.  

Aún si, si bien se plantea como un criterio que deberá adaptarse a las preferencias de cada entidad financiera con sus clientes, los mercados especulan con que las medidas terminen por imponerse de forma forzosa en las operaciones diarias. Los organismos de control tendrán un mayor peso para disuadir a las entidades financieras para que soliciten, en la práctica, estas declaraciones tributarias a sus clientes.

Las medidas suponen añadir un control adicional sobre el acceso al dólar MEP (que se obtiene en la bolsa de valores) y el dólar Contado con liquidación. Esto podría desembocar en un nuevo aumento de la brecha cambiaria, que actualmente se acerca al 100%.

La resolución fue impulsada por el ultra-kirchnerista Juan Carlos Otero, en un intento por seguir limitando el acceso a los dólares por parte de los argentinos, y contener la profundización de la pérdida de reservas internacionales.

Otero alegó que las disposiciones buscan fortalecer las herramientas de control sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero lo cierto es que estos lineamientos ya estaban abordados en la reglamentación anterior de la UIF sancionada en 2017, y el objetivo real de las medidas es sencillamente imponer una nueva traba para la compra de dólares.

El Gobierno justificó, además, que el marco normativo anterior determinado por el macrismo había desarticulado completamente el control sobre todo tipo de operaciones de origen ilegal, pero nuevamente esta fue una declaración exagerada para justificar el endurecimiento burocrático del cepo.

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Economía

Una familia necesitó $76.146 en diciembre para no ser pobre

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Representa un aumento del 40% en relación al año anterior.

El costo de la canasta básica total, que define el umbral de la pobreza en la Argentina, subió 40,5% a lo largo de 2021, casi diez puntos menos que la inflación general promedio, que fue del 50,9%.

El informe dice que la canasta básica alimentaria (CBA) –que marca el nivel de la indigencia- subió 3,9% en diciembre, respecto de noviembre, y 45,3% a lo largo de todo el 2021. Y la canasta básica total (CBT) escaló 3% en diciembre y 40,5% en un año.

Con las subas, la canasta alimentaria para una familia tipo (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) ascendió a 32.963,69 pesos y la canasta básica total ascendió a 76.146,13 pesos.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) se define como el conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales, y cuya estructura refleja el patrón de consumo de alimentos de la población de referencia.

Y la Canasta Básica Total (CBT), se obtiene mediante la ampliación de la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) consumidos por la población de referencia.

Fuentes oficiales aclararon que la diferencia entre los aumentos que registraron la CBA y la CBT respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) –que marca la inflación general- responde a que no se computan los mismos productos. “Son canastas distintas”, dijeron.

Para el IPC, por ejemplo, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó un 50,3% a lo largo de 2021 y el de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” avanzó solo 28,3%.

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Frenazo de la economía China: el banco central rebaja la tasa de interés por miedo a una recesión

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La economía china muestra resultados cada vez más insuficientes en el comercio minorista. El tambaleo de la burbuja inmobiliaria se esparce por toda la economía del gigante asiático.

Los resultados económicos de China volvieron a ser decepcionantes para los estándares de crecimiento que normalmente acostumbraba tener el país asiático en los últimos años. La economía china creció solamente un 4% anual en el cuarto trimestre del 2021, el resultado más bajo desde 1990.

Pero los datos mensuales revelan una desaceleración aún mayor. Las ventas minoristas en China, que reflejan una enorme proporción de la economía, dejaron de crecer en noviembre y cayeron un 0,2% en el mes de diciembre.

En comparación con diciembre de 2020, las ventas minoristas de China rebotaron un 12,5% de acuerdo a la serie original del índice, pero se trata de un mero efecto de arrastre estadístico después de haber registrado una brutal caída en 2020.

La industria manufacturera también registró un fuerte enfriamiento en el ritmo del crecimiento mensual, un fenómeno que se acrecentó especialmente entre julio y septiembre del año pasado. La industria china creció un 3,8% anual en diciembre de 2021, cuando en 2019 mantenía tasas superiores al 6% anual.

Ante la evidente desaceleración de la economía, el Banco Central de China decidió recortar las tasas de interés de la política monetaria, con el objetivo de estimular la economía vía liquidez y más endeudamiento.

El temor detrás de las medidas es el surgimiento de una recesión después del desplome en las ventas del mercado inmobiliario y los problemas financieros de Evergrande. El objetivo de la autoridad monetaria china es evitar una mayor expansión de la recesión sobre cada vez más sectores de la economía.

Aún sin recesión, la desaceleración de la economía china supone un gran problema para el actual esquema de política económica bajo el liderazgo del dictador Xi Jinping. En su gestión, la deuda pública de China pasó de representar el 37% del PBI en 2013 hasta llegar al 66,8% en 2020. En el mismo período, el déficit fiscal trepó del 2% del PBI al 4,2% en 2018, y 3,7% del PBI en 2020.

La política fiscal desequilibrada de Xi Jinping se tornaría mucho más explosiva e insostenible si China finalmente pierde el crecimiento económico que mantuvo en los últimos años y sigue enfriando su ritmo de expansión.

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